Sentencia SL1138-2018-63345 de abril 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 1

Rad.: 63345

SL1138-2018

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Acta 10

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la decisión del juzgado y se acceda a todas las pretensiones de la demanda “por cumplir la demandante con las exigencias de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; muy especialmente la dependencia económica”.

Con tal propósito, formula un cargo que fue oportunamente replicado y que será estudiado a continuación.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia impugnada, por la vía indirecta, de vulnerar los artículos 46, 47 y 141 de la Ley 100 de 1993, los dos primeros modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 respectivamente; así mismo denuncia los artículos 48, 53, 58, 228 y 229 de la C.N.; y el 21 del CST.

Asegura que el error de hecho cometido por el “a-quo” fue: “no RECONOCERLE a la señora Noemí Botero de Vargas el derecho a la prestación económica de sobreviviente, pese a que está demostrado en el expediente, que la causante dejó acreditado el requisito objetivo cual es el número de semanas necesario para acceder a esta prestación económica, así como las condiciones de convivencia y dependencia económica por parte de la demandante”.

Manifiesta que el anterior desacierto fáctico se produjo por la no apreciación de la documental allegada en debida forma y por la indebida valoración de la prueba testimonial, enunciadas a continuación:

— Fotocopia informal de la Resolución 29236 del día 28 de octubre de 2011, mediante la cual “se negó el derecho a la pensión de vejez de la señora Noemí Botero de Vargas”.

— Certificado de semanas cotizadas de la señora Gloria Inés Vargas Botero.

— Certificado de semanas cotizadas de la señora Noemí Botero de Vargas emitido por la EPS Coomeva.

— Los testimonios de Marta Cecilia Gómez Valencia, Lura Andrea Vargas y Juan Guillermo Vargas Botero.

Como sustentación del cargo, la censura asegura que el tribunal se equivocó en lo siguiente:

— La demandante tiene dos propiedades y no tres como se concluye; además son en comunidad con su hermana.

— La demandante no percibía renta de dichas propiedades en vida de la causante, pues en una de ellas vivía su hermana y en la otra vivía ella con sus dos hijas una de ellas la causante y con su cónyuge.

— Al momento en que se dio la muerte de la señora Gloria Inés Vargas Botero, la demandante y su cónyuge se encontraban en calidad de beneficiarios de su hija, quien se encontraba afiliada como cabeza de familia.

— Si la causante no tenía hijos, ni cónyuge o compañero permanente, de quien (sic) podría ser cabeza de familia.

— El a-quo desconoce en su decisión, que todos los testigos coinciden en indicar que la causante veía económicamente por sus padres y que vivió todo el tiempo con ellos.

— Indica el a-quo, que no se probó el ingreso de la causante, lo cual no resulta irrelevante para estructurar la dependencia, pues se encontraba afiliada al sistema integral de seguridad social con un IBC equivalente al salario mínimo legal mensual vigente.

VII. La réplica

Colpensiones se opone a la prosperidad del cargo, dado que el tribunal no incurrió en yerro alguno, pues su decisión estuvo ajustada a los lineamientos legales. Afirma que, respecto de la prueba documental citada, el recurrente no informa nada acerca de su contenido y que, en lo referente a la testimonial, la censura olvida que la misma no es prueba calificada en casación.

VIII. Consideraciones

La decisión absolutoria del tribunal se fundamentó en que no se encontró acreditado el requisito de la dependencia económica de la actora respecto de la hija fallecida, conforme con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003.

La Sala considera necesario resaltar que la demanda de casación contiene defectos técnicos que le restan prosperidad al cargo, así:

1. El recurrente se abstiene de señalar la modalidad de violación de la ley, esto es, si la vulneración del elenco normativo se produjo por interpretación errónea, aplicación indebida o infracción directa, sin embargo, esta deficiencia se podría superar bajo el entendido que al denunciar errores de hecho y pruebas, el concepto de violación aceptado para esta clase de trasgresión por la vía indirecta, es la aplicación indebida.

