Sentencia SL11548-2015/53438 de agosto 5 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL11548-2015

Rad.: 53438

Magistrado Ponente

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 026

Bogotá, D. C., cinco de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Sentencia de primera instancia

Fue proferida el 31 de enero de 2011, y con ella el juzgado declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer pensión de sobrevivientes e inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de sobrevivientes por condición más beneficiosa; absolvió al ISS de las pretensiones de la demanda y dejó a cargo de la parte actora las costas.

III. Sentencia de segunda instancia

Por apelación de la demandante, el proceso subió al Tribunal Superior de Medellín, Corporación que mediante la sentencia acusada, confirmó la decisión del Juzgado, imponiendo al apelante las costas por la alzada.

El Tribunal precisó que estaba fuera de toda discusión la fecha de fallecimiento del asegurado, las 344 semanas cotizadas durante toda su vida laboral y la condición de beneficiaria de la actora.

Luego manifestó que como el asegurado había fallecido el 14 de agosto de 1997, la norma vigente para ese entonces era el artículo 46 inicial de la Ley 100 de 1993, que preveía los requisitos para obtener la pensión reclamada, entre ellos el de haber cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior al deceso, exigencia que no se cumplía en el caso bajo estudio habida consideración de que la última cotización realizada por el afiliado había sido realizada el 31 de agosto de 1995, «dos años antes de su fallecimiento».

A renglón seguido enfocó su análisis bajo el principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, sobre el que la Corte se había pronunciado reiteradamente, entre otras, en sentencias del 13 de agosto de 1997, radicación 9758 y 24 de enero de 2008, radicación 29914.

Al efecto, tras referirse a los literales a) del artículo 25 y a) del 6º del Acuerdo 049 de 1990, señaló que esta Corporación en sentencias con radicados 35391, 37024 y 30851, había precisado «el requisito de las 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, para el momento en que comenzó a regir las Ley 100 de 1993, y frente al requisito de las 150 semanas aportadas dentro de los seis años anteriores a la muerte del afiliado se debe considerar cumplido contabilizando esos 6 años pero desde el 1º de abril de 1994 hacia atrás y además que esa misma densidad de semanas en los 6 años que anteceden a su fallecimiento, en el entendido de que el suceso de la muerte ocurriere antes del 1 de abril de 2000. Reconociendo de esta manera la expectativa legitima de quienes reunieran los presupuestos establecidos en la pensión de sobrevivientes habida cuenta que se trata de un riesgo que se desconoce cuándo sucederá…».

En ese orden, consideró que «era necesario que el afiliado hubiese cotizado 300 semanas antes del 1º de abril de 1994, el cual no reúne, y sólo acredita 275,28 semanas en ese periodo, según se extrae de la relación de periodos de afiliación obrantes a folio 58 del plenario. No cumpliendo el primer presupuesto de la norma, entra la Sala a examinar si el señor Rendón Botero tiene las 150 semanas cotizadas en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 1994 y el 14 de agosto de 1997, encontrándose que sólo reporta 39.57 semanas, insuficientes para causar la pensión solicitada por la demandante Deycy Cano Hernández, pese a que su cónyuge reuniera la densidad de 150 semanas cotizadas con anterioridad de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues ese mero hecho por si, no le confería derecho adquirido ni expectativa legítima para estructurar pensión a sus sobrevivientes a la luz de la normatividad y jurisprudencia invocada, y al no reunir los requisitos exigidos para dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa, se debe concluir que el señor Jhon Jairo Botero no dejó causada la pensión de sobrevivientes solicitada…”.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia revoque la sentencia proferida por el Juzgado y acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo único, oportunamente replicado, que se decidirá a continuación:

VI. Cargo único

«Acusa la sentencia impugnada, mediante el recurso de Casación en la CAUSAL PRIMERA, rituada en el numeral primero del artículo 87 C.P.L., modificado por el Decreto 528/1964, artículo 60, por VIOLACION DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL, en la modalidad de INTERPRETACIÓN ERRONEA del ARTÍCULO 53 en concordancia de los artículos 4, 28 y 288 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, proceder con el cual se INFRIGIÓ DIRECTAMENTE POR INAPLICACIÓN el ARTÍCULO 25º DEL DECRETO 758 DE 1990 (Aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990- Consejo Nacional de Seguros Obligatorios),en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de dicha normatividad; así mismo DESCONOCIÓ FUERZA NORMATIVA a lo dispuesto en los ARTÍCULOS 13,31 y 272 de la Ley 100 de 1993; conjunto de disposiciones que constituían el compendio normativo regulador y de obligada aplicación al caso objeto de juzgamiento; transgresión jurisprudencial que concomitante determinó la APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, para definir infracciones por violación directa del tenor, espíritu y finalidad de principios constitucionales de la condición más beneficiosa y/o favorabilidad como de normas de rango legal, que en conjunto constituían el marco normativo más beneficioso al recurrente para resolver el caso sometido a juicio, al salvaguardar prerrogativas jurídicas de los beneficiarios de prestaciones pensionales, cuando las mismas constituyen derechos o expectativas legítimas».

En la demostración del cargo aduce que el Tribunal extravió el alcance y finalidad del artículo 53, al hacer prevalecer el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 sobre el artículo 25 del Decreto 758 de 1990, que le era más favorable a la actora, no obstante tener una expectativa legítima, por haber cumplido el asegurado con el presupuesto fáctico generador del derecho, al haber cotizado más de 300 semanas durante toda su vida laboral, y más aún cuando era factible la aplicación ultractiva del mencionado decreto, en virtud de lo preceptuado en los artículos 13, 31 y 272 de la Ley 100 de 1993, pues, así lo había aceptado la misma jurisprudencia, citando para el efecto una de las sentencias en las cuales fundó la decisión el Tribunal radicada 30581 y la dictada el 3 de febrero de 2010, radicación 37294.

Insiste en que tanto el “a quo” como el ad quem, al aplicar el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, impusieron limitantes que impidieron garantizar el derecho sustancial de la actora, desconociendo con su actuar las normas de orden constitucional, que obligaban la preservación de la favorabilidad interpretativa y aplicativa del derecho, pues en sus habían impusieron requisitos y condiciones que resultaban manifiestamente desfavorables frente a normatividad que estaba vigente, como era el Decreto 758 de 1990, además habían desconocido el principio de proporcionalidad, «toda vez para causar pensión de sobrevivientes el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, exigía sólo 26 semanas en aportes en el último año para ello, y por su parte el artículo del Ley 797 de 2003, sólo cincuenta de ellas, y comparativamente el artículo 25º del Decreto 758 de 1990, imponía mínimo 150 de éstas; luego las más de 300 SEMANAS APORTADAS POR el señor JHON JAIRO RENDON BOTERO, INDICUTIBLEMENTE SOLVENTARÍA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN POR MUERTE RECLAMADA».

VII. Réplica

Afirma que el Tribunal al no encontrar satisfechos los supuestos fácticos por parte del de cujus, establecidos por la jurisprudencia para aplicar el principio de la condición más beneficiosa como eran «300 semanas antes del 1º de abril de 1994 o 150 semanas en los 6 años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y, además, 150 semanas en los se años anteriores a la muerte, cuando esta ocurre, como en este caso, en vigencia de la Ley 100», no podía aplicar ultractivamente el Acuerdo 049 de 1990.

VIII. Consideraciones

El Tribunal incurrió en el yerro jurídico que le imputa la censura, pues como consecuencia de interpretar con error el artículo 53 de la Constitución Política, que consagra el principio de la condición más beneficiosa, así como de entender igualmente equivocada las decisiones de esta Corporación, dejó de aplicar al caso las disposiciones del artículo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, en materia de pensión de sobrevivientes.

