Sentencia SL11734-2014 de agosto 27 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44398

Magistrada Ponente

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta 30

Bogotá, D.C., veintisiete de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Refieren los recurrentes:

“Con el primer cargo se pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada en su numeral 1.1 en cuanto se abstuvo de emitir pronunciamiento frente al demandado Hernando de Jesus (sic) Aristizabal (sic) Giraldo; se case el numeral 1.2 del fallo censurado en cuanto se modifican los numerales tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva del fallo de primera instancia que condenó solidariamente a los demandados José Oscar Calle Calle, Jose (sic) Ignacio Calle Posada, Luz Helena Montoya Alzate y Hernando Alfonso de Jesús Aristizabal (sic) G. a pagar la pensión sanción desde el 11 de noviembre de 1996 , la suma acumulada e indexada hasta el 29 de febrero de 2009, modificándolos en el sentido de que los pagos ordenados por el fallo de primer grado se harán a favor de la sucesión de Martha Inés Taborda.

En su lugar, la Corte actuando en sede de instancia, revocará los referidos numerales tercero, cuarto y quinto del fallo del juzgado de conocimiento absolviendo a los demandados de todas las pretensiones de la demanda.

Con el segundo cargo se pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada en su numeral 1.1 en cuanto se abstuvo de emitir pronunciamiento frente al demandado Hernando de Jesus (sic) Ariitizabal (sic) Giraldo; se case el numeral 1.2 del fallo censurado en cuanto se modifican los numerales tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva del fallo de primera instancia que condenó solidariamente a los demandados Jose (sic) Oscar Calle Calle, Jose (sic) Ignacio Calle Posada, Luz Helena Montoya Alzate y Hernando Alfonso de Jesús Aristizabal (sic) G. a pagar la pensión sanción desde el 11 de noviembre de 1996, la suma acumulada e indexada hasta el 29 de febrero de 2009, modificándolos en el sentido de que los pagos ordenados por el fallo de primer grado se harán a favor de la sucesión de Martha Inés Taborda.

En su lugar, la Corte actuando en sede de instancia, confirmará los referidos numerales tercero, cuarto y quinto del fallo del juzgado de conocimiento, modificándolo en el sentido de declarar que las sumas a pagar correrán a cargo de cada uno de los demandados hasta el límite de la responsabilidad, esto es a prorrata de sus aportes, conforme lo manda el artículo 36 del CST y S.S.”.

Para el efecto, formularon dos cargos que no fueron objeto de réplica y que la Sala procede a estudiar en su orden.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia de ser violatoria por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del “artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Violación que trajo como consecuencia la infracción directa de los artículos 305, 140 numeral 3º y 144 y 145 del CPC, aplicables en el proceso laboral por disposición del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, como violación de medio, el artículo 17 del Código Civil, y 29 de la Constitución Política al dar por establecida en el proceso la cosa juzgada —que sirvió de soporte a su decisión— (...)”.

Como errores de hecho, refiere:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que entre el anterior proceso, cuyas sentencias sirven de fundamento a la decisión del ad quem, y el nuevo proceso materia de este recurso son idénticos en cuanto a las personas que en ellos intervinieron.

2. Dar por demostrado, no estándolo, que existe identidad de partes entre el primero y el segundo proceso.

3. No dar por demostrado, estándolo, que a pesar de que existe identidad de objeto y causa entre el nuevo proceso y el anterior, no hay identidad de partes entre ambos y por lo tanto no se reúne los tres requisitos exigidos por el artículo 322 del CPC para que se configure la cosa juzgada”.

Denuncia como pruebas indebidamente apreciadas: (i) la sentencia de fecha 18 de febrero de 1991 dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos (fls. 161-169); (ii) la sentencia de segunda instancia de fecha 19 de abril de 19971 (sic) y su complementaria calendada 24 de mayo del mismo año, proferidas por el Tribunal Superior de Antioquia (fls. 170-181 y 182-188) y, (iii) la sentencia de primera instancia proferida en el sub lite (fls. 189-198).

