Sentencia SL1145-2018/52651 de abril 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada ponente:

Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota

SL1145-2018

Rad. 52651

Acta 10

Bogotá, D. C., dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de Casación

El recurso fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

(…)

X. Consideraciones

En síntesis, el cuestionamiento del recurrente se centra en señalar que de las pruebas denunciadas como erradamente apreciadas en los dos cargos, se desprende que el despido de los actores no se encontraba en firme, dado que habían presentado un reclamo ante la comisión de conciliación y arbitraje, y por tanto, no se podía ejecutar. Además, indica, estos medios de convicción no permiten acreditar que la organización sindical tenía la responsabilidad de designar al quinto integrante de tal comisión y que fue renuente a ello.

En la sentencia impugnada, el Tribunal concluyó que los actores presentaron un reclamo por su despido, para que fuera conocido por la mencionada comisión, la cual, finalmente, no sesionó porque surgió una discusión entre la empresa y el sindicato, sobre el nombramiento del quinto integrante de la misma, lo que originó la ausencia de decisión frente a la reclamación de los demandantes. Esa falta de conformación del comité, no obedeció a negligencia de la demandada, quien propuso un mecanismo ágil para la designación de éste integrante, sino a la renuencia de la organización sindical en atenderlo. Además, señaló que si bien lo alegado por el sindicato era razonable, no correspondía al procedimiento para la designación del quinto integrante de la comisión, ya que la norma convencional no es clara en establecer parámetros para ello, salvo que sería escogido de una lista de diez ejecutivos de la empresa.

El juez colegiado también fundó la decisión de confirmar la sentencia del a quo, en que, en todo caso, la falta de sesión de la comisión de conciliación y arbitraje no conlleva la ineficacia del despido y que la causal justa estaba dada, por lo que ninguna injerencia podía tener el mencionado organismo en la terminación de los contratos laborales y que al margen de lo expuesto, la comisión, en este asunto, no podía tener ninguna injerencia porque la causal de despido fue el reconocimiento de la pensión de vejez y su inclusión en nómina.

Así las cosas, no es posible derivar yerro fáctico alguno, de la valoración que realizó el ad quem de las pruebas denunciadas, como se pasa a explicar. El artículo 59 de la convención colectiva de trabajo celebrada entre la demandada y Sintraustocol, cuyo texto se encuentra a folios 78 y 79, establece:

“ART. 59:—Conciliación y arbitraje (CCT: 1987-1989)

A partir de la fecha de la firma de la presente Convención crease una Comisión de “Conciliación y Arbitraje” integrada de la siguiente manera: Dos (2) representantes de la Empresa, Dos (2) representantes del sindicato y un tercero que será escogido de una lista de diez (10) ejecutivos de la Empresa.

La comisión conocerá de los despidos que con justa causa haga la Empresa, correspondientes a las causas previstas en los ordinales 6, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 del Artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965.

El procedimiento de la comisión será el siguiente:

1. Se comunicará al sindicato y al trabajador, por escrito, los motivos por los cuales es retirado de la Empresa.

2. El trabajador dispondrá de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes para reclamar ante la Comisión. Si dentro de ese tiempo no reclamare, quedará en firme su despido.

3. La Comisión se reunirá dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha y hora en que sea presentada la reclamación por el trabajador, salvo por fuerza mayor o en caso fortuito. En este evento se comunicará al trabajador por escrito la fecha y hora de la reunión.

4. Si se encontrare justo el despido, se hará efectivo retroactivamente al día en que este fue comunicado.

5. Si la decisión de la Comisión de Conciliación y Arbitraje fuere favorable al trabajador, se le pagaran todos sus salarios que dejare de recibir y se reintegrará a su trabajo.

En el supuesto de que el trabajador por razones especiales, no acepte su reintegro a la Empresa, la Comisión queda autorizada para estudiar las razones que tiene el trabajador para ese rechazo y, en el caso de que las juzgue valederas, podrá aceptar que se retire de la Empresa, pagándole la indemnización convencional.

Son hechos indiscutidos, la vigencia de esta norma y que de ella eran beneficiarios los actores, tal como lo determinó el Tribunal. Ahora, de esta disposición, el juez de segundo grado derivó la existencia del procedimiento de la mencionada comisión, el cual se activa con el reclamo que presenten los trabajadores despedidos, y que para la designación del quinto integrante de tal comité, no se establecieron estrictos parámetros, salvo que sería elegido de una lista de diez ejecutivos de la empresa, pues el texto convencional es ambiguo y su redacción no es afortunada.