2. Al haber sido la vía indirecta la escogida por la censura para dirigir su ataque, observa la sala que el recurrente no cumple con la carga ineludible, propia de este tipo de ataque, consistente en indicar de manera concreta los errores de hecho que presuntamente cometió el tribunal sobre las pruebas señaladas; explicar por qué dichas falencias tendrían las características de un yerro protuberante y manifiesto; así como identificar los raciocinios equivocados que habrían propiciado su comisión y cuál habría sido su incidencia frente a lo decidido en segunda instancia, pues el censor se limita a enunciar, como pruebas calificadas dejadas de valorar, tres documentos, de los cuales no explica su contenido ni su alcance frente al fallo confutado.

3. El desarrollo del cargo es insuficiente, dado que lo planteado por el recurrente son meras afirmaciones genéricas e imprecisas que, además de no estar soportadas en prueba alguna, lejos están de conformar una acusación clara y contundente contra la decisión del tribunal y, por el contrario, se asemejan más a un alegato de instancia que no corresponde, en lo absoluto, con el propósito de la casación del trabajo. Además de ello, como insistentemente lo ha expresado esta corporación, el recurso extraordinario no le confiere competencia para juzgar el litigio, esto es, establecer a cuál de las partes en contienda le asiste la razón, puesto que la labor de la Corte se circunscribe a enjuiciar la sentencia y determinar si el juez colegiado, al resolver la segunda instancia, dirimió rectamente el conflicto a la luz de las normas jurídicas que debía emplear.

4. La recurrente se abstuvo de controvertir en rigor el argumento nodal de la sentencia del tribunal que condujo a la negación del derecho, cual fue la inexistencia de la dependencia económica de la actora frente a su hija fallecida y, de esta manera, dejó libre de ataque las conclusiones referentes a que no existía dentro del expediente, prueba alguna que demostrara el monto de los egresos del hogar, el valor de los gastos personales de la petente y la importancia que tenía el aporte económico de la fallecida en las finanzas del núcleo familiar, lo que hace que el fallo confutado permanezca incólume, rodeado de la doble presunción de legalidad y acierto.

Dejando de lado las anteriores falencias, la sala encuentra que, de todos modos, no le asiste razón al recurrente, pues revisados los tres documentos enunciados por la censura como dejados de apreciar, se observa que nada dicen acerca de la dependencia económica controvertida, pues el primero de ellos contiene la resolución por medio de la cual el ISS le negó la pensión de sobrevivientes a los padres de la causante; y las dos pruebas restantes, que entiende la Corte son las que reposan a folios 20 y 21 del cuaderno principal, expedidas por Coomeva EPS, revelan el número de semanas cotizadas al sistema de seguridad social en salud, por la causante Gloria Inés Vargas Botero y por la recurrente Noemí Botero de Vargas, respectivamente, lo cual, en este asunto, resulta irrelevante para demostrar la dependencia económica y, por el contrario, ratifica que cada una era cotizante independiente, es decir, que desvirtúa que la madre fuera beneficiaria en salud de su hija.

Y en cuanto a los testimonios, que el censor aduce como mal valorados, además de que no se dice nada frente a ellos y sus declaraciones, olvida el recurrente que la prueba testimonial no es apta en casación para estructurar un yerro fáctico ostensible, capaz de quebrar la sentencia impugnada. Al efecto, la sala ha manifestado, en innumerables decisiones, que su estudio sería procedente únicamente en los casos en que se compruebe un yerro proveniente de una prueba calificada en casación, esto es, de un “documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular”, hoy judicial, conforme a la restricción legal contemplada en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, lo que en el presente caso no ocurrió.

En consecuencia, los cargos se desestiman.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la parte recurrente demandante, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fija como agencias en derecho la suma de $ 3.750.000, que se incluirán en la liquidación que realice el juez de primera instancia con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 7 de junio de 2013, en el proceso ordinario laboral que Noemí Botero de Vargas instauró contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».