Sentencia SL11535-2017/49017 de agosto 2 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Dr. Dolly Amparo Caguasango Villota

SL11535-2017

Rad.: 49017

Acta 4

Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

El recurso fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

(...).

VIII. Consideraciones

Debe recordarse que, conforme al sistema constitucional y legal, la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades que, más que un culto a la técnica, son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que este no se desnaturalice. De ahí que al evidenciar falencias de tal orden que, además, resulten insuperables, la prosperidad del ataque no tiene lugar (SL8293 -2017). Circunstancia que se advierte en este caso, tal como se demuestra a continuación:

1. Cuando se elige como senda de ataque en casación la vía directa, el discurso debe encaminarse a derruir el análisis jurídico efectuado por el fallador de segundo grado, de modo que se logre acreditar un desatino referido a la infracción o indebida aplicación de las normas o a su incorrecta interpretación; pero no a las conclusiones que se derivaron del ejercicio valorativo de los elementos de prueba, cuestionamiento que solo es posible hacer por la vía indirecta.

Teniendo esto claro, la Corte observa que en el presente cargo prevalecen apreciaciones fácticas pese a que se planteó por la ruta del puro derecho, generando con ello una confusión entre las dos vías de violación de la norma sustancial, lo que no es admisible en sede de casación.

En efecto, el actor incurre en la imprecisión de involucrar en su discurso reproches de naturaleza fáctica, relacionados con el cumplimiento del mínimo de semanas exigido por la ley para acceder a la pensión especial de vejez o con la equivocada valoración de las pruebas por parte del Tribunal para determinar su grado de exposición a sustancias cancerígenas; aspectos que remiten necesariamente al análisis de los elementos arrimados al juicio y que, por ser extraños al sendero de ataque seleccionado, no pueden ser examinados por la Sala.

Debe recordarse que, si para verificar la posible transgresión del tribunal se hace mención a piezas del proceso, la acusación debe ser enderezada por el sendero fáctico (CSJSL5062 -20159). En este caso, aunque en el cargo se ataca a la sentencia a través de la vía directa, toda la sustentación está basada en la indebida apreciación de las pruebas obrantes en el proceso, desatino que supone una inadecuada combinación de conceptos que son excluyentes, lo que resulta contrario a los presupuestos mínimos del recurso, en especial, aquel relativo al planteamiento autónomo, claro, racional y lógico de los cargos (CSJ SL7580 -2016).

2. Adicionalmente, la censura no logra derruir los fundamentos que soportan la decisión de segunda instancia. En efecto, las razones por las cuales el Tribunal concluyó que el actor no era beneficiario de la pensión especial de vejez se centraron en tres aspectos: (i) no haberse cumplido el mínimo de semanas exigido por la ley para obtener esa prestación en los términos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo 49 de 1990; (ii) no haberse probado, con suficiencia, que el trabajador hubiese sido expuesto, en función de los cargos que desempeñó en la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., a sustancias comprobadamente cancerígenas y (iii) no serle aplicable el Acuerdo 49 de 1990, dado el régimen bajo el cual había sido pensionado.

3. Ahora bien, según el demandante, el Tribunal no podía, a fin de determinar la procedencia de la pensión especial de vejez, exigir factores relacionados con el tiempo de servicio, el grado de exposición y el riesgo, pues con ello desconoció el derecho a la igualdad. Sin embargo, debe recordarse que, para la procedencia de la pensión especial de vejez, no basta con demostrar que el actor laboró en una empresa catalogada de alto riesgo, sino que, en cada caso en particular, es menester establecer si efectivamente estuvo expuesto a tales factores de riesgo, como en este evento se alega, a sustancias comprobadamente cancerígenas. Esa era la carga probatoria que le incumbía al demandante, como lo indicó el Tribunal, sin que la misma se hubiese cumplido, por lo que el reproche carece de fundamento.

Al respecto, el ad quem indicó:

(…) en estos eventos, la exigencia mínima era demostrar cuáles eran las actividades que desarrollaba, que elementos manipulaba en todos los puestos de trabajo, bien mediante el mecanismo previsto en el parágrafo 1º del artículo 15 del Acuerdo 49 de 1990 o de cualquier otra prueba científica, tal como un testimonio técnico, un dictamen pericial, etc., para determinar de forma razonable esa situación de riesgo a la que estaba expuesto el trabajador en razón de sus funciones, pues la escueta descripción que de ello se hace en la certificación adosada a folio 17 a 18 no dan cuenta de esa exigencia, menos si se le contrasta con aquella que milita a folio 188, y que determina los cargos que en la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.S. (EMA) se consideran de alto riesgo. Amén que el apoderado del demandante renuncia a la prueba pericial en el transcurso de la cuarta audiencia de trámite.

(…) En ese orden de ideas, igualmente le asiste razón al apelante cuando afirma que el a quo concedió la prestación deduciendo situaciones irreales, pues finalmente, el fundamento en el que estriba la decisión del a quo para conceder la prestación es el principio constitucional del derecho a la igualdad, y que se aplica al caso concreto, sin mayores elucidaciones o disquisiciones jurídicas, solo le bastó encontrar que a otros ex trabajadores de la empresa habían ocupado (sic) el mismo cargo que al demandante, para proceder a conceder el derecho, cuando es bien sabido que este no es el único factor, ni mucho menos el determinante para estos eventos, donde las labores, el tiempo de servicio y el grado de exposición al riesgo son definitivos para conceder una pensión especial (fl. 517 y 518).

4. Por lo demás, como quiera que el actor no invocó ningún argumento mediante el cual denuncie la comisión de un error de hecho originado en la indebida valoración o la falta de apreciación de alguna prueba calificada, entre otras cosas, porque los cargos se plantearon por la vía directa, el ejercicio apreciativo efectuado por el fallador de segunda instancia permanece incólume y con ello, se mantiene la validez de la sentencia.

Con todo, si bien el demandante afirma que cotizó 1300 semanas en toda su vida laboral, lo cierto es que no todas ellas fueron cotizadas al ISS, pues no es objeto de discusión que solo fueron 723 semanas y de ellas no se cotizaron 500 en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, que le permita obtener una pensión ordinaria de vejez conforme al Acuerdo 49 de 1990 y, en consecuencia, tuviese la posibilidad de acceder a la pensión especial de alto riesgo que regula esa misma normativa, de lo que se deriva que ninguna incidencia tendría el tiempo que trabajó para la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., aún de haber probado la exposición al riesgo que, como se dijo, tampoco fue acreditada.

IX. Segundo cargo

Acusa la sentencia por la vía directa, por interpretación errónea de la Ley 71 de 1988 (fl. 12).

Para fundamentar el cargo, indica que el Tribunal se equivocó al afirmar que «la jubilación por aportes no se puede acumular con una normatividad de Seguridad Social (…) pues esta ley es reconocida para adquirir pensiones, es muy clara (sic) los aportes que hagan los trabajadores en las diferentes entidades de cualquier orden nacional pueden ser conmutados con la entidad que afilie el trabajador y es valedera para cualquier aspiración (…)” (fl. 14).

X. Réplica

El apoderado del ISS considera que el juzgador de segunda instancia no interpretó erróneamente el artículo 7º de la Ley 71 de 1998, pues una cosa es la pensión de jubilación o vejez que regula esa normativa y otra, la pensión especial de vejez, la cual solo permite tener en cuenta las semanas cotizadas exclusivamente por el afiliado a la demandada. Agregó que no se probó que el actor hubiese estado expuesto a sustancias comprobadamente cancerígenas.

La apoderada judicial de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. considera que el cargo adolece de problemas de técnica al igual que las señaladas en el cargo primero, además de no haberse indicado la norma precisa de la que se alega, se efectuó una errónea interpretación.

XI. Consideraciones

El Acuerdo 49 de 1990 prevé un tratamiento especial para quienes, entre otros, fueran expuestos a sustancias comprobadamente cancerígenas, privilegio que consiste en reducir la edad exigida como regla general para adquirir la pensión de vejez, en un año por cada 50 semanas adicionales a las primeras 750 cotizadas en el ejercicio de la actividad de alto riesgo. Para lograr el derecho a la pensión por alto riesgo, es necesario que el afiliado cuente: (i) bien con 500 semanas en los 20 años anteriores a la edad mínima, o (ii) 1000 en cualquier tiempo, para poder ser titular de la prestación y lograr la disminución de la edad, y el demandante no satisface alguno de ellos (CSJ SL5948 -2016).

