Sentencia SL11234-2015/45857 de agosto 26 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL11234-2015

Radicación 45857

Acta 29

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veintiséis de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VII. CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia de violar en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 12 y 14 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990, 37 y 141 de la Ley 100 de 1993.

En la demostración, además de los argumentos planteados en el primer cargo, señala el censor que resulta pertinente remitirse a la sentencia de esta Corporación CSJ SL, 14 jun. 2009, rad. 34015, en la cual se concluyó que era ajustado a la ley no conceder la pensión de vejez reclamada, al haberse otorgado antes la indemnización sustitutiva de dicha prestación; que la jurisprudencia en referencia resulta aplicable al presente caso, por cuanto aun cuando el derecho en litigio es la pensión de sobrevivientes, lo cierto es que se probó plenamente que el señor Francisco González Acevedo se benefició con la indemnización sustitutiva; que, de igual forma, en la providencia mencionada, esta Sala citó la sentencia CSJ SL, 7 jul. 2009, rad. 35896; y que la posición vertida en los fallos anteriores se ajustan al presente asunto.

Añade que el artículo 14 del Acuerdo 49 de 1990 preveía la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, como un derecho a favor de las personas que habiendo cumplido las edades mínimas exigidas para adquirir el derecho a la pensión de vejez se retiraran de manera definitiva de las actividades sujetas al seguro social y que no hubieran acreditado el mínimo de semanas de cotización requeridas para que tal derecho se cause; que no era discrecional del ISS otorgar la indemnización sustitutiva, por lo que habiéndola concedido no podía ser condenado a pagar la pensión de sobrevivientes junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Advierte que “En el improbable evento de considerar esa Sala que aun cuando el demandado no violó la ley al haber reconocido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez “en vida” a Francisco Eladio González Acevedo, debe pagarle a su viuda la pensión de sobrevivientes, por lo menos deberá para este caso y todos los demás similares, concluir que es improcedente la condena a los intereses de mora, pues de no procederse así, además de contrariar sus sabias enseñanzas y su propia jurisprudencia, estaría contribuyendo a una exacción que afecta el fondo de la naturaleza pública que administra el Instituto de Seguros Sociales y del cual debe pagar las pensiones”; que el artículo 48 de la Constitución Política impone al Estado garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la cual “... exige que se haya formado “con el tiempo un capital de tal dimensión que permite financiar las prestaciones que posteriormente se habrán de asumir”; y una condena tan exorbitante y gravosa como son unos intereses liquidados “sobre el importe de la obligación a su cargo” a la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento que se efectúe el pago”, en un caso en el cual se probó de manera fehaciente que el afiliado “en vida” recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por haber solicitado el reconocimiento de ese derecho, sin duda alguna desarticula y desequilibra el sistema pensional al hacer imposible la sostenibilidad financiera del mismo”.

Estima que las normas que interpretó erradamente el Tribunal señalaban la improcedencia de la pensión de sobrevivientes y que, además, el legislador de manera explícita en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, cerró la posibilidad de que por este camino se afectaran los fondos de naturaleza pública de los cuales deben pagarse las pensiones del régimen de prima media; que el parágrafo primero del artículo 12 mencionado, únicamente contempló el derecho a la pensión de sobrevivientes en la hipótesis de no haber el afiliado tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; que, a pesar de que la norma en comento es posterior a la data de deceso del causante, lo cierto es que cuando no sea posible entender la ley al tenor de su sentido natural y obvio, podrá interpretarse según el espíritu general de la legislación, tal como está establecido en el artículo 32 del C.C.; que, de igual forma, el legislador, mediante las nuevas leyes, procura resolver las dificultades de interpretación que hayan generado las leyes anteriores.

Manifiesta que, ante las eventuales dudas que surjan respecto de la situación de los beneficiarios de una pensión de sobrevivientes, si en vida el afiliado recibió la indemnización sustitutiva o, al menos, la hubiese tramitado, por haberlo clarificado el legislador en la Ley 797 de 2003, conceder la prestación resulta contrario al texto del artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y no es acorde con el espíritu general de la legislación.