Para demostrar el cargo, comienza por afirmar que de conformidad con el CPC, artículo 332, la cosa juzgada tiene efectos procesales cuando “el nuevo proceso y el anterior versan sobre el mismo objeto, tenga la misma causa y haya corrido entre las mimas partes”; que en este asunto no concurren tales requisitos, en tanto no existe identidad de partes, pues en el juicio primigenio no fueron convocados los hoy demandaos ni siquiera en calidad de litis consortes, por lo que no pudieron ejercer su derecho de defensa, lo que genera la violación del debido proceso y, que de acuerdo con el CPC, artículo 17, las sentencias judiciales solo tienen fuerza obligatoria respecto de las causas en las que fueron proferidas.

Manifiesta que el ad quem, acogió la decisión del juez de primera instancia de extender la condena impuesta en el anterior litigio a Confecciones El Norte Ltda., a los socios de la misma, cuando éstos no fueron convocados a aquel proceso y, en consecuencia, no tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de defensa; que tal principio no es legítimo desconocer bajo la consideración de que la presente acción va encaminada al reconocimiento de la solidaridad de cada uno de los socios de la empresa que fuera la empleadora, pues ello implica “revivir un proceso legalmente concluido, en abierta flagrancia del numeral 3º del artículo 140 del CPC en concordancia con los artículos 144 y 145 ib.” y, que por ello, en la primigenia demanda debió integrarse el litis consorcio con los socios hoy demandados, tal como —afirma— lo señala la jurisprudencia que citó el tribunal.

Finalmente, aclara que aun cuando el juez de apelaciones revocó parcialmente la decisión del a quo en lo que respecta a Hernando Alfonso de Jesús Aristizabal Giraldo, en el sentido de abstenerse de pronunciarse frente a este demandado; lo cierto es, que la condena impuesta en primera instancia, que lo involucra, quedó vigente “en la mediad que, en el numeral 1.2 del fallo recurrido se determinó que los pagos ordenados por el fallo del Juzgado se harían a favor de la sucesión de Martha Inés Torda (sic)”, por lo que la sentencia incurre en una contradicción frente a este accionado.

VII. Consideraciones

Aduce el censor que el tribunal erró al declarar la existencia de cosa juzgada frente al proceso anterior, en tanto los socios hoy demandados no fueron parte dentro de aquel asunto y, por tanto, no resulte viable extender el pago de la condena impartida contra Confecciones El Norte Ltda., pues ellos debieron ser vinculados en la demanda primigenia en calidad de litis consortes, lo cual les hubiese permitido ejercer su derecho de defensa.

De entrada, advierte la Sala que la razón no está del lado del recurrente, en la medida que su acusación parte de una premisa equivocada, como pasa a indicarse:

El juez de apelaciones acogió lo resuelto por el a quo frente a la institución de la cosa juzgada, pero únicamente para confirmar la absolución de que fue objeto Rodrigo Hernando Quintero Goez y para señalar que no resultaba viable discutir los fundamentos jurídicos y fácticos que tuvo en cuenta el juez al momento de dirimir el conflicto anterior, en tanto dicha decisión “se tornó en decisión definitiva e inmutable”, más no tuvo en consideración esa institución de raigambre procesal para imputar a los socios la responsabilidad solidaria en el pago de la pensión sanción decretada a favor de la actora y contra la sociedad empleadora, en el proceso anterior.

Así, lo que el tribunal determinó en el fallo impugnado, fue que la pretensión en el sub judice, apunta a establecer la solidaridad de los convocados a juicio en su calidad de socios de Confecciones El Norte Ltda. —quien fuera la otrora empleadora de la demandante—, y de ahí, afirmó que era perfectamente válido que en juicio posterior se pretenda el reconocimiento de la aludida solidaridad ante la inexistencia de la sociedad que fue obligada al pago de la pensión sanción a favor de la activa, mediante sentencia anterior.

Tal determinación, la afincó en jurisprudencia de esta Sala, que a diferencia de lo manifestado por la censura, ha establecido por mayoría, que no es necesario integrar la litis con los socios de una empresa cuando lo que se persigue es declarar la existencia de obligaciones laborales, por cuanto el objeto es definir el contenido de aquellas dentro de una relación jurídica de la que no son parte y, por tanto, la solidaridad de sus socios puede ser pretendida en proceso posterior.

Entonces, se reitera, como el tribunal concluyó la factibilidad de demandar judicialmente la declaratoria de solidaridad a los socios de una sociedad de personas, en proceso posterior a aquel en el cual se convocó a juicio solamente a la persona jurídica empleadora de la demandante, y esa, en últimas es la tesis que confronta el recurrente en el recurso extraordinario, resulta preciso citar lo que al respecto ha asentado la Sala, para de allí, concluir que el tribunal —a la luz de esa óptica— no incurrió en los yerros enrostrados.

En efecto en la Sentencia CSJ SL, 12 sep. 2006, rad 25323, reiterada posteriormente en las CSJ SL, 28 abr. 2009, rad. 29522 y CSJ SL, 3 may. 2011, rad. 38077, la Sala sostuvo:

“Aspecto central materia de la controversia es el relativo a la obligación que es objeto de la solidaridad legal reclamada en el sub lite —la del socio con su sociedad— que, para precisarlo de partida, es la causada por la vinculación laboral del trabajador frente al empleador, quien es el responsable directo de la obligación; corolario de tal afirmación es que la que se exige del solidario, no es deuda autónoma o diferente de aquella; lo que la ley manda garantizar con el pago es la debida por el empleador.

Tal premisa tiene repercusiones procesales en que la demanda judicial orientada a la determinación de la existencia de la obligación, necesariamente, ha de comprender al empleador como responsable directo del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

La doctrina de la Sala ha sido reiterativa en exigir la constitución del litis consorcio necesario entre el deudor solidario y el empleador, cuando la pretensión de la demanda es establecer lo que se le adeuda al trabajador por su relación laboral. Ha dicho la Sala:

La Corte ha señalado que cuando se demanda al deudor solidario laboral —específicamente por la condición de beneficiario o dueño de la obra— debe ser también llamado al proceso el empleador. En sentencia de 10 de agosto de 1994, Rad. 6494 dijo la Corte:

‘a) El trabajador puede demandar solo al contratista independiente, verdadero patrono del primero, sin pretender solidaridad de nadie y sin vincular a otra persona a la litis.

b) El trabajador puede demandar conjuntamente al contratista patrono y al beneficiario o dueño de la obra como deudores. Se trata de una litis consorcio prohijada por la ley, y existe la posibilidad que se controvierta en el proceso la doble relación entre el demandante y el empleador y este con el beneficiario de la obra, como también la solidaridad del último y su responsabilidad frente a los trabajadores del contratista independiente.

c) El trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra, como deudor solidario si la obligación del verdadero patrono, entendiéndose como tal al contratista independiente ‘existe en forma clara expresa y actualmente exigible, por reconocimiento incuestionable de este o porque se le haya deducido en juicio anterior adelantado tan solo contra el mismo.

Este principio formulado por la Corte frente al beneficiario o dueño de la obra tiene cabal aplicación para cuando se convoca al proceso al intermediario laboral, pues su razón es la de una calidad que es común a aquellos y a este: deudor solidario de las obligaciones con trabajadores del empleador; ciertamente si lo que se persigue con el proceso es la existencia de la deuda, la unidad del objeto no puede ser rota; con el deudor solidario debe ser siempre llamado el empleador, quien es el primero que debe responder por los hechos que originan o extinguen la obligación reclamada.

Lo anterior no es óbice para que, como lo indica la Sala en la sentencia reseñada, el trabajador escoja entre cualquiera de los obligados para exigir el pago de una obligación, una vez esta ya ha sido establecida’ (Sent. mayo 10/2004, Rad. 22371).

El litis consorcio necesario se ha de constituir en todo proceso en el que además de determinar la existencia de unas acreencias laborales a favor del trabajador, se persiga el pago de la condena por parte de cualesquiera de las personas sobre las que la ley impone el deber de la solidaridad.