En ese orden, no se equivocó en la apreciación de este documento, como quiera que extrajo de él, lo que informa pese a su falta de claridad, pues lo expresado por el colegiado en torno a la creación, conformación y procedimiento de la comisión de conciliación y arbitraje, efectivamente corresponde a lo pactado en el acuerdo extralegal.

La Sala advierte que en verdad, el texto convencional controvertido no resulta claro en relación con la forma como se debe designar al quinto integrante de la mencionada comisión, por tanto, podría tener más de un entendimiento, como sería el esbozado por el sindicato que resulta igualmente razonable, así como el expuesto por la empresa demandada. Por ende, el Tribunal no incurre en error, cuando acoge una de las posibles lecturas del acuerdo extralegal, siempre que resulte razonable y lógica.

Se debe recordar que la convención colectiva de trabajo es una prueba y, en ese orden, en consideración a que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social faculta a los jueces laborales para que en las instancias aprecien libremente los medios de convicción, es un deber de la Corte, en su condición de tribunal de casación y en todos los casos en que no se configure error de hecho manifiesto, respetar las apreciaciones que de ella haga el juez de segundo grado, siempre y cuando, claro está, tales inferencias sean lógicamente aceptables, esto es, se muestren razonadas y coherentes.

Así se señaló en decisión CSJ SL 20467-2017 al reiterar lo dicho en Sentencia CSJ SL 8 ago. 2011, rad. 41114:

Como primera medida debe recordar la Sala que el objeto del recurso de casación no es fijar el sentido que puedan tener las cláusulas convencionales, ya que su finalidad, entre otras, es la de unificar la jurisprudencia en torno a los preceptos jurídicos de orden nacional que se estimen violados y las convenciones colectivas de trabajo, no obstante su gran importancia en las relaciones del trabajo, no ostentan las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes que celebran esos acuerdos quienes están llamadas, en primer término, a establecer su sentido y alcance.

(...)

Incluso, cuando de una clausula convencional se desprenda diferentes lecturas, tiene por sentado la jurisprudencia de la Sala lo siguiente:

En desarrollo de ese criterio, ha entendido que en casos en que respecto de una misma disposición convencional resulten atendibles diferentes interpretaciones, la circunstancia de que el fallador opte por una de ellas no puede ser constitutiva de un error evidente o protuberante, por cuanto que, igualmente ha enseñado esta Corporación, las distintas interpretaciones que surjan de una misma cláusula convencional implican que no pueda estructurarse un yerro fáctico ostensible en su valoración, ya que sólo en el caso de que el juzgador le dé a ese texto normativo de condiciones generales de trabajo un alcance descabellado, puede la Corte precisarlo y, si es del caso, corregirlo. (CSJ SL, 8 ago. 2011, rad. 41114).

Por tanto, si como se vio, la norma convencional solamente establece que el quinto integrante de la comisión creada mediante la cláusula 59, se elegirá de una lista de diez ejecutivos de la empresa, resulta razonable entender, como lo hizo el Tribunal, que para cumplir la previsión extralegal, era válido el mecanismo propuesto por la empleadora, en cuanto a que el sindicato efectuara tal nombramiento de la lista de candidatos presentada por ella. En ese orden, no se incurre en yerro protuberante al efectuar esta lectura de la norma convencional, sin que ello implique que sea la única comprensión posible.

Ahora, tampoco apreció erradamente las comunicaciones que cada uno de los actores presentaron el 21 de enero de 2005 con ocasión de su despido, las cuales obran a folios 13, 27, 34 y 41, pues dio por establecido el hecho que ellas informan, que en la fecha mencionada, presentaron reclamación con ocasión de su despido, dirigida a la Comisión de Conciliación y Arbitraje y a la empresa demandada. Reclamo en el que solicitaban que se les permitiera seguir laborando, hacer uso del retiro voluntario o que les fuera reconocida una bonificación equivalente a la indemnización convencional.

Así, el Tribunal no infirió hechos que las pruebas no informaran y tampoco dejó de observar los que sí acreditaban. Solo que no era posible concluir, como lo pretende la censura, que en virtud de la reclamación efectuada por los actores, el despido se mantuviera suspendido de manera indefinida, y al margen de la conformación de la comisión que, precisamente, debía atender tal reclamo, más cuando el colegiado encontró demostrado que la falta de integración de tal organismo, obedeció a la renuencia de la organización sindical que representaba los intereses de los accionantes.

En efecto, el juez de segundo grado no desconoció el texto convencional sobre el procedimiento que debía desplegar la referida comisión, ni que éste se activó con el reclamo presentado por los trabajadores despedidos, sólo que advirtió que la falta de decisión sobre tal solicitud obedeció a que la comisión no sesionó porque nunca se conformó y que en ello incidió la posición asumida por el sindicato. Consideración que no resulta arbitraria, irracional o abiertamente contraria a los hechos que informan las pruebas denunciadas, más bien, como se dijo, constituye un argumento razonable para explicar por qué no fue posible atender el reclamo de los demandantes.

