Sentencia SL11643-2016/39649 de junio 22 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39649

Magistrado Ponente

Dr. Fernando Castillo Cadena

Acta 22

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «V. El Recurso de Casación

Interpuesto por la parte actora, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, propone el recurrente que se “case parcialmente” la sentencia acusada, para que en sede de instancia se revoque en su totalidad la de primer grado y, en su lugar se condene “a la demandada a reintegrar a la demandante en las mismas condiciones de empleo en la forma solicitada en la pretensión principal”.

Con ese propósito formula dos cargos que tuvieron réplica, y que se estudiarán en forma conjunta, en consideración a la similitud de normas denunciadas, la argumentación y el propósito común que persiguen.

VI. Primero y segundo cargo

En el primero por la vía directa en la modalidad de infracción directa, acusa la sentencia de dejar de aplicar “los artículos 251, 258 y 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en los procesos laborales por remisión del artículo 145 del C.P. del T. y S.S. lo que condujo a la transgresion de los artículos 2º, 5º, 9º, 10, 13, 16, 19, 21, 47 (Subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965), 64 (subrogado por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965), 65, 127, 488, 489 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 3º de la Ley 48 de 1968; 1º, 25, 51, 60, 61 y 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social; 1494, 1609, 1610, 1613, 1614, 1757, 2341, 2341 (sic),2356 del Código Civil, esto es, la sentencia acusada infringe directamente, además, en la modalidad de interpretación errónea la norma sustancial del orden nacional contenida en el aparte A, causal 2ª, del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, convertido en legislación permanente por el artículo 3º de la Ley 48 de 1968, lo que produjo como consecuencia la aplicación indebida del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, en relación con los artículos 5º, 55, 56, 57, 58, 60 del Código Sustantivo del Trabajo; 6º del Decreto 2351 de 1965; 63, 1502, 1503 y 1504 del Código Civil”; en el segundo, por vía indirecta, denuncia la “aplicación indebida” de los preceptos antes referidos.

En la demostración del primer cargo aduce que “desconociendo o rebelándose contra la ley, el ad quem no le dio valor probatorio que contienen los instrumentos visibles a folios 1 a 15, 94 y 94 vto, 95 a 98, 112 y 112 vto, 333 a 338, 383 a 387, no los valoró toda vez que el artículo 258 del CPC advierte que la prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible y comprende aún lo meramente enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato”.

Recaba en que conforme con las pruebas, no se ha debido desestimar el estudio del reintegro de la ex trabajadora como se hizo en la “sentencia de primer grado por presunta ocurrencia de la prescripción”, por haber transcurrido más de 3 meses entre la fecha del despido y la de la presentación de la demanda, lo que no es cierto, porque “al examinarse el folio 15 de esta, se concluye, sin hesitación alguna, que la demanda fue presentada personalmente por el apoderado el 2 de octubre de 1990, mientras que si el despido de la accionante se dio conforme consta a folio 4 del expediente, el 3 de julio de 1990, como lo acepta la misma sentencia enjuiciada, esos tres meses se extendían hasta el 3 de octubre de 1990”, lo que indica que se presentó un día antes de que se estructurara la prescripción extintiva de la medida incoada.

Agrega que según documento de folio 95 a 98, el 2 de octubre de 1990 la accionante radicó ante la pasiva un escrito en el que formuló, entre otras pretensiones, el reintegro “por lo que si los tres meses vencían al día siguiente, 3 de octubre de 1990, la interrupción de la prescripción tuvo la virtud de habilitar jurídicamente el conocimiento por parte del juez de la acción de reintegro propuesta por la accionante; que esta no renunció a las prestaciones de salud distintas a las que aparecen relacionadas al folio 95 vuelto, por lo que el estado mental de salud que desarrolló durante su permanencia en el Banco no fue denunciado de manera oportuna por ello y antes por el contrario quedó reafirmado con los documentos de folio 112 vuelto, 333 a 338, 383 a 387, determinadores estos últimos de su estado de insanidad mental”.

De otro lado critica la decisión del juez colegiado de negar la posibilidad del reintegro “por la existencia de la patología siquiátrica que padece la accionante, frente a cuyo entendimiento es preciso decir que en casos análogos no es posible valorar la conducta del trabajador y por el contrario se lo debe proteger como obligación básica y fundamental del empleador conforme al contenido del artículo 56 del CST, sin perseguirlo y sin cancelarse su contrato de trabajo, porque el demente es un inválido que merece protección y no castigo”.

Precedido de transcripciones de sentencias de esta Corte y del Consejo de Estado, indica que el ad quem debió valorar que el empleador no podía separar del servicio a la trabajadora al estar probado que no era sujeto de responsabilidad alguna frente a los hechos que determinaron su retiro, debido a su estado mental “y por ello ha debido concluir que el despido constituyó un hecho absolutamente injusto y contrario a la ley, lo que ameritaba el reintegro de la accionante por reunirse los requisitos y condiciones contemplados en el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 al tener más de 15 años pero menos de 20 de servicios, determinación más favorable a la accionante que la compensación económica que le decretó por concepto de indemnización de perjuicios por despido injusto”.

En relación con el segundo cargo, el recurrente endilga la comisión de los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. Dar por acreditado sin estarlo que el derecho al reintegro de la demandante estaba prescrito.

2. No dar por demostrado estándolo que la demanda laboral ordinaria fue presentada a reparto dentro de los (3) meses contemplados en la ley laboral para el ejercicio de la acción de reintegro.

3. No dar por demostrado estándolo que la demandada fulminó a la demandante con un despido injusto.

4. No dar por demostrado estándolo que por el estado de insanidad mental de la demandante, no pudo haberse estructurado causal alguna que justificara el despido.

5. Dar por demostrado sin estarlo que la patología siquiátrica de la demandante hacía inconveniente su reintegro.

6. No dar por demostrado estándolo, que la patología siquiátrica que padecía la demandante no hace inconveniente el reintegro.

7. No dar por demostrado estándolo que el reintegro de la demandante es más favorable a esta que una compensación económica como fue decretada”.

Como pruebas erróneamente valoradas señala el contrato de trabajo (folio 94), el escrito con el que interrumpió la prescripción (folios 95 a 98), el registro civil de nacimiento de la demandante (folio 319), el dictamen de la pérdida de capacidad y determinación de la invalidez (folios 385 a 387), la certificación del médico de la Clínica Nuestra Señora de la Paz (folios 314 y 315), la historia médica que indica el tiempo de evolución de la enfermedad (folios 333) y el documento de folios 445 a 453.

Insiste en que la demanda se presentó antes de que vencieran los 3 meses previstos en el artículo 3º de la Ley 48 de 1968 para que se estructurara la prescripción en torno al reintegro “por lo que le estaba vedado a la sentencia de segunda instancia consignar un hecho de tanta significación contra la evidencia procesal”. Reitera que el 2 de octubre de 1990 interrumpió la prescripción con el escrito radicado ante el demandado y resalta que la misma prueba deja ver que la demandante se encontraba afectada por “problemas de orden mental” al momento del despido, lo que restaba cualquier ilicitud a su conducta frente al empleador y a sus compañeros de trabajo, razón por la cual no se la ha debido despedir sin permitirle se defendiera oportunamente en tanto que el empleador “conocía a ciencia y paciencia la existencia de las entidades nosológicas de carácter mental que afectaban a la accionante, su despido vino a constituirse en una decisión absolutamente injusta, cuando el empleador ha debido brindarle protección y seguridad a la trabajadora vinculada al problema, para que superara este desde el punto de vista personal, laboral y médico”.

Expone que el tribunal “interpretó erróneamente la norma en una exégesis inadmisible dentro del espíritu social de las normas del derecho laboral y en desmedro no solo de los intereses económicos de la demandante sino de la salud mental de una trabajadora que jamás actuó conscientemente” en el cumplimiento de sus obligaciones “porque los hechos se produjeron inconscientemente y fuera de la voluntad de la trabajadora, al extremo de haberle calificado los médicos competentes con una invalidez permanente parcial, lo que acreditaba incuestionablemente para el empleador brindarle protección y seguridad a su trabajadora y no sancionarla con un despido injustificado porque si por causa de locura progresiva o repentina la trabajadora no pudo haber ejecutado actos contrarios a la ley, sus consecuencias no pueden ser iguales a las de quien obra en ejercicio pleno de las facultades intelectivas y volitivas ordinarias (…)”.

Insiste en que el empleador no hizo nada por proteger a Jiménez Cano y no tuvo en cuenta el peligro que representaba su separación del servicio.

VII. Réplica

Sostiene que el recurso contiene errores de técnica que impiden su prosperidad, pues no es adecuado pedir la casación parcial de la sentencia acusada sin discriminar en qué aspecto concreto, y que esa omisión no la puede suplir la Corte; en punto al primer cargo expone que en la vía directa no es posible acceder al examen probatorio que se propone y que “la parte recurrente extravía el camino en muchos apartes de su acusación, al referirse a situaciones fácticas y probatorias con una óptica opuesta a la del juzgador de la alzada”.

