Sentencia SL1132-2015 de febrero 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL1132-2015

Radicación 42290

Acta 03

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS:«IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandada, concedido por el tribunal, pero sólo en lo que respecta a la demandante María del Carmen Ramírez (f.528 a 531) y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Persigue la recurrente demandada se case parcialmente la sentencia que impugna, en cuanto revocó parcialmente el fallo de primera instancia y condenó a la demandada a pagar las siguientes sumas de dinero, descontadas de la liquidación definitiva de prestaciones sociales…

Y en cuanto confirmó las condenas del numeral primero y segundo del resuelve de la sentencia de primera instancia; Y para que en sede de instancia se confirme la absolución de la sentencia de primera instancia en cuanto a la deducción de los valores señalados por el Juzgado…se Revoquen los numerales primero y segundo del resuelve de la sentencia…y en su lugar se absuelva de todo cargo y condena.

Con tal propósito formula dos cargos, a los que se opone la parte demandante; que por razones de método tendrán el siguiente orden para su pronunciamiento por la Corte:

VI. Cargo segundo

Acusa a la sentencia de la violación por vía directa en la modalidad de infracción directa, de los artículos 4 del Decreto 1474 de 1997; 1 decreto 187 de 1995; 4 del Decreto 1314 de 1994, 16 y 24 del decreto 1299 de 1994, 1 del decreto 2721 de 2008, que ordenó adicionar los artículos 6, 7, 8 y 9 del decreto 255 de 2000; lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 118 de la Ley 100 de 1993, 1 y 2 del decreto Ley 1314 de 1994, en relación con el artículo 1 del Decreto 1748 de 1995.

En su desarrollo afirma que la Caja Agraria no podía estar obligada a emitir los Bonos pensionales al ser una sociedad de economía mixta asimilada a empresas industriales y comerciales, esto es, una entidad descentralizada y en tal sentido corresponde a la Nación la creación de los señaladas títulos.

En sustento de lo dicho copia el artículo 118 de la Ley 100 de 1993, para señalar que: « la Caja Agraria se liquidó y que por ello, la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asumió su pasivo pensional y entre ellos la de emitir bonos pensionales,…»

Luego transcribe los artículos 16 y 24 del Decreto 1299 de 1994; 4º del Decreto Ley 1314 de 1994; 1º del Decreto 187 de 1995 y 4º del Decreto 1474 de 1997.

Y finaliza, indicando que si « el tribunal no se hubiese rebelado contra las normas en precedencia, habría concluido que debería absolverse a la Caja Agraria de emitir los bonos pensionales a favor de las demandantes, Maribel Quejada Ospina y Dora Cecilia Correa Quiroz.»

VII. Réplica

En un primer término refiere al alcance de la impugnación respecto al cual advierte un insalvable error al no haberse formulado cargo alguno contra la pensión sanción a cuyo reconocimiento y pago fuera condenada la demandada respecto a la demandante María del Carmen Ramírez Gallego.

En relación al cargo segundo enfatiza en que el recurso no desarrolla ni demuestra la violación acusada pues el impugnante se limita a realizar una transcripción de las normas relativas a los Bonos pensionales.

VIII. Consideraciones

Ningún reparo suscita la formulación que hiciera la censura al fijar el petitum de la demanda de casación; en razón a señalar con claridad, como lo exigen las normas que disciplinan el recurso, el quiebre parcial de la decisión impugnada y las resoluciones objeto del mismo; e indicar, en sede de instancia, cuál debe ser la determinación de la Corte con respecto a lo resuelto por el juez.

No obstante, si el planteamiento y demostración de alguno de los cargos no corresponde con lo expuesto en el alcance de la impugnación o, éste no fuera desarrollado a través de una estructurada acusación, como sucede en el presente caso en el que pese a pedir casar la sentencia en cuanto confirmó las condenas del numeral primero –(ordena pago de la Pensión Sanción en favor de la señora Ramírez Gallego)- no se propone y sustenta cargo que demuestre alguna transgresión, de ello se deriva que la recurrida resolución, en este aspecto concreto, permanece incólume sin que, por supuesto, represente una defectuosa formulación del petitum.

De otra parte, no puede ser objeto de estudio por la Sala el presente cargo dirigido a demostrar el quebrantamiento por parte de la sentencia impugnada que confirma la determinación del a quo al condenar a la demandada a emitir Bonos pensionales en favor de Maribel Quejada Ospina y Dora Cecilia Correa Quiroz puesto que, como se recordará, el recurso de casación le fue concedido a la demandada sólo con relación a María del Carmen Ramírez Gallego:

En auto del catorce de julio de dos mil nueve (folios 528 a 530), que decide la viabilidad del recurso extraordinario que contra su decisión le fuera interpuesto por la demandada, señaló el superior:

«Lo anterior indica que tiene derecho la parte demandada Caja Agraria en liquidación pero solo con respecto de la demandante María del Carmen Ramírez, a que el proceso sea revisado por la Honorable Corte Superna de Justicia- Sala Laboral de Casación».

En razón a lo visto se desestima el cargo.

IX. Cargo primero

Atribuye a la sentencia la violación por vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 149, 467 y 469 del CSTSS, 12 del Decreto 3135 de 1968; en relación con los artículos 51, 54ª, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y la seguridad Social; artículos 174, 175, 177 y187 del Código de Procedimiento Civil.

La violación referida sucede al incurrir el tribunal en los siguientes errores de hecho en cuanto a María del Carmen Ramírez Gallego:

  1. Dar por demostrado sin estarlo que la demandante Ramírez Gallego, laboró hasta el 30 de junio de 1999.
  2. No dar por demostrado estándolo que Ramírez Gallego, laboró hasta el 27 de junio de 1999.
  3. No dar por demostrado estándolo que la prima de servicios de junio de 1999, le fue liquidada y pagada hasta el 30 de junio de 1999, en cantidad de $1.090.223, cuando debió pagarse hasta el 27 de junio de 1999, que fue la última fecha laborada.
  4. No dar por demostrado que lo que sufrió la liquidación definitiva de prestaciones sociales y salarios de la demandante…Correa Quiroz (sic) fue un ajuste con base en los días laborados hasta el 27 de junio de 2009, por lo que era necesario hacer cruces de cuentas y obtener a favor de la entidad el mayor valor pagado por no haberse laborado los días 28, 29 y 30 de junio de 1999.
  5. No dar por demostrado estándolo que su salario mensual correspondía a la suma de $ 591.307 como sueldo base y $ 147.827 como Prima de antigüedad.
  6. No dar por demostrado estándolo que la convención colectiva vigente para 1998-1999, se encontraba vigente con constancia de depósito (f. 331).
 

A los indicados errores se arriba por la indebida apreciación de unas pruebas y la falta de estimación de otras:

Pruebas erróneamente apreciadas:

  1. Liquidación de cesantía total de María del Carmen Ramírez Gallego (f. 75 cuaderno principal).
 

Pruebas dejadas de apreciar:

  1. Hoja de vida de María del Carmen Ramírez Gallego ( f. 204).
  2. Convención Colectiva de trabajo vigente para 1998-1999 (f. 301 a 337)
 

En su demostración afirma que el tribunal apreció erróneamente la documentación correspondiente a la liquidación de definitiva de prestaciones sociales al no tener en cuenta que el tiempo sobre el que se realiza el respectivo cálculo comprende hasta el 30 de junio de 1999, fecha en la que termina el semestre; que la prima legal y convencional de servicios habían sido pagadas el 15 de junio de 1999:

si la prima de servicios es semestral es obvio y lógico que sea liquidada hasta el último día del semestre, el hecho que las demandantes hayan recibido una suma de dinero en forma anticipada y si su contrato de trabajo termina antes de la fecha que corresponde al valor recibido, es claro, que no existe una deducción, sino un cruce de cuentas porque efectivamente no laboraron todos los días del mes de junio, entonces sino se causaron no ha lugar al pago porque no hubo prestación de servicio, así las cosas no se puede hablar de deducción sino de un ajuste por haber recibido un mayor valor sin haber laborado todo el tiempo al que corresponde la suma recibida; es tan evidente los errores de hecho señalados que sin mayor esfuerzo cualquier persona entiende que si las demandantes sólo trabajaron hasta el 27 de junio, no les corresponde valor alguno por los días 28, 29 y 30 de junio de 1999.

La demandante Ramírez Gallego, dice al continuar, recibió por concepto de prima de servicios y para el primer semestre de 1999, la suma de $1.090.223 equivalente a 180 días, sin embargo como el tiempo real trabajado fue el de 177 días «Se debió ajustar en ese tiempo en que no se prestó el servicio, lo que equivale a que si dividimos $1.090.223 por 180, nos corresponde el día en valor de $6056,80 que multiplicado por 3 (días) nos da $18.170,40, valor igual a lo que en la liquidación de cesantías en la columna abono se tuvo como prima legal- ajustes $6.159,3 y prima legal- ajustes $12.318,6, valores que sumados nos da la suma de $18.477.9, valor equivalente » .

Luego y en relación a la asignación básica mensual y el ajuste realizado, remite a la hoja de control del empleado (f. 204) en el que, señala, se observa que el sueldo corresponde:

a la suma de $ 591.307, que dividido por 30 nos da el día por $19.710.233, valor multiplicado por 3 (días no laborados), nos arroja la cantidad de $59.130, 70 , que es el valor que aparece en la liquidación de cesantía total, en el concepto de abonos sueldo básico – ajuste de $59.131,00 (ajustado al peso). Si el tribunal hubiese apreciado el documento hoja de vida control del empleado (f. 204 Vto.) y hubiese hecho la operación matemática y tal resultado lo hubiese confrontado con el valor que se encuentra reseñado en concepto abonos por sueldo básico, no habría apreciado incorrectamente el documento liquidación de cesantía total (f. 75) habría entendido que el ajuste hecho por la Caja Agraria era correcto, por lo que la sentencia hubiese sido absolutoria en este aspecto,…».