De esta manera, el responsable principal de las deudas laborales ha de ser siempre parte procesal cuando se pretenda definir la existencia de las deudas laborales; y ello es condición previa, en caso de controversia judicial, para que se pretenda el pago de la misma, en el mismo proceso o en uno posterior; los deudores solidarios, a su turno, han de ser necesariamente partes procesales en los procesos que tengan por objeto definir la solidaridad, esto es, si se dan o no los presupuestos para declarar tal responsabilidad solidaria frente a la deuda laboral, reconocida por el empleador, o declarada judicialmente en proceso, se repite, anterior o concomitante.

En el proceso que persiga declarar la existencia de la obligación laboral no se requiere vincular —nada se opone a que voluntariamente se haga— a un deudor solidario, por cuanto el objeto es definir el contenido de las obligaciones de una relación jurídica de la que no es parte, y por lo mismo, no hay lugar a excepciones derivadas de la naturaleza de la obligación conducentes a impedir su existencia.

Cuando se persiga hacer valer la solidaridad sin que se hubiere establecido la deuda en acta conciliatoria o proceso judicial, se debe constituir litis consorcio necesario con el deudor principal.

La actuación procesal del deudor solidario, en proceso en el que se le ha llamado a integrar el litisconsorcio con el responsable principal, o en uno posterior al que ha resuelto la controversia sobre la definición de la obligación materia de la solidaridad, y con la pretensión de condenarlo a que asuma el pago de la misma, ha de encaminarse a allanarse o defenderse, aceptando o controvirtiendo el que se den los supuestos sobre los que se edifica la solidaridad, esto es, sobre si se reúnen o no, por ejemplo, los requisitos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo para el beneficiario de la obra, del artículo 35 en tratándose del intermediario, o del artículo 36 para el socio de una sociedad, o si esta se da, presentando excepciones personales frente al actor, conducentes a enervar la obligación de pago, como por ejemplo acreditando que este ya fue realizado, o que operó el fenómeno de la compensación, de la novación, o de la prescripción, entre otros.

Se ha de advertir que la solidaridad que se reclama en el sub examine tiene por fuente la ley, premisa que no desvanece la circunstancia de que el contenido de tal obligación haya sido precisado por una sentencia judicial, de la manera que se pretende cuando se alega que con ello lo que se violaría el principio de que las sentencias tienen efectos inter partes; ciertamente lo que obra es el imperio de la ley”.

Ahora bien, si el asunto en realidad hubiera versado sobre las exigencias que establece el CPC, artículo 332, para que la institución de la cosa juzgada produzca los efectos propios de la misma, el censor no cumplió con el ejercicio de señalar, respecto de las pruebas que enlista como erróneamente apreciadas, lo que cada una acredita, su incidencia en los errores presuntamente cometidos y como tales falencias determinaron la decisión del Tribunal, situación que impide a la Sala, en razón del principio dispositivo, efectuar un estudio sobre el particular.

Finalmente, en lo que respecta a que la condena impuesta en primera instancia a cargo de Hernando Alfonso de Jesús Aristizabal Giraldo, quedó vigente pese a que el tribunal resolvió abstenerse de pronunciarse frente a este demandado, “en la medida que, en el numeral 1.2 del fallo recurrido se determinó que los pagos ordenados por el fallo del juzgado se harían a favor de la sucesión de Martha Inés Torda (sic)”, basta con decir que el recurrente debió acudir, en la oportunidad que la ley adjetiva le brinda, al remedio procesal que establece el CPC, artículo 309, aplicable a los juicios del trabajo a la luz de lo contemplado en el CPT y S.S., artículo 145, que en el presente caso, sería el solicitar la aclaración de la sentencia ante la misma corporación que la profirió.

Con todo, advierte la Sala que en ninguna contradicción incurrió el ad quem, frente al referido demandado, en tanto la parte resolutiva de la providencia impugnada, es lo suficientemente clara para evidenciar, que en el criticado numeral 1.2, lo que el juez de apelaciones estatuyó fue que la condena impuesta debía ser cancelada a favor de la sucesión de la demandante, en razón de su fallecimiento; condena que, como es obvio, quedó a cargo de los socios demandados José Oscar Calle Calle, Rodrigo Hernando Quintero, José Ignacio Calle Posada y Luz Elena Montoya Alzate, pues previamente, en el numeral 1.1 del fallo fustigado, había resuelto abstenerse se pronunciarse frente a Hernando Alfonso de Jesús Aristizabal Giraldo, por las rezones expuesta en la parte motiva de su providencia.

