Sentencia SL1139-2018 de abril 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL1139-2018

Radicación: 64318

Acta 10

Magistrado Ponente:

Martín Emilio Beltrán Quintero

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

IX. Consideraciones

El argumento central que condujo al tribunal a denegar la indemnización moratoria deprecada, radicó en que las pruebas obrantes en el plenario demostraban que la sociedad demandada había realizado el pago efectivo de las cotizaciones a seguridad social y parafiscales, durante los últimos tres meses, previos a la terminación del vínculo laboral, tal y como lo establecía el parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, modificatorio del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

La inconformidad de la censura radica en el equivocado entendimiento que el tribunal le dio a la norma vulnerada, pues afirma que la sanción allí contenida no puede limitarse al pago correspondiente a los últimos tres meses de la relación laboral, sino que debe abarcar la totalidad del vínculo, es decir que, procede por periodos anteriores.

Dada la vía por la que se dirige el ataque, se precisa que los siguientes hechos no son materia de controversia: i) que entre las partes se desarrolló una relación de trabajo, desde el 1º de julio de 1998 hasta el 15 de marzo de 2010; ii) que la empleadora le canceló a la actora todos los salarios y prestaciones sociales surgidos del vínculo laboral; iii) y que la trabajadora fue afiliada al sistema de seguridad social en salud en octubre del año 1999 y a pensión en diciembre de 2002, que implica la ausencia de cotizaciones en salud entre los ciclos de julio de 1998 a septiembre de 1999 y en pensión desde julio de 1998 hasta noviembre de 2002.

Pues bien, en innumerables ocasiones, la Sala ha analizado el contenido de la preceptiva acusada —parágrafo primero del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002—, y ha concluido que su finalidad es garantizar el pago real de las cotizaciones al sistema de seguridad social y parafiscales, independientemente de las demás formalidades exigidas, esto es, de si empleador cumplió con el deber de afiliación y de si comunicó de manera efectiva dicho pago al trabajador, específicamente, por los últimos tres meses.

Igualmente, esta corporación también ha sido incisiva en preceptuar que la inobservancia de tal obligación, trae consigo el pago de la indemnización moratoria a favor del trabajador y no su reintegro al cargo desempeñado, dado que el objeto de la norma no recae en el restablecimiento real y efectivo del contrato de trabajo, sino, como ya quedó explicado, en la cancelación de los aportes a la seguridad social y parafiscales.

Frente a este punto, la Sala ha emitido múltiples pronunciamientos, entre otros, la sentencia CSJ SL, 14 de julio de 2009, radicación 35303, reiterada en CSJ SL589-2014, radicación 41956. En esta última, consideró:

[…].

En efecto, el ejercicio hermenéutico de la preceptiva acusada, conduce a concluir que ante la claridad de lo previsto en la citada norma, lo que debe demostrar el empleador, para no quedar incurso en la sanción que allí se prevé, es el pago de las cotizaciones a la seguridad social y de los aportes parafiscales […] y no el simple hecho de haber practicado al trabajador los descuentos de su salario con dicha finalidad, o la afiliación de aquel al sistema de seguridad social, pues esas circunstancias que dio por demostradas el ad quem, no son suficientes por sí solas para dar por cumplida la citada exigencia, y por ende, exonerar al empleador de la obligación que le impone la norma.

Frente al punto, esta Sala, entre otras en decisión CSJ SL, 17 de abril de 2012, radicación 38761, ha considerado que lo que sanciona la disposición que se estudia es la falta de pago de las cotizaciones o aportes al sistema y es por ello que se impone su constatación. Así se ha considerado:

Sobre el alcance del precepto en comento, sostuvo esta corporación en sentencia de 30 de enero de 2007, radicación 29443, ratificada en la de 14 de julio de 2009, radicación 35303, lo siguiente:

Sea lo primero indicar que la condición de eficacia para la terminación de los contratos de trabajo prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, es un mecanismo de garantía de cobertura real y concreta para el trabajador en materia de seguridad social y contribuciones parafiscales; ciertamente si le exige al empleador que, para que el despido que se propone realizar sea apto para terminar el contrato de trabajo, cumpla con sus obligaciones para con las entidades del sistema de seguridad social y administradores de recursos parafiscales, se evita que las prestaciones o servicios que estas instituciones ofrecen se nieguen por falta de pago completo de las respectivas cotizaciones o aportes.

El artículo 48 de la Constitución Política establece como principio de la seguridad social la sostenibilidad financiera del sistema, puesto que la eficacia de los derechos consagrados está irremisiblemente unida a la existencia de recursos suficientes, estimados más allá de los demandados por la urgencia del día, para la viabilidad de las instituciones durante esta y las siguientes generaciones.

El Constituyente y el legislador de las últimas décadas, han tenido como finalidad central de sus proyectos y disposiciones el garantizar el equilibrio financiero del sistema, que se obtiene no sólo incrementando los aportes del empleador y del trabajador, y del Estado, sino garantizando los medios para asegurar su efectivo recaudo.

[…] de hecho los deberes para con el sistema surgen desde el momento en el que se inicia el vínculo laboral y se generan durante toda su vigencia.

El parágrafo del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo establece un mecanismo de coacción a los empleadores para que cumplan cabalmente con el deber de aportar a la seguridad social y contribuciones parafiscales, cuyo incumplimiento, estimado respecto a la época en que termina el contrato de trabajo, en el día de su finalización y dos meses más, se sanciona con la ineficacia de la terminación; sólo es válido el despido cuando se han cubierto las obligaciones de pago de los aportes a las instituciones del sistema de seguridad social por el trabajador, en un plazo que no puede exceder los dos meses luego de concluido el contrato.

La conducta empresarial enderezada a evitar la drástica sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo —la obligación de pago de salarios y prestaciones sociales, hasta tanto no se satisfagan las deudas con las administradoras respectivas—, ha de contribuir a la normalización de las carteras parafiscales de seguridad social, uno de los aspectos necesarios para alcanzar la viabilidad financiera del sistema de seguridad social.

La deuda que origina la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo es la deuda con las administradoras del sistema de seguridad social por cotizaciones para pensiones o salud que se hubieren generado por la prestación del servicio, impagados total o parcialmente, háyase cumplido o no con el deber de afiliación, y no cubiertas durante la vigencia del contrato y sesenta días más; si bien la norma se refiere al estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato, lo es para efectos de cumplir con la otra obligación prevista en la misma normatividad, la de comunicar al trabajador el estado de cuentas con las entidades de seguridad social y destinatarias de las otras contribuciones parafiscales.

La causa de la ineficacia del despido radica en el incumplimiento para con las entidades aludidas, y no precisamente por faltar al deber de comunicar el estado de cuentas al trabajador; esto se advierte si se repara en que se puede satisfacer aportando planillas de pago por autoliquidación de los tres últimos meses sin que se hubieren efectuado el de periodos anteriores; aquí como se falta al deber sustantivo del pago de contribuciones opera la sanción.

[…].

Para la sede de instancia, es pertinente precisar que dentro del plenario no existe prueba del cumplimiento por parte del empleador de la obligación contenida en el parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, esto es, el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscalidad; se advierte nuevamente que en las nóminas de pago de salarios que obran a folios 19 a 53, se relacionan los descuentos que se le hicieron al demandante por concepto de salud y pensiones, pero ello en modo alguno demuestra el pago real y efectivo de las cotizaciones a la entidad que administra los sistemas de seguridad social, y menos aún los parafiscales, tal como se dejó precisado al despachar la acusación.

Ahora bien, según lo destacado, en sede de casación, en punto a lo definido por esta Sala sobre el incumplimiento aquí demostrado, se condenará a la parte demandada a pagar al actor, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo en sufragar los aportes parafiscales y de la seguridad social, a partir de la terminación del contrato y hasta cuando se acredite su pago, toda vez que no surge ningún elemento de convicción que permita deducir que la referida omisión obedeciera a una conducta revestida de buena fe por parte del empleador (resaltado de la Sala).

En la misma línea la Sala, en CSJ SL458-2013, radicación 42120, puntualizó:

[…].

Del texto pre trascrito, en especial del aparte destacado por la Sala, no cabe duda que la norma consagra una consecuencia adversa para el empleador incumplido en el pago de las respectivas cotizaciones y a favor del trabajador, en virtud de la relación laboral que los liga y de la cual se derivan las obligaciones de cotizar en los términos del artículo 22 de la Ley 100 de 1993, las que, justamente, constituyen el objeto de protección de la norma.

Si bien la redacción de la disposición en comento es distinta al texto original del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y a la modificación introducida a este por el primer inciso del citado artículo 29 de la Ley 789, en la medida que allí sí se fija, claramente, la consecuencia consistente en que el empleador le deberá pagar al trabajador un día de salario por cada día de mora en el pago de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato, no puede ser motivo de extrañeza para la comunidad jurídica laboral el que, cuando el legislador se refiera a la ineficacia del retiro del servicio derivada del incumplimiento del pago de obligaciones laborales, en este caso del sistema de la protección social, a cargo del empleador, se equipare al pago de la indemnización moratoria a favor del trabajador, por cuanto la jurisprudencia tiene precisado, desde antaño, conforme al propósito de la norma en estos casos, que el objeto de tutela jurídica no es la estabilidad laboral, sino el pago de ciertas obligaciones laborales que, dada su naturaleza, merecen una protección reforzada y que esta protección debe estar armonizada con el principio general de la resolución contenido en todos los contratos de trabajo.

Así se ha interpretado por esta Sala el artículo 1º del Decreto-Ley 797 de 1949 que, para el caso de los trabajadores oficiales, igualmente consagra que no se considera terminado el contrato de trabajo hasta tanto el empleador cancele al trabajador el valor de todos los salarios, prestaciones e indemnizaciones que le adeude.

[…].

En este orden de ideas, la interpretación sugerida por la censura no es aceptable, pues, aparte de que desconoce abiertamente los precedentes de esta Sala sobre el tema acabados de reseñar, con ella el recurrente no hace otra cosa que dejar sin efectos la preceptiva, en contra del principio de la efectividad de las normas. De ser acogida su tesis, desaparecería, sin más, la protección reforzada que el legislador le quiso dar al pago oportuno de los aportes a la seguridad social y a la parafiscalidad mediante la creación de otra consecuencia adversa, en este caso, a favor directamente del trabajador afectado.

Es cierto, como lo sostiene el recurrente vía remisión al salvamento de voto, que, de acuerdo con las normas del sistema de seguridad social, el recaudo de las cotizaciones del sistema están a cargo de la entidades administradoras respectivas y que el valor de estas no van a manos del trabajador; y que las cotizaciones tardías generan intereses a cargo del empleador; pero nada de esto es incompatible con la sanción adicional que el legislador estableció en el parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 como una medida más para garantizar la sostenibilidad del sistema y compensar los perjuicios que pueda sufrir el trabajador con la mora, en vista de que la realidad social, no obstante los apremios ya establecidos, seguía mostrando prácticas de incumplimiento. Por el contrario, todas estas medidas se complementan y favorecen el sistema de protección social que el Estado tiene el compromiso constitucional de brindar a sus habitantes.

Paralelamente, la Corte ha asentado que la protección contentiva en el parágrafo primero de la norma en comento, se aplica indistintamente del modo de terminación del contrato laboral, lo que significa que la sanción prevista para cuando se presenta un incumplimiento de las obligaciones de la seguridad social y parafiscales, opera no solo cuando el vínculo finaliza por despido injusto, sino también al culminar por cualquier otro motivo o causa. Así se ha adoctrinado en las sentencias CSJ SL, 30 de enero de 2007, radicación 29443; CSJ SL, 14 de julio de 2009, radicación 35303; y, más recientemente, en la CSJ SL458-2013, en la que se adujo:

[…].

Por último, con relación al argumento de que sería inequitativa la imposición de esta sanción por la mora en el caso de terminación del contrato sin justa causa, en tanto se exime de esta al empleador incumplido que finaliza la relación con justa causa o por mutuo acuerdo, o por cualquier otra forma de terminación del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, estima la Sala que la solución a la discriminación contenida en la norma, no es desaparecer la medida que es lo que propone en el fondo la censura, pues, se reitera, toda interpretación debe, por principio, procurar la efectividad de la norma.

En atención a dicho principio y en razón de la finalidad atrás indicada de la medida contenida en la disposición objeto del presente estudio, esta Sala, para eliminar la exclusión injustificada de la protección en comento, asentó que la consecuencia prevista en dicho parágrafo se debía aplicar indistintamente cualquiera sea el modo de terminación del contrato de trabajo, dado que, para el sistema, era irrelevante este aspecto y no tenía cabida la protección discriminatoria que se le ofrecía al trabajador solo para cuando era despedido injustamente. A continuación, se trascribe lo dicho por esta Corte sobre el tema en la sentencia 29443 del 30 de enero de 2007, para mejor recordación:

“El Constituyente y el legislador de las últimas décadas, han tenido como finalidad central de sus proyectos y disposiciones el garantizar el equilibrio financiero del sistema, que se obtiene no sólo incrementando los aportes del empleador y del trabajador, y del Estado, sino garantizando los medios para asegurar su efectivo recaudo.

Dentro de esta perspectiva encaja la reforma al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, introducida por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, cuyo entendimiento no admite la restricción a la que conduciría el apego literal al texto, en la parte que al remitir al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, limita la protección al evento de que el trabajador sea despido sin justa causa; ocurre que para las obligaciones con la seguridad social y contribuciones parafiscales es absolutamente irrelevante la forma de terminación del contrato; de hecho los deberes para con el sistema surgen desde el momento en el que se inicia el vínculo laboral y se generan durante toda su vigencia. No tiene entonces, razonable cabida la discriminatoria protección que se le ofrece al trabajador, sólo para cuando es despedido injustamente, cuando tal mecanismo previsto en la ley debe desplegar su poder de garantía frente a todos los trabajadores para quienes finalice su vínculo laboral, ora por una forma legal de terminación del contrato, ora por decisión unilateral, con justa o injusta causa por parte de alguna de las partes” (resaltado de la Sala).

Ahora bien, adicional a todo lo anteriormente sustentado, se debe precisar que la indemnización moratoria establecida en el parágrafo primero del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002, al igual que la consagrada en el inciso primero de dicho precepto legal, no es de aplicación automática, pues, para su procedencia, se debe indagar si el comportamiento omiso del empleador estuvo revestido de la buena o la mala fe (CSJ SL458-2013; CSJ SL589-2014; CSJ SL11591-2017; CSJ SL17429-2017; y CSJ SL912-2018).

Bajo este panorama, siendo hechos indiscutidos las calendas en las cuales se afilió a la demandante al sistema de seguridad social en salud y en pensión; así mismo que en la primera etapa de la relación laboral no se presentaron los pagos por cotizaciones al sistema; y que dicha omisión dio origen a la condena para la cancelación de tales aportes, la Sala encuentra que, con independencia de que la sanción del ya citado parágrafo se pueda aplicar a esos ciclos anteriores en los que no se cumplió con el deber de cotización y que en caso de llegarse a tener por fundada la acusación en este puntual aspecto, de todos modos, no habría lugar a imponer dicha indemnización moratoria, por cuanto la conducta de la demandada se enmarca en el terreno de la buena fe.

En efecto, se debe recordar que, acorde con la jurisprudencia, la buena fe equivale a obrar con lealtad, rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de probidad y honradez del empleador frente a su trabajador, que en ningún momento ha querido atropellar sus derechos, lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, al pretender obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de integridad o pulcritud.

Siendo ello así, la Sala debe concluir que la entidad demandada no actuó desprovista de buena fe y lealtad, al no haber cancelado los aportes a salud por los años 1998 y 1999, así como a pensión entre 1998 y el año 2002, pues si bien no logró demostrar el pago de dichos periodos que condujo a que se ordenara su cancelación, lo cierto es que, en el expediente obran las solicitudes de afiliación al sistema de seguridad social dentro del primer año de servicios (fl. 105 y 107), sin que la razón para dejar de cumplir de manera efectiva con tal obligación en esos primeros ciclos, sea la de obtener la accionada una ventaja o beneficio propio o causarle un perjuicio al trabajador, por ende no se evidencia la intención caprichosa de no responder por tales pagos.

Tampoco resultaría viable calificar como desleal el actuar de la entidad llamada a juicio, si se tiene en cuenta que el tiempo durante el cual se omitió realizar los citados aportes, corresponde apenas al comienzo de la relación contractual, pues durante los últimos ocho años, el deber del empleador para con el sistema fue cumplido a cabalidad, tanto en salud como en pensión, y lógicamente comprende el de los últimos tres meses de la relación laboral a la que alude la norma en comento, de tal modo que su actuar lo fue de buena fe, sin que con ello se excuse el incumplimiento por esos primeros periodos, pues lo que se trata es de ponderar y analizar si el actuar del empleador a la finalización del contrato de trabajo estuvo inequívocamente dirigido a querer perjudicar al trabajador, lo cual en el presente caso no aconteció.

Por las anteriores consideraciones, la acusación no puede prosperar.

Dadas las consideraciones antedichas, no es del caso imponer costas en sede de casación.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Regional de Descongestión del Distrito Judicial de Santa Marta, el 22 de marzo de 2013, en el proceso ordinario laboral que ANGÉLICA MARÍA GÓMEZ SANTOS instauró contra la SOCIEDAD CLÍNICA VALLEDUPAR LTDA.

Sin costas en casación.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»