En efecto, el Tribunal dio por sentado que el actor cotizó 495 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, y que no alcanzó a aportar 1000 en cualquier tiempo, razón por la cual su pensión se reconoció con fundamento en la Ley 71 de 1988 “adicionando el tiempo de servicio cotizado a una caja de previsión del sector público, pues de otra forma no hubiese alcanzado a obtener tal prestación” (fl. 517); conclusión que, con independencia de su acierto, dada la vía escogida por el recurrente, no está en discusión.

En relación con el alcance del Acuerdo 49 de 1990, en lo que se refiere a la pensión especial de vejez, que es la misma pensión de vejez ordinaria pero cuya edad se adelanta por desempeñar actividades de alto riesgo, la Sala de Casación Laboral, en providencia CSJ SL del 6 de jul. 2011, rad. 38558, expuso:

Vistas así las cosas, la Sala debe comenzar por anotar, que existe una sola “pensión de vejez” en el régimen de prima media administrado por el Instituto de Seguros Sociales, y conforme a sus reglamentos se tiene derecho a ella, cuando el afiliado reúna los requisitos consagrados en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, valga decir, 60 o más años de edad si se es varón, o 55 o más años de edad si se es mujer, y un número de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado 1.000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.

Conforme a tales reglamentos, la edad para obtener el derecho a esa pensión de vejez se disminuye para cierta categoría de trabajadores, cuya salud se encuentra comprometida o tienen un desgaste orgánico prematuro, al desempeñar actividades de alto riesgo expresamente contempladas por el legislador, en consideración a las particulares características de los oficios que realizan y de las condiciones en que lo hacen, por su peligrosidad y prolongada exposición; lo que implica poderse pensionar antes de la edad mínima requerida.

A esa prerrogativa para casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, se le ha denominado “Pensiones de vejez especiales”, y está regulada por el artículo 15 del aludido Acuerdo 49 de 1990, que en su parte pertinente reza:

ART. 15.Pensiones de vejez especiales. La edad para el derecho a la pensión de vejez de los trabajadores que a continuación se relacionan, se disminuirá en un (1) año por cada cincuenta (50) semanas de cotización acreditadas con posterioridad a las primeras setecientas cincuenta (750) semanas cotizadas en forma continua o discontinua en la misma actividad:

a) Trabajadores mineros que presten su servicio en socavones o su labor sea subterránea;

b) Trabajadores dedicados a actividades que impliquen exposición a altas temperaturas;

c) Trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, y

d) Trabajadores expuestos o que operen sustancias comprobadamente cancerígenas….”. (resalta la Sala).

Lo anterior significa que se trata de la misma pensión de vejez, solo que, para el contingente de personas que desempeñan estas actividades de alto riesgo, se anticipa la edad para efectos de su reconocimiento, dada la disminución legal establecida en la norma, lo que conlleva a que no sea dable hablar de incompatibilidad de pensiones como equivocadamente lo refiere el fallador de alzada.

Como bajo el anterior criterio jurisprudencial el Tribunal decidió el litigio, no puede la Sala achacarle error interpretativo de la norma denunciada.

En todo caso, el soporte de la sentencia impugnada, consistente en que el demandante no probó haber sido expuesto a sustancias cancerígenas y que, de todas formas, no cumplía con las semanas exigidas en la ley para adquirir una pensión especial de vejez, se mantiene incólume y, por ende, resulta suficiente para mantener resguardada la sentencia impugnada bajo las presunciones de acierto y legalidad. Por lo anterior, el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte actora. Se fijan como agencias en derecho la suma de $3'500.000, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Cuarta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de julio de 2010, en el proceso que instauró Wilfrido Antonio Bilbao Albor contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, hoy Colpensiones y la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., en calidad de litisconsorcio necesario.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».