Sentencia SL1141-2018 de abril 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL1141-2018

Radicación: 56420

Acta 10

Magistrada Ponente:

Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

El recurso fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

Debe recordarse que, conforme al sistema constitucional y legal, la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades que, más que un culto a la técnica, son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que este no se desnaturalice. De ahí que al evidenciar falencias de tal orden que, además, resulten insuperables, la prosperidad del ataque no tiene lugar (CSJ SL8293-2017). Circunstancia que se advierte en este caso, tal como se demuestra a continuación:

1. Aunque la censura refiere como modalidad de violación la infracción directa de la ley, que se produce cuando el sentenciador ignora la existencia de una norma o se rebela contra ella y se niega a reconocerle validez, lo cierto es que dicho concepto, en principio, es ajeno a los aspectos probatorios y por lo mismo puede acusarse dentro de la vía del puro derecho, salvo que se configure esa falta de aplicación de una norma, como una modalidad de aplicación indebida, cuando el cargo está orientado por la vía indirecta y bajo el supuesto que el error manifiesto de hecho atribuido a la decisión atacada, pueda originar que se deje de aplicar la disposición legal que regula el caso (CSJ SL mayo 24/2000, rad. 12804 y CSJ SL nov. 28/2001, rad. 16145), que no es el asunto que nos ocupa.

2. Dentro de las pruebas denunciadas el recurrente menciona las resoluciones 240, 19 y 700 emitidas por el Ministerio de la Protección Social, precisando que existió «una errada interpretación» en el caso de los despidos colectivos y que esa equivocación para el asunto en controversia, de manera específica se aprecia respecto de las resoluciones atrás citadas.

No obstante, aparte de esa manifestación, la censura no incluye un solo argumento a partir del cual se pueda inferir en qué consistió el supuesto yerro valorativo del tribunal o cuál habría sido el alcance que dichos actos administrativos tuvieron en la decisión cuestionada.

Al respecto, la Corte ha dicho que en estos eventos en que el cargo se encauza por la vía indirecta, no basta referirse al contenido de las pruebas, sino que debe confrontarse el juicio probatorio vertido en la sentencia recurrida contra la lectura que, de manera unívoca, se desprende de las pruebas habilitantes y sobre las cuales se soporta la decisión (CSJ SL nov. 16/2005, rad. 26070). Pese a ello, ninguna de estas reflexiones fue puesta de presente en la censura, pues, en realidad, lo único que se hizo fue mencionar las resoluciones y sus fechas, sin aducir ninguna otra consideración adicional; omisión que impide avizorar la incidencia que dichos elementos de prueba tuvieron en el sentido del fallo atacado y, lo que resulta más relevante, cómo tales imprecisiones conllevaron la comisión de los errores de hecho denunciados pues, en todo caso, no se advierte la conexidad entre éstos y tales actos administrativos.

Con todo, las resoluciones a las que hace alusión el censor son aquellas mediante las cuales el Ministerio de la Protección Social autorizó el despido colectivo de 118 trabajadores de la Industria Colombiana de Llantas (fl. 299 a 304) y aquellas que confirmaron, en sede de reposición y de apelación, dicha determinación (fl. 305 a 331). De su análisis, entonces, no podrían inferirse los supuestos errores imputados al tribunal, consistentes en haber dado un alcance equivocado a la garantía de estabilidad convencional y no tener en cuenta que su cargo no fue suprimido luego del despido colectivo, circunstancias que el mismo actor hace depender de la supuesta valoración equivocada de la convención colectiva de trabajo y de la prueba testimonial, que no de estos actos administrativos.

3. Por lo demás, en la otra parte de la argumentación el actor reprocha la indebida valoración probatoria de los testimonios que, a su juicio, permitían acreditar que, luego del despido colectivo, su cargo siguió haciendo parte de la planta de personal de la empresa sólo que, a través de la celebración de contratos con cooperativas de trabajo asociado lo que, en su criterio, deslegitima la autorización dada por el Ministerio de la Protección Social.

Como se sabe, esas declaraciones de testigos, por su naturaleza, no son idóneas para soportar la existencia de yerros fácticos en esta sede, por lo que no es posible abordar su estudio, al menos no sin que previamente se acredite error de hecho alguno con cualquiera de las tres pruebas calificadas en casación, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial, conforme a la restricción legal contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, lo que, como se vio, no ocurre en este caso.

4. Así las cosas, la Corte considera que el recurso no satisface las cargas mínimas de precisión y demostración exigidas. Así, aunque el cargo fue propuesto por la vía indirecta, al momento de fundamentarlo, el actor incurre en un claro defecto de motivación, pues no incluye un solo reparo a través del cual controvierta el haz probatorio o las conclusiones fácticas que constituyeron el fundamento de la decisión de segundo grado, como era su deber.

Los únicos alegatos contenidos en la censura son en realidad apreciaciones particulares y subjetivas de la forma en que el tribunal debió haber valorado las pruebas obrantes en el proceso, que, además, refieren pruebas no calificadas en casación, lo que imposibilita su estudio. De su análisis, además, no se aprecia ningún elemento que demuestre la comisión de alguno de los dos errores de hecho denunciados, carga que le competía al actor si su propósito era desvirtuar la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia cuestionada.

En realidad, cuando la violación de la ley sustancial se pretende derivar de la mala valoración de las pruebas, el impugnante debe exponer en forma clara lo que la prueba acredita y en qué consiste la errónea apreciación del juzgador; demostración que debe hacer mediante un análisis razonado y crítico de los medios probatorios, confrontando la conclusión que se deduzca de ese razonamiento con las conclusiones acogidas por el fallador de segundo grado (CSJ, SL ago. 23/2001, rad. 16148). Si no lo hace, incumple una carga que solo a él le compete, lo que conduce a la falta de prosperidad de sus acusaciones.

