Sentencia SL11533-2017/48705 de agosto 2 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN UNO

SL11533-2017

Radicación 48705

Acta 04

Magistrada Ponente

Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota

Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

El recurso fue interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

(...).

VIII. Consideraciones

En relación con la formulación del cargo, en el que se invoca como concepto de violación la “falta de aplicación”, se precisa que aunque en el ataque por vía indirecta, la modalidad que se plantea es la aplicación indebida, esta Corte ha admitido, de manera excepcional, que también se invoque la infracción directa, dado que la existencia de un error de hecho podría implicar la falta de aplicación de la norma que regula los hechos controvertidos. Así se indicó en sentencias CSJ SL, 21 may. 2010, rad. 33866 y CSJ SL, 4 nov. 1999, rad. 35332.

El censor cuestiona la conclusión del tribunal, según la cual la pensión restringida de jubilación, era una prestación incierta y discutible susceptible de conciliación, en atención a que el actor no tenía derecho a la misma por haber accedido a una pensión de jubilación por aportes; pues aduce que de haber apreciado en debida forma las pruebas que denuncia en el recurso, hubiese concluido que este derecho ya se había causado a favor del demandante para el momento en que se celebró el acuerdo conciliatorio que reprocha.

Revisada la sentencia impugnada, se advierte que, en efecto, el juez colegiado arribó a tal conclusión, para lo cual tuvo en cuenta el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, efectuado por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones Foncep, a partir del 15 de agosto de 2003, mediante Resolución 764 de 2009.

Sin embargo, de este documento no puede derivarse el razonamiento efectuado por el ad quem, toda vez que ese reconocimiento pensional fue posterior a la terminación del contrato de trabajo e incluso, a la conciliación celebrada el 30 de septiembre de 1997, por ende, no era dable colegir de este hecho, la pérdida del derecho a la prestación restringida de jubilación ya causado, en virtud de los servicios prestados a la Empresa Distrital de Servicios Públicos, EDIS.

Más aún, cuando para conceder la pensión prevista en la Ley 71 de 1988, se tuvieron en cuenta, además, las cotizaciones efectuadas por el demandante al ISS por servicios prestados en el sector privado durante 1 año, 1 mes y 5 días, dentro del periodo laborado del 31 de enero de 1968 al 20 de abril de 1974, de manera interrumpida; de lo que puede colegirse que a la terminación de la relación laboral no se cumplía el tiempo requerido para acceder a la pensión plena de jubilación a cargo del empleador EDIS por las labores prestadas exclusivamente a esa entidad, pues con tal entidad laboró únicamente 19 años, 4 meses y 15 días, desde el 30 de mayo de 1975 al 10 de octubre de 1994.

Se recuerda que esta Corte ha sostenido que la pensión sanción no procede cuando el riesgo de vejez del trabajador no se vería afectado por el despido de su empleador, “porque contara con más de 20 años de servicio a un mismo empleador o porque tuviera ya reconocida la prestación de vejez a cargo del Seguro Social” (CSJ SL, 2 ago. 2009, rad. 35374). Circunstancias que no se evidenciaban en este caso, al momento de celebrar el acuerdo conciliatorio, o de finalizar la relación de trabajo.

Por tanto, le asiste razón a la censura cuando pone en evidencia tal situación, teniendo en cuenta que el reconocimiento de la pensión plena de jubilación por aportes realizado en el año 2008 y a partir del 15 de agosto de 2003, no impedía considerar la causación de la pensión sanción al momento en que se finalizó su vínculo laboral, aun cuando de llegarse a estimar que le asistía el derecho al demandante a la última de las mencionadas, se deberá definir si existe alguna incompatiblidad para recibir ambas pensiones del erario público.

En efecto, en el acta de conciliación celebrada por las partes el 30 de septiembre de 1997, también denunciada por el recurrente como prueba no apreciada, se admitió que a favor del demandante se generaba esta prestación, cuando se indicó que se había decidido “conciliar la pretensión que se demanda relacionada con la pensión sanción a favor de Luis Antonio López Ovalle, teniendo en cuenta que acredita los requisitos exigidos por la Ley 171 de 1961 en su art. 8º para ser beneficiario de dicha pensión (...)” (fls. 109 - 110).

Documento que no fue valorado por el tribunal, pues ninguna manifestación realizó al respecto, omisión que generó el error que aduce la parte recurrente, comoquiera que de haber tenido en cuenta lo indicado en esta prueba calificada, le hubiese permitido concluir que en efecto, para el momento de la conciliación, al actor le asistía el derecho a percibir la pensión restringida de jubilación, como bien lo señalaron las partes en tal acto procesal.

Así las cosas, si el fundamento de la conciliación fue el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión sanción, como quedó expresamente señalado en el acta respectiva, es evidente que se estaba ante un derecho laboral cierto e indiscutible, que no era susceptible de ser transado o negociado por el trabajador y el empleador.