Respecto del segundo cargo explica que pese a escoger la vía adecuada “en el desarrollo de la acusación centra la censura en consideraciones de puro derecho, tales como que el Tribunal de Sincelejo interpretó erróneamente la norma en relación con el tratamiento que hay que darle a los enfermos mentales, aspectos que corresponden por excelencia a la vía directa”.

Aduce que la norma que consagra el reintegro es el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, el cual no aplicó el Juez de apelaciones pues precisamente negó ese derecho por encontrar que se configuró la prescripción; sostiene que lo atinente a su interrupción no puede ser revisada en casación porque el documento de folio 95, en que se finca la censura, ni siquiera se estimó.

VIII. Consideraciones

Acierta el opositor al reprochar la imprecisión y contradicción que presenta el alcance de la impugnación, pues aunque se pide la casación parcial del fallo, no se concreta puntualmente lo que debe anularse, y si se entendiera que lo pretendido es el reintegro y sus consecuencias, este resulta incompatible con la única condena impuesta por el ad quem, relativa a la indemnización por despido injusto.

No obstante lo anterior y para no hacer nugatorio por exceso de rigor formal el estudio del recurso, si la Sala entendiera que el recurrente busca la casación total del fallo y, se adentrara en el análisis de los cargos, sería preciso decir, para dar respuesta al replicante, que el Tribunal, aunque al momento de resolver sobre el reintegro no citó textualmente el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, sí lo tuvo en cuenta al negar dicha aspiración, pues el tema de la prescripción no fue el único fundamento de su decisión al punto que una de sus consideraciones se contrajo a la inconveniencia del reintegro, que además declaró.

Definido lo anterior, se advierte que son dos los puntuales aspectos por los que el censor acusa la providencia del juez colegiado, la primera por la declaratoria de prescripción de la acción de reintegro, y la segunda, por la inconveniencia que predicó de dicha figura, en virtud a la situación patológica de la demandante, los cuales se pasará a dilucidar.

1. De la prescripción de la acción de reintegro.

Al no ser punto controvertido por las partes que la fecha del despido fue el 3 de julio de 1990 y, que conforme al artículo 3º numeral 7º de la Ley 48 de 1968, los trabajadores cuentan con 3 meses siguientes a la desvinculación para incoar la acción de reintegro, la actora tenía hasta el 3 de octubre de ese año para el efecto.

El escrito de demanda, que se denunció en el segundo cargo como equivocadamente apreciado, que obra de folio 1 a 15, da cuenta que aquella se presentó el 2 de octubre de 1990 ante el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá y que se asignó por reparto, al día siguiente, al Juzgado 6º Laboral del Circuito de la misma ciudad; de igual forma el documento que milita a folio 95, que no tuvo en cuenta el juez de la alzada, dirigido a la representante legal del Banco Industrial Colombiano, como “reclamación laboral”, que refleja el correspondiente sello de recibo por parte de dicha entidad, contiene las exigencias de Jiménez Cano con ocasión del despido, entre otras, el reintegro “en las mismas condiciones de empleo que antes gozaba”, luego es a todas luces equivocada la inferencia a la que llegó el Tribunal, al predicar la prosperidad de la reseñada excepción, pues tales probanzas son inequívocas de lo oportuno del libelo; de esta forma se evidencian los dos primeros yerros manifiestos de hecho, en tanto, se insiste, la acción se instauró antes del vencimiento de los 3 meses con que legalmente contaba la subalterna, por lo que en principio habría lugar a casar la sentencia, sin embargo, como se verá en seguida, la Sala llegaría a la misma conclusión que el juez de apelaciones.

2. De la conveniencia del reintegro.

El sentenciador de manera lacónica y escueta argumentó que el despido era injusto por razones formales y, que a pesar de estar prescrito el reintegro, el mismo resultaba inconveniente “dada la patología psiquiátrica que padece la trabajadora “.

En el plano de lo jurídico el censor ataca dicha conclusión en la primera de las acusaciones por considerar que “en casos análogos no es posible valorar la conducta del trabajador, y por el contrario se lo debe proteger, como obligación básica y fundamental del empleador conforme al contenido del artículo 56 del Código sustantivo del Trabajo, sin perseguirlo y sin cancelarle su trabajo”, y que el reintegro debiera verse en perspectiva de protección a la demandante, máxime en atención a sus particulares condiciones de salud, las cuales no se tuvieron en cuenta.

Sea lo primero advertir que la calificación de injusto, que el tribunal acotó respecto del despido, es inmodificable en la medida que sobre el particular el Banco al carecer de interés jurídico para recurrir, no lo pudo impugnar; de tal suerte que la discusión en este escenario se contraerá al plano argumentativo de su inconveniencia.

De igual forma es preciso destacar que la recurrente no desconoce la veracidad de los hechos endilgados como justificativos de la decisión patronal, pues el ataque lo enfila en torno a que los mismos los protagonizó por “problemas de orden mental” que la ubican como inválida, ya que padece serios trastornos de dicha índole, que el empleador conocía y que el ad quem no tuvo en cuenta para acceder a sus pretensiones principales a efecto de garantizar la protección especial de la que gozan las personas discapacitadas.

Así las cosas, a la Sala le corresponde auscultar si en efecto hubo mengua en la salud de Jiménez Cano, si esta era conocida por la entidad financiera y, de aparecer su demostración, si fue la causa del comportamiento que provocó su desvinculación.

Pues bien, si el Tribunal hubiera reparado específicamente en las documentales que la censura reprocha como equivocadamente valoradas, no habría concluido cosa diferente a la que declaró, pues de ellas no se infiere que el estado patológico de la demandante, fuera el motivo de su actitud altanera y desobligante para con sus compañeros y superiores, que fue la causa concreta que se le endilgó, esto es, la injuria, el irrespeto y los malos tratos a sus pares y directores; y mucho menos que la entidad bancaria tuviera conocimiento de que este fue el resultado de una deficiencia de orden psiquiátrica; veamos por qué.

Aunque al plenario en inspección judicial el apoderado de la parte actora allegó la certificación expedida por la Clínica de Nuestra Señora de la Paz, que obra a folio 315 y que da cuenta de la hospitalización que en tres ocasiones requirió la actora, concretamente entre: i) el 4 de diciembre de 1980 y el 27 de abril de 1981, ii) 27 de octubre de 1981 y el 30 de diciembre del mismo año y iii) 12 de enero de 1982 y el 24 de marzo de esa anualidad, ellos evidencian episodios clínicos acaecidos casi dos lustros antes del insuceso que dio pie a la terminación del contrato; valga la pena anotar que a pesar del contenido ya mencionado, no aparece constancia de que la demandada hubiera tenido conocimiento de las referidas hospitalizaciones en su debida oportunidad, pues ni en la demanda y su respuesta se hace alusión a tales circunstancias, ni se surtió interrogatorio de parte al representante legal de la pasiva, por ausencia del apoderado de la contra parte, como se observa a folio 35 del plenario, a efecto de lograr dicha probanza.

La experticia médica practicada por el Ministerio de Trabajo el 22 de diciembre de 1998, que reposa a folio 333, destaca que la demandante acudió por primera vez al ISS (ente al que la patronal la tenía afiliada para cubrir los riesgos de i.v.m, según da cuenta la documental de folio 110) el 9 de agosto de 1990, es decir, una vez vencido el vínculo laboral; y aunque reporta otras hospitalizaciones, todas ellas son anteriores al 3 de julio de 1984, además destaca que tanto en los exámenes médicos de ingreso como de egreso practicados por el empleador, no se alude a “antecedente psiquiátrico” y remata diciendo: “Actualmente la paciente esta asintomática, asiste regularmente a sus controles y toma la medicación, lo que le permite una vida normal y productiva”.

Sea oportuno resaltar que no aparece demostración de inconformidad de la accionante con la conclusión médica plasmada por el galeno de la empresa al momento de su retiro.

Por su parte el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, a pesar de fijar en la accionante una discapacidad del 40,75% estructurada el 4 de noviembre de 2003, advierte que en el examen que le practicó el 20 de octubre de esa misma anualidad, se detecta “Trastorno mental de 13 años de evolución con varias hospitalizaciones, Diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, recibió tratamiento intramural en esta institución (21 – 09 – 01 a 8 – 10 – 01) y se dio de alta por mejoría, controles ambulatorios por consulta externa hasta febrero de 2002 con mejoría estable”(el subrayado no es del texto), de donde no se puede inferir que para la fecha de la terminación contractual, la demandante padeciera de la afectación patológica que a octubre de 2003 la acongojaba, menos que la hubiese puesto en conocimiento de la demandada.

De otra parte, y bajo el eventual entendido de que el empleador conocía, en julio de 1990, que hacía los años 80, 81, y 82 la trabajadora estuvo hospitalizada en la Clínica La Paz, según certificación de dicha entidad, como entre aquellas fechas y la terminación contractual transcurrieron varios años sin que la demandante sufriera ningún episodio médico, resultaba apenas lógico para el banco inferir la sanación de su subalterna a la fecha de la ruptura laboral.

Así mismo la historia clínica que obra a folio 337 que data del 4 de diciembre de 1980, que por corresponder a un documento declarativo, se analiza en la medida que el cargo resultó fundado, precisa que Jiménez Cano consultó en la Clínica de Nuestra Señora de la Paz, por algunos síntomas que aparecieron dos semanas atrás pero que “no existe un juicio claro sobre enfermedad mental”.

El Hospital de Occidente Kennedy, el 13 de noviembre de 1998, no obstante que anota que la paciente tiene una afección de aproximadamente 18 años de evolución, agrega que “La falta de constancia en sus controles y en la toma de medicación sin duda influye en sus recaídas pero no justificamos exámenes paraclínicos pues es sabido que las enfermedades afectivas no producen deterioro mental” (folio 335. Las negrillas fuera de texto).

No sobra advertir que el tribunal en uso de sus facultades legales y para mejor proveer, ordenó un nuevo dictamen médico que dispuso fuera practicado por el Instituto de Medicina Legal en esta ciudad, entidad que estuvo presta a realizarlo sin que pudiera llevarlo a cabo debido a la inasistencia de la actora para su realización, como consta a folios 467 y 478 del plenario.

En consecuencia, como la demandante no reportaba incapacidad alguna para el 1º de julio de 1990, ni contaba con experticio que la catalogara de inválida, el empleador no podía siquiera presumir que la actitud que esta asumió en el sitio de labores el día de marras, respondía a una minusvalía, que la hiciera acreedora a un tratamiento distinto al que se le concedió, como lo plantea la censura en el cargo al intentar establecer que, de la patología tantas veces mencionada, el banco era conocedor.

De otra parte, en forma reiterativa esta Sala de la Corte ha señalado que las razones que obliguen a tildar de desaconsejable el reintegro deben ser trascendentes, relevantes y por su puesto estar probadas, así se indicó en la Sentencia SL1856 – 2015 del 25 de febrero de 2015 en la que se rememoró la SL1719 – 2014, aunque dichas motivaciones sean posteriores al hecho que dio origen al despido, como se precisó en la Sentencia SL16219 – 2014 del 26 de noviembre de 2014.

Siguiendo los anteriores derroteros, la Sala respaldará la calificación de inaconsejable que el tribunal dio respecto del reintegro, pues se cuenta con la evidencia de que la actora actualmente sufre trastornos de orden psiquiátrico, los cuales fueron suficientes para dictaminarle en el año 2003 una pérdida de capacidad laboral en un 40.75%, deficiencia, que dada la naturaleza de la labor a la que tendría que regresar, esto es, la de auxiliar de auditoria, le impediría desarrollarla adecuadamente en tanto para ello se exige contar con la plenitud de facultades físicas y mentales; además la prueba testimonial reporta la difícil convivencia diaria que la demandante generaba al interior de su grupo de trabajo, tal y como se expresa quien fuera gerente de la sucursal en la que laboró, según la cual “durante el último tiempo que laboró en el banco creó mal ambiente entre los compañeros, era intransigente, voluntariosa y disminuyó notablemente su ritmo de trabajo” (folio 56) o el secretario de la misma oficina que reporta “en algunas oportunidades era conflictiva y desacataba instrucciones impartidas por sus jefes inmediatos” (folio 65) al igual que la compañera de trabajo al señalar “con mis auxiliares también vivía en constante choque tratando de indisponer a todo el grupo, igualmente con los clientes les alzaba la vos y les contestaba en un tono bastante desagradable” (folio 69), prueba que se analiza en virtud a que el cargo es fundado y permite vislumbrar el estudio que habría de hacerse en instancia.

No ha de perderse de vista que la patología que originó la pérdida de capacidad laboral se estructuró varios años después de la finalización laboral, que no hay prueba acerca de que el empleador la conociera y, que la protección especial que consagra la Ley 361 de 1997 no se hallaba vigente a la fecha de despido, para poder pregonar la estabilidad laboral reforzada que el recurrente insinúa en casación.

Así las cosas, aunque el primer cargo es fundado, no prospera el recurso.

Sin costas en el recurso extraordinario.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, el 7 de noviembre de 2007, aclarada el 25 de junio de 2008 en el proceso ordinario que adelanta María Rosalba Jiménez Cano en contra del Banco Industrial Colombiano – hoy Bancolombia S.A.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».