Sin perjuicio de que el cargo no logra desvirtuar ninguno de los fundamentos de la sentencia de segundo grado, dada su deficiente argumentación, debe recordarse que el tribunal absolvió a la entidad demandada de la pretensión de reintegro elevada por el actor, sobre la base de dos argumentos esenciales: el primero, tratarse de un despido colectivo soportado en una autorización legal emitida por el Ministerio de la Protección Social que goza de presunción de acierto y de legalidad y que no es posible entrar a cuestionar por el juez laboral; el segundo, no serle aplicable al actor, el beneficio de estabilidad laboral consagrado en la convención colectiva, que restringe el reintegro a aquellos trabajadores pertenecientes a las plantas de Chusacá y distritos.

En cuanto a lo primero, se observa que, en el fondo, el recurrente pretende promover una discusión en la que se entre a valorar la veracidad de los motivos que invocó la entidad accionada al solicitar al ministerio una autorización para realizar un despido colectivo, debate que, en realidad, se surtió en el curso de otras instancias, como lo fueron los recursos de reposición contra la resolución de autorización emitida por el Ministerio de la Protección Social o la instauración de la acción de nulidad contra dicho acto administrativo —la cual, como se dijo desde la demanda inicial, fue promovida por el sindicato de la empresa— por lo que no resulta admisible que se persiga deslegitimar una autorización que, en principio, estuvo soportada en razones de conveniencia y de sostenibilidad financiera y que fueron tenidas por acreditadas por parte de la autoridad competente.

Adicional a lo anterior, la Sala comparte los argumentos expuestos por el tribunal, en el sentido de que no es admisible oponer circunstancias particulares del personal de trabajadores de la empresa para evitar el despido colectivo, precisamente porque dicha figura persigue que el empleador pueda mejorar la productividad de la empresa como unidad de explotación económica teniendo en cuenta diversos fenómenos de la economía y no amparar situaciones concretas de cada trabajador, de modo que una vez estudiadas por el ministerio o autoridad administrativa encargada las situaciones aducidas por aquel en cada caso y emitida la respectiva autorización, no le es dable al juzgador desconocerla o limitar sus efectos (CSJ SL 8024-2014), como al parecer pretende sugerirlo la censura cuando afirma que lo que en realidad motivó el despido fue desconocer los derechos laborales de sus trabajadores, sin que se evidencie ninguna prueba apta de estudiar en esta sede que demuestre esa circunstancia.

Además, como el censor pretende probar que su cargo permaneció en la planta de personal de la empresa luego de efectuado el despido colectivo y para ello hace alusión a las declaraciones que se recibieron durante el trámite de las instancias, al no tratarse de prueba calificada en casación no es posible abordar su estudio, más aún si se tiene en cuenta que en la sentencia el tribunal no cometió una indebida valoración de la prueba testimonial —como lo sugiere la censura— sino que consideró que su estudio era innecesario, al prevalecer en este caso razones administrativas que justificaban la desvinculación de 118 trabajadores, aspecto que al no ser cuestionado en esta sede, deja indemne la presunción de acierto y de legalidad que ampara la sentencia.

Ahora, respecto al alcance dado a la convención colectiva de trabajo, baste indicar que, en lo que se refiere a la posibilidad de reintegro prevista en esta misma convención colectiva, la Corte en sentencia CSJ SL 9 jun. 2010, radicación 36912, explicó que resulta razonable que se entienda que, en sus estrictos términos, la misma sólo es aplicable a aquellos trabajadores pertenecientes a la planta de Chusacá o distritos. Sobre el particular, indicó:

Al examinar la disposición extralegal reproducida, observa la Corte, que el tribunal, no incurrió en los desaciertos fácticos denunciados y, menos aún, violó preceptiva sustancial alguna, pues la inferencia que de su texto derivó no luce disparatada e irracional, sino, que, por el contrario, refleja un entendimiento razonable y convincente, en el sentido de que el derecho al reintegro previsto en el parágrafo 3.2 del artículo 3º, está circunscrito a los trabajadores de la “PLANTA DE CHUSACÁ Y DISTRITOS”, más no a la generalidad de los servidores de la empresa.

La Corte ha venido considerando tradicional e inveteradamente, que en sede de casación no puede invalidarse la interpretación de una norma convencional hecha el fallador de alzada, si ese entendimiento encaja dentro de las posibilidades hermenéuticas de su texto, pues ello, antes que implicar la comisión de un dislate protuberante, representa más bien el ejercicio de la potestad dada a los jueces del trabajo por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para formar libremente su convencimiento.

Desde esa perspectiva, la decisión del tribunal, se reitera, es formalmente válida, en cuanto no se rebela contra el contenido de la cláusula convencional hasta el punto de alterarla por completo, sino que, resulta razonable, lo que descarta la existencia de un dislate fáctico con fuerza suficiente para enervar la sentencia recurrida, en lo que al reintegro se refiere.

Ante este panorama, la Sala advierte que el actor pretende soportar la prosperidad del único cargo planteado en el cuestionamiento general e indiscriminado de unas resoluciones aportadas al proceso; en la acusación de testimonios que son prueba no calificadas en casación y, sobre todo, en una ausencia total de argumentación tendiente a constatar el indebido ejercicio valorativo de esos elementos de juicio y sugerir, en su reemplazo, una apreciación coherente y razonable de los mismos, circunstancias que conllevan, ineludiblemente, al fracaso de su censura.

Por lo anterior, el cargo se desestima.

Costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte actora. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3´750.000, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 16 de diciembre de 2011, en el proceso que instauró PEDRO ENRIQUE CAMARGO contra la Industria Colombiana de Llantas, ICOLLANTAS S.A.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»