Sentencia SL11447-2017/54558 de agosto 1 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL11447-2017

Rad.: 54558

Acta 04

Magistrada Ponente:

Dra. Cecilia Margarita Durán Ujueta

Bogotá D.C., primero de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: « IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la demandante que la Corte case totalmente la sentencia impugnada y, en sede de instancia, revoque la del a quo y, en su reemplazo imponga las condenas solicitadas (fl. 15 cuaderno de la Corte).

Con tal objeto, por la causal primera de casación, formuló dos cargos que fueron objeto de réplica y que la Corte procede a resolver.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia censurada por:

[…] violar directamente los artículos 3º, 4º, 5º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 47, 54, 55, 467, 469, 470, 471, 477, 478, 479, 480 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 19, 20, 38, 39, 40, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, de la Convención Colectiva celebradas entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social y el Instituto de Seguros Sociales, 2001-2004, y los artículos 48 y 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (folios 7 a 9 cuaderno de la Corte).

Como fundamento, refirió que la recurrente es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo aportada, mediante la cual, se podía establecer de “manera clara su forma de liquidar cada uno de los beneficios convencionales”, asimismo señaló que para calcular la cesantía se debieron tener en cuenta la “Asignación básica mensual - prima de vacaciones y de servicio legal o extralegal - horas extras - Recargos nocturnos - dominicales y feriados - auxilio de alimentación y transporte - viáticos”, y concluyó que los beneficios convencionales constituyen “factores salariales para la liquidación de las prestaciones sociales, vacaciones e indemnización”, los que se obtendrían al realizar una simple operación aritmética.

VII. Cargo segundo

Acusó la sentencia impugnada de:

[…] violar indirectamente por errores de hecho los artículos 3º, 4º, 5º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 47, 54, 55, 467, 469, 470, 471, 477, 478, 479, 480 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 2º, 3º, 4º, 5º 19, 20, 38, 39, 40, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, de la Convención Colectiva celebradas (sic) entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social y el Instituto de Seguros Sociales, 2001-2004, y los artículos 48 y 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (folios 9 a 12 cuaderno de la Corte).

Señaló como errores de hecho en que incurrió el tribunal los siguientes:

Primero. Dar por establecido sin estarlo, que mi poderdante no es acreedor a la prestación económica solicitada.

Segundo. Dar por establecido sin estarlo, que la convención colectiva no señala los derechos convencionales ni la forma de liquidarlos.

Tercero. No dar por establecido los salarios y prestaciones sociales canceladas por la demandada ESE Francisco de Paula Santander.

Cuarto. Tener por establecido, que no existe diferencia entre los derechos laborales cancelados por la ESE Francisco de Paula Santander y los derechos convencionales que es acreedor el demandante.

Quinto. Tener por establecido, que faltan pruebas que demuestren la diferencia monetaria entre las sumas cancelados por la ESE Francisco de Paula Santander y los derechos convencionales que es acreedor el demandante.

Sexto. No dar por demostrado, siendo ello manifiesto, que el (sic) demandante cumple con los requisitos para la obtención de todos los beneficios convencionales.

Denunció como pruebas mal apreciadas, la demanda, la contestación a la misma, el derecho de petición radicado el 10 de mayo de 2007, las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre el ISS y Sintraseguridad Social, las copias del contrato de trabajo, de la liquidación de prestaciones sociales y de la hoja de vida de la recurrente.

En la demostración, afirmó que el ad quem no apreció las pruebas documentales antes señaladas, las que fueron aportadas y decretadas dentro de proceso.

Resaltó que en el acuerdo convencional se estableció los factores para tener en cuenta en la liquidación de la cesantía, estos son, “asignación básica mensual - prima de vacaciones y de servicios legal o extralegal - horas extras - recargos nocturnos - dominicales y feriados - auxilio de alimentación y transporte - viáticos”, los que al realizar una operación aritmética se hubieran determinado los valores de las “prestaciones sociales vacaciones e indemnización” reclamadas.

VI. Réplica

La apoderada de la Fiduciaria Popular, quien actúa como vocera del patrimonio autónomo de remanentes de la ESE Francisco de Paula Santander, se opuso a la prosperidad del recurso. Manifestó en síntesis que del examen de las Sentencias C- 314 y C- 349 de 2004 de la Corte Constitucional permite concluir que no extendió los beneficios convencionales como una situación permanente a todos los servidores públicos que cambiaron la forma de vinculación; que el artículo 16 del Decreto 1750 de 2003 señaló que, para todos los efectos legales, los servidores públicos de las empresas sociales del Estado tendrían la calidad de empleados públicos, salvo los que desempeñaran las funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, pues ellos son trabajadores oficiales (fls. 50 a 56 cuaderno de la Corte).

Finalmente, indica que la ESE carece de facultad legal para celebrar acuerdos colectivos, y que por tal razón es imposible derivar prestación alguna de un acto que le es imposible suscribir.

