Sentencia SL11428-2016/44878 de junio 22 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

SL11428-2016

Radicación: 44878

Acta: 22

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones.

Primeramente debe decirse, que no le asiste razón al opositor cuando señala que el cargo está técnicamente mal orientado, al haberse encaminado el ataque por la vía directa; por cuanto como lo pone de presente la entidad impugnante, en el recurso extraordinario no discute ninguna de las conclusiones fácticas a las que arribó el Tribunal, y por tanto su planteamiento es meramente jurídico, que en especial gira en torno a la prescripción de la acción para poder reclamar la ilegalidad del descuento del tiempo de servicio que se hizo en liquidación definitiva de prestaciones sociales, por encontrarse el trabajador en licencia, suspendido o en huelga, que en decir de la censura al operar el fenómeno jurídico de la prescripción, no le permitía al Juzgador sumar los 79 días deducidos para completar los 20 años de servicios a fin de tener derecho a la pensión convencional que fue objeto de condena. Lo que significa, que es dable abordar el estudio del fondo de la acusación.

En segundo término, cabe señalar, que cualquier alegación del censor sobre la «carga de la prueba», respecto de quien debe demostrar que los 79 días descontados correspondían a permisos, huelgas o faltas, o si los laboró el demandante, se exhibe extemporánea, habida cuenta que este tema no fue objeto de descontento por parte de la sociedad demandada al momento de sustentar el recurso de apelación que interpuso contra el fallo condenatorio de primer grado.

Ciertamente, si la accionada guardó total mutismo en la apelación sobre este específico punto, pues contrajo su inconformidad únicamente a que el reclamo de la supuesta ilegalidad del descuento al tiempo de servicios efectuado por la empresa debió demandarse dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del contrato de trabajo, y no después de transcurridos diez (10) años (fls. 128 y 129 del cuaderno del Juzgado); en rigor supone que dicha parte se conformó con la decisión en lo que atañe a que de acuerdo con las reglas de la carga de la prueba «es a la demandada a quien corresponde probar los hechos bajo los cuales fundamenta la negación del derecho al trabajador» en relación a que el descuento al actor de los 79 días fueron producto de permisos, huelga o faltas que tuvo el trabajador; y por consiguiente, carecía el Tribunal de competencia para examinar esa temática que no fue propuesta en la apelación, como en efecto tal juzgador lo advirtió.

Es más, como también lo dijo el ad quem, la misma demandada en los alegatos presentados ante el Tribunal, solicitó que no se estudiara en la segunda instancia sí ese descuento de los 79 días tuvo efectiva ocurrencia por «permisos, huelgas o faltas que tuvo el demandante» ya que «la empresa dejó de ejercer su actividad productiva desde el mes de febrero de 1993 como consecuencia de la liquidación definitiva de la misma» por ser en su sentir improcedente tal debate, peticionando que el estudio del recurso de apelación se limitara al tema de la prescripción de la acción (fl. 7 del cuaderno del Tribunal); por lo que mal podría aceptarse que ahora en sede de casación, la misma parte intente debatir este punto aludiendo a quien tiene la carga de la prueba.

Así las cosas, sobre la anterior temática que no fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal y con independencia de su acierto, la Corte Suprema de Justicia no podrá abordar su estudio dentro del recurso extraordinario, así comparta o no lo inferido por el Tribunal en este aspecto.

Hecha la anterior aclaración, el análisis de la Sala en la esfera casacional, versará sobre la inconformidad de la censura referida a la prescripción de la acción para reclamar un derecho pensional convencional, validando 79 días descontados al actor en la liquidación final de prestaciones sociales, para completar 20 años de servicios.

Pues bien, dada la vía directa escogida para encauzar el ataque, son hechos indiscutidos los siguientes: (I) Que existió un contrato de trabajo entre las partes que se desarrolló entre el 11 de enero de 1973 hasta el 28 de febrero de 1993; (II) Que el demandante era un trabajador oficial; (III) Que en la liquidación definitiva de prestaciones sociales practicada por la empresa, se tomó como tiempo servido un total de 7.171 días efectivamente laborados, que equivalen a 19 años, 11 meses, y 1 día, por cuanto se descontaron 79 días no laborados por huelgas; (IV) Que el artículo 130 de la convención colectiva de trabajo suscrita para el período 1992 - 1994 exigía como requisitos para acceder a la pensión de jubilación, en el caso del actor, 20 años de servicios y 53 años de edad; y (V) que nació el 2 de junio de 1944.

Igualmente, no es materia de cuestionamiento en la esfera casacional, que el accionante elevó ante Álcalis de Colombia Limitada en Liquidación, solicitud de pensión de jubilación convencional, la cual le fue negada el 11 de agosto de 2000, porque la convención colectiva de trabajo vigente a la fecha de retiro de la empresa exigía un mínimo de 20 años de servicio para adquirir el derecho y tan solo laboró 19 años, 11 meses y 1 día; tampoco se discute el hecho establecido en el fallo de primera instancia relacionado con que la demandada no demostró la ausencia del actor durante los 79 días por las circunstancias que alegaba.

El descontento de la censura con la decisión judicial gira en torno a que no era posible jurídicamente validar los 79 días descontados del tiempo de servicio a la ruptura del contrato del promotor del proceso, con el fin de completar los 20 años exigidos por la convención colectiva de trabajo, para con ello acceder al derecho a la pensión de jubilación, cuando la acción para reclamar la ilegalidad de esa deducción, se encuentra prescrita en los términos del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por no haber demandado este puntual aspecto dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del contrato de trabajo.

