Sentencia SL1144-2018/57481 de abril 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 1

SL1144-2018

Rad.: 57481

Magistrada Ponente:

Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota

Acta 10

Bogotá, D. C., dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

Al analizar la demanda de casación, se advierte que no cumple con los requisitos mínimos y necesarios para que la Sala pueda realizar un análisis de fondo; tal omisión no es susceptible de ser subsanada de oficio en virtud del carácter dispositivo del recurso extraordinario.

Como se observa de los antecedentes, el censor no controvierte los reales fundamentos del ad quem, consistentes en que el Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 1281 de 1994 no se aplican cuando el afiliado se acoge al régimen de ahorro individual, tal y como ocurría en el caso, pues el convocante se trasladó al régimen de ahorro individual y se afilió a la AFP Horizonte, en el que no está prevista la pensión reclamada. El recurrente centra principalmente su inconformidad en que se encuentra acreditado que estuvo expuesto a un alto riesgo en su trabajo, tal como lo demostraban las certificaciones laborales, el estudio técnico y los testimonios.

Así las cosas, es claro que no cuestionó los fundamentos esenciales del fallo, pues, en nada controvierte el razonamiento esencial de la decisión recurrida. Si la censura quería tener éxito en su ataque, necesariamente tenía que desvirtuar las inferencias fácticas y jurídicas que, acertadas o no, sustentaron el discurso del juez de segundo grado.

Lo anterior conlleva que la sentencia se mantenga intacta, pues tal y como ya ha tenido oportunidad de señalarlo la Sala, quien pretenda el quebrantamiento del fallo a través del recurso extraordinario de casación tiene la carga de controvertir y derruir todos los soportes sobre los que está edificado el pronunciamiento que se cuestiona, ya que su falta de ataque conduce a que la providencia continúe sustentada con las inferencias no controvertidas y se mantenga intacta.

En Sentencia CSJ SL, 2 mar. 2010, 33712, sobre el tema en cuestión, la Sala señaló:

De otro lado, es de reiterar, que para acusar a una sentencia de quebranto de la ley sustancial de alcance nacional mediante el recurso extraordinario, el recurrente debe determinar cuáles son los fundamentos, ya fácticos, ya jurídicos, que la soportan y, realizada esa auscultación, exponer la acusación mediante los cargos respectivos, por vía indirecta, en el primer caso, o por la directa, en el segundo; pero, en todo momento deberá cumplir con la obligación insoslayable de confrontar y derruir cada columna argumental del fallador que sostenga la decisión cuestionada porque, omitir tal carga procesal, total o parcialmente, implicará que el fallo se sostendrá en lo no derribado, ante las presunciones de acierto y legalidad con que llega revestido al ámbito de la casación.

La Corte ha sido enfática en que si el casacionista cuestiona un tópico que no le sirvió de fundamento al juzgador de segundo grado, no puede lograr su objetivo por no derrumbar la decisión. Sobre el particular, en Sentencia CSJ SL, 14 jul. 2009, Rad. 34437, dijo:

Se impone nuevamente a la Corte reiterar que es deber del recurrente en casación derruir todos los argumentos que hayan servido de apoyo al fallo impugnado, de modo que nada conseguirá si cuestiona una decisión diferente a la que fue proferida por el fallador de segunda instancia, pues al obrar de esa manera es claro que dejará libre de crítica el verdadero soporte argumentativo de la providencia cuya abrogación pretende. Por lo tanto, se mantendrá la resolución judicial impugnada.

Así las cosas, como el recurrente no atacó los argumentos que sustentan la decisión controvertida, la sentencia se mantiene intacta en razón de la doble presunción de acierto y legalidad.

2. De otra parte, en el cargo se señala como vía de violación la directa; sin embargo, a fin de demostrarla se hace alusión a algunos elementos probatorios, pese a que, cuando se acusa la sentencia por tal camino se parte la aceptación de los supuestos fácticos definidos por el tribunal a partir de las probanzas del proceso y, por ende, lo que se busca es demostrar un error de tipo jurídico.

Ahora, si la Sala intentara analizar el cargo desde un punto de vista netamente jurídico, se evidencia de la demostración que en realidad no contiene un reparo de tal naturaleza, toda vez que en la sustentación no se le endilga al ad quem haber desconocido la norma que regula el asunto o haberla interpretado erróneamente, menos aún que resolviera el caso con una disposición que no era la aplicable.

3. Aunado a lo dicho, según lo expresado en la proposición jurídica, se advierte que el recurrente ni siquiera tiene certeza de si se dio una aplicación indebida de las normas sustanciales, al señalar que “quedamos en duda si esta Sala Dual del tribunal no dio aplicación debida a los artículos 12 y 15 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, artículos 14, 36, 141 de la Ley 100 de 1993, artículo 8º del Decreto 1281 de 1994 […]”, situación que desconoce que a través del recurso extraordinario se debe formular un reparo directo, concreto y contundente contra el fallo de segundo grado, pues este no es escenario para que las partes manifiesten las dudas de las partes en torno a la resolución del caso.

4. Ahora si la Sala entendiera que el cargo viene dirigido por la vía indirecta en razón a que menciona pruebas y, que la modalidad corresponde a la aplicación indebida, ya que ésta es el sub motivo que corresponde por regla general a la mencionada senda, tampoco podría realizar un estudio de fondo por lo que se explica a continuación.

Si bien en el cargo se hace referencia a algunas pruebas, el recurrente omitió puntualizar si el tribunal las dejó de valorar o las apreció erradamente e indicar de forma concreta los yerros fácticos cometidos por el fallador de segundo grado, así como el análisis razonado y crítico de los eventuales desaciertos, debidamente relacionados con las pruebas calificadas que dieron origen a ello.

En tal medida, el censor incumple la carga ineludible de individualizar con precisión las equivocaciones que habría cometido el tribunal en el terreno netamente fáctico al examinar las pruebas calificadas recaudadas en el curso del debate probatorio, explicar por qué dichas falencias tendrían las características de un error de hecho protuberante y manifiesto e identificar los raciocinios que habrían propiciado un yerro de esa naturaleza y cual habría sido su incidencia en la decisión recurrida.

La Sala ha indicado que el señalamiento concreto y puntual de los yerros fácticos es un requisito fundamental cuando se acusa al juez de alzada de la errada valoración o falta de apreciación de los medios de convicción, ya que si no se señala qué hecho fue dado por probado sin estarlo o cuál no fue dado por acreditado cuando sí lo estaba, es imposible determinar si el error en la apreciación de la prueba o su falta de valoración tuvo en realidad incidencia en la decisión final. Mediante providencia CSJ SL, 15 jul. 1992, Rad. 5137, la Sala al referirse al tema señaló:

Debe dársele razón a la replicante en cuanto afirma que es defectuoso el planteamiento del cargo por no puntualizar los errores de hechos que, al decir de la recurrente, se originaron en la mala apreciación probatoria.

Ese defecto insalvable para la Corte, resulta no solo de las circunstancias de que así lo dispone el Código de Procedimiento de Trabajo en los artículos 87 y 90, el primero de ellos en la forma en que fue modificado por el 60 del Decreto-Ley 528 de 1964 y 7 de la Ley 16 de 1969, sino porque lógicamente no habría forma de confrontar la conclusión que sobre los aspectos fácticos del proceso se formó el juzgador y de los cuales discrepa el impugnante, pues en la medida que no especifique qué hecho tenido por probado por el tribunal no lo está o cuál dio por acreditado sin estarlo, es imposible determinar si el error de apreciación en la prueba o su inestimación tuvo incidencia en la decisión final. Como lo ha dicho con reiteración la jurisprudencia, el defecto de valoración o la inapreciación de la prueba son el origen o la fuente del error de hecho pero no pueden confundirse con él.

Esta corporación reiteradamente ha indicado que el recurrente asume la carga de acreditar los desaciertos probatorios que atribuye al fallador de segundo grado, y con ese propósito tiene la obligación de explicar razonadamente, lo que las pruebas en realidad acreditaban, así como también que, al no coincidir con las inferencias fácticas del tribunal, se muestren estas últimas como distorsiones manifiestas y ostensibles, carga con la que no cumplió el casacionista.

Ahora bien, el recurrente hace alusión a la errada apreciación de un testimonio; sin embargo, como es sabido, la prueba testimonial no es medio de convicción calificado para acudir en casación, pues, conforme lo establece el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, solamente pueden controvertirse en casación por la vía de errores de hecho, la falta de valoración o apreciación errónea de: (i) los documentos auténticos, (ii) la confesión judicial y, (iii) la inspección judicial.

En efecto, de manera reiterada y con fundamento en la disposición legal, se ha señalado que al desatar el recurso extraordinario de casación no es dable analizar la valoración efectuada por el juez de alzada de la prueba testimonial, por no estar prevista como calificada, de ahí que para poder apreciarla es necesario demostrar la existencia de un error fáctico derivado de una probanza que sí tenga tal carácter, única forma posible de adentrarse en el estudio de aquélla.

5. Visto en su totalidad el cargo formulado, se aproxima más a un alegato de instancia que a la sustentación de un recurso extraordinario, pues no contiene una acusación elaborada con el cumplimiento de las reglas la técnica requerida por el recurso extraordinario.

Por lo expuesto, el cargo se desestima.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del demandante y a favor del ISS, hoy Colpensiones, toda vez que su demanda de casación no salió avante y tuvo réplica por parte de dicho instituto. Se fijan como agencias en derecho la suma de $3.750.000.oo M/cte., que se incluirá en la liquidación que practicará conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de octubre de 2011 por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Javier Ordóñez Cantillo contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, trámite en el que fue llamado en garantía Industrias Philips de Colombia S. A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».