Sentencia SL1162-2018/52922 de febrero 21 de 2018

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 4

Rad.: 52922

Magistrada Ponente:

Ana María Muñoz Segura

Acta 03

Bogotá, D.C., veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

X. Consideraciones

A partir del estudio de los cargos presentados por el recurrente, encuentra esta Sala que los problemas jurídicos se circunscriben a determinar: (i) si corresponde al empleador realizar la liquidación de salarios y prestaciones sociales sobre 360 días (teniendo en cuenta que el período de vigencia acordado por las partes fue de un año), considerando que el mes de febrero de 2008 contaba tan solo con 29 días y, aunado a ello, que el señor Moya Carrillo laboró sólo hasta el día 28; y (ii) si es procedente condenar al empleador al pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, en caso de acreditar el incumplimiento en el pago de la liquidación de las acreencias laborales a su cargo.

En cuanto al primer interrogante, se advierte que en la documental visible a folios 9-12 del cuaderno principal, las partes establecieron de manera expresa que la duración del contrato de trabajo sería por un término fijo de un año y con fecha de vencimiento el 28 de febrero de 2007. A su vez, dicho contrato fue prorrogado por un término igual al inicialmente pactado, toda vez que ninguna de las partes manifestó la intención de no extenderlo, según lo dispuesto en el artículo 46 del CST, el cual consagró un término no inferior a 30 días antes a la finalización del vínculo laboral.

Corolario de lo anterior, el tribunal resolvió condenar al pago de salarios correspondiente a 12 mensualidades completas, lo que para este caso sería hasta el 29 de febrero de 2008, teniendo en cuenta que “[…] por ser un año bisiesto se pensaría que el contrato se extendió hasta el último día de febrero de 2008, esto es 29 de febrero, ya que las partes convinieron la celebración de un contrato de trabajo a término fijo de un año, que implica 360 días calendario […]”.

Al respecto, el recurrente fundamentó su demanda de casación principalmente, en que las partes acordaron de manera expresa los extremos temporales de la relación laboral, siendo el 28 de febrero la fecha pactada para su terminación. Con lo cual, correspondía a la empresa ARD INC realizar el respectivo pago de las acreencias laborales sólo hasta esa fecha. Por otra parte, argumentó que era improcedente liquidar salarios y prestaciones sociales hasta el 29 de diciembre de 2008, teniendo en cuenta que el señor Nicanor Moya Carrillo solamente desempeñó la prestación personal del servicio hasta el 28 de febrero, por lo que resulta contradictorio reconocer el pago por un día no laborado.

Así las cosas, encuentra esta corporación que no es de recibo ninguno de los argumentos expuestos por el recurrente, pues la liquidación del contrato de trabajo debió hacerse sobre la base de que cada mes tiene 30 días, en consonancia con el término de duración de un año o 360 días pactado por las partes. Por lo anterior, a pesar de haber contado el mes de febrero con 28 días para el año 2007, así como con 29 días para el 2008 por ser año bisiesto, lo cierto es que tal discusión pasa a un segundo plano, pues el empleador debió haber liquidado y pagado el salario sobre 30 días y no sobre 28, cancelando así de manera completa las 12 mensualidades a las que se encontraba obligado.

Al respecto, esta Sala mediante providencia CSJ AL, 5 febrero 2008, radicación 32297, se refirió respecto a la forma en que debe ser tomado el año para efectos de liquidar y cancelas y salarios causados durante la relación laboral, aduciendo:

“Se ha de recordar que corresponde a una práctica uniforme Laboral, Civil, Comercial, Administrativa y Fiscal tomar todos los meses como periodos iguales de 30 días y, por tanto, el año de 360; así se ha de tomar específicamente el salario, pues lo enuncia el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo, el salario se debe pagar por periodos iguales que justamente es la medida de 30 días para todos los meses cualquiera que fuere el número calendario de estos”.

En conclusión, se tiene que la conclusión a la que arribó el tribunal no fue errada, pues tal y como obra a folio 25 del cuaderno principal, la empresa ARD INC certificó que el salario mensual devengado por el señor Moya Carrillo para el año 2008 fue de $ 6.646.680, motivo por el cual debió reconocer dicha suma para el mes de febrero, sin descontar el pago de dos días, según se constata de los comprobantes de nómina presentes a folio 22 del cuaderno principal.

Ahora bien, en cuanto al segundo problema jurídico, corresponde a esta corporación determinar si procede condenar al recurrente al pago de la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST, por el no pago de la totalidad de salarios al momento de la liquidación del contrato laboral suscrito.

Al respecto, ya se ha asentado línea jurisprudencial en materia de indemnización moratoria, donde se ha sostenido con suficiencia que ésta no procede de manera automática en los casos en que se acredite que el empleador incumplió con la obligación a su cargo. Por el contrario, ha de probarse que la omisiva en su obligación se derivó de un actuar de mala fe, es decir, donde se vislumbrara la intención del empleador de engañar al trabajador y de no pagar intencionalmente lo que le corresponde.

Aunado en lo anterior, esta Sala a través de la Sentencia CSJ SL, 1º febrero 2011, radicación 35678 y reiterado en las providencias CSJ SL11436-2016, CSJ SL19987-2017 y CSJ SL16499-2017 adujo respecto al concepto de mala fe y el precepto de la indemnización moratoria lo siguiente:

“La mala fe se refleja en un procedimiento falto de sinceridad, con malicia, con engaño, con intervención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno, mientras que la buena fe no es otra cosa que la convicción o conciencia de no perjudicar al otro, de no usurpar la ley ni incumplir los negocios jurídicos, la cual se manifiesta en la actitud de quien procede por error, pero con la convicción de no adeudar lo reclamado. Y con la intención sincera de no pretender birlar derecho alguno de su ex servidor, fue que actuó la entidad demandada conforme ha quedado visto.

Por último, debe decirse, que el tribunal igualmente erró al inferir que la “mala fe se presume” de cara a la imposición de la indemnización moratoria, pues está posición doctrinal se revaluó, tal como se dejó sentado en la sentencia de la CSJ SL, 21 sep. 2010, rad. 32416, en la que se puntualizó: Por lo demás, cabe anotar que si bien es cierto en algún momento del desarrollo de su jurisprudencia esta Sala de la Corte consideró que, de cara a la imposición de la sanción por mora en el empleador incumplido existía una presunción de mala fe, ese discernimiento no es el que en la actualidad orienta sus decisiones, porque, pese a que mantiene su inveterado y pacífico criterio sobre la carga del empleador para exonerarse de la sanción por mora, de probar que su conducta omisiva en el pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato estuvo asistida de buena fe, considera que ello en modo alguno supone la existencia de una presunción de mala fe, porque de las normas que regulan la señalada sanción moratoria no es dable extraer una presunción concebida en tales términos, postura que, ha dicho, se acompasa con el artículo 83 de la Carta Política.

[…].

En ese sentido, esta Sala de la Corte, al acoger el criterio jurisprudencial expuesto desde el Tribunal Supremo del Trabajo, que ha devenido sólido, por sus notas de pacífico, reiterado y uniforme, ha precisado que la sanción moratoria no es una respuesta judicial automática frente al hecho objetivo de que el empleador, al terminar el contrato de trabajo, no cubra al trabajador los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (estas últimas, sólo en la hipótesis de los trabajadores oficiales) que le adeuda.

Es decir, la sola deuda de tales conceptos no abre paso a la imposición judicial de la carga moratoria. Es deber ineludible del juez estudiar el material probatorio de autos, en el horizonte de establecer si en el proceso obra prueba de circunstancias que revelen buena fe en el comportamiento del empleador de no pagarlos […].

Sólo como fruto de esa labor de exploración de tal comportamiento, le es dable al juez fulminar o no condena contra el empleador. Si tal análisis demuestra que éste tuvo razones serias y atendibles, que le generaron el convencimiento sincero y honesto de no deber, o que justifiquen su incumplimiento, el administrador de justicia lo exonerará de la carga moratoria, desde luego que la buena fe no puede merecer una sanción, en tanto que, como paradigma de la vida en sociedad, informa y guía el obrar de los hombres.

[…]”.

En ese orden de ideas, ha de señalarse que, si bien el Tribunal decidió que la recurrente actuó de mala fe, pues además de no pagar las sumas adeudadas se mantuvo en dicha omisión a pesar de los requerimientos hechos por el actor para tal efecto, tal y como se acredita del interrogatorio absuelto por el representante, así como de declaración efectuada por la testigo Olga Hormiga Neira, esta corporación encuentra que el ad quem no valoró todas las pruebas arrimadas en su conjunto, las cuales evidencian que ARD INC actuó de manera errática pero sin la intención de afectar ni adeudar intencionalmente las sumas salariales requeridas por el señor Moya Carrillo.

Por lo cual, le asiste razón al censor cuando afirma que la entidad accionada actuó con total convencimiento de que el vínculo laboral fenecería el 28 de febrero de 2008, como se desprende del otrosí suscrito entre las partes (fl. 19; cdno. ppal.), así como del preaviso de no prórroga del vínculo laboral (fl. 20, cdno. ppal.) y liquidación de salarios y prestaciones sociales (fls. 21 y 22, cdno. ppal.), en donde siempre puso de presente al señor Nicanor Moya Carrillo que los extremos temporales estaban comprendidos entre el 1º de marzo de 2007 al 28 de febrero de 2008.