En este orden de ideas, vista la motivación de la sentencia impugnada, en lo que incumbe al recurso extraordinario de casación, el Tribunal confirmó la decisión condenatoria del Juzgado, por cuanto, luego de estudiar la prescripción de la acción de conformidad con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, consideró que la acción ejercida por el demandante no fue para obtener la declaración de un hecho como la ilegalidad de los días descontados, sino para exigir el pago de la pensión de jubilación convencional a la que dice tener derecho, por lo que el término de prescripción se cuenta «…desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible», esto es, cuando se reunieron los requisitos para acceder a tal prestación. Además, señaló que la acción para reclamar el reconocimiento de esa prestación como tal es imprescriptible y que las solicitudes tendientes a la declaratoria de un hecho, no están sujetas a término de prescripción.

Para dar al traste con la acusación, basta con decir, que el pronunciamiento del Tribunal está acorde con la orientación jurisprudencial que tiene definida esta Corporación, así:

1) Sobre la imprescriptibilidad del derecho pensional y de la acción para reclamar el mismo.

En lo que respecta a este asunto la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en reiteradas oportunidades que el derecho a reclamar la pensión es imprescriptible, dado su carácter vitalicio y por tanto se puede hacer en cualquier tiempo. Así, en Sentencia CSJ SL, 6 feb. 1996, rad. 8188, se razonó:

…la acción que se dirija a reclamar esa prestación [pensión de jubilación] puede intentarse en cualquier tiempo, mientras no se extinga la condición de pensionado, que puede suceder por causa de la muerte de su beneficiario. “Del estado de jubilado se puede predicar su extinción, mas no su prescripción”, dijo la Corte (Cas., 18 de diciembre de 1954). También la ley tiene establecido que la prescripción es un medio de extinguir los derechos, con lo cual los efectos de ese medio extintivo de las obligaciones no comprende los estados jurídicos, como el de pensionado.

Del mismo modo, en Sentencia CSJ SL 18 feb. 2004, rad. 21378, esta Sala adoctrinó que «mientras el derecho pensional está en formación, la prestación está sometida “…a condición suspensiva, que solamente se perfecciona como derecho cuando concurren los requisitos que la ley exige…” (Cas. 31 de oct. de 1957 G. J., LXXXVI, núms. 2188 a 2190, 2ª parte, p. 747), lo que implica necesariamente que durante ese lapso no es exigible y, por lo mismo, no opera en su contra plazo extintivo alguno, pues es solo a partir de que adquiere este atributo, que comienza a contarse el término de prescripción de las acciones tendientes a su protección. Allí también se estableció que: «a pesar de ser el derecho de pensión complejo en su formación, no pueden mirarse aisladamente sus elementos constitutivos, en lo que respecta especialmente al tiempo de servicio o semanas de cotización que se requieren como condición para su exigibilidad, de modo que no puede predicarse, en este caso específico, que aunque el derecho en sí no prescribe, sí prescriben los elementos que lo conforman, porque en la práctica sería imposible su gestación, dado lo prolongado de los términos».

2) En lo atinente a que las reclamaciones tendientes a que se declare un hecho no están sujetas a término de prescripción.

Sobre esta temática es preciso señalar, que la existencia jurídica de un hecho es susceptible de demandarse en cualquier tiempo, pues deriva del ejercicio del derecho público de acción y, en ese evento, lo que procede es que el Juez declare extinguidos los derechos que de aquel emanen, como obligación civil, dado el retardo en su ejercicio.

Al respecto tiene definido esta Corporación, que la declaración de la forma como sucedió un hecho, no puede verse afectada por el fenómeno prescriptivo. En la sentencia ya citada, CSJ SL, 6 feb. 1996, Rad. 8188, y que ha sido reiterada, entre otras, por las sentencias CSJ SL, 6 sept de 2012, Rad. 39347 y CSJ SL 6380-2015, se razonó:

De los “hechos” que fundamentan la pretensión que se hace valer en juicio sólo cabe predicar su existencia o inexistencia, lo cual sucede también con los “estados jurídicos” cuya declaratoria judicial se demande —como los que emanan del estado civil de las personas—, respecto de los cuales adicionalmente se puede afirmar que se han extinguido. La jurisprudencia ha dicho que la pensión de jubilación genera un verdadero estado jurídico, el de jubilado, que le da a la persona el derecho a disfrutar de por vida de una determinada suma mensual de dinero. Por eso ha declarado la imprescriptibilidad del derecho a la pensión de jubilación. (Negrilla fuera de texto)

Es de aclarar que a pesar de que en los precedentes citados se discutía la «declaración del despido injusto» en casos donde se reclamaba el derecho a la pensión sanción, estas consideraciones resultan plenamente aplicables al presente asunto, pues también se trata de hechos que fundamentan la pretensión respecto del derecho a una pensión.

Así las cosas, es dable colegir que la declaración judicial, sobre un hecho, como es el tiempo de servicio, en que se funda la pretensión para reclamar el derecho a la pensión resulta imprescriptible, por lo que solo es posible probar su existencia o inexistencia.

En consecuencia, se tiene que el sentenciador de segundo grado no cometió los yerros jurídicos endilgados y, por consiguiente, el cargo no puede prosperar.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la sociedad demandada recurrente, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $6.500.000,oo, que se incluirán en la liquidación con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, No Casa la Sentencia dictada el 27 de octubre de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Laboral, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Ismael Gómez Muñoz contra Álcalis de Colombia Limitada en Liquidación.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».