Así se dice, porque si bien para el Tribunal el causante no dejó cotizadas trescientas (300) semanas al 1º de abril de 1994, así como que dentro de los seis anteriores a la fecha última mencionada tenía cotizadas ciento cincuenta (150) semanas, sin embargo, en cuanto al lapso transcurrido entre el 1º de abril de 1994 y el 14 de agosto de 1997, no dejó satisfechas esas ciento cincuenta (150) semanas, lo que hacía imposible que la demandante accediera a la pensión de sobreviviente que reclama, aserto para el cual se apoyó en las sentencias sobre ese tema que ha proferido la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, vale traer a colación los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, que a la letra dicen:

ARTÍCULO 6º. REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:

a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,

b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.

ARTÍCULO 25. PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMUN. Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los siguientes casos:

a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común y,

b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento.

En torno a la aplicación de dichos preceptos cuando el asegurado fallece en vigencia de la Ley 100 de 1993, y no cumplía la densidad de cotizaciones exigida por el artículo 46 en su original redacción, de dicha ley, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, ha dicho la Corte lo siguiente:

En cuanto a las trescientas (300) semanas cotizadas en cualquier época con anterioridad al estado de invalidez -y que para el caso de la pensión de sobrevivientes es con anterioridad al fallecimiento-, deben estar satisfechas al momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993.

Respecto de las ciento cincuenta (150) semanas cotizadas dentro de los seis (6) años anteriores al estado de invalidez –y que igualmente para el caso de la pensión de sobrevivientes, son anteriores al fallecimiento-, esa densidad debe estar satisfecha pero contabilizando ese tiempo desde el 1º de abril de 1994 hacía atrás, y adicionalmente tener esa misma densidad en los seis (6) años anteriores a su fallecimiento.

Sobre el particular, en sentencia CSJ SL, del 26 de dic. de 2006, rad. 29042, cuyas orientaciones fueron reiteradas posteriormente, así se pronunció la Corte:

“En ese orden de ideas, el artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990 en armonía con el 6º ibídem establecía dos supuestos para que surgiera el derecho a la pensión de sobrevivientes: 1) Que el asegurado hubiera cotizado 300 semanas en cualquier tiempo antes de la muerte; ó 2) 150 semanas dentro de los seis años anteriores al fallecimiento.

Sobre el primer supuesto la Corte se ha pronunciado de manera reiterada señalando que la reseñada densidad de cotizaciones debe estar satisfecha para el momento en que empezó a regir la Ley 100 de 1993, que hasta ahora no ha hecho distinción alguna entre los dos supuestos.

En cuanto a la segunda hipótesis, cabe destacar que el número de cotizaciones allí indicado (150 semanas) debe satisfacerse dentro de los seis (6) años anteriores al fallecimiento, por lo que la aplicación de la condición más beneficiosa prevista en la normativa anterior debe cumplir los siguientes requisitos: En primer lugar, para que el derecho a la pensión de sobrevivientes se gobierne por el Acuerdo 049 de 1990 es necesario que al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993 el afiliado haya cotizado 150 semanas, requisito que aquí se cumple por que contando los seis años desde el 1º de abril de 1994 hacía atrás, se tiene que estos terminan el 1º de abril de 1988; ahora bien en este interregno el recurrente hizo las siguientes cotizaciones: del 8 al 14 de junio de 1988, 7 días; del 15 al 29 de junio de 1988, 15 días; del 17 de abril de 1989 al 11 de mayo de 1990, 390 días; del 17 de julio de 1989 al 15 de enero de 1990, 183 días, del 1 de febrero de al 28 de mayo de 1991, 482 días y del 28 de enero de 1992 al 1 de marzo de 1994, 764 días y del 28 de marzo de 1994 al 1 de abril de 1994, 4 días. Para un total de 1.845 días, menos las cotizaciones simultáneas de 283 días un saldo neto de 1.562 que convertidos en semanas arroja la cantidad de 223.14.

En segundo lugar, es menester que también registre 150 semanas dentro de los seis (6) años anteriores al fallecimiento, con lo cual cumple también el causante pues revisados los reportes de folios 81, 82 y 85 se observa que en el citado período (9 de agosto de 1991 al 9 de agosto de 1997), hizo cotizaciones así: año 1995: 180 días; 28 de enero de 1992 a 1 de marzo de 1994, 764 días; del 28 de marzo de 1994 al 8 de junio del mismo año, 73 días y del 9 de junio de 194 al 31 de diciembre de 1994, 206 días, para un total de 1.223 días que convertidos en semanas da 174. 71. Lo anterior incluso sin tener en cuenta las cotizaciones por 270 días (38.57 semanas) reportada en el documento de folios 48 y 49.

De manera que aun cuando es evidente que el causante no cotizó trescientas semanas antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, ninguna duda queda de que había hecho aportes por más de 150 semanas durante los seis años anteriores a dicho acontecimiento, y cumple también con la exigencia de tener aportes por el mismo número de semanas dentro de los seis años anteriores a la muerte, lo que quiere decir que sus causahabientes tienen derecho a la pensión reclamada en los términos contemplados en el Acuerdo 049 de 1990.

Con el criterio expuesto no se está haciendo más gravosa la situación para los afiliados que reclamen la aplicación del régimen jurídico anterior con base en aportes por 150 semanas, sino cumpliendo con el imperativo legal que preceptúa que en este supuesto la densidad de semanas debe cumplirse dentro de los seis (6) años anteriores, pues del modo en que se dejó descrito resultan conciliados el mínimo de cotizaciones exigidos para el surgimiento del derecho y la fidelidad al sistema de seguridad social, que se manifiesta en que tal mínimo de aportes debe quedar hecho dentro de determinado interregno el cual debe ser relativamente cercano al momento de la muerte, siendo esta última circunstancia la que permite que se computen semanas cotizadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993> (Resalta la Sala).

Posteriormente, en sentencia CSJ SL, del 4 de dic. de 2006, rad. 28893, la Corte en sede de instancia ratificó las anteriores orientaciones al trascribirlas, y adicionalmente observó las siguientes:

«De acuerdo con dichas directrices recién fijadas, se observa en el sub lite que el causante generó cotizaciones en el régimen del ISS, antes como después del 1º de abril de 1994, conforme se colige de los reportes o novedades de semanas cotizadas obrantes a folios 13 a 115 y 69 a 70, del cuaderno del Juzgado, por un total de 390 semanas como lo asentó el ISS en la Resolución Nº 023930 de 2002 mediante la cual se negó el reconocimiento pensional (fl. 10).

De esas 390 semanas aportadas durante la vida laboral del afiliado fallecido, 234,1429 lo fueron antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, lo cual significa que el causante no alcanzó a tener 300 semanas aportadas en cualquier época antes de la Ley 100 de 1993.

Y aunque sí cotizó 150 semanas en los seis años anteriores a la entrada en vigencia de la ley de seguridad social que abarca como se dijo hasta el 1º de abril de 1988, no satisface el otro requisito de reunir las 150 semanas en los seis años que anteceden a la fecha de la muerte, bajo el entendido de que este periodo no puede extenderse más allá del sexto año de vigencia de la Ley 100 de 1993, precisión que se ha de hacer para quienes, como en el sub lite fallecen después del 31 de marzo de 2000; de esta manera en el lapso transcurrido entre ésta fecha y el 1 de abril de 1994, según se demuestra con la Historia de los Ingresos Bases de Liquidación del ISS (fls. 69 y 70) y con la documental de folios 113 a 155, el de cujus sólo cotizó 972 días que equivalen a 138,85 semanas.

Así las cosas, de conformidad con lo acreditado en el proceso, el causante no satisfizo ninguna de las hipótesis del artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990 en armonía con el 6º ibídem, para acceder los causahabientes al derecho pensional reclamado con base en las exigencias de ese ordenamiento, haciendo énfasis en que las 150 semanas del segundo condicionamiento se cumplan conforme a la nueva postura jurisprudencial atrás transcrita”).

Dos precisiones cabe hacer, entonces, sobre el criterio jurisprudencial vigente en torno a las ciento cincuenta (150) semanas, así: La primera, para quienes fallecen antes del 31 de marzo de 2000 pero después del 1º de abril de 1994, deben haber cumplido con esa densidad dentro de los seis años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, e igualmente esa misma densidad dentro de los seis años anteriores a su fallecimiento, permitiéndose la suma de semanas cotizadas tanto antes como después de la Ley 100 de 1993; la segunda, para quienes fallecen después del 31 de marzo de 2000, deben haber satisfecho esa densidad dentro de los seis años anteriores al 1º de abril de 1994, e igualmente esa misma densidad entre el 1º de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2000.

Sin embargo, el Tribunal, no obstante tener por acreditado que el causante falleció el 14 de agosto de 1997, exigió que las ciento cincuenta (150) semanas, distintas de las sufragadas dentro de los seis (6) años anteriores al 1º de abril de 1994, debían estar satisfechas entre el 1º de abril de 1994 y el 14 de agosto de 1997, y al no encontrarlas demostradas, consideró que dicha situación que no se avenía a la jurisprudencia de la Corte, para finalmente negar la pensión de sobrevivientes.

No advirtió el ad quem, y en ello consistió su error, que las ciento cincuenta (150) semanas cuyo segundo requisito exigió la Corte, tenían que estar cotizadas dentro de los seis años anteriores al fallecimiento del causante. Y no está de más advertir, que de admitirse el criterio que tuvo en cuenta el Tribunal, ninguna persona fallecida, por ejemplo, entre el 1º de abril de 1994 y el 15 de marzo de 1997 aproximadamente, que no haya dejado trescientas (300) semanas cotizadas a 1º de abril de 1994, pero si ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis años anteriores a la última fecha mencionada, puede dejar cotizadas ese mismo número en el lapso inicialmente señalado, es decir entre el 1º de abril de 1994 y la fecha de su fallecimiento, y en ese caso no dejaría causado derecho a la pensión de sobreviviente.

El cargo prospera. En sede de instancia sirven también las consideraciones vertidas en sede de casación, y adicionalmente las que se observan a renglón seguido:

De conformidad con la historia de cotizaciones obrante al folio 77, el causante cotizó en los siguientes períodos: del 21 de diciembre de 1988 al 1º de abril de 1994, para un total de 275.28 semanas, número que resulta insuficiente para acceder al derecho reclamado, en tanto no se acreditan 300, por lo que el primer requisito no se cumple. A ese número de semanas, se le deben sumar las que cotizó entre el 1º de abril y el 31 de agosto de 1995, que equivalen a 69.56, por lo que el total del número de semanas que cotizó el causante fue de 344.84.

En cuanto al segundo requisito, es indiscutible que tenía acreditadas ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Y entre el 14 de agosto de 1991 y el 14 de agosto de 1997 cuando falleció, las semanas cotizadas, salvo enero de 1995 que no le aparece registro, ascienden a 208.85 semanas, teniendo en cuenta que su última cotización abarcó hasta el 31 de agosto de 1995. Es decir, que también está satisfecho el segundo requisito exigido por la Corte en su jurisprudencia vigente.

Respecto de la condición de beneficiaria de la actora, la Resolución 000234 de 1998, la reconoció como tal al punto de concederle la indemnización sustitutiva, frente a lo cual bien vale la pena traer a colación lo dicho por la Corte en sentencia de casación del 12 de diciembre de 2007, radicación 31055, en los siguientes términos:

«Conforme a lo anterior, ciertamente el Instituto de Seguros Sociales a través de la resolución de marras, admitió que el actor era beneficiario de la indemnización sustitutiva, más concretamente por ostentar la condición de compañero permanente de la asegurada fallecida y, en esas condiciones, erró el juzgador en la apreciación de esta prueba, desatino que indudablemente lo condujo a la comisión del yerro que le imputa la censura.

Se dice lo anterior por cuanto los beneficiarios de la indemnización sustitutiva a que hace referencia el artículo 49 de la Ley 100 de 1993, son los mismos a los que se remite el artículo 47 ibídem, que señala quienes “son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes”, entre los cuales incluye al compañero (a) permanente supérstite del afiliado o pensionado. Por lo tanto, si los requisitos para la pensión de vejez no estaban satisfechos para la fecha de fallecimiento, los eventuales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes son los mismos de la indemnización sustitutiva, lo que quiere decir que quienes no tuvieren la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, tampoco lo serán para la referida indemnización.

Se sigue de lo dicho que el cargo prospera y se casará la sentencia del Tribunal».

En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, para en su lugar condenar a la entidad demandada a reconocer a la demandante el pago de la pensión de sobreviviente desde el 15 de agosto de 1997, como cónyuge supérstite y beneficiaria del señor Jhon Jairo Rendón Botero. La liquidación es como sigue:

TABLAAA
 

Ahora, como el monto de la primera mesada de $90.008.34 es inferior al salario mínimo mensual legal vigente para el año de 1997, que era de $172.005, se dispondrá que el monto de dicha primera mesada se ajuste al citado valor del salario mínimo, por lo que consecuencialmente, el monto de la pensión desde el 15 de agosto de 1997 es de $172.005. Desde 1996 en adelante, el monto será el equivalente al salario mínimo legal mensual vigente en cada anualidad.

De otro lado, como el Instituto de Seguros Sociales propuso la excepción de prescripción, se tiene que a la demandante mediante Resolución 000234 del 26 de febrero de 1998, se le negó la prestación que reclama. Posteriormente reclamó nuevamente el 12 de septiembre de 2006, siéndole negada igualmente por Resolución 003264 del 22 de febrero de 2010, presentando la demanda ordinaria el 8 de abril de 2010. En ese orden, debe observarse que las mesadas causadas entre el 15 de agosto de 1997 y el 12 de septiembre de 2003, se encuentran prescritas, y así se declarará.

El monto de lo adeudado por mesadas pensionales causadas entre el 13 de septiembre de 2003 y el 30 de junio de 2015, es de ochenta y un millones ciento once mil doscientos cincuenta pesos ($81.111.250), conforme la siguiente liquidación:

Ingreso base de liquidadión=$ 200.018,54

Fecha de pensión = 15/08/1997

Semanas cotizadas = 344,00

Porcentaje de pensión =45%

Valor de la primera mesada=$ 90.008,34

Valor del SMLV de 1997 =$ 172.005,00

 

TABLAAA-1
 

En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por ser una pensión de régimen de transición, se dispondrá su pago desde el 13 de septiembre de 2003, los que liquidados hasta el 30 de junio del año en curso, arroja un resultado de ciento ocho millones ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve pesos con 13 centavos ($108.086.479.13), como se muestra en el siguiente cuadro:

TABLAAA-2
 

Del 1º de julio de 2015 en adelante, se seguirán liquidando de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

No hay lugar a costas en casación. En las instancias son a cargo del demandado.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior Medellín el 3 de junio de 2011, en el proceso que promovió DEICY LUZ CANO HERNÁNDEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA DE PENSIONES “COLPENSIONES”.

En sede de instancia, REVOCA la sentencia del 31 de enero de 2011, proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín –Piloto para la Oralidad-, y en su lugar CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, a reconocer y a pagar a la demandante DEICY LUZ CANO HERNÁNDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 17.556.092, pensión de sobreviviente en cuantía de ciento setenta y dos mil cinco pesos ($172.005). Desde el 1º de enero de 1996 en adelante, el monto de la mesada será el equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad. CONDENAR al demandado a pagar la suma de ochenta y un millones ciento once mil doscientos cincuenta ($81.111.250) pesos, por concepto de mesadas pensionales causadas entre el 13 de septiembre de 2003 y el 30 de junio del año en curso. DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas pensionales causadas entre el 15 de agosto de 1997 y el 12 de septiembre de 2003. CONDENAR al demandado a pagar a la actora la suma de ciento ocho millones ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve pesos con trece centavos, por concepto de intereses moratorios causados entre el 13 de septiembre de 2003 y el 30 de junio del año en curso; del 1º de julio de 2015 en adelante, se pagarán dichos intereses de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Costas de primera y segunda instancia a cargo del ente demandado.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».