En consecuencia, como se dijo, el tribunal no incurrió en yerro alguno y, de allí, que el cargo no salga avante.

VIII. Segundo cargo

Imputa al fallo impugnado, violar directamente, en la modalidad de infracción directa “el artículo 36 del CST y S.S. en concordancia con los artículos 294, 353, 341 y 352 del Código de Comercio y 13 de la Constitución Política”.

Afirma que el tribunal se “reveló abiertamente” contra el CST, artículo 36, que limita la responsabilidad de los accionistas de las sociedades limitadas, hasta el monto de sus aportes y que no por consagrar Ley 171 de 1961, artículo 8º (sic), un derecho vitalicio, resulta viable inaplicar el primero de los preceptos referidos.

Refiere que para el señalado tipo de sociedades, la ley establece unas “limitaciones”, en cuanto a: (i) el número máximo de socios que se requieren para su constitución y existencia, que no pueden exceder de 25 y, (ii) en cuanto a la responsabilidad de aquellos, la cual está limitada hasta el monto de sus aportes. Se cuestiona acerca de que la inaplicabilidad del aludido artículo 36, únicamente se daría en aquellas empresas de “poco capital”, lo cual considera que violenta el principio fundamental de igualdad.

Realiza un recuento de los tipos de sociedades que consagra el ordenamiento jurídico y la responsabilidad de los socios en cada una de ellas y concluye que el límite que en tal sentido, se encuentra establecido en el CST, artículo 36, no es otra cosa que el acogimiento de las regulaciones que sobre el particular establece el Código de Comercio; que por tanto, la inaplicabilidad de aquella normativa “desconoce y subvierte todo este régimen, consagrando un motivo de inseguridad jurídica que pudiera llevar a una situación crítica para la gestión empresarial”, pues además —afirma—, su observancia tampoco contraría los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 48 y 53.

IX. Consideraciones

Sea lo primero señalar que dada la vía escogida, no son objeto de discusión los siguientes supuesto fácticos: (i) que José Oscar Calle Calle, Rodrigo Hernando Quintero, José Ignacio Calle Posada, Luz Elena Montoya Alzate y Hernando Alonso de Jesús Aristizabal son socios de la empresa Confecciones El Norte Ltda.; (ii) que respecto del demandado Rodrigo Hernando Quintero, operó el fenómeno de la cosa juzgada; (iii) que el accionado Hernando Alonso de Jesús Aristizabal, falleció el 2 de octubre de 1992, esto es, de manera previa a la presentación de la demanda que dio origen a esta asunto; (iv) que Confecciones El Norte Ltda., en proceso anterior, fue condenada a pagar a favor de la actora, la pensión sanción contenida en la Ley 171 de 1961, artículo 8º, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, la cual se hizo efectiva a partir del 11 de noviembre de 1996, fecha en que aquella cumplió los 50 años de edad y, (v) que la accionante falleció el 28 de febrero de 2009.

El tema que ahora interesa a la Sala, es el relacionado con el CST, artículo 36, en cuanto establece la solidaridad de las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social pero solo hasta el límite de su responsabilidad, frente a todas las obligaciones surgidas del contrato de trabajo. La solidaridad que allí se impone, de tipo legal, es la nota característica de dicho precepto y lo que ahora se discute es si la responsabilidad de los socios es limitada o ilimitada.

Lo anterior, como quiera que el tribunal adujo la existencia de un conflicto de normas entre la referida disposición y la Ley 171 de 1961, artículo 8º, el cual resolvió a favor de la demandante, al considerar que la pensión que le fuera concedida en juicio anterior, corresponde a un derecho vitalicio y fundamental, que permite la inaplicabilidad del límite de responsabilidad de los socios que establece la ley.

A su turno, manifiesta la censura que ante la presencia de un derecho vitalicio, no se impone en forma alguna la inaplicabilidad del CST, artículo 36 y, por tanto, en las sociedades de responsabilidad limitada, como en el sub lite, los socios responden hasta el monto de sus aportes.