La sala procederá al estudio conjunto de los cargos, por considerar que, a pesar de haberse presentado por vías diferentes, denuncia como violadas similares normas, se apoya en argumentos parecidos y persiguen el mismo fin.

VII. Consideraciones

El fundamento fáctico de la sentencia impugnada estribó en que: (i) que a partir del 26 de junio de 2003, Flor Ángela Figueroa De Cárdenas mutó su calidad de trabajadora oficial al servicio del ISS, por el de empleada pública vinculada a la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander; (ii) que en su condición de empleada pública al servicio de la ESE demandada, tenía derecho a las prerrogativas de la convención colectiva de trabajo que regía en el ISS, y (iii) que no podía proferir las condenas, porque la accionante no probó los supuestos de hecho para su prosperidad.

Ahora bien, se duele la recurrente de haber apreciado erróneamente el ad quem, la demanda, la contestación a la misma, el derecho de petición radicado el 10 de mayo de 2007, las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre el ISS y Sintraseguridad Social y las copias del contrato de trabajo, de la liquidación de prestaciones sociales y de la hoja de vida de la impugnante, porque de haberle dado una interpretación adecuada, hubiera podido realizar los cálculos matemáticos que permitían establecer, si existían o no diferencias en el pago de salarios, prestaciones e indemnización.

Sea lo primero advertir, que como bien ha dicho la Corte de manera reiterada, no es función suya en el recurso extraordinario de casación laboral, interpretar y darles alcance a normas convencionales. Primero, porque la finalidad de dicho recurso es la de unificar la jurisprudencia en torno a los preceptos jurídicos del orden nacional que se estimen violados, y las convenciones colectivas de trabajo, si bien tienen naturaleza sustancial, no son normas del orden nacional, en tanto que su ámbito de aplicación es restringido. Segundo, porque de acuerdo con lo dicho, la convención colectiva de trabajo es, para los efectos del recurso de casación, una prueba en tanto los derechos que emanan de ella deben ser probados y acreditados en el proceso. Y tercero, porque como prueba que es, al igual que los demás medios probatorios ordinarios, puede ser apreciada por los jueces dentro del principio de la libre formación del convencimiento que inspira las decisiones laborales, de ahí que la conclusión del juzgador al interpretarla, siempre y cuando se muestre razonable y formalmente válida, debe ser respetada en el recurso extraordinario (CSJ SL45765-2013). De tal forma, mal puede esta Sala, salvar tal impropiedad, más aún, cuando el censor, no expresa la modalidad del ataque ni ejercita un discurso coherente, para demostrar la existencia del presunto yerro cometido.

El tribunal efectivamente cometió un error fáctico, al deducir que dentro del juicio no estaban acreditadas las asignaciones básicas percibidas por la demandante, luego de la escisión del ISS, que permitieran aplicar las acreencias laborales pretendidas, para establecer las diferencias debidas por el empleador, toda vez que, contrario a esta conclusión, a folios 7 a 12, 27 a 29 reverso y 270 a 277 del cuaderno principal, aparecen claramente las remuneraciones devengadas por la demandante desde el mes de enero de 1994 hasta 2005.

Ahora bien, no resulta posible casar la sentencia recurrida, en los términos del alcance de la impugnación, pues al acometer el estudio de instancia, la Corte encuentra que, como la demandante desde el 26 de junio de 2003 se incorporó automáticamente a la planta de personal de la codemandada ESE Francisco de Paula Santander, por virtud de la escisión del Instituto de Seguros Sociales en los términos del Decreto 1750 de 2003, se tiene que a partir de esa fecha el régimen salarial y prestacional que le debe ser aplicado, es el propio de los empleados públicos, lo cual difiere de las garantías de estabilidad laboral otorgadas a las personas que pasaron a las empresas sociales del Estado que se crearon, y en tales condiciones no es posible imponer los aumentos salariales que se persiguen como si la accionante continuara siendo “trabajador oficial”, con la consecuente reliquidación de prestaciones sociales u otros emolumentos, además que los derechos implorados a través de esta acción judicial son ulteriores.

En consecuencia, la demandante mientras fue trabajadora oficial del Instituto de Seguros Sociales y beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, tenía derecho a las acreencias laborales en la forma dispuesta en ese estatuto, pero más allá no es dable extender tales beneficios en la forma planteada por la parte actora, pues desconocería lo preceptuado en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, que limita la extensión de las convenciones colectivas a dichos trabajadores oficiales.

En efecto, en la Sentencia CSJ SL10119-2017, sobre la temática en controversia, esta Sala asentó:

Al respecto, se itera que esta Sala de la Corte ha definido en repetidas oportunidades que los servidores del Instituto de Seguros Sociales incorporados a las plantas de personal de las empresas sociales del Estado, mudaron su condición de trabajadores oficiales a empleados públicos, salvo los que ejercían labores propias de mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, que no es el caso de la demandante. En el mismo sentido, ha adoctrinado que esos nuevos empleados públicos tienen un régimen salarial y prestacional establecido legalmente, por lo que no pueden ser beneficiarios de los derechos consagrados para los trabajadores oficiales en las convenciones colectivas de trabajo, cuya vigencia en criterio de esta corporación frente a derechos no adquiridos ni consolidados antes de la escisión del ISS y del cambio de naturaleza del vínculo laboral, se insiste no puede ir más allá del momento en que mutaron a empleados públicos. En la sentencia CSJ SL, 23 jul. 2009, rad. 35399, reiterada, entre otras, en la sentencia CSJ SL16267-2014, 26 nov. 2014, rad. 44837, donde se precisó:

[…] De conformidad con el tenor literal del artículo trascrito, los servidores que pasaron a ser empleados públicos de las ESEs, se regirán por el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, lo que excluye la posibilidad de aplicar a estos servidores el régimen propio de los trabajadores oficiales que tenían antes de la escisión del Instituto de Seguros Sociales.

La Corte Constitucional para declarar inexequible la expresión o definición concerniente a lo que se debería entender por “derechos adquiridos” que contenía el citado artículo 18, según la sentencia de constitucionalidad C-314 de 2004, en lo que interesa al recurso de casación, en esencia se fundó en lo siguiente:

“(…) Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico.

“De conformidad con lo dicho, esta corporación estima que la expresión […] es inconstitucional por restringir el ámbito constitucional de protección de los derechos adquiridos, el cual, como se vio, trasciende la simple definición contenida en el artículo 18” (resalta y subraya la Sala)”.

De lo anterior se sigue, que la Corte Constitucional consideró que dentro de los “derechos adquiridos” que se debían respetar a quienes pasaran a ser empleados públicos de las empresas sociales del Estado, por razón de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, estaban también comprendidos aquellos que se derivaran de la convención colectiva de trabajo, pero lógicamente que se tratara de situaciones jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, los cuales debían cubrirse hasta por el tiempo en que fueron pactados.

Además, nótese que la mencionada motivación, cuando se refiere a quienes están cobijados por la convención colectiva, alude exclusivamente a los “trabajadores” para el caso oficiales, y por consiguiente lo resuelto por esa alta corporación no puede conllevar a que se entienda que dichos servidores o empleados públicos de las ESEs se puedan beneficiar de ahí en adelante indistintamente de prerrogativas convencionales y menos sobre derechos que no se causaron cuando éstos ostentaban la condición de trabajadores oficiales.

Bajo esta órbita, la vigencia del convenio colectivo de trabajo en relación a quienes por mandato legal se les cambió la naturaleza del vínculo laboral, y frente a derechos no adquiridos ni consolidados, no va más allá del momento en que mutaron de trabajadores oficiales a empleados públicos.

Adicionalmente, es pertinente precisar, que como no es factible jurídicamente aplicarle a un empleado público una norma convencional, máxime que la fuente legal de esta clase de derechos que lo es el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere expresamente a que las condiciones a fijar regirán son los “contratos de trabajo”; se colige que los empleados públicos de la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, que a partir de la escisión del ISS que se produjo el 26 de junio de 2003 dejaron de estar vinculados por una relación contractual laboral, como ocurrió con la demandante, no pueden beneficiarse de la convención colectiva de trabajo; salvo que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, se trate de un derecho adquirido ya sea legal o convencional que se hubiera consolidado con antelación a la escisión del Instituto de Seguros Sociales y bajo la condición de trabajadora oficial; que no sería el caso del reconocimiento o reliquidación de la pensión de jubilación implorada en esta litis en los términos del artículo 98 convencional, por haberse causado el derecho como atrás se dijo el 16 de diciembre de 2004 siendo la accionante empleada pública.

Por consiguiente, tratándose de un empleado público de las ESE, los derechos consolidados o causados después de la entrada en vigencia del tantas veces mencionado Decreto 1750 de 2003, no es dable otorgarlos teniendo como fuente la convención colectiva de trabajo.

Finalmente, en lo que incumbe a la sentencia de exequibilidad C-349 del 20 de abril de 2004, cabe decir que por virtud de que la misma se remite a lo expuesto en la sentencia C-314 de 2004, sirven las mismas consideraciones para estimar que el respeto de los derechos adquiridos que allí se mencionan, se concibe en los términos antes expresados (negrillas por fuera de texto).

En este orden de ideas, como las acreencias laborales reclamadas con incidencia en la liquidación de prestaciones sociales u otros emolumentos, se hicieron exigibles con posterioridad al 26 de junio de 2003, no hay lugar a ordenar el reconocimiento y pago de los mismos de quien como la actora no mantuvo su calidad de trabajadora oficial.

Por todo lo dicho, aun cuando el cargo es fundado no puede prosperar, por los motivos indicados en este proveído.

No hay lugar a costas en el recurso extraordinario.

I. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 29 de septiembre de 2011, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Flor Ángela Figueroa de Cárdenas contra la ESE Francisco de Paula Santander, hoy en liquidación.

Costas como quedó dicho en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».