En relación con la conciliación de una pensión ya configurada en razón al cumplimiento de los requisitos para esta, en este caso la pensión restringida de jubilación, esta corporación ha considerado su improcedencia por tratarse precisamente de un derecho cierto, indiscutible y además, irrenunciable. Así se consideró en Sentencia CSJ SL11083-2016, al rememorar el pronunciamiento efectuado en sentencia CSJ SL911-2016:

Respecto a la controversia planteada a la Corte que no es novedosa, corresponde seguir la postura jurisprudencial acogida en la Sentencia CSJ SL 911 de 2016, en la cual esta Sala asentó que no es posible celebrar la conciliación de la pensión restringida, al momento del retiro del servicio con el tiempo requerido para su causación, así faltare reunir el requisito de edad, por tratarse de un derecho cierto e indiscutible, a saber:

2. La conciliación y sus efectos de cosa juzgada vs. derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables (...).

Con ese sentido social y protectorio del trabajo humano, el art. 53 de la C.P. —que si bien no se encontraba vigente en la época de los hechos ahora en discusión, sirve de marco referente—, consagra “los principios mínimos fundamentales del trabajo” entre otros, el de la “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales”. Igualmente, el Código Sustantivo del Trabajo señala que los derechos y prorrogativas estipulados en sus disposiciones, “contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores” (art. 13); con esa orientación, dispone que cualquier estipulación que afecte o desconozca esos mínimos “[n]o produce efecto alguno” y, bajo el concepto de orden público (art. 14), determina que los derechos y prerrogativas contenidos en esa codificación son irrenunciables, “salvo los casos expresamente exceptuados por la ley”.

En ese contexto, una interpretación armónica de los dos preceptos —CST, arts. 13 y 14— permite afirmar que en nuestra legislación laboral existen derechos mínimos que son irrenunciables y, otros, que en virtud de normas constitucionales y legales, bien pueden ser objeto de disposición a través de mecanismos tales como la transacción o la conciliación, instituciones que de cara al principio protectorio y los fines y valores constitucionales resultan igualmente legítimas para evitar conflictos en las relaciones sociales y facilitar el saneamiento de las controversias en el marco de una justicia consensual.

De manera que en el sub lite, como quedó dicho a espacio, cuando el trabajador ahora demandante decidió conciliar la “(...) pensión restringida por el tiempo de servido (sic) en forma discontinua (...), dada la situación especial que no estuve afiliado al ISS (...)” (fl. 13), indubitablemente, tal cual lo estableció el tribunal, renunció a un derecho cierto e indiscutible que había causado en su favor y que solo estaba pendiente del cumplimiento de la edad para su exigibilidad.

Es decir, no erró el colegiado de segunda instancia a la luz del ordenamiento jurídico (CST, arts. 13, 14 y 15), cuando declaró de oficio la nulidad de la conciliación por objeto ilícito, al advertir que conforme al inc. 2º del art. 8º de la L. 171/1961, el demandante ya había causado su derecho a la pensión legal restringida de jubilación y, en consecuencia, se trataba de un derecho cierto, indiscutible e irrenunciable.

Ahora, si bien es cierto la conciliación, en principio, se asemeja a una sentencia judicial con efectos de cosa juzgada y, por tanto, es inmutable, ello solo será así siempre y cuando su objeto y causa sean lícitos, no se desconozcan derechos mínimos, ciertos e indiscutibles del trabajador y, en general, no produzca lesión a la Constitución y ley.

En esa medida, el acuerdo celebrado entre las partes lo fue sobre un objeto ilícito, dado que lo transado fue un derecho cierto e indiscutible, que incluso ya se había hecho exigible, pues conforme el registro civil de nacimiento del demandante, prueba calificada denunciada igualmente como no valorada en la sentencia impugnada, se puede establecer que Luis Antonio López Ovalle nació el 15 de agosto de 1943, por tanto, para el momento en que se celebró la mencionada conciliación, y para cuando terminó el contrato laboral, ya incluso había cumplido 50 años de edad, como lo requiere el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, máxime que como lo ha sostenido la Sala reiteradamente, esta clase de pensión se causa o consolida con el retiro o despido y la antigüedad, que en este caso se produjo después de más de 19 años de servicios el 18 de octubre de 1994, siendo la edad solo un requisito para su disfrute (al respecto se puede consultar CSJ SL4041-2017 que rememora la Sentencia CSJ SL11490-2016). Por ende, de haberse valorado el referido documento por el juez colegiado, le hubiese permitido advertir que el derecho conciliado, además, era exigible.

Conforme a este análisis, le asiste razón a la censura, pues queda en evidencia el yerro en que incurrió el sentenciador de segundo grado, al considerar que el derecho a la pensión restringida de jubilación no se había causado y al calificarlo de incierto y discutible, y así haber razonado que era posible su conciliación; pues por el contrario, de lo evidenciado de las pruebas denunciadas como no valoradas y apreciadas de manera errónea, se deriva que para la fecha en que se surtió tal acuerdo, la referida pensión era un derecho cierto, indiscutible y exigible, lo cual impedía cualquier tipo de arreglo entre las partes.

Pese a lo anterior, y aunque el cargo resulta fundado, no será posible casar la sentencia, pues en sede de instancia, se llegaría a la misma conclusión, esto es, confirmar la decisión de primer grado, dado que no sería posible disponer el pago de la pensión reclamada, por las siguientes razones:

Conforme a lo advertido, el derecho a la pensión sanción que se pretende, se causó e hizo exigible al término de la relación laboral, esto es, es el día 18 de octubre de 1994 (fl. 20, cdno. anexo). Por ende, a partir de esta fecha se habrían generado las mesadas pensionales que reclama el recurrente.

Sin embargo, esta prestación pensional solamente podía ser pagada hasta el momento en que surgió a favor del demandante la pensión de jubilación por aportes, es decir, hasta el 15 de agosto de 2003 (fls. 8 a 16 carpeta anexa), ya que estas prestaciones, en este caso particular, son incompatibles, por lo que no podrían percibirse de manera concurrente, dado que tendrían la misma fuente de financiación, pues en gran parte, la pensión de jubilación por aportes, deviene de los tiempos laborados en el sector público (EDIS).

Incompatibilidad que, en cambio, no opera cuando la prestación aquí controvertida proviene del trabajo prestado a diferente empleador, tal como lo clarificó esta corporación en sentencia CSJ SL, 12 ago. 2009, rad. 35374, en la que refirió:

En efecto, en condiciones normales el hecho de gozar el trabajador de una pensión de jubilación o de vejez sería razón suficiente para negar la procedencia del derecho a la pensión sanción, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita. Pero ello no puede entenderse así cuando el trabajador, por razón de los servicios prestados al empleador que sin justa causa lo despide, de todos modos tiene derecho a una pensión de vejez, en este último caso en el evento de haber sido afiliado al Seguro Social oportunamente, por no existir una incompatibilidad para gozar simultáneamente de las dos prestaciones, originadas ellas, desde luego, en el trabajo a diferentes empleadores con distinta naturaleza jurídica, uno oficial y el otro privado, y en épocas que no sean totalmente concurrentes (resaltado por la Sala).

En ese sentido, aunque esta Sala indicó que el tiempo exclusivamente prestado a la EDIS no resultaba suficiente para que únicamente con este se causara la pensión plena de jubilación, dado que no era igual o superior a 20 años, pues laboró para esa entidad 19 años, 4 meses y 15 días; no puede olvidarse que fue en razón a este tiempo de servicios sumado con el tiempo cotizado al ISS, que el Foncep tuvo que asumir el pago de la prestación de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, dado que las cotizaciones al ISS solo correspondieron a un año.

Así, en este caso las dos prestaciones que aquí se analizan se originan en el trabajo prestado al mismo empleador oficial, y las épocas de labores concurren casi en su totalidad (92,94% como se indica en la Res. 764/2008), por tanto, las dos obligaciones estarían a cargo del FONCEP, lo que hace imposible concluir su compatibilidad, tal como lo acepta la parte recurrente, quien se duele únicamente de la falta de pago de las mesadas pensionales causadas hasta el momento en que se reconoció la pensión plena, pues refiere que “al cumplir los sesenta años de edad, habría podido pretender el reconocimiento de la pensión por aportes, y ESTA HUBIESE SUSTITUIDO A LA PENSIÓN SANCIÓN” (mayúsculas del texto original fl. 15, cdno. de la Corte).

Así también lo refirió el accionante en la demanda inaugural, al reclamar el pago de las mesadas pensionales hasta el cumplimiento de los 60 años de edad.

Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 128 de la C.N., conforme al cual, no es posible recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Prohibición constitucional que igualmente se contempla en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

Así las cosas, la mesada completa de la pensión sanción solamente sería exigible entre el 18 de octubre de 1994 y el 15 de agosto de 2003, pero como la referida prestación fue solicitada ante la entidad, el 2 de septiembre de 2008, como consta en documento emitido por Foncep visto a folio 31 del cuaderno principal, y allegado por el actor como prueba de la reclamación administrativa, las mesadas pensionales causadas con antelación superior a tres años contados desde dicho reclamo, se habrían visto afectadas por la prescripción, pues si bien el derecho pensional no es susceptible de prescripción, si lo son las mesadas pensionales. En esa medida, no serían exigibles las mesadas completas causadas con antelación al 2 de septiembre de 2005, y a partir de esta fecha solamente habría lugar al pago de un mayor valor si lo hubiere, sin embargo, efectuadas las correspondientes operaciones aritméticas se evidencia que no se genera tal. Por tanto, no habría lugar a condena alguna por este concepto.

Por ende, aunque el cargo fue fundado, no se casará la sentencia. Sin costas.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el once (11) de junio de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Luis Antonio López Ovalle contra Bogotá D.C.

Sin costas en casación.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».