Pues bien, es preciso señalar que le asiste razón a la censura en su discurso, como quiera que el tantas veces mencionado artículo 36 del estatuto del trabajo, si bien instituye la solidaridad respecto de las obligaciones que provienen del contrato de trabajo, también lo es, que establece de manera diáfana que aquella corre “solo hasta el límite de responsabilidad de cada socio”.

Así las cosas, la condena que se imponga a cada socio, encuentran un límite en la ley, cuando establece que su responsabilidad societaria no va más allá del valor de su cuota social. En atención a tal motivo, no resulta acertado proferir condena por una obligación sin precisar límite alguno, como en este asunto lo fue, por la pensión sanción, cuyo carácter vitalicio no se discute, pues dicho sea de paso, tal carácter, no constituye, per se, una verdadera razón para fundar la confrontación que realizó el tribunal, entre la norma que consagra la prestación y el aludido artículo 36.

Lo anterior, toda vez que precisamente, en atención a la protección de los derechos de los trabajadores, es que tal normativa prescribió la solidaridad de los socios, de suerte que constituyó una garantía adicional que procura el resguardo de las acreencias laborales en aquellos casos que por cualquier razón, la sociedad no responda en todo o en parte por las obligaciones contraídas y no satisfechas.

Frente a este tema la Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en similar sentido, al sostener que la responsabilidad de cada socio es equivalente a su aporte inicial. En efecto, en Sentencia CSJ SL, 22 jul. 2009, rad. 29522, sostuvo la Sala:

“Cabe aclarar que el artículo 36 del CST establece solidaridad de pago con las obligaciones que emanen del contrato de trabajo, pero tal carácter no lo pierde la pensión de sobrevivientes a cargo del empleador, por el hecho de que esta deba ser tasada de conformidad con las normas de la seguridad social, o porque a su vez, se entienda como una sanción por falta de afiliación al sistema, como que, finalmente, no es otra que la obligación que surge solo respecto a un empleador y en relación con quien le prestaba sus servicios subordinados.

Ahora bien, la condena que le cabe a cada uno de los socios la limita la ley al de su responsabilidad societaria, que no es otra que el valor de su cuota social. Por esta razón no procede condena por una obligación sin límites, como lo supone la de una pensión de sobrevivientes de carácter vitalicio. De esta manera la que se ha de imponer, lo ha de ser por el valor de las mesadas pensionales causadas y hasta un monto igual, para cada socio, al del valor de su cuota social, lo anotado de conformidad con el artículo 36 del CST que establece que en las sociedades de personas la responsabilidad de los socios se extiende de manera solidaria hasta el límite de la responsabilidad de cada socio, que es una cantidad equivalente a su aporte inicial, pues se trata de una responsabilidad solidaria adicional de los socios, que garantiza a los acreedores laborales, la existencia del fondo social para la satisfacción de sus acreencias; en lo que respecta a esta clase de créditos, la sociedad de responsabilidad limitada se comporta como una sociedad colectiva, en donde los socios responden solidariamente pero no ilimitadamente, sino hasta el límite de sus aportes”.

Desde esta óptica, se evidencia el yerro en que incurrió el tribunal cuando, superpuso los derechos de la parte actora sobre los de los convocados a juicio, pues éstos en todo caso estaban avocados a cumplir con la condena impartida pero de acuerdo con la limitación de la responsabilidad solidaria.

Aquí y ahora, cumple señalar respecto de la Constitución Nacional, artículo 53 del que hizo uso el ad quem para “inaplicar” el CST, artículo 36, al enfrentarlo a la Ley 171 de 1961, artículo 8º, por “ser la situación más favorable al trabajador”, que tal precepto superior solo encuentra su aplicación frente a un conflicto de normas vigentes de trabajo como expresamente lo dispone el CST, artículo 21 —favorabilidad—, o cuando en punto a una norma jurídica, resulte diferentes apreciaciones que el juzgador encuentre lógicamente posibles y razonablemente aplicables al caso —indubio pro operario—. Empero cercenar de tajo el contenido de una norma legal o brindarle efectos que la misma no contiene, como en el sub lite, no se acompasa con el principio de aplicación de la norma más favorable.

De lo discurrido hasta aquí, resulta claro que la condena fijada por el sentenciador de segundo grado a cargo de los accionados, sin límite alguno en su obligación, resulta desacertada. En consecuencia, el cargo es fundado y se casará parcialmente la sentencia recurrida en cuanto confirmó la condena que de manera ilimitada versó sobre José Oscar Calle Calle, José Ignacio Calle Posada y Luz Helena Montoya Alzate. No la casará en lo demás.

Sin costas en el recurso extraordinario.

X. Sentencia de instancia

Los argumentos esbozados en la esfera casacional, son suficientes para establecer, en sede de instancia, que la condena que se debe atribuir a cargo de cada uno de los socios demandados, la limita la ley al de su responsabilidad societaria, que no es otra que el valor de su cuota social.

De esta manera, la que se ha de imponer, lo ha de ser por el valor de las mesadas pensionales causadas “a razón del salario mínimo legal mensual vigente”, debidamente indexadas y hasta un monto igual, para cada socio, al del valor de su cuota social.

En el sub lite, los valores de las cuotas sociales, según el único documento del que podemos extraer su valor, esto es, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Confecciones El Norte Ltda., visible a folios 65 y 66, son los siguientes:

SocioNº de cuotasTotal aportes
José Calle Calle875$ 875.000
José Calle Posada875$ 875.000
Luz Montoya Alzate437$ 437.000

Ahora bien, a fin de mantener en el tiempo el valor adquisitivo de la moneda, los anteriores aportes deberán se actualizados conforme a los IPC certificados por el Dane, desde la fecha de conformación de la sociedad Confecciones El Norte Ltda., esto es, desde el 20 de octubre de 1988, a la fecha en que se causó el derecho, 11 de noviembre de 1996, lo cual arroja los siguientes valores:

SocioTotal aportesDesdeHastaTotal aportes indexados
José Calle Calle$875.00020/10/1988 IPC I 6.3311/11/1996 IPC F 37.72$5.214.060,03
José Calle Posada$875.00020/10/1988 IPC I 6.3311/11/1996 IPC F 37.72$5.214.060,03
Luz Montoya Alzate$437.00020/10/1988 IPC I 6.3311/11/1996 IPC F 37.72$2.604.050,55

Así las cosas, se modificaran los numerales tercero cuarto y quinto de la sentencia de primer grado de fecha 4 de octubre de 2008, proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de condenar a los demandados José Oscar Calle Calle, José Ignacio Calle Posada y Luz Elena Montoya Alzate, a pagar solidariamente a favor de la sucesión de Martha Inés Taborda Granda, el valor de las mesadas pensionales causadas desde el 11 de noviembre 1996 hasta el 28 de febrero de 2009, fecha de su fallecimiento, hasta un monto igual al valor de la cuota inicial de cada uno de los socios aquí condenados, indexada en los términos atrás referidos. Se confirmará en lo demás.

Costas en las instancias a cargo de la parte demandada.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 7 de octubre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por Martha Inés Taborda Granda contra José Oscar Calle Calle, Rodrigo Hernando Quintero, José Ignacio Calle Posada, Luz Elena Montoya Alzate y Hernando Alonso de Jesús Aristizabal, en cuanto confirmó la condena que de manera ilimitada versó sobre José Oscar Calle Calle, José Ignacio Calle Posada y Luz Helena Montoya Álzate. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, SE MODIFICAN los numerales tercero cuarto y quinto de la sentencia de fecha 4 de octubre de 2008, proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de CONDENAR a los demandados José Oscar Calle Calle, José Ignacio Calle Posada y Luz Elena Montoya Alzate, a pagar solidariamente a favor de la sucesión de Martha Inés Taborda Granda, el valor de las mesadas pensionales debidamente actualizadas, causadas desde el 11 de noviembre 1996 hasta el 28 de febrero de 2009, fecha de su fallecimiento, hasta un monto igual al valor de la cuota inicial de cada uno de los socios aquí condenados, indexada en los términos atrás referidos. Se confirma en lo demás.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».