Sentencia SL11265-2017/45394 de agosto 2 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

SL11265-2017

Rad.: 45394

Acta 04

Bogotá, D. C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Hernando Rodríguez Rozo, contra la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de octubre de 2009, en el proceso ordinario que el recurrente adelanta contra la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en Liquidación y la Empresa Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP, en el que se llamó en garantía al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

De conformidad con lo manifestado por el abogado Roque Castro Moreno, en el memorial que obra a folio 39 del Cuaderno de la Corte, téngase por reasumido el poder para actuar en calidad de apoderado del demandante.

I. Antecedentes.

Hernando Rodríguez Rozo promovió demanda ordinaria laboral en contra de las demandadas, con el fin de que sean condenadas a pagarle la suma de $161.624.366, por concepto de honorarios profesionales, la indexación, lo que se pruebe ultra o extra petita y las costas del proceso.

En respaldo de sus pretensiones refirió que en cumplimiento del poder o mandato que le fue conferido, el 24 de mayo de 1999, por la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP, promovió ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho a fin de lograr la declaratoria de nulidad de la Resolución 51 del 10 de diciembre de 1998, a través de la cual el Municipio de Soledad, Atlántico, liquidó en contra de la citada sociedad, por concepto de impuestos de Industria y Comercio, Avisos y Tableros correspondientes a los años 1993 a 1997, la suma de $538.747.885.

Expresó que, mediante Sentencia del 28 de noviembre de 2001, el citado Tribunal Contencioso Administrativo declaró probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por el Municipio de Soledad, inhibiéndose de hacer pronunciamientos sobre el fondo del asunto.

Teniendo en cuenta la decisión adversa a los intereses de su representada, manifestó que interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, quien mediante Sentencia del 2 octubre de 2003, revocó la de primer grado y en su lugar declaró la nulidad de la Resolución 51 del 10 de diciembre de 1998 y de las que resolvieron los recursos de la vía gubernativa, y a título de “restablecimiento del derecho”, declaró que la sociedad demandante no debe pagar suma alguna por concepto de impuestos de Industria y Comercio, Avisos y Tableros correspondientes a los años 1993 a 1997.

Dijo que el 13 de julio de 2004, le comunicó a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP, sobre los resultados del proceso, sociedad que, aduce, había entrado en liquidación desde el 21 de mayo de 2004. Hizo énfasis, en que la empresa que asumió la prestación de los servicios públicos de su poderdante, fue Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP, que ocupó las mismas instalaciones técnicas y operativas de la demandada. Finalmente manifestó que agotó la vía gubernativa (fls. 1 a 7).

La Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en Liquidación, al dar respuesta a la demanda, manifestó no constarle los hechos en que están soportadas las peticiones, se opuso a las pretensiones y en su defensa formuló las excepciones previas de prescripción y falta de jurisdicción o competencia, y de fondo, las de inexistencia de derechos laborales por cobrar y buena fe (fls.112 a 114).

Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP, al contestar la demanda, manifestó que no le constaban los hechos. Se opuso a las pretensiones y en su defensa formuló las excepciones de inexistencia de vínculo laboral y profesional con Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP, inexistencia de las obligaciones, carencia de acción, inexistencia de solidaridad y de sustitución patronal entre las demandadas y prescripción (fls. 121 a 126).

El juez del conocimiento, mediante providencia del 1º de agosto de 2005, tuvo por “no corregida” la contestación de la demanda efectuada por la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en Liquidación, pero únicamente respecto de los hechos tres en adelante, en lo demás no le restó eficacia.

Asimismo, mediante providencia del 14 de agosto de 2007 y por petición del demandante, se llamó en garantía al Distrito Especial, Industrial y Portuario De Barranquilla, quién al contestar la demanda, expresó que no le constaban los hechos en razón a que conforme lo sostiene el actor, el vínculo profesional que lo unió fue con la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en liquidación, no con el Distrito de Barranquilla.

Solicitó que el juzgado se abstuviera de llamarla en garantía, entre otras razones, porque las obligaciones asumidas por el Distrito conforme lo prevé el Decreto 169 de 2006, hacen referencia, única y exclusivamente, con el pasivo pensional de la extinta Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, no respecto de las obligaciones como las demandadas por el actor, que debió reclamarlas en las oportunidades previstas por la ley, pues de no hacerlo pierde su derecho, tal como lo prevén los artículos 2495 del Código Civil y 242 del Código de Comercio (fls. 244 a 246 y 253 a 255).

II. Sentencia de Primera Instancia.

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 19 de diciembre de 2008, absolvió a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en Liquidación, de las pretensiones formuladas en su contra por Hernando Rodríguez Rozo. Respecto a Barranquilla Telecomunicaciones SA. ESP. declaró probada tanto la excepción de inexistencia de vínculo laboral y de las obligaciones reclamadas, como la de carencia de la acción. Se abstuvo de imponer costas en la segunda instancia. Guardó silencio respecto de la llamada en garantía.

III. Sentencia de Segunda Instancia.

Por apelación del demandante, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien, mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la de primer grado. Se abstuvo de imponer costas en la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el fallador de segundo grado, luego de encontrar plenamente demostrada la actividad profesional desplegada por el abogado Rodríguez Rozo en representación de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP, y el resultado de la gestión, consideró en esencia:

Como dijimos anteriormente los honorarios no fueron pactados, tampoco puede aplicarse la tarifa de agencias en derecho expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, no existe prueba pericial que determine la cuantía de los honorarios, ni tampoco se puede usar tarifa de abogado expedida por el Colegio Nacional de Abogados, por cuanto no fue aportada al expediente, carga probatoria del demandante por cuanto dicha tarifa no es norma de alcance nacional.

IV. Recurso de Casación.

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la Impugnación.

La censura le propone a la Corte “Casar Parcialmente” la sentencia recurrida, esto es, en cuanto confirmó la decisión de primer grado que absolvió a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en Liquidación de las pretensiones formuladas en su contra por Rodríguez Rozo, para en sede de instancia se revoque la del a quo y, en su lugar, se condene a la citada empresa a pagar, debidamente indexada, la suma de $161.624.366, tal como se solicitó en la demanda con la cual se dio inicio al proceso; en su defecto, pide se condene a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en Liquidación a pagar “el monto de los honorarios profesionales que fije esa H. Sala”.

Con tal propósito formula dos cargos que fueron objeto de réplica únicamente por parte de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP, quien actúa por intermedio de la Dirección Distrital de Liquidaciones.

VI. Cargo Primero.

Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria por vía indirecta, bajo el concepto de aplicación indebida de los artículos 1613, 1614, 1617, 1626, 1627, 2143, 2144, 2146 y 2148 del Código Civil, 25 de la Constitución Política, 8º y 17 de la Ley 153 de 1887, 831 del Código de Comercio307 y 308 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 54A y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 1º del Decreto 456 de 1956.

Expresa que dicha violación se dio por haber cometido el siguiente error fáctico:

(…) no haber dado por demostrado, estándolo evidentemente, que en el expediente obra, aportado por el demandante, la tarifa de Honorarios Profesionales de Abogados adoptada por la Corporación Colegio Nacional de Abogados ‘Conalbos’ y aprobada por el Ministerio de Justicia mediante Resolución 843 de 1986.

Yerro fáctico que se produjo por no haber apreciado la documental que aparece a folios 92 a 96 del expediente.

En la demostración del cargo, empieza por recordar que el Tribunal halló demostrado que Hernando Rodríguez Rozo, desplegó exitosamente la actividad profesional encomendada por la Empresa de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP, la que culminó con Sentencia favorable dictada, el 2 de octubre de 2003, por el Consejo de Estado.

Lo que no comparte el censor y la razón por la cual le atribuye el yerro fáctico arriba enunciado, es que el ad quem para absolver a la convocada a juicio, hubiese considerado que en el expediente no obraba la tarifa de honorarios profesionales expedida por el Colegio Nacional de Abogados, para así poder emitir condena al respecto.

No acepta la anterior conclusión, por cuanto a folios 92 a 96 del expediente, aparece copia del diario oficial en el que consta que el Ministerio de Justicia mediante Resolución 845 de 1986, aprobó la tarifa de honorarios profesionales adoptada por la Corporación Colegio Nacional de Abogados “Conalbos”, la cual estaba vigente para la fecha en que la demandada le confirió el poder para representarla ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que, itera, culminó de manera exitosa para su mandante.

Tal documental, expresa, fue allegada por el propio actor con la demanda que dio inicio al proceso, y como tal, fue decretada como medio de prueba por el juez del conocimiento, por tanto, es un documento auténtico que tiene plena eficacia probatoria a la luz del artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Así las cosas, prosigue, si el Tribunal hubiera apreciado la citada prueba, no habría echado de menos que en el expediente se encontraba la tarifa de honorarios expedida por “Conalbos”, la cual en el numeral 3º del capítulo décimo, es clara en señalar, que los abogados que atienden procesos administrativos de tipo tributario con honorarios de cuota litis, les corresponde como remuneración por trabajo un porcentaje del 30% sobre la reducción de los impuestos que se obtenga en el respectivo proceso.

VII. La Réplica.

La Dirección Distrital de Liquidaciones, quien actúa en nombre de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP, en Liquidación, en síntesis, expresa que el fallador de segundo grado no cometió yerro fáctico alguno, en razón a que la documental que aparece a folios 92 a 96, sobre la cual está estructurado el cargo, fue aportada por el Ministerio de Justicia al proceso en copia simple, cuando en verdad y por tratarse de un documento público, debió aportarse en copia auténtica, tal como lo prevé el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

Dice también que la documental que aparece a folios 10 a 66, tampoco demuestra la actividad profesional que dice desplegó el doctor Hernando Rodríguez Rozo en razón a que carece de autenticidad. En tal orden de ideas, concluye, que como no se demostró la actividad profesional del actor, menos la fijación de honorarios conforme a lo previsto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el cargo no está llamado a prosperar.

VIII. Consideraciones.

Previo a decidir el cuestionamiento de orden fáctico que le atribuye la censura a la decisión de segundo grado, la Sala comienza por precisar que no son materia de discusión los siguientes hechos, en tanto así los dio por demostrados el Tribunal y la censura no los controvierte:

(i) que el 24 de mayo de 1999, la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP, le otorgó poder al abogado Rodríguez Rozo a fin de que, ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, entablara una demanda encaminada a buscar la nulidad de la Resolución 51 de 1998, proferida por el Municipio de Soledad, Atlántico, a través de la cual y por concepto de impuestos de Industria y Comercio, Avisos y Tableros correspondientes a los años 1993 a 1997, le fijó a la citada empresa la suma de $538.747.885; (ii) que al ser adversa la decisión dictada, el 28 de noviembre de 2001, por el citado Tribunal, el hoy demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue decidido por el Consejo de Estado mediante Sentencia del 2 de octubre de 2003, a través de la cual declaró la nulidad de la resolución en comento y a título de restablecimiento del derecho, dispuso que la hoy demandada no debía pagar suma alguna por concepto de los impuestos que motivaron la expedición del acto administrativo declarado nulo; y (iii) que tampoco hay discusión que el profesional del derecho, hoy demandante, desplegó la actividad que genera los honorarios por él reclamados, los cuales no fueron pactados.

Precisado lo anterior, esta Sala de la Corte procede a dilucidar si se equivocó el fallador de segundo grado al considerar que no había lugar a impartir condena por concepto de honorarios profesionales, en vista que la tarifa de honorarios brillaba por su ausencia en el expediente.

Para esclarecer lo anterior, la Sala comienza por recordar que:

[…] es de suponer que el ejercicio de la abogacía como el de cualquier profesión liberal genere honorarios, pues los profesionales por lo general obtienen el sustento de los servicios que prestan, de manera que debe concluirse que la onerosidad es un elemento de la naturaleza del contrato de prestación de servicios profesionales, pero no uno esencial en cuanto, a diferencia de lo que ocurre con el contrato de trabajo, es legalmente permitido que quien presta un servicio profesional independiente decida hacerlo en forma gratuita, o de manera que su retribución sea aleatoria, como cuando se condiciona a la obtención de un resultado (resalta la sala). CSJ SL, 10 dic 2007, rad. 10046.

Dicho de otra manera, quien ejerce la profesión de la abogacía, como el que ejecuta cualquier otra profesión liberal que genere honorarios, salvo que decida hacerlo de manera gratuita que no es el caso bajo estudio, tiene derecho a reclamarlos cuando esté demostrada la actividad para la cual fue contratado, ello en razón a que el contrato de mandato es por naturaleza oneroso, por tanto, es de suponer que, por lo general, tales profesionales obtienen el sustento para sí y para sus familias de los servicios que prestan a sus clientes.

Ahora bien, desde antaño también lo ha precisado la Sala, que no puede perderse de vista que siempre se privilegiará la voluntad contractual de las partes y sólo a falta de esta, se acudirá a las tarifas de los colegios de abogados o a otras pruebas, como las testimoniales o los dictámenes periciales, etc.

La segunda situación, es la que se presenta en el caso de autos, en el cual el abogado Rodríguez Rozo, por no haber pactado los honorarios con su cliente “Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP”, aspira que estos le sean fijados por el juez laboral.

Para lograr lo anterior, le resultaba imperioso demostrar: (i) que realmente prestó los servicios a su cliente, y (ii) cual era el monto de sus honorarios, esto es, lo que acostumbran cobrar los abogados en atención a la naturaleza, cantidad, calidad e intensidad u otros aspectos pertinentes relativos a las gestiones cumplidas; remuneración usual que se prueba en los términos del artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, con apoyo en peritos, testimonios o en documentos, como pueden ser las tarifas definidas, con aprobación del Ministerio de Justicia, por los colegios de abogados respectivos.

En cuanto al primer punto, esto es, probar el demandante que realmente prestó sus servicios a la demandada, como arriba se precisó, está fuera de controversia en razón a que así lo dio por acreditado el fallador de segundo grado, cuando al efecto coligió: “Se encuentra demostrada entonces la actividad del doctor Rodríguez Rozo en representación de la EDT de Barranquilla, por la cual se generan honorarios profesionales, los que no fueron pactados”, consideración ésta que, además, resulta pertinente remembrarla para descartar la argumentación de la réplica según la cual no está demostrada la actividad profesional que desplegó el citado profesional del derecho que hoy reclama sus honorarios.

En relación con el segundo punto, esto es si el demandante acreditó cual era el monto de sus honorarios conforme a lo que acostumbran cobrar los abogados en atención a la naturaleza, cantidad, calidad e intensidad u otros aspectos pertinentes relativos a las gestiones cumplidas, contrario a lo sostenido por el sentenciador de alzada, tal como lo sostiene la censura, también fue demostrado por el demandante, baste para ello echar un simple vistazo a la Resolución 843 del 18 de abril de 1986 (fls. 92 a 96), a través de la cual el entonces Ministerio de Justicia, impartió aprobación a la “[…] nueva Tarifa de Honorarios Profesionales adoptada por la Corporación Colegio Nacional de Abogados ‘Conalbos’”, la que en el numeral 3º del capítulo X, se ocupa de los honorarios que pueden cobrar los abogados en “Procesos de Impuestos ante la Justicia Contencioso Administrativa, incluyendo segunda instancia ante el Consejo de Estado”.

El citado numeral contiene tres sistemas de remuneración, (i) honorarios fijos, señalando cuales son los porcentajes mínimos que se pueden cobrar sobre el valor de la reclamación, (ii) cuota litis, que equivale al 30% sobre la reducción que se obtenga, y (iii) sistema mixto, que es el 10% sobre el valor de los impuestos en discusión, más honorarios profesionales del 20% sobre la reducción que se obtenga.