Así, aunque el Tribunal dio por probada la reclamación de los actores, también dejó en evidencia que el trámite convencional previsto en el artículo 59 quedó inconcluso por causas ajenas al empleador, como lo derivó de los documentos de folios 18 a 23, sin que pueda admitirse que ello conlleve la indefinición de la firmeza de la decisión de dar por terminados los contratos laborales, más aún si el sindicato de trabajadores fue quien se opuso a aplicar la solución alternativa que la empresa le planteó para que pudiera conformarse la comisión que debía atender el reclamo.

La norma convencional antes citada, establece que esta comisión se conforma por dos representantes del sindicato y dos de la demandada, cuya elección no se discute, y además, por un tercero que se escoge de una lista de 10 ejecutivos de la empresa. Como lo señaló el Tribunal, en dicha cláusula extralegal, no se precisó quien era el responsable de designar a éste último integrante, por lo que, tal como lo acreditan los documentos de folios 18 a 23, denunciados como indebidamente valorados, la accionada propuso a su contraparte una fórmula para ello, esto es, que fuese el sindicato quien lo eligiera, de los candidatos presentados por la Compañía Colombiana Automotriz S.A. y que ésta aceptaría sin reparo.

A folio 18 obra misiva del 20 de enero de 2005, dirigida por la demandada a Sintraustocol, mediante la cual se le informa quienes son las personas elegidas por la empleadora para representarla en la comisión de conciliación y arbitraje; relaciona el nombre de diez ejecutivos y le solicita que de ellos, efectúe la elección del quinto integrante, quien, le anticipa, será aceptada por la empresa. Esta misma solicitud se reitera en comunicación del 24 de enero de 2005 (fl. 19) en la que, además, se hace referencia a la reunión celebrada entre los representantes designados por las partes para tal comisión, con el objeto de evaluar las reclamaciones de los ahora demandantes, en la que tampoco fue posible que el sindicato acogiera la propuesta de la Compañía Colombiana Automotriz S.A. para la designación del quinto integrante de ésta y así poder sesionar.

En respuesta, a través de escrito del 24 de enero de 2005, recibido por la empresa al día siguiente, el sindicato informa el nombre de sus dos representantes ante la referida comisión y afirma que con los representantes de la empresa, el comité actuará según los procedimientos establecidos en la convención, y en efecto el tercero será escogido de una lista de diez ejecutivos de la empresa (fl. 20). Ante ello, se señala por la demandada que no es posible sostener que exista la comisión mencionada, con sólo cuatro de los cinco miembros que deben elegirse, y nuevamente insiste en su propuesta de que se realice la “escogencia mutua de ese 5º miembro”, la cual se materializa en que sea el sindicato quien elija, de la lista de candidatos ofrecida por la empresa, a ese integrante, designación con la cual estaría conforme la demandada (fl. 21).

Finalmente, en misivas del 26 de enero y 7 de marzo de 2005, recibidas en la empresa al día siguiente, respectivamente, Sintraustocol se limita a señalar que ya designó a sus dos representantes, quienes, junto con los elegidos por la empresa, deben cumplir el procedimiento convencional.

Así, contrario a lo señalado por la censura, sí es posible derivar de estos documentos la conclusión fáctica advertida por el ad quem, pues queda en evidencia que la empresa tomó la iniciativa de conformar la comisión que debía atender el reclamo que presentaron los actores con ocasión de su despido, designó a sus representantes y solicitó del sindicato la misma elección, así como la designación del tercero de los ejecutivos propuestos por el empleador. Frente a ello, la organización sindical solamente señaló quienes serían sus representantes, pero no aceptó la fórmula planteada para la nominación del último integrante de la comisión. Por tanto, es razonable derivar de estos documentos, como lo hizo el Tribunal, que Sintraustocol fue renuente a participar del proceso de elección sugerido por la demandada, como solución para la integración del organismo que debía evaluar las peticiones de los trabajadores, cuyos intereses representa ésta organización.

No se muestra equivocado o contrario a los hechos informados por estos documentos, el razonamiento del ad quem, en torno a los motivos por los cuales la comisión de conciliación y arbitraje convencional no se instaló ni sesionó, y que conllevó la falta de respuesta a la petición de los trabajadores. Además, es admisible considerar que, si la norma convencional no establece claramente quien elige al último integrante de la comisión, como lo señaló el Tribunal, pueda una de las partes tomar la iniciativa para su escogencia, con la participación de su contraria, pues para cumplir la finalidad el organismo convencionalmente creado, era menester conformarlo.

