Sentencia SL1164-2018/52852 de abril 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 3

Rad.: 52852

Magistrada Ponente:

Dr. Jimena Isabel Godoy Fajardo

SL1164-2018

Acta 10

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandado, concedido por el tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Solicita casar la sentencia impugnada, para en su lugar confirmar la de primer grado y que se condene en costas de ambas instancias y del trámite extraordinario a la entidad demandante.

Con tal propósito formula seis cargos, de los cuales y por razones de método, se estudiará en primer lugar el 6.

VI. Cargo sexto

Acusa la sentencia, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos:

[…] 136 del Código Contencioso Administrativo (modificado por L. 446/98, art. 44), 38 de la Ley 489 de 1998, 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social por aplicación indebida (falta de aplicación), 4º del Decreto 2127 de 1945, 5º del Decreto 3135 de 1968 y 97 de la Ley 489 de 1998[,] por aplicación indebida (falta de aplicación ), y 177 y 269 del Código de Procedimiento Civil[,] estos últimos como violación medio y por aplicación indebida (falta de aplicación), que conllevó a la violación de los artículos 1º y 3º (modificado por L. 62/85, art. 1º) de la Ley 33 de 1985, 1º del Convenio 95 de la OIT, aprobado por la Ley 54 de 1962, sobre la protección del salario, 53 y 150 de la Constitución Nacional (num. 19, literales e y f), 4º y 19 del Decreto 2127 de 1945, 14, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, 2º (modificado por L. 712/2001, art. 2º) y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 1º, 82 y 83 (modificado por el D.E. 2304/89, art. 13) del Código Contencioso Administrativo, artículo 1620 del Código Civil, y 467, 468, 471 (subrogado por el D. 2351/65, art. 38) 474 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo.

Señala como errores de hecho en los que estima incurrió el tribunal, los siguientes:

(sic)

5. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Alvaro Francisco Frías Acosta estuvo vinculado al IFI mediante contrato de trabajo, como trabajador oficial.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que al señor Alvaro Francisco Frías Acosta se le reconoció pensión de jubilación teniendo en cuenta factores salariales que no están enlistados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 ni en la Ley 33 de 1985, tales como la prima de ahorros, la prima de servicios, el auxilio de vacaciones, el auxilio de escolaridad y el auxilio de almuerzo.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el sueldo del señor Alvaro Franciso Frias Acosta durante los años 1994 y 2002 eran:

a. En 1994 un millón seiscientos cuarenta mil ciento treinta y ocho pesos ($ 1.640.138).

b. En 1995 dos millones trescientos noventa y ocho mil novecientos setenta y tres pesos ($ 2.398.973).

c. En 1996 tres millones doscientos ochenta y ocho mil cincuenta y ocho pesos ($ 3.288.058).

d. En 1997 cinco millones seiscientos dos mil novecientos cincuenta y seis pesos ($ 5.602.956).

e. En 1998 seis millones trescientos ochenta y siete mil doscientos cuarenta pesos ($ 6.387.240).

f. En 1999 cinco millones seiscientos nueve mil seiscientos setenta y tres pesos ($ 5. 609.663).

g. En el año 2000 cinco millones novecientos veinte mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos ($ 5.920.854).

h. En el año 2001 ocho millones ciento dos mil ciento cuarenta y siete pesos ($ 8.102.147).

i. En el año 2002 ocho millones ciento setenta y siete mil doscientos veinticuatro pesos ($ 8.177.224).

8. No dar por demostrado estándolo que el promedio mensual percibido por Alvaro Francisco Frias Acosta durante el lapso comprendido entre 1994 y 2002 era de siete millones setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintiún pesos ($ 7. 745.421).

9. No dar por demostrado, estándolo, que el documento visible a folio 15 del expediente no está firmado.

Como pruebas mal apreciadas, relacionó las siguientes:

La demanda (f.º 2 -8); la contestación de la demanda (f.º 54-74); la Resolución 1903 del 7 de febrero de 2003 (f.º11 -14); el certificado expedido por la jefe de la Oficina de Gestión Humana del IFI Concesión de Salinas (f.º 10); el documento denominado “Cálculo promedio mensual y pensión” (f.º 15).

En el desarrollo del cargo sustenta esencialmente dos aspectos: la excepción de prescripción, y el salario que sirvió de base para la liquidación de la pensión del demandado.

En lo atinente al primer punto, argumenta el libelista que era “ostensible”, que el demandado se había vinculado con la entidad promotora del litigio mediante un contrato de trabajo, lo cual se derivaba de lo afirmado en el segundo hecho de la demanda, y que fue aceptado por la parte pasiva.