El sub lite no puede enmarcarse en el primer supuesto, menos en el tercero, en razón a que resulta evidente que no se pactaron honorarios fijos o por lo menos ello no está demostrado, por tanto y por sustracción de materia, resulta apenas lógico que debe encuadrarse en la segunda situación, esto es, la referida a cuota litis que equivale al 30% sobre la reducción de los impuestos que al final obtuvo el actor con la Sentencia dictada, el 2 de octubre de 2003, por el Consejo de Estado.

Aunque lo anterior es suficiente para concluir que el cargo está llamado a prosperar en tanto salta a la vista el yerro fáctico ostensible cometido por el Tribunal y que denuncia la censura, es pertinente señalar, que no le asiste razón a la réplica cuando expresa que la tarifa de honorarios que aparece a folios 92 a 96 no puede ser valorada en tanto fue aportada por el “Ministerio de Justicia” en copia simple. No le asiste razón en tal reparo, por tres razones fundamentales:

1. La citada prueba no fue allegada por el ente gubernamental, como lo afirma la opositora, sino por el propio actor con la demanda que dio inicio al presente asunto (fls. 1 a 7), documental que, por cierto, fue decretada como prueba por el juez del conocimiento (fls. 140 a 141).

2. La Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en Liquidación, en momento alguno controvirtió su validez, tanto así que ni al contestar la demanda (fls.112 a 114), ni en algún otro momento del proceso, le restó eficacia probatoria al citado medio de convicción; es más, en la audiencia celebrada para decidir excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio y decreto de pruebas, fue clara en expresar: “Me ratifico en todas sus partes en lo manifestado en la contestación de la demanda, y en las excepciones propuestas, por lo que solicito se surta la presente diligencia y se decreten las pruebas solicitadas por las partes” (resalta la Sala, fl. 141), esto es, aceptó su valor probatorio.

3. La Resolución 843 del 18 de abril de 1986, a través de la cual el entonces Ministerio de Justicia, impartió aprobación a la “[…] nueva Tarifa de Honorarios Profesionales adoptada por la Corporación Colegio Nacional de Abogados ‘Conalbos’” se presume auténtica, bien a la luz del artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ora al amparo del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, de una parte porque la citada resolución fue publicada en el Diario Oficial 37.593 de agosto 19 de 1986, y de otra por cuanto la citada resolución fue expedida por el Ministerio de Justicia, por lo que el citado documento “[…] se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad”.

Lo dicho en precedencia, es suficiente para concluir que el Tribunal cometió el yerro fáctico endilgado, y por ende, el cargo prospera, lo cual releva a la Sala de estudiar el segundo en tanto buscaba la misma finalidad.

Sin costas en casación.

IX. Sentencia de Instancia.

Aun cuando para darle la razón al demandante en los reparos que le formula a la sentencia de primer grado al interponer el recurso de apelación (fls. 330 a 332), sería suficiente remitirnos a lo dicho en el estadio de la casación, la Sala hace énfasis en que en el caso de autos no resultaba indispensable u obligatorio practicar el dictamen pericial para con ello determinar la “intensidad de las labores cumplidas” por el abogado Rodríguez Rozo, menos para acreditar “el trabajo desbordado en la defensa de los intereses de su defendido” como lo sostiene el a quo.

Así se afirma, por cuanto a simple vista aparece demostrado que su labor fue diligente y exitosa en su totalidad, como lo confirma la Sentencia proferida el 2 de abril de 2003, por el Consejo de Estado (fls. 47 a 64), a través de la cual declaró la nulidad de la Resolución 51 del 10 de diciembre de 1998, proferida por la Secretaría de Impuestos del Municipio de Soledad Atlántico, por medio de la cual se liquidó el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros a cargo de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla por los periodos gravables 1993 a 1997, y a título de restablecimiento del derecho declaró que la citada empresa no debía pagar suma alguna por tales conceptos.