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara la tesis de los recurrentes, referida a que estas pruebas solamente informan que el sindicato se limitó a designar a sus representantes, pero no que fue renuente en la elección del quinto integrante, porque ésta no era su responsabilidad convencionalmente asignada, con lo cual incurriría en yerro el Tribunal; y en amplitud la Sala pudiese entonces verificar las restantes pruebas aportadas al proceso, llegaría a la misma razonable consideración de la sentencia impugnada.

Lo anterior, porque además de las comunicaciones antes estudiadas, se acreditó en el proceso que se intentó la instalación de la mencionada comisión, en dos reuniones celebradas los días 24 y 28 de enero de 2005, entre los representantes de la empresa y del sindicato. Sin embargo, del acta de tales reuniones, queda en evidencia que Sintraustocol manifestó que “no están de acuerdo con que se nombre al 5º integrante a la comisión hasta tanto no se evacuen las reclamaciones presentadas por los trabajadores, entre los representantes de la empresa y los representantes de la organización sindical” y que “el quinto integrante de la comisión de conciliación y arbitraje debe ser nombrado, una vez las partes Empresa y sindicato no hayan llegado a un acuerdo sobre las reclamaciones presentadas por los trabajadores”. (fl. 128 - 130 y 135)

Con estas manifestaciones se puede establecer igualmente, la conclusión fáctica del Tribunal, esto es, que la comisión convencional no fue conformada, porque el sindicato se opuso a ello, por considerar que primero se debían resolver las peticiones de los trabajadores, sin embargo, para proceder de esa forma, era necesario que tal organismo fuese integrado. Incluso, desconoce lo señalado en carta del 24 de enero de 2005 suscrita por el presidente de Sintraustocol (fl. 20) mediante la cual, la organización sindical refirió que el comité debía escoger al tercer integrante de la lista de diez ejecutivos, pues una vez reunidos los representantes de las partes para tal efecto, nuevamente presentó oposición a tal elección.

Por todo lo expuesto, también es una imprecisión del censor señalar que fue del texto convencional, que el Tribunal extrajo que la organización sindical fue la responsable de no integrar la comisión, pues por el contrario, tal consideración la derivó de las comunicaciones cruzadas entre la empresa y el sindicato (fls. 18 a 23), y que razonablemente permiten llegar a la conclusión expuesta en la sentencia impugnada, esto es, que Sintraustocol no aceptó el mecanismo válido y ágil para la conformación del órgano creado convencionalmente y por ello, no fue posible su integración y sesión.

Se debe aclarar que el Tribunal no consideró que el sindicato tuviese asignada la obligación de elegir al quinto miembro de la comisión por disposición convencional, sino que afirmó, que fue renuente frente a la solución que le planteó la demandada, con miras a efectuar tal designación de manera diligente, lo cual puede razonablemente derivarse de las comunicaciones allegadas a folios 18 y 23.

Por las razones expuestas, la censura no logra acreditar los yerros endilgados al Tribunal. Aunque se debe resaltar que, aún de haberse demostrado tales desaciertos, la decisión impugnada mantendría su presunción de acierto y legalidad, pues se omitió cuestionar otro de los argumentos que soportan el fallo recurrido, esto es, la consideración de que, en todo caso, al margen de la conformación o no de la comisión, la causa justa de despido estaba demostrada y que ante ello tal organismo no podía tener injerencia. Por tanto, también era deber de los recurrentes, controvertir y derruir este argumento.

Así lo ha sostenido esta Corporación, entre otras, en la Sentencia CSJ SL12298-2017 reiterada en CSJ SL674-2018, cuando adujo:

Debe recordarse que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social, por cuanto dejan subsistiendo sus fundamentos sustanciales y, por tanto, nada consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares, porque, en tal caso, así tenga razón en la crítica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias que dejó libres de ataque. Lo anterior conlleva a que con independencia del acierto del recurrente y de que la Sala comparta o no sus deducciones, se mantenga la decisión de segundo grado.

(…)

En este orden de ideas, esa falta de ataque a los pilares que soportan la decisión impugnada, traen como consecuencia que se mantenga incólume, amparada por la doble presunción de legalidad y acierto.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente y a favor de la parte demandada, quien presentó oposición. Se fijan como agencias en derecho la suma de $3´750.000, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia dictada el 20 de mayo de 2011 por la Sala de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Gabriel Ruiz, Jaime Gonzalez Ramírez, Julio Cesar Álvarez Ariza y Manuel Trinidad Erazo contra la Compañía Colombiana Automotriz S.A.

Costas como se dijo en la parte motiva

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».