Agrega que en el mismo acto administrativo de reconocimiento (Res. 1903 del 7 de febrero de 2003), se estableció sobre el vínculo de las partes:

2. Que la terminación del contrato de trabajo suscrito entre el IFI-Concesión de Salinas y el doctor Álvaro Francisco Frías Acosta, se dio por mutuo acuerdo, circunstancia que consta en acta de conciliación de fecha 21 de octubre de 2002, celebrada ante el Juzgado Doce laboral del Circuito de Bogotá (fl. 11).

Señala que teniendo presente que el vínculo era contractual, en calidad de trabajador oficial, para el caso de la prescripción debía aplicarse el artículo 151 del CPTSS, y no “El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo”, el que considera, es propio de los empleados públicos, y no regula lo correspondiente a los trabajadores oficiales.

En lo que corresponde al segundo aspecto, el censor aduce que, la Resolución 1903 del 7 de febrero de 2003, que es un documento público, fue mal apreciada, por cuanto “era claro ante los ojos de cualquier persona”, que en la liquidación solo se tuvo en cuenta “el sueldo percibido por el demandado”, sin incluir otros factores en el período comprendido entre 1994 y 2003, obteniendo de esta manera un salario base equivalente a $ 7.745.421, tal y como consta a folio 12 del plenario y luego, transcribe el cálculo del IBL realizado por la entidad demandante en el acto administrativo atrás aludido.

De otra parte, aduce que el documento del folio 10 (cuaderno de instancias), correspondiente a certificado emitido por la Jefe de la Oficina de Gestión Humana del IFI-Concesión Salinas, tampoco acredita que los rubros que allí constan sean los únicos que constituyan salario según la ley, además, que allí se habla de lo devengado por el trabajador en los últimos 10 años de servicios, mas no se les resta su carácter salarial para efectos de la liquidación de la prestación.

En relación con el folio 15 (cuaderno de instancias), afirma que además de no tener firma, no demuestra los hechos materia de controversia, ni desvirtúa lo que sí está probado con la resolución 1903 de 2003, por medio de la cual se reconoció la pensión, sin que se derive el reconocimiento de factores extralegales.

VII. Réplica

Para defender que la prestación debía liquidarse con sujeción a lo contemplado en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, resalta que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1903 de 2003, la pensión reconocida es de origen legal, y que incluso “teniendo en cuenta la conciliación firmada por las partes”, el demandado renunció a la pensión contemplada en la convención colectiva.

Reitera que fue liquidada de manera equivocada, y que de ello se deriva que la prescripción se regule por lo ordenado en el “artículo 136 numeral 2 del CCA, toda vez que por tratarse de prestaciones periódica[s] reconocidas mediante acto administrativo, en cualquier tiempo es factible solicitar la reliquidación de las mismas”.

Consideraciones

Como se explicó, el recurrente en el cargo desarrolla dos ejes temáticos: (i) el salario base de liquidación de la pensión, y (ii) la prescripción. En primer término, por ser el aspecto principal del cargo, se estudiará lo atinente al salario base con el cual se liquidó la pensión, y de no prosperar lo anterior, en segundo lugar, se examinará, si acertó el sentenciador colegiado en el análisis atinente a la prescripción.

En lo que corresponde al salario con el que la empleadora liquidó la pensión, debe rememorarse, que el sentenciador colegiado, para revocar la sentencia del a quo, y disponer la reliquidación, estableció que la prestación era de origen legal, tal y como se derivaba del acto de reconocimiento (Res. 1903/2003), y posteriormente, esgrimió que de acuerdo con el folio 15 (cuaderno de instancias), en el que consta “el documento denominado ‘promedio mensual y pensión’, se apreciaba que para establecer el IBL, además del “sueldo”, se tuvo en cuenta “la prima de ahorros, la prima de servicios,, (sic) el auxilio de vacaciones, el auxilio de escolaridad, y el auxilio de almuerzo (…) los que no debieron involucrarse para el efecto”.

Para derruir lo analizado por el tribunal, el libelista comienza por acusar el acto administrativo mediante el cual se reconoció la pensión, es decir, la Resolución 1903 de 7 de febrero de 2003 (f. 11 a 13, cuaderno de instancias) que fue objeto de análisis por el ad quem para efectos de determinar el origen legal de la pensión, sin embargo, debió tener en cuenta el sentenciador, que de tal documental, no podía colegirse que la entidad hubiera tomado dentro de la base de liquidación factores ajenos a los establecidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, sino que, de acuerdo con lo que aparece establecido en los cálculos elaborados por la misma entidad demandante, la liquidación se sujetó de manera estricta al “Sueldo”, el cual fue debidamente indexado.