Concluye que la jurisprudencia actual de esta Sala reconoce el efecto general inmediato de las normas sociales, en razón de ser ellas de orden público y que, en virtud de ello, las leyes de seguridad social deben aplicarse a toda situación que no haya sido definida o consumada conforme a normas anteriores, por lo que no es procedente aducir el principio de la condición más beneficiosa para inaplicar la ley en vigor; que sobre este aspecto, ha sido innumerable la jurisprudencia de esta Corporación, tal como la plasmada en las sentencias CSJ SL, 20 nov. 2007, rad. 30356, CSJ SL, 3 dic. 2007, rad. 28876, CSJ SL, 20 feb. 2008, rad. 32649, 28 mayo 2008, rad. 30064, CSJ SL, 2 sep. 2008, rad. 37765, CSJ SL, 9 dic. 2008, rad. 36642, CSJ SL, 11 feb. 2009, rad. 35080, CSJ SL, 17 feb. 2009, rad. 34016 y CSJ SL, 25 mar. 2009, rad. 35434; y que, entonces, ante la doctrina de esta Corporación, según la cual las normas de seguridad social tienen efecto general inmediato, se varió cualquier posición anterior, por haberla considerado errónea y se sentó nueva jurisprudencia.

VIII. RÉPLICA

Expone que esta Corporación se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que si un asegurado recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, ello no es óbice para que sus derechohabientes reclamen la prestación de sobrevivientes, la cual tiene la específica finalidad de proteger a los miembros del núcleo familiar de cualquier contingencia; que si bien la indemnización cubre la prestación de vejez no puede cobijar la contingencia por muerte; que sobre el punto, esta Corporación se pronunció en las sentencias CSJ SL, 8 mar. 2002, rad. 17410, CSJ SL, 20 nov. 2007, rad. 30123, CSJ SL, 1º dic. 2009, rad. 35413, de las cuales cita apartes; que frente al reproche de los intereses moratorios, la jurisprudencia indica que las pensiones del régimen de transición se derivan de la Ley 100 de 1993, tal como puede observarse en las sentencias CSJ SL, 28 mar. 2006, rad. 26949 y CSJ SL, 5 dic. 2006, rad. 26999.

IX. CONSIDERACIONES

A través de los cargos propuestos, la censura imputa al Tribunal haber incurrido en errores netamente jurídicos, tales como que: i) la condena por pensión de sobrevivientes resulta improcedente, al haber recibido el causante en vida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, de conformidad con los artículos 14 del Acuerdo 49 de 1990 y 37 de la Ley 100 de 1993; ii) que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 solamente se encuentran contemplados para el no pago de las prestaciones consagradas en la Ley del Sistema General de Seguridad Social Integral; iii) que el parágrafo primero de la Ley 797 de 2003 debe aplicarse, aunque sea posterior a la data del deceso del afiliado; y iv) que el principio constitucional de la condición más beneficiosa resulta inviable, al desconocer el efecto general inmediato de las leyes de la seguridad social.

No discute la censura en los cargos los presupuestos fácticos de la sentencia impugnada, relativos a que el señor Francisco González Acevedo, esposo de la demandante, falleció el 9 de julio de 2001 y que el Instituto accionado, mediante Resolución 7462 de 2000, le concedió en vida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía única de $ 3.405.988, según un total de 584 semanas cotizadas y un ingreso base de liquidación de $ 292.566.

Al examinar la sentencia impugnada, encuentra la Corte que, en primer lugar, el Tribunal no incurrió en yerro jurídico al ordenar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante, no obstante haber encontrado acreditado que el causante en vida recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, toda vez que esta Sala ha resaltado que, a la luz de la filosofía y los principios del Sistema General de Seguridad Social, el reconocimiento que se haga de dicha indemnización no afecta la causación de la prestación de sobrevivientes, por cuanto se trata de dos beneficios legales diversos, que buscan amparar riesgos disímiles y, por tanto, se soportan en exigencias legales diferentes, por lo que nada se opone para que un afiliado, que no reunió en su momento los requisitos de la pensión de vejez y, por ello, se le cancele la citada indemnización, pueda seguir como asegurado del sistema pensional para otro tipo de contingencias y, con ello, genere las respectivas prestaciones económicas.