Dicho de otra manera, si un cliente contrata los servicios de un profesional del derecho para que lo represente en un determinado proceso, en este caso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y este cumple a cabalidad el mandato para el cual fue contratado, tanto así que obtiene una sentencia totalmente favorable a los intereses de su poderdante, resulta ilógico exigir un dictamen pericial para acreditar la “intensidad de las labores cumplidas”, pues lo único que tiene que demostrar, si no pactó los honorarios, es el valor que usualmente se cobra por asumir la representación en tal clase de litigios, lo cual fue plenamente demostrado con la documental que aparece a folios 92 a 97 del expediente.

En este orden de ideas, como está acreditado que la reducción de los impuestos obtenida por Rodríguez Rozo, ascendió a $538.747.885, se tiene que el valor de sus honorarios profesionales en la modalidad cuota litis, conforme a la tarifa de “Conalbos” —vigente para el 24 de mayo de 1999— aprobada por el Ministerio de Justicia mediante la Resolución 843 del 18 de abril de 1986 (fls. 92 a 97) asciende a la suma de $161.624.366, tal como se solicita en la demanda con la cual dio inicio al proceso, suma que será debidamente actualizada entre el 10 de marzo de 2004 —fecha en que el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la terminación del proceso y ordenó su archivo — y el 30 de junio del 2017, indexación que asciende al valor de $122.305.873,08, para un total de $283.930.239.08, tal como se detalla a continuación:

CapitalIndexaciónValor Actualizado
$161.624.366,00$122.305.873,08$283.930.239,08

Puestas así las cosas, se revocará el ordinal primero de la Sentencia proferida, el 19 de diciembre de 2008, por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, en su lugar se condena a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en Liquidación, o a la entidad, patrimonio o fiducia que haya asumido este tipo de obligaciones, a pagarle al abogado Hernando Rodríguez Rozo, por concepto de honorarios profesionales, debidamente indexados, la suma de $283.930.239.08, esto sin perjuicio de la indexación que se cause entre el 1º de julio de 2017 y la fecha en que se haga efectivo el pago.

Se precisa lo anterior, en razón a que conforme al Decreto 169 del 2006, la Alcaldía Distrital de Barranquilla —llamada en garantía—, sólo asumió “el pago del pasivo pensional de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla”, no la cancelación de obligaciones diferentes, como las de honorarios profesionales, que es precisamente el caso de autos, o por lo menos ello no aparece demostrado en el proceso.

En cuanto a las excepciones formuladas por la demandada Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en liquidación, dadas las resultas del proceso ninguna de ellas está llamada a prosperar.

Costas de la primera instancia a cargo de la demandada y no se causan en la alzada.

X. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la Sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de octubre de 2009, en cuanto confirmó la Sentencia dictada, el 19 de diciembre de 2008, por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, que absolvió a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P. en Liquidación, de las pretensiones formuladas en su contra por Hernando Rodríguez Rozo, en el proceso ordinario que éste le adelantó a la citada empresa y a la Empresa Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP, en el que se llamó en garantía al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

En sede de instancia, resuelve:

1. REVOCA el ordinal primero de la Sentencia dictada, el 19 de diciembre de 2008, por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, en su lugar condenar a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P. en Liquidación o a la entidad, patrimonio o fiducia que haya asumido este tipo de obligaciones, a pagarle al abogado Hernando Rozo Rodríguez, por concepto de honorarios profesionales, la suma de $161.624.366, más la indexación que asciende a $122.305.873.08, para un total de Doscientos Ochenta y Tres Millones Novecientos Treinta Mil Doscientos Treinta y Nueve Pesos con Ocho Centavos Moneda Corriente ($283.930.239.08 m/cte), esto sin perjuicio de la indexación que se cause entre el 1º de julio de 2017 y la fecha en que se haga efectivo el pago.

2. DECLARA no probadas las excepciones.

3. COSTAS, como se dijo en la parte considerativa.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán Quintero—Dolly Amparo Caguasango Villota—Ernesto Forero Vargas.