Asimismo examina el ajuste efectuado al valor de la prima de antigüedad objeto, según su criterio, de error de hecho al no apreciar el ad quem la hoja de vida tarjeta de control del empleado (f. 204 Vto.) que establece:

la suma de $ 147.827 que dividido por 30 nos da lo correspondiente a un día que equivale a $4.927,566 (sic) y multiplicado por 3 (días no laborados), nos arroja el valor de $14.782, 70, comparado con documento liquidación de cesantía total (f. 75) que el tribunal apreció equivocadamente corresponde a la suma de $14.783 (ajustado al peso), si el Tribunal hubiese confrontado el valor del documento que no apreció (hoja de control del empleado f.204 Vto.) , con el documento liquidación de cesantía total (f. 75) que apreció equivocadamente, habría entendido que la Caja Agraria había hecho el ajuste correctamente por los tres días que le faltaron a la demandante en razón a que su contrato terminó el 27 de junio de 1999, por lo que se comprueban los errores protuberantes de hecho señalados para la demandante maría del Carmen Ramírez.

En cuanto a las cuentas por cobrar viáticos empleados convencionales rubro que corresponde a la ex trabajadora no legalizó las cuentas de viáticos por lo que no podía cobrar, ya que jamás justificó el gasto del anticipo dado por la Caja Agraria que corresponde a la suma de $ 43.908.»

X. Réplica

El opositor además de señalar que el recurrente no incluye en la proposición jurídica todas las normas que regulan los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores oficiales; refiere que los denominados errores de hecho constituyen Hecho Nuevo puesto que no fueron parte del debate ni los extremos de la relación laboral, ni el salario percibido, ni los factores salariales.-

XI. Consideraciones

Para empezar debe decirse que ninguna razón asiste al replicante en las observaciones técnicas que realiza puesto que en lo referente al deber que atribuye al recurrente de incluir todas las normas reguladoras de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores oficiales, basta decir, de una parte, que como bien es sabido el concepto de proposición jurídica completa, al que parece acudir el oponente, desapareció con la expedición del Decreto 2651 de 1991 artículo 51, al enunciar que «será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza, que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada».

En el presente caso el impugnante señala las normas de derecho colectivo 467 y 469, del CST, y 12 del Decreto 3135 de 1968 aplicables a los trabajadores oficiales con lo que se cumple el postulado del artículo 51 citado.

De otra parte, ningún hecho nuevo se advierte en la formulación de los errores fácticos que el censor endilga a la sentencia del ad quem puesto que las deliberaciones de éste se desprenden justamente del análisis que hiciera a la pretensión de la demandante que reclama el reintegro de los valores, deducidos sin su autorización; con lo que claramente se establece que son tópicos planteados desde un comienzo del debate procesal dentro de los cuales cabe toda discusión, ahora en casación y en virtud a las reflexiones colegiadas, en torno a los conceptos y factores asociados a la liquidación definitiva de prestaciones como los extremos de la relación laboral , el salario percibido y los factores salariales.-

Ninguna objeción hace la Corte en relación con el razonamiento desplegado por el impugnante para demostrar los errores de hecho en los que se tiene como acreditados los extremos del contrato, en concreto el final correspondiente al 27 de junio de 1999 y al sueldo básico de $591.310 (f. 204 Vto.) ; factores con los cuales ejecuta los cálculos con los que busca acreditar que cada uno de los ajustes realizados por los conceptos allí determinados, esto es, prima legal, extralegal, sueldo básico, prima de antigüedad responden al valor de tres (3) días pagados de más que la censura refiere como cancelados el 15 de junio de 1999, para el caso de las primas legal y convencional y sin precisar su fecha para los demás conceptos.

Sin embargo no demuestra el impugnante esta premisa básica de su razonamiento, esto es, que por los conceptos antes mencionados ya le habían sido cancelados a la demandante, al momento de la liquidación final realizada el 13 de octubre de 1999 (f. 75), un mayor valor como resultado de efectuar el cálculo por cada uno de estos rubros a 30 de junio de 1999, al pagarse tres días no laborados (28, 29 y 30 de junio de 1999).

Como no se cuenta con la evidencia del pago ejecutado por tres días de más por la demandada, presentado por ésta como justificante de los descuentos efectuados posteriormente, se concluye que el tribunal no se equivoca al señalar que no aparece «justificación legal ni autorización alguna de las demandantes para efectuar el descuento, por lo que se deberá ordenar el reembolso correspondiente, debidamente indexado».

En relación al ajuste relativo a las cuentas por cobrar viáticos, y con independencia de su autorización por la actora, no aparece siquiera, o al menos el recurrente no lo indica, la prueba de esta obligación en cabeza de la demandante.

No sale avante el cargo.

No se casará la sentencia.

Costas a cargo de la demandada; se fijan agencias en derecho por la suma de $ 6.500.000,00

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 15 de diciembre de 2006, en el proceso que instauraran María del Carmen Ramírez Gallego, Maribel Quejada Ospina y Dora Cecilia Correa Quiroz contra la Caja Agraria en liquidación, el Banco Agrario de Colombia S. A.- y La Nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Costas a cargo de la demandada; se fijan agencias en derecho por la suma de $ 6.500.000,00.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».