En efecto, en la sentencia CSJ SL, 27 ago. 2008, rad. 33885, sobre este punto particular, esta Sala asentó:

“Pues bien, superado lo anterior, se tiene que de la lectura de los cargos, se colige que los errores jurídicos que allí se plantean se hacen consistir, en esencia, en que al Tribunal no le era dable inferir con fundamento en el citado artículo 37 de la Ley 100 de 1993, que los derechohabientes del asegurado fallecido no podían legalmente acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, cuando el afiliado ha recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Lo anterior, dado que no obstante la “vejez” y la “muerte” corresponden al mismo seguro, estos riesgos entre sí son independientes, y por ende se causan y generan por razones y situaciones distintas, y de verdad que difieren los requisitos para acceder a cada una de estas prestaciones económicas, pues mientras en la pensión de vejez el titular es directamente el afiliado o pensionado, en la de sobrevivientes es su núcleo familiar que goza también de protección en materia de seguridad social, lo que significa que aunque el asegurado no tenga derecho a la prestación por vejez, puede perfectamente dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivencia en favor de sus legítimos derechohabientes.

Al estar orientados los cargos por la vía directa, no es materia de controversia los siguientes aspectos fácticos: Que CARLOS ARTURO GIL ZAFRA, estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, habiendo cotizado para el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); que el ISS le negó a éste la pensión de vejez, por no tener las semanas de cotización exigidas en sus reglamentos, según la Resolución 8369 del 8 de septiembre de 1995 que obra a folios 109 a 112 del cuaderno del Juzgado; que dicho asegurado el 23 de agosto de 1996 solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, conforme a la comunicación visible a folios 107 y 186 ibídem; y que el Instituto demandado mediante la Resolución 150 del 13 de enero de 1997, notificada a GIL ZAFRA personalmente el 2 de abril de 1997, accedió y le concedió la aludida indemnización sustitutiva por la suma única de “$ 823.444,oo”, liquidada con base en “482 semanas cotizadas”, que corre a folios 102 y 187 ídem.

Visto lo anterior, la razón está de parte de la censura, habida consideración que el Tribunal efectivamente incurrió en el yerro hermenéutico que se le atribuye, pues como lo tiene adoctrinado esta Corporación, la circunstancia de que el afiliado haya recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, para el caso la prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, no impide que este o sus derechohabientes se beneficien de una pensión distinta al riesgo de vejez, como sería el caso de la pensión de sobrevivientes que se causa es por la muerte del asegurado, eso sí siempre y cuando se reúnan los requisitos legales exigidos para esta precisa contingencia.

Lo dicho quiere decir, que un afiliado que no cumple con las exigencias para acceder al otorgamiento de una prestación por vejez, pudo dejar causado el derecho a favor de sus causahabientes a una pensión de sobrevivientes, cuyo riesgo se repite es diferente aunque pertenezca al mismo seguro de IVM o pensión, y como lo pone de presente la censura sus requisitos difieren entre uno y otro derecho pensional.

Para tal efecto, conviene traer a colación lo expresado por esta Sala de la Corte, en sentencia del 20 de noviembre de 2007 radicado 30123, dentro de un proceso seguido contra el mismo Instituto de Seguros Sociales, donde no obstante en esa ocasión se concedió una pensión de invalidez por riesgo común así hubiera recibido el afiliado la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, sus enseñanzas o directrices sirven y encajan para este asunto en el que se pretende una pensión de sobrevivientes, oportunidad en la que se puntualizó:

“(...) A juicio de la Sala, no constituye impedimento alguno para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, el hecho de que el afiliado hubiera recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pues si bien es cierto que de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo 2º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, están excluidos del Seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte, entre otras, las personas que <hubieren recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de invalidez por riesgo común>, ello no debe entenderse que dentro de ese grupo se encuentren aquellos con posibilidades de beneficiarse con una pensión por riesgo distinto al que corresponde a la indemnización sustitutiva.

Más bien, frente a la comentada norma, lo que es pertinente afirmar es que quien recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, estaría excluido del seguro social obligatorio por esa misma contingencia, pues a nada se opone que un afiliado, que no reunió en su debido momento los requisitos para acceder a la pensión de vejez, y por ende se le cancele la citada indemnización, pueda seguir asegurado para otro tipo de contingencias, como la invalidez, situación que fue la que aconteció en el presente asunto.

Resulta contrario a los más altos postulados de justicia, que una persona que reúne los requisitos para tener derecho a la pensión de invalidez, con fundamento en las normativas que gobiernan su situación para el momento en que se estructuró su condición de inválida, pierda tal beneficio económico por la sola circunstancia de que otrora se le negó la pensión de vejez, por no haber cumplido los requisitos de semanas cotizadas, pues se trata de dos prestaciones completamente diferentes, que amparan diversos riesgos, y con exigencias disímiles.

Además, advierte la Sala, que proceder en la forma como lo sugiere el ISS, conduce, ni más ni menos, a que un trabajador pese a no llenar las exigencias legales para cubrir un riesgo (vejez), y satisfacer los requisitos para otro (invalidez), como aquí ocurre, pierda el cubrimiento de esta última contingencia, porque ello sería tanto como prohijar un total y absoluto desamparo, con flagrante desconocimiento, no sólo de aquellos principios que irradian el derecho a la Seguridad Social (art. 48 de la C.P.), sino además su desarrollo legal, o del Sistema de Seguridad Social integral, como son la solidaridad, universalidad, integralidad, participación, unidad y eficiencia.

En verdad, una exégesis restrictiva en ese sentido, significaría desconocer la no querida probabilidad de que quien recibe una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, no pueda invalidarse más adelante, sumándole la desprotección del Sistema frente a ese infortunio que, no puede ignorarse, le impide al inválido procurar su propio sustento, ante la pérdida de su capacidad laboral en el porcentaje previsto en la Ley.

Adicionalmente, de la lectura al artículo 49 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no surge incompatibilidad alguna entre la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que recibió el actor en su debido momento, y la pensión de invalidez que reclama, dada la incapacidad que le sobrevino con posterioridad al cumplimiento de los 60 años de edad.

Debe destacarse, además, que en el presente caso hay una sola afiliación que no desapareció con el pago de la indemnización sustitutiva, pues dicho reconocimiento no es un acto definitivo sino provisional, que bien puede revisarse ante un mejor derecho, como sucedió en el presente caso”.

Por consiguiente, el Tribunal cometió los yerros jurídicos endilgados y trasgredió los preceptos legales que integran la proposición jurídica, al no distinguir entre el riesgo de vejez y el de muerte, y con fundamento en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 que prevé el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, negar la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del afiliado, cuyos requisitos están consagrados en el artículo 46 ibídem, máxime cuando el solicitar y recibir la indemnización de marras, no implica de ninguna manera la renuncia por parte del asegurado o sus derechohabientes a reclamar una eventual futura pensión por un riesgo distinto al de vejez.

Tampoco resulta atendible que en este punto particular el Tribunal debía acudir al parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, como lo sostiene el recurrente, pues claramente se trata de una normatividad que no tiene efectos en el caso concreto, al ser posterior al fallecimiento del causante acaecido el 9 de julio de 2001, siendo que la pensión de sobrevivientes, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta Sala, se encuentra estrictamente gobernada por los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, por lo que no puede acudirse a la reforma de la primera ley en mención, tratando de buscar lo que el recurrente denomina como “espíritu general de la legislación”.

Ahora bien, en cuanto al presunto error jurídico del Tribunal de aplicar indebidamente el principio constitucional de la condición más beneficiosa, no le asiste tampoco razón a la censura, porque de vieja data esta Corporación ha indicado que si bien las leyes sociales tienen efecto general inmediato, de conformidad con el artículo 16 del CST y solo regulan los eventos acaecidos durante su vigencia, en casos excepcionales como el presente, se admite la aplicación ultraactiva de las disposiciones inmediatamente anteriores ya derogadas si el afiliado cumple con las exigencias allí contempladas para acceder al derecho prestacional, por lo que, en consecuencia, el fallador no obró desacertadamente, al revisar las exigencias del Acuerdo 49 de 1990, pues se trata de la normatividad inmediatamente anterior a la que regía en principio el caso, a saber, la Ley 100 de 1993, al haber fallecido el afiliado el 9 de julio de 2001. Sobre este tema puntual, esta Sala, en la sentencia SL 8222-2014, se pronunció en los siguientes términos:

“Así las cosas, cabe decir que los cuestionamientos de la recurrente han sido ampliamente estudiados por la Corte en diversas oportunidades en que se ha estudiado por esta la aplicación del principio de la condición más beneficiosa a situaciones en donde se han reunido por el trabajador, pensionado o sus beneficiarios las exigencias de una normatividad para acceder a una prestación pensional, pero el infortunio o contingencia que busca proteger el respectivo derecho no se produjo durante su vigencia, pero sí cuando inmediatamente a ella una nueva normativa hace imposible a aquél o a aquellos su reconocimiento, dado que varió éstas, aún, cuando tal cambio resultara más progresivo visto desde un óptica general y abstracta.

En efecto, en sentencia de 13 de ago. de 1997, rad. 9758 primeramente dijo la Corte:

(...).

En adelante dicho criterio ha sido innumerables veces reiterado, al punto que, en sentencia de 23 de mar. de 2011, rad. 36.109, se reafirmó en el sentido de que:

... ha sostenido esta Corporación que la Seguridad Social tiene su fundamento en el artículo 48 de la Constitución Nacional, como derecho inherente al ser humano, y por ello, el Estado la ha concebido como medio de protección institucional para amparar a la persona y su familia frente a los riesgos de invalidez, vejez y muerte, con miras a que en el momento en que alguna de dichas contingencias ocurra, encontrándose el trabajador o su núcleo familiar sin los suficientes recursos económicos para atender las necesidades de su existencia, precisamente cuando más se requiere por la disminución o pérdida de la capacidad laboral, pueda, con base en el amparo de la seguridad social integral, garantizarse “la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de la contingencia que la afecten”; amparo que viene a ser el resultado de los aportes efectuados con esfuerzo día a día y a largo plazo por quien, a la postre, padece el siniestro.

Y más recientemente, en sentencia de 13 de mar. de 2012, rad. 41.816, al resolver similares alegaciones a las aquí descritas, volvió la Corte a considerar lo siguiente:

... como es punto indiscutido que el fallecimiento del afiliado ocurrió el 22 de julio de 1996, es la Ley 100 en cita la que regula lo atinente a la resolución del asunto, y a esa conclusión arribó el fallador de segundo grado quien, además, estimó que, tal como lo ha sostenido esta Corte, es posible aplicar el principio de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los requisitos exigidos en el régimen anterior, en consideración a que la última norma redujo drásticamente el requisito de densidad de aportes al ISS en relación con la anterior que tenía mayores exigencias.

En ese orden, ningún reparo de orden jurídico puede endilgársele al Tribunal, pues es claro que el principio de la condición más beneficiosa es aplicable al asunto bajo examen, toda vez que el causante cumplió los presupuestos establecidos en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; basta verificar conforme lo evidenció el Tribunal, que entre el 1º de agosto de 1990 y el 8 de febrero de 1994, esto es, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 cotizó 184.1398 semanas; en esas condiciones, sus beneficiarios, en este caso la compañera permanente tiene derecho a la pensión de sobrevivientes pretendida.

Tales son los presupuestos esbozados por la jurisprudencia de esta Sala, entre otras, en sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 28893, en la que se reiteró las del 21 y 26 de septiembre de 2006 Radicados 28503 y 29042 respectivamente. En igual sentido se profirieron las sentencias del 17 de julio de 2007 y del 5 de octubre de 2010 con Radicados 29623 y 39733 y más recientemente en la 41300 de 12 de abril de 2011...”.

Finalmente, en lo que concierne a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, le asiste razón a la censura, pues esta Corporación ha encontrado improcedente esta sanción, para eventos en los que el no reconocimiento de la pensión por parte de la administradora encuentra pleno respaldo normativo, al haber actuado de conformidad con la norma vigente, pues en éstos no se puede predicar una mora en el reconocimiento pensional, tal como lo asentó en la Sentencia SL3087-2014, en la que se dijo:

“Por el contrario, cuestionó la entidad demandada en la apelación lo atinente a la condena a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Al efecto, cabe aquí el criterio sostenido por la Sala en la sentencia CSJ SL, 6 nov. 2013, rad. 43602, donde dijo textualmente:

En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la doctrina tradicional de la Corte desde la sentencia de 23 de septiembre de 2002, rad. 18512, ha sido que deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que producía al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tenían carácter resarcitorio y no sancionatorio.

En sentencia de 13 de junio de 2012, rad. 42783, la Corte trajo a colación la de 29 de mayo de 2003, rad. 18789, donde se asentó esa postura en los siguientes términos:

‘Cierto es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal y como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala. En efecto, así dijo la Corte en sentencia de 23 de septiembre de 2002 (Radicación 18512)’.

La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.

Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta no estuvo guiada por el capricho o la arbitrariedad, sino por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia.

En el sub lite procede entonces la exoneración de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues como se dejó suficientemente explicado con ocasión del recurso extraordinario, la concesión de la pensión de invalidez obedeció a la regla jurisprudencial establecida en la sentencia CSJ SL, 2 ago. 2011, rad. 39766, y no a la aplicación literal del artículo 1º de la Ley 860 de 2003.

Por lo tanto, se revocará la sentencia del Juzgado, en lo relativo a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y se absolverá por ese concepto.

De conformidad con este criterio, en el presente asunto resultaba improcedente la condena por intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, puesto que la pensión de sobrevivientes la concedió el ad quem con base en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa y, además, porque la entidad tuvo el convencimiento de que el afiliado no había dejado causado los requisitos que exigía la norma vigente al caso, es decir, la Ley 100 de 1993, por lo que actuó al amparo de esta normatividad.

Por lo anterior, los cargos prosperan parcialmente, en cuanto la sentencia condenó al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. No casa en lo demás.

X. CARGO TERCERO

Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 12 y 14 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990 y 37 y 141 de la Ley 100 de 1993.

Afirma que la anterior violación se dio como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“a. No haber dado por probado, estándolo que el 25 de febrero de 2000 Francisco Eladio González Acevedo le solicitó al Instituto de Seguros Sociales la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez;

b. No haber dado por probado, estándolo, que si el Instituto de Seguros Sociales “concedió en vida al señor González Acevedo la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía única de $ 3.405.988, conforme a 584 semanas cotizadas y un IBL de 292.566 (fl. 29), fue porque él así lo solicitó;

c. No haber dado por probado, estándolo, que todas las cotizaciones que Francisco Eladio González Acevedo pagó entre el 1º de septiembre de 1985 y el 31 de marzo de 1994 las efectuó como trabajador independiente; y

d. No haber dado por probado, estándolo, que si se excluyen las 584 semanas de cotizaciones que el Instituto de Seguros Sociales tomó en cuenta para pagarle la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a Francisco Eladio González Acevedo, no queda ni una sola semana de cotizaciones que sirva de base para liquidar la pensión de sobrevivientes a la que fue condenado.

Precisa que estos errores de hecho se cometieron por la errónea apreciación de la historia laboral de Francisco Eladio González Acevedo de folios 10 a 12, la Resolución 7462 de 26 de mayo de 2000 y la hoja de prueba de la liquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, de folios 30 a 31, así como por la falta de valoración de la solicitud del citado de 25 de febrero de 2000 en la que pidió la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, obrante a folio 28.

En la fundamentación del cargo, expone que la historia laboral del causante no solo demuestra la conclusión a la que arribó el Tribunal, en cuanto a que cotizó un total de 411 semanas dentro del periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 1985 y el 31 de marzo de 1994, sino que, además, durante ese lapso el causante cotizó en condición de trabajador independiente, lo cual, señala, es trascendental para el litigio, por cuanto “al hallarse plenamente probado, el Tribunal ha debido formarse el convencimiento, mas no lo hizo, de haber obedecido a su exclusiva voluntad la decisión de retirarse definitivamente de las actividades sujetas al seguro social; pero sin que hubiera acreditado “el número mínimo de semanas de cotización requeridas para que tal derecho se cause”, pues ese número de semanas es notoriamente inferior al mínimo de cotizaciones que hubiera debido pagar durante los últimos 20 años anteriores al día que cumplió 60 años de edad.

Agrega que con la Resolución 7462 de 26 de mayo de 2000, el Tribunal dio por demostrado que el ISS concedió al causante en vida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, hecho que, resalta, no discute en el cargo; que “el error de apreciación que le reprocho al juez de alzada es el de no haber dado por probado que Francisco Eladio González Acevedo “... sin tener derecho a la pensión de vejez ha declarado su imposibilidad de seguir cotizando y cumple con los requisitos exigidos para tener derecho a la indemnización sustitutiva que reclama, conforme a lo establecido por el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual es procedente su reconocimiento” (fl. 29), para decirlo reproduciendo literalmente las palabras usadas en el documento mal apreciado”; que el error de valoración obedece a que el ad quem pasó por alto que la prueba que resulta de los documentos públicos y privados es indivisible y comprende aun lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato, pues así lo establece el artículo 258 del CPC; que si el fallador no hubiera apreciado erróneamente la resolución hubiera dado por probado que Francisco Eladio González Acevedo, sin tener derecho a la pensión, declaró su imposibilidad de continuar cotizando y solicitó le fuera pagada la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; que, de igual forma, hubiera dado por sentado que el último patrono del señor González Acevedo era él mismo, pues cotizó como independiente.

En cuanto a la hoja de prueba de la liquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de folios 30 a 31, además de lo encontrado por el Tribunal allí, lo cierto es que también acredita que la última cotización fue efectuada por el causante el 31 de agosto de 1997 y que su fecha de nacimiento fue el 30 de junio de 1935, por lo que cuando solicitó el 25 de febrero de 2000 la indemnización, cumplía a cabalidad los requisitos establecidos en el artículo 14 del Acuerdo 49 de 1990, para tener derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y que en este momento está regulada por el artículo 37 de la Ley 100 de 1993; que la solicitud del causante de 25 de febrero de 2000 es un documento auténtico, por haber sido aportado al juicio por el ISS, sin que la demandante lo hubiese tachado de falso; que este documento comprueba que el afiliado fallecido solicitó la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

A continuación, dice que “si el tribunal hubiese sabido leer los documentos auténticos singularizados y no hubiera apreciado erróneamente como lo hizo, necesariamente hubiera tenido que formar el convencimiento no solo de haberle el Instituto de Seguros Sociales pagado a Francisco Eladio González Acevedo “en vida” la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, sino que así procedió porque él solicitó el reconocimiento de ese derecho”; que si el fallador no hubiera incurrido en los defectos endilgados, hubiera concluido que el ISS no estaba facultado para negar la indemnización referida y de haber tenido en cuenta que le pagó al causante en vida dicho beneficio, su esposa no tenía derecho a la prestación de sobrevivientes; que es absurdo que luego de haber reconocido un derecho el cual estaba obligado a conceder, el ISS sea condenado a pagar la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de la persona que recibió en vida la indemnización sustitutiva, “derecho a la pensión de sobrevivientes cuyo sustento doctrinario es el denominado “principio de la condición más beneficiosa”; principio que no está consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política y que hasta el día de hoy en ninguno de los fallos en que se alude a él ha sido definido satisfactoriamente”; y que sentencias como la impugnada no son progresistas, pues los intereses de mora no son pagados con el patrimonio del ISS, sino del fondo de naturaleza pública del cual esta entidad es una simple administradora.

XI. RÉPLICA

Afirma que “A más de que los supuestos yerros fácticos enlistados por el cargo obedecen más a supuestos de orden jurídico, como quiera que determinar o concluir que si por el hecho de que un asegurado haya recibido una indemnización sustitutiva de pensión de vejez el beneficiario no pueda reclamar la de sobrevivientes es un asunto estrictamente jurídico que toca con el alcance de las normas que la gobiernan es claro que el ataque resulta inane e intrascendente, pues para atacar los fundamentos se debe acudir a razones de orden estrictamente jurídico que solo puede ser esbozadas en un cargo propuesto por la vía del puro derecho”.

XII. CONSIDERACIONES

Debe recordarse que el Tribunal encontró acreditado que la entidad demandada concedió en vida al señor Francisco Eladio González Acevedo la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, mediante la Resolución 7462 de 2000, en cuantía de $ 3.405.988, conforme a 584 semanas cotizadas y un IBL de $ 292.566, en los términos de la documental de folio 29.

Si bien el ad quem no dio por acreditado que el afiliado fallecido fue quien solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva, tal como consta en la carta de folio 28, en la liquidación de este derecho de folios 30 y 31 y en la misma Resolución 7462 de 2000 de folio 29, se trata de una circunstancia totalmente irrelevante para la decisión del caso, pues, como se vio en las consideraciones efectuadas al primer y al segundo cargo, el hecho de que un afiliado solicite en vida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 o que la entidad administradora la conceda y la pague, tal como aconteció en el presente asunto, no puede constituir bajo ninguna circunstancia un obstáculo para que sus beneficiarios accedan a la pensión de sobrevivientes, por cuanto en ambos casos se trata de prestaciones con finalidades y exigencias diferentes y que buscan amparar riesgos igualmente diversos, de conformidad con la jurisprudencia actual de esta Sala, motivo por el cual la circunstancia echada de menos por la censura no conduciría a ningún resultado diferente en la decisión.

De otra parte, el ad quem no apreció indebidamente la historia laboral de folios 10 a 12, porque, tal como lo sostuvo, el causante cotizó entre el 1º de septiembre de 1985 y el 31 de marzo de 1994, más de 300 semanas, superando las exigidas por los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para que sus beneficiarios pudieran acceder a la pensión de sobrevivientes, siendo totalmente intrascendente que el afiliado las haya aportado en calidad de trabajador independiente, pues la normatividad del Sistema General de Pensiones no discrimina en este aspecto y de conformidad con los principios del derecho a la seguridad social, lo relevante para acceder a las prestaciones económicas son los aportes económicos efectuados, mas no la calidad en la que se efectúen.

Y es que, además, claramente el recurrente se equivoca cuando sostiene que el afiliado no acredita “el número mínimo de semanas de cotización requeridas para que tal derecho se cause”, pues ese número de semanas es notoriamente inferior al mínimo de cotizaciones que hubiera debido pagar durante los últimos 20 años al día en que cumplió 60 años de edad”, pues el Tribunal no tenía por qué examinar las exigencias del Acuerdo 49 de 1990, en materia de pensión de vejez, ya que la prestación de sobrevivientes tiene unas exigencias particulares dentro del mismo cuerpo normativo y que fueron justamente las examinadas por el fallador en el presente asunto.

Finalmente, en cuanto a los argumentos de la imposibilidad del ISS de negar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva del artículo 37 de la Ley 100 de 1993 o del artículo 14 del Acuerdo 49 de 1990, la improcedencia de la pensión de sobrevivientes cuando se concede dicha indemnización y la inaplicación del principio de la condición más beneficiosa, además de ser jurídicos y, por ende, impropios dentro de la vía seleccionada en el cargo, quedan suficientemente contestados con las consideraciones efectuadas a los cargos primero y segundo.

En consecuencia, el ataque no es fundado.

XIII. SENTENCIA DE INSTANCIA

En sede de instancia, a la Corte le bastan las consideraciones efectuadas en sede del recurso extraordinario, para confirmar la decisión de primer grado, en cuanto absolvió a la entidad de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Costas en las instancias como quedaron establecidas. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario de casación.

XIV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 4 de febrero de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por DIOSELINA DE JESÚS FRANCO VALENCIA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en cuanto ordenó el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. No casa en lo demás. En sede de instancia, se confirma la decisión de primer grado en cuanto absolvió de los mencionados intereses.

Costas en las instancias como quedaron establecidas. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».