Tal y como se sostuvo en precedente, si bien constituye un desatino del empleador considerar que el contrato de trabajo vencía el 29 de febrero y, por ende, no puede ser exonerado del pago de las acreencias a su cargo, también es cierto que dicha postura constituye una duda razonable que puede conducir plausiblemente al error a cualquiera de las partes. En tal sentido, le asiste razón al casacionista cuando alega que el tribunal incurrió en el error de hecho de “dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada actuó de mala fe al no pagar al demandante el día 29 de febrero”, pues para arribar a esa conclusión, sólo valoró algunos medios de prueba de forma aislada, omitiendo otros que de haberse apreciado en su conjunto, habrían evidenciado una actitud errática constante del empleador, que no fue expuesta únicamente como medio para absolverse del pago que estaba obligado a efectuar.

Por lo anterior, los cargos presentados por el recurrente están llamado a prosperar y, en consecuencia, se casará la sentencia gravada.

Sin costas en casación dada la prosperidad del recurso.

XI. Sentencia de instancia

Además de las consideraciones realizadas en sede de casación, encuentra esta Sala que no le asiste razón a ninguna de las partes en los argumentos esgrimidos y que sirvieron de sustento dentro de los respectivos recursos de apelación presentados.

En primer lugar, respecto a la objeción presentada por la entidad accionada, la cual se basó principalmente en determinar que ésta cumplió con todas las obligaciones a su cargo, al haber liquidado salarios y demás emolumentos hasta el 28 de febrero de 2008, en virtud de los límites temporales fijados expresamente por las partes dentro del contrato de trabajo suscrito, se ha de considerar que dicho argumento es improcedente pues implicaría igualmente desconocer la voluntad de las partes al haber fijado un término de duración de 1 año.

Por lo anterior, es acertado el análisis del a quo al establecer que debieron pagarse 12 mensualidad completas, las cuales corresponden al año de duración del contrato de trabajo. Por ende, aceptar que el pago de salarios hasta el 28 de febrero de 2008 fue correcto, sería admitir que la vigencia del contrato no era de un año, sino que, por el contrario, era por un periodo inferior al ya pactado.

Además, tampoco es procedente lo esbozado por la demandada en cuanto a que el señor Moya Carrillo no laboró efectivamente el día 29 de febrero y, por lo tanto, no corresponde pagar dicho salario, pues en virtud del artículo 140 del CST, el trabajador tiene derecho a percibir salario aun cuando no exista prestación del servicio, por disposición o culpa del patrono, bajo el entendido de que el contrato de trabajo se encuentre vigente.

En segundo lugar, en cuanto a la apelación presentada por la parte demandante, la cual versó sobre la inconformidad de no haber condenado a la indemnización moratoria a la empresa accionada, se itera que pese haberse probado que el empleador incurrió en error en el pago de la liquidación de salarios y prestaciones al momento de la terminación del vínculo laboral, lo cierto es que no se encontró probado con suficiencia que tal falencia fue producto de la intención o de un actuar negligente para defraudar al trabajador o perjudicarlo bajo el desconocimiento de sus derechos laborales.

Por el contrario, se demostró a partir del otrosí suscrito por las partes, así como a través del preaviso y la liquidación de prestaciones sociales emitidas por el empleador, una unidad de convicción y criterio de que el contrato de trabajo tenía vigencia hasta el 28 de febrero del 2008 y no hasta el 29, tal y como se concluyó en el presente proceso.

En tal sentido, lo que ocurrió fue la comisión de un yerro a partir de una duda razonable surgida a partir de la valoración de los mismos documentos que el demandante analizó en su favor. Incluso, ha de desestimarse el argumento sobre el cual se demostró la mala fe del empleador solamente a partir de la negativa en responder a los requerimientos y peticiones presentadas por el trabajo con posterioridad a la finalización del vínculo laboral, pues debe apreciarse igualmente su actuar durante y al momento de la terminación del mismo, para concluir que no se desconoció ningún otro tipo de acreencia o derecho laboral en cabeza del trabajador.

En conclusión, no ha de prosperar ninguno de los recursos de apelación presentados por ambas partes, pues en el caso del término de duración del contrato de trabajo, se definió que el mismo tuvo vigencia de un año, por lo que para el mes de febrero debieron tomarse como base 30 días y no 28 como erróneamente lo fundamentó la empresa ARD INC. En cuanto a la indemnización moratoria, esta tampoco ha de condenarse, pues de la valoración conjunta de las pruebas obrantes en el proceso, no se logra acreditar con suficiencia que el error en el que incurrió el empleador, hubiera derivado de una mala fe o intención de perjudicar los intereses del señor Moya Carrillo.

En consecuencia, se confirmará las costas de las instancias.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el catorce (14) de junio de dos mil once (2011) por la Sala Fija Laboral de Descongestión de Oralidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral adelantando por Nicanor Moya Carrillo contra la empresa ARD INC. Sucursal Colombia.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2010 por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en el sentido de condenar a la sociedad demandada ARD INC SUCURSAL COLOMBIA a pagar en favor del demandante la suma de $ 443.112, correspondiente a los dos días de salarios insolutos respecto del mes de febrero de 2008.

2. Indexar las sumas adeudadas.

3. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 8 de septiembre de 2010.

4. Costas como se dispuso en la parte motiva de la sentencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».