Contrario a lo afirmado por el ad quem, no figura en el acto administrativo de reconocimiento, que la entidad haya tenido en cuenta para el cómputo “la prima de ahorros, la prima de servicios, el auxilio de vacaciones, el auxilio de escolaridad, y el auxilio de almuerzo”, sino que, por el contrario, del año 1994, al año 2002, estableció cuál era el “Vr. Sueldo” para cada período, y luego de indexar tales conceptos, obtuvo un promedio mensual de $ 7.745.000, para sobre el mismo aplicar una tasa de reemplazo del 75%.

En el acto de reconocimiento no aparece elemento alguno, que permita afirmar que se incluyó dentro de la base de liquidación “la prima de ahorros, la prima de servicios, el auxilio de vacaciones, el auxilio de escolaridad, y el auxilio de almuerzo”, por ende, mal podía afirmarse de manera categórica que el trabajador había recibido más de lo que le correspondía, pues la misma entidad demandante, al realizar la liquidación, de manera genérica estableció para cada año el “Vr. Sueldo”, sin que allí figuren otros elementos.

En lo que respecta a la documental de folio 15, que sirvió de soporte al sentenciador colegiado para ordenar la reliquidación, debe destacarse, que además de no corresponder al acto mediante el cual se liquidó la pensión que ahora se demanda, se trata simplemente, de un documento donde se intenta explicar la liquidación de la pensión, sin embargo, el mismo, lejos de tener la entidad suficiente de conducir al convencimiento de una liquidación errónea, termina corroborando lo establecido en la resolución 1903 de 2003, por cuanto la documental de folio 15, cuando establece el “Sueldo Promedio” de los años 1994 (1º de abril a 31 de diciembre), 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, y 2002 (1º de enero de 2002 a 21 de octubre de 2002), termina coincidiendo plenamente con la contemplado en la Resolución 1903 de 2002, con la única diferencia que en el documento antes aludido, se rotuló como “Vr. Sueldo”.

Para mayor ilustración, se transcribe el pasaje correspondiente de la resolución de reconocimiento, en el que se observa lo siguiente:

AñoDíasVr. SueldoIPCFactorVr. Anual
19942701.640.13822.59%3.12807452.023.491
19953602.398.97319.46%2.55165573.456.208
19963603.288.05821.63%2.13599184.279.166
19973605.602.95617.68%1.756138118.074.806
19983606.387.24016.70%1.492300114.380.134
19993605.609.6639.23%1.27874986.080.200
20003605.920.8548.75%1.17069483.178.087
20013608.1012.1477.65%1.076500104.663.529
20023918.177.224 1.00000079.319.073
Totales 3.081  795.454.695
Promedio mensual    7.745.421

Por tanto, el sentenciador colegiado cometió el yerro evidente que da lugar a la casación de la sentencia, pues se reitera, y se corrobora con lo transcrito que, del acto de liquidación, no emerge que se haya tomado dentro de la base de liquidación de la pensión “la prima de ahorros, la prima de servicios, el auxilio de vacaciones, el auxilio de escolaridad, y el auxilio de almuerzo”, sino que simplemente, de manera genérica, hizo referencia al “Vr. Sueldo”, por ende, habrá de casarse la sentencia, y consecuentemente, la sala se releva de analizar los otros cinco cargos.

Por lo analizado, el cargo prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario, por haber salido avante.

IX. Sentencia de instancia

En sede de instancia debe tenerse en cuenta que el a quo, no accedió a las pretensiones de reliquidación de la demandante, por ende, absolvió al pensionado demandado, para lo cual argumentó, esencialmente, que como la demandante pretendía la exclusión de algunos factores salariales que eran de tipo extralegal, debió allegar las correspondientes convenciones colectivas, lo cual no hizo; y en segundo lugar, esgrimió que el debate debía ventilarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez, que se solicitaba la nulidad de la resolución de reconocimiento de la pensión.

La Sala confirmará la decisión de primer grado, pero por razones diferentes, pues aunque no se comparten los argumentos del a quo, sin embargo, la decisión final de absolver al demandado es acertada, toda vez, que como se analizó, la entidad demandante no logró acreditar el fundamento fáctico de sus pretensiones, es decir, que incluyó factores diferentes a los establecidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, pues como se analizó, por el contrario, en la Resolución 1903 de 2003 (f. 11 y 12), al liquidar la pensión solo se aprecia que se realizó con lo correspondiente al “Vr. Sueldo”, por ende, al no acreditar el fundamento de sus pretensiones, lo procedente es absolver al demandado, tal y como lo decidió el sentenciador de primer grado.

Por lo antes anotado, en sede de instancia debe confirmarse el fallo del Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá, D.C.

Las costas de las dos instancias estarán a cargo de la parte demandante.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 27 de abril de 2011, dentro del proceso que promovió el Instituto de Fomento Industrial - IFI Concesión Salinas contra Álvaro Francisco Frías Acosta. En sede de instancia, CONFIRMA la sentencia de fecha 25 de octubre de 2010, proferida por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, cúmplase, publíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen».