Sentencia SL1165-2018/43041 de abril 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 3

SL1165-2018

Radicación 43041

Acta 10

Magistrada Ponente:

Dra. Jimena Isabel Godoy Fajardo

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

(...).

VIII. Consideraciones

En primer lugar, debe resaltarse que, aunque en el alcance de la impugnación solicita el censor la casación del fallo impugnado y en sede de instancia requiere que una vez revocado el fallo del a quo, se ordene “la reubicación de la demandante”, y el pago de la diferencia salarial y prestacional “entre los cargos de secretaria clínica y coordinadora de bienes y servicios”, sin embargo, en la sustentación del mismo se limita a este último aspecto, dejando por ende, fuera de discusión lo aducido por el sentenciador colegiado en lo atinente a la absolución por la reubicación.

En segundo lugar, de manera impropia, al final de la proposición jurídica plantea, que ocurrió la infracción directa de las normas acusadas, por “incurrir en error de derecho”, lo que desconoce que, si encaminó el cargo por el sendero directo, no puede aducir el referido “error de derecho”, el cual corresponde a la vía indirecta de ataque. No obstante, teniendo en cuenta que, en el desarrollo el censor presenta un discurso jurídico, y en aras de analizar el fondo del planteamiento, la Sala considera que la referencia al error de derecho es un lapsus, y no tiene la entidad suficiente para que el cargo se desestime.

Aclarado lo anterior, frente al punto objeto del recurso, debe rememorarse, que para negar la nivelación salarial, el tribunal se centró de manera estricta en lo contemplado en los acuerdos colectivos, por ello, la recurrente acusa la “infracción” del “artículo 143 y los demás concordantes” y aduce, que de acuerdo con tal precepto se podía ordenar que se cancelara la diferencia salarial “entre el cargo anterior de secretaria clínica y el que cumplió en el cargo de coordinadora de bienes y servicios”.

Sobre este argumento, debe destacarse que aunque acusó varias normas, termina sustentando el cargo únicamente en el artículo 143 del CST.

En sentido estricto, teniendo en cuenta que lo reclamado es relacionado con un nexo laboral en calidad de trabajadora oficial, la norma pertinente era el artículo 5º de la Ley 6ª de 1945, sin embargo, tal y como lo estableció la sentencia CSJ SL, 22 ene. 2013, rad. 38475, tal falencia no imposibilita el análisis de la situación expuesta, máxime si además, como en este evento, se hizo referencia al artículo 53 de la Carta Política, que sirve de soporte supralegal. La providencia antes referida, en su pasaje pertinente enseñó:

Al efecto cabe decir que es verdad que el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo no es la norma sustancial que regla la igualdad de trato salarial y prestacional de los servidores del ente demandado, por ser este, desde la expedición de la Ley 100 de 1993, “una empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional” (art. 275 ib.), cuyos servidores, por regla general, se rigen por las disposiciones aplicables a los trabajadores oficiales (...).

De consiguiente, también lo es que para la época en que se propició el conflicto jurídico por el actor contra su empleador, la disposición legal sustancial regulatoria de la mentada igualdad de trato salarial y prestacional lo era el artículo 5º de la Ley 6ª de 1945, que prevé que “la diferencia de salarios para trabajadores dependientes de una misma empresa en una misma región económica y por trabajos equivalentes, solo podrá fundarse en razones de capacidad profesional o técnica, de antigüedad, de experiencia en la labor, de cargas familiares o de rendimiento en la obra y en ningún caso en diferencias de nacionalidad, sexo, edad, religión, opinión política o actividades sindicales”, la cual, obviamente, se impone observar, desde la vigencia de la Constitución Política de 1991, bajo el prisma de los valores y principios constitucionales que rigen la materia, particularmente, los del trabajo como valor fundante del Estado —C.P., art. 1º—, igualdad ante la ley —C.P., art. 13—, y los enlistados como mínimos en el artículo 53 constitucional.

Ahora bien, haciéndose abstracción de la norma que debiera regular el caso, por cuanto en últimas de lo que se trata en lo esencial a cualquier norma que prevea la igualdad laboral es de censurar la permisión de factores o circunstancias de inequidad en las relaciones del trabajo para, de ese modo, hacer prevalecer la igualdad de trato frente a similares situaciones laborales de productividad y eficiencia, cabe recordar que para efectos de establecer la igualdad salarial y prestacional en el trabajo la Corte ha explicado que no basta la identidad de cargos o puestos de trabajo entre quienes se quiere hacer la comparación, sino que se requiere, en cada caso, verificar que la diferencia salarial y prestacional solo puede ser atribuida a circunstancias subjetivas, habida cuenta de que lo que se pretende conjurar es la discriminación salarial o prestacional ante circunstancias objetivamente idénticas.

Superado lo anterior, debe destacarse que el sentenciador colegiado sí encontró probado que la demandante había desempeñado un “mayor cargo”, como profesional universitaria, sin embargo, absolvió por cuanto de acuerdo con la convención colectiva, se exigía que se desempeñara en propiedad, no en “comisión”.

Por tanto, como lo afirma el recurrente, el sentenciador colegiado no podía limitarse a examinar el punto de la nivelación salarial con fundamento exclusivo en la convención colectiva, sino que una vez estableció que durante algún tiempo había ostentado un “mayor cargo”, y que no cumplía los requisitos convencionales para la reubicación, lo correspondiente era estudiar la situación a la luz de lo establecido en el artículo 5º de la Ley 6ª de 1945, y los artículos 13 y 53 de la C.N., que sirven de fundamento a lo demandado.

En consecuencia, en el punto concreto que plantea en el cargo, que es el de la nivelación salarial, el sentenciador incurrió en la equivocación endilgada.

Por lo anterior, el cargo prospera, quedando esta Sala relevada de estudiar el segundo cargo.

Para la decisión de instancia y para mejor proveer, se ordenará oficiar al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Seguro Social en Liquidación, PARISS, Fiduagraria S.A. como administrador y vocero, y a la ESE Antonio Nariño o quien haga sus veces, para que alleguen certificación de la planta de personal, correspondiente a los años de 1997, 1998, 1999, y 2000, de la Clínica ISS Maridiaz, en la que conste la respectiva escala salarial de cada uno de los cargos.

De igual manera, para que certifiquen el valor cancelado mes a mes a la demandante como contraprestación por los servicios prestados a la Clínica ISS Maridiaz, en los años de 1997, 1998, 1999, y 2000, detallando en ella el valor y el concepto de cada rubro pagado a la señora María Mercedes Urbano González, identificada con la cédula de ciudadanía 30.712.161 de Pasto.

Sin costas en el recurso extraordinario.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto el 4 de julio de 2008, dentro del proceso que promovió María Mercedes Urbano González, contra Instituto de Seguros Sociales en Liquidación al que fue vinculada la ESE Antonio Nariño en calidad de “litis consorcio necesario”.

Para la decisión de instancia y para mejor proveer, se ordenará oficiar al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Seguro Social en Liquidación, PARISS, Fiduagraria S.A., como administrador y vocero, y a la ESE Antonio Nariño o quien haga sus veces, para que alleguen certificación de la planta de personal, correspondiente a los años de 1997, 1998, 1999, y 2000, de la Clínica ISS Maridiaz, en la que conste la respectiva escala salarial de cada uno de los cargos.

Así mismo, para que certifiquen el valor cancelado mes a mes a la demandante como contraprestación por los servicios prestados a la Clínica ISS Maridiaz, en los años de 1997, 1998, 1999 y 2000, detallando en ella el valor y el concepto de cada rubro pagado a la señora María Mercedes Urbano González, identificada con la cédula de ciudadanía 30.712.161 de Pasto.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, cúmplase, publíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen».