Sentencia SL11762-2014 de agosto 27 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 57044

Acta 30

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., veintisiete de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «X. Se considera

Primeramente, debe decirse que no son objeto de controversia los hechos referentes a que el demandante laboró para la entidad demandada entre el 4 de julio de 1956 y el 4 de julio de 1981 y que esta le reconoció una pensión de jubilación de origen legal, a partir del 22 de marzo de 1990, día en que cumplió 55 años de edad.

Claro resulta entonces, que la controversia gira en torno a la procedencia de la actualización del ingreso base de liquidación de dicha prestación, teniendo en cuenta que la pensión se causó antes de la vigencia de la Constitución de 1991.

Al respecto, es de señalar que en sentencia de la CSJ SL 736-2013, 16 oct. 2013, rad. 47709, esta corporación varió el criterio que hasta entonces venía sosteniendo, según el cual la indexación de la primera mesada pensional únicamente procedía respecto de aquellas pensiones que, independientemente de su origen, hubiesen sido causadas en vigencia de la Constitución Política de 1991.

En la referida sentencia de casación, la Sala, luego de efectuar un recuento jurisprudencial acerca de la figura de la indexación, concluyó: (i) que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; (ii) que al no existir prohibición expresa alguna por parte del legislador de indexar la primera mesada, causada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, no hay cabida para hacer discriminaciones fundadas en la naturaleza de la prestación o en la fecha de su reconocimiento; y (iii) que cualquier diferenciación al respecto resulta injusta y contraria al principio de igualdad.

En consecuencia, la nueva tesis de esta Sala sostiene que resulta viable la actualización del salario que sirve de base para calcular el monto inicial de la mesada pensional, incluso respecto de aquellas jubilaciones causadas con anterioridad al 7 de julio de 1991. Su respaldo se halla en la existencia de otros parámetros distintos a la ley, igualmente válidos frente a la existencia de una fuente normativa, como lo son la equidad, la justicia y los principios generales de derecho, que gozan de fuerza normativa en los términos de la L. 153/1887 Art. 8 y del CST Art. 19.

En efecto, en la aludida Sentencia CSJ SL736-2013 rad 47709, la Sala asentó su nuevo criterio en los siguientes términos:

“De todo lo expuesto, la Sala concluye que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991; que así lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa posibilidad nunca ha sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y que, por lo mismo, no cabe hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación, que resultan arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

Todo lo anterior conlleva a que la Sala reconsidere su orientación y retome su jurisprudencia, desarrollada con anterioridad a 1999, y acepte que la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991”.

Comoquiera que en el sub lite, el juez de apelaciones consideró improcedente la indexación del IBL del actor, con fundamento en la que fuera otrora jurisprudencia de esta Sala —que como se indicó quedó recogida—, los cargos son fundados y, en consecuencia, se casará la sentencia recurrida.

XI. Sentencia de instancia

Además de lo expresado al resolverse los cargos, ha de agregarse en sede de instancia, que lo planteado por la sociedad demandada en el recurso de apelación —o sea, la improcedencia de la indexación de la primera mesada por haberse reconocido la pensión con antelación a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991—, quedó contestado en la esfera casacional. A continuación se hará el pronunciamiento correspondiente frente al otro reproche de la apelante, relativo a la excepción de prescripción que se formuló al darse respuesta al libelo demandatorio.

En el escrito de apelación contra el fallo de primera instancia (fls. 233 a 244, cdno. del juzgado), la parte demandada, luego de transcribir las disposiciones que en materia laboral regulan el tema de la prescripción —CST art. 488 y CPT y SS art. 151—, argumentó que la pensión de jubilación se reconoció al actor a partir del 22 de marzo de 1990. Que el primer reclamo para interrumpir la prescripción se hizo a la empresa de manera inoportuna el 29 de octubre de 1998, es decir, 8 años, 7 meses y 7 días después de otorgarse la prestación, ya que los tres años para demandar se cumplían el 28 de octubre de 2001, y para tal fecha no se había instaurado ninguna acción judicial, lo que lleva a que esas mesadas estén prescritas. Que al haberse incoado la acción solo hasta el “mes de julio (sic) de 2008”, todas las mesadas causadas en los tres años previos a esa data, se encuentran prescritas y así debió declararlo el juez de primer grado, en lugar de condenar —como lo hizo— desde el 1º de abril de 1990, cuando se causó la pensión.

El a quo para no declarar probada la excepción de prescripción, así fuera parcialmente, argumentó que las reclamaciones de orden pensional, como serían la actualización o indexación de la base salarial o primera mesada pensional, son imprescriptibles, aun cuando las mesadas pensionales que se vayan causando periódicamente podrán verse afectadas por dicho fenómeno. Que no obstante lo anterior, en este caso en específico, no hay lugar a ninguna prescripción, porque la empresa demandada no puede beneficiarse de su propio error, ya que debió dar solución cuando el actor le hizo la primera reclamación y no esperar a que este la demandara. Lo anterior —según el a quo—, impide declarar tal prescripción, que fue propuesta en la contestación a la demanda.

Para desatar lo referente al tema de la prescripción, a continuación se estudiarán dos aspectos diferentes —pero ligados entre sí—, y que corresponden: a) La imprescriptibilidad de la reclamación atinente a la indexación o actualización de la primera mesada pensional o base salarial para liquidar la pensión de jubilación; y b) La prescripción de las mesadas causadas, así como del reconocimiento de las diferencias pensionales e indexación de las sumas adeudadas por la demora en el pago de las diferencias pensionales.

Para una mejor comprensión, lo primero que hay que diferenciar es que en materia pensional hay dos clases de indexación que se pueden reclamar mediante una acción judicial: una relativa a la actualización o ajuste del ingreso base para liquidar la pensión (IBL), también denominada indexación de la primera mesada pensional; y otra atinente a la indexación de las sumas adeudadas por mesadas o diferencias pensionales que no fueron sufragadas en su oportunidad, y que debió haberse hecho en forma periódica.

Sobre dicha distinción en sentencia de la CSJ SL, 12 sep. 2006, rad. 28257, se puntualizó:

“Primeramente es de destacar que la parte actora mediante esta acción no está solicitando la actualización del IBL o de la primera mesada pensional (...) sino la indexación de unas sumas que no fueron sufragadas en su oportunidad, debiéndose haber hecho en forma periódica, y que corresponden a diferencias de mesadas pensionales.

En otros términos, lo que se implora a través de esta acción es la corrección monetaria o actualización de los dineros adeudados por cada mesada impagada, por el hecho de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, tal y como bien lo concluyó el fallador de alzada.

Lo anterior significa, que nos encontramos frente a dos clases de indexación, para el caso una distinta a la relativa al IBL de la pensión y que en puridad de verdad corresponde a la que atañe a la actualización de sumas debidas y no canceladas oportunamente, plenamente aplicable al pago tardío de diferencias de mesadas pensionales sobre las cuales no tiene cabida los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En lo atinente a la distinción entre estas dos clases de indexación, en sentencia del 23 de junio de 2004 radicado 22973, esta Sala de Corte expresó:

‘(...) El tribunal en cuanto a este punto manifestó:

‘La jurisprudencia colombiana abandonó hace ya varios años el nominalismo y adoptó criterios tendientes a que los trabajadores no reciban tardíamente el valor de sus créditos con dinero envilecido. Subsiguientes desarrollos jurisprudenciales han conducido a establecer la incompatibilidad de la indexación con los intereses comerciales debido a que éstos tienen un elemento inflacionario en su composición; por ello se modificará la decisión del a quo en el sentido de disponer la corrección monetaria de cada mesada, conforme al índice de precios al consumidor certificado por el Dane, desde cuando se hizo exigible hasta cuando se verifique el pago y sobre ese valor ya indexado deberán pagarse intereses remuneratorios al 6% anual’.

De lo anterior se desprende, de manera nítida, que el juez de segunda instancia lo que tuvo en cuenta para imponer la indexación fue la mora en el pago de las mesadas, lo que coincide con lo sostenido por esta corporación en lo que concierne a la procedencia de la indexación de sumas debidas y no canceladas oportunamente.

En efecto se ha dicho:

‘Evidentemente uno de los objetivos perseguidos por la indexación es el que las acreencias laborales susceptibles de tan equitativa figura se solucionen actualizadas, para que no se presente ninguna mengua en su poder adquisitivo. Por ello se ha aceptado jurisprudencialmente que en tales casos la corrección monetaria es procedente, según algunos, como factor de daño emergente por el perjuicio que sufre el titular del derecho por el no cumplimiento oportuno del deudor de la obligación a su cargo, y según otros como actualización dineraria’ (Rad. 16476 - 21 de noviembre de 2001).

Por lo tanto, es claro que las sentencias que cita el recurrente no tienen aplicación al presente caso, pues ellas se refieren es a la posibilidad de ajustar el ingreso base para liquidar pensiones, y aquí se trata es de la mora en el pago de mesadas pensionales’”.

Efectuada la anterior precisión y volviendo al tema de la prescripción, se tiene lo siguiente:

1. Sobre la imprescriptibilidad de la actualización o indexación de la primera mesada pensional.

Como es sabido, y la Sala lo tiene adoctrinado, no prescribe el mecanismo indexatorio para efectos de actualizar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, por cuanto lo que se persigue es mantener el valor real del IBL o salario base y no incrementarlo. Por tanto, dicha indexación de la primera mesada es integrante o inherente al status pensional. Al respecto, en sentencia de la CSJ SL, 7 jul. 2005, rad. 24554, se precisó:

“en lo que corresponde al fondo del ataque, las enseñanzas o directrices plasmadas en la sentencia del 15 de julio de 2003 con radicación 19557, no se encajan dentro de los presupuestos del caso que ahora se somete a consideración de esta Corporación, por lo siguiente:

En la sentencia que rememora el censor, se discutía la reliquidación del valor del monto inicial de la mesada pensional reconocida al trabajador demandante, con fundamento en que se omitió incluir como factores salariales: horas extras, recargos nocturnos, auxilio de transporte, bonificaciones, primas de vacaciones, navidad, alimentación y de servicios; mientras que en el sub lite, lo que se controvierte no son los elementos que sirvieron para conformar esa primigenia mesada sino su actualización como paliativo del fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, bajo el amparo de una norma legal que estableció la actualización anual con base en la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE (inc. 3º, art. 36, L. 100/93).

La Corte en el mencionado pronunciamiento, manteniendo su criterio sobre la imprescriptibilidad del derecho pensional por su carácter vitalicio, modificó su jurisprudencia para precisar que la acción personal del pensionado tendiente a reclamar los factores económicos relacionados con los elementos integrantes para la obtención de la base salarial sobre la cual se calcula el quantum o monto de la prestación, en la forma como lo haya dispuesto el legislador, la convención o directamente las partes, prescribirá transcurrido el término que para tal efecto prevén los artículos 488 del CST y 151 del CPT y SS.

La solución aquí adoptada en ningún momento conduce a que se deba generalizar la prescripción trienal a todas las eventualidades que afecten la cuantía inicial de la mesada, pues la postura de la Corte en este puntual aspecto está dirigida a aquellas situaciones en que se deba incrementar el valor económico de la mesada pensional, por la omisión del empleador o entidad encargada de reconocer la prestación, de incluir todos los factores en la base de la liquidación, lo que genera unos créditos no satisfechos que se deben reclamar dentro del término hábil que dispone la ley, pues de no hacerlo el pensionado teniendo la oportunidad para ello, su inactividad conlleva la extinción del derecho a solicitar la reliquidación del monto de dicha pensión.

La actualización del ingreso base de liquidación de la pensión, no implica un incremento de la obligación original, pues no la hace más onerosa, sino que su finalidad es mantener el valor económico real de la moneda frente a la notoria pérdida de su poder adquisitivo, para el caso la aplicación de la revaluación sobre el mismo quantum con el que se reconoció el derecho pensional, respecto del cual el pensionado no tiene ninguna objeción, y en estas condiciones, la solicitud a dicha actualización monetaria no está sometida al término trienal de prescripción, pues ello haría nugatorio que las pensiones mantengan su poder adquisitivo” (resalta la Sala).

Así las cosas, la solicitud de indexación de la primigenia mesada no se encuentra afectada por el fenómeno jurídico de la prescripción, como bien lo determinó el a quo. En consecuencia, se mantendrá incólume lo resuelto por este, en lo relativo a que el demandante tiene derecho a que el ingreso base de liquidación de su pensión de jubilación se le actualice entre la fecha de su desvinculación laboral, que se produjo el 4 de julio de 1981, y la del reconocimiento del derecho pensional, que fue el 22 de marzo de 1990, cuando este cumplió 55 años de edad. El juez de primer grado concluyó que la mesada inicial ($41.025) debía ajustarse a un quantum mensual de $249.830,oo, monto que se tendrá en cuenta para llegar a la mesada que, con los incrementos de ley, deberá cancelársele al pensionado hasta la fecha y obtener así las diferencias pensionales a que haya lugar.

2. Prescripción de las mesadas causadas, pago de las diferencias pensionales e indexación o corrección monetaria de las sumas adeudadas.

Según quedó explicado en el punto anterior, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte no prescribe el status de pensionado o el derecho a la pensión en sí mismo, como tampoco algunos derechos que se encuentran estrechamente ligados, tales como la indexación o actualización de la primera mesada.

Sin embargo, como el disfrute de la pensión es de tracto sucesivo y por regla general de carácter vitalicio, se admite la prescripción trienal de las mesadas pensionales exigibles que no se hubieran cobrado por su beneficiario durante el término prescriptivo común del derecho laboral y de la seguridad social.

En otras palabras, y de acuerdo a lo que se debate en este proceso, las diferencias en el valor de las mesadas, surgidas por efecto de la actualización o indexación de la primera mesada —que en este caso resultó procedente como se analizó en sede de casación—, existentes entre lo efectivamente pagado y lo que se ha debido cancelar, si se afectan por el paso del tiempo y se extinguen por su no reclamación oportuna.

En el sub lite las diferencias pensionales objeto de condena, que constituyen el retroactivo pensional adeudado, corresponden —en los términos del fallo de primer grado—, a las “diferencias (...) causadas desde el 1º de abril de 1990”, por virtud de que en esa instancia no se decretó ninguna prescripción.

Empero las razones que llevaron al juez de conocimiento a no decretar la prescripción de mesadas —o sea, que la propia demandada no podía beneficiarse de su error, ya que debió dar solución inmediata cuando el actor le reclamó—, no pueden ser de recibo, como quiera que son equivocadas. En efecto, determinar si existen o no mesadas o diferencias pensionales prescritas, no depende del factor anotado por el a quo, sino de establecer si el titular del derecho reclamó en tiempo o interrumpió la prescripción en los términos de ley. De este aspecto puntual a continuación la Sala se ocupará.

El CST art. 488, trae como regla general que las acciones correspondientes a los derechos regulados por ese código prescribirán en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo los casos de prescripciones especiales regulados en nuestro procedimiento laboral. Igualmente el art. 489 ibídem señala que “El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono acerca de un derecho debidamente determinado interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente” (resalta la Sala).

A su turno, el CPT y SS art. 151 establece que las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres (3) años, “que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible” y que el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, “sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual” (el énfasis es de la Corte).

Los citados preceptos legales establecen un término de tres (3) años para reclamar, que se cuenta desde que la respectiva obligación se hubiera hecho exigible, pues el fundamento de la prescripción extintiva es la inercia o dejadez del acreedor de solicitar el cumplimiento de la eventual obligación. Del mismo modo, consagran la interrupción de la prescripción, con solo presentar reclamación por escrito al empleador u obligado sobre un derecho o prestación, con lo cual comienza de nuevo a contarse el término de otros tres años para reclamar, corridos desde que se produjo la interrupción, pero por una sola vez.

Otra manera de interrumpir la prescripción corresponde a la presentación de la demanda, con observancia del CPC art. 90 (actual CGP art. 94), aplicable por remisión analógica al procedimiento laboral, de conformidad con el CPT y SS art. 145.

En el asunto a juzgar el demandante fue pensionado el 22 de marzo de 1990, data a partir de la cual se inició la contabilización del término de prescripción de tres años, que por tanto vencía el 22 de marzo de 1993. Pero en ese lapso no se formuló reclamo alguno ante la accionada, ni se presentó demanda ante la justicia ordinaria —es decir, no se interrumpió la prescripción—, quedando afectadas por ese fenómeno jurídico las diferencias pensionales derivadas de la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión exigibles a esa fecha.

Sin embargo, dado el carácter imprescriptible del mecanismo de la indexación de la primera mesada, así como la causación periódica de las mesadas pensionales por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, se tiene que respecto de las diferencias que se hicieron exigibles después del 22 de marzo de 1993, el actor interrumpió la prescripción con el escrito fechado 29 de octubre de 1998 (fls. 2 y 3, cdno. ppal.). Pero como transcurrieron tres años a correspondiente demanda, las diferencias pensionales generadas hasta el 29 de octubre de 2001 también están prescritas.

Como el demandante por su inactividad dejó transcurrir el tiempo y solamente demandó hasta el 30 de mayo de 2008, según la constancia de folio 54 ibídem, es para este momento que operó la interrupción de la prescripción en relación con las diferencias pensionales que se originaron por el ajuste del IBL de la mencionada prestación y que se venían haciendo exigibles. Lo que trae como consecuencia que los derechos causados con tres (3) años de anterioridad a esa última data, esto es, del 30 de mayo de 2005 hacía atrás, están prescritos.

En conclusión, es del caso declarar probada parcialmente la excepción de prescripción formulada desde la contestación de la demanda inicial, de las diferencias pensionales que se hicieron exigibles con antelación al 30 de mayo de 2005, debiéndose limitar la condena tanto del retroactivo de diferencias causadas como de la indexación o corrección monetaria de las sumas adeudadas, que también fueron materia de condena en la primera instancia, a partir del 1º de junio de 2005.

En este orden de ideas, se impondrá a la accionada el pago de la suma de $316.987.694,67, por diferencias pensionales, exigibles durante el período no prescrito, de 2014, tomando como primera mesada pensional la suma de $249.830,60, que con los incrementos de ley y hechas las operaciones del caso, asciende para el año 2005 a una mesada reajustada por valor de $2.419.909,03 y para el 2014 a la cantidad de $3.439.193,68, con la cual se ha de continuar sufragando la pensión. Lo anterior se expresa en el siguiente cuadro:

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DesdeHastaPensión reconocidaPensión reajustadaDiferencia mesada no prescritaNº de pagosValor anual diferencia pensional
01/04/199031/12/1990$41.025,00$249,830,60   
01/01/199131/12/1991$51. 720,00$330,695,04   
01/01/199231/12/1992$65,190,00$419,399,91   
01/01/199331/12/1993$81.510,00$524,811,05   
01/01/199431/12/1994$98,700,00$643,460,02   
01/01/199531/12/1995$118,933,50$788,855,24   
01/01/199631/12/1996$142,125,00$942,426,21   
01/01/199731/12/1997$172.005,00$1,146,358,51   
01/01/199831/12/1998$203,826,00$1.349,082,91   
01/01/199931/12/1999$236.460,00$1.574.421,07   
01/01/200031/12/2000$260,100,00$1,719,766,86   
01/01/200131/12/2001$286,000,00$1,870,215,18   
01/01/200231/12/2002$309,000,00$2,013,218,45   
01/01/200331/12/2003$332,000,00$2,153,998,26   
01/01/200431/12/2004$358,000,00$2,293,806,49   
01/01/200531/05/2005$381.500,00$2.419,909,03   
01/06/200531/12/2005$381.500,00$2.419,909,03$2,038,409,039$18,345,681,27
01/01/200631/12/2006$408,000,00$2,537,393,23$2,129,393,2314$29,811,505,22
01/01/200731/12/2007$433,700,00$2,651.015,45$2,217,315,4514$31.042.416,30
01/01/200831/12/2008$461.500,00$2,801.965,93$2,340,465,9314$32,766,523,02
01/01/200931/12/2009$496,900,00$3,017,010,05$2,520,110,0514$35,281,540,70
01/01/201031/12/2010$515,000,00$3,077,404,80$2,562,404,8014$35,873,667,20
01/01/201131/12/2011$535,600,00$3,174,958,53$2,639,358,5314$36,951,019,45
01/01/201231/12/2012$566,700,00$3,293,384,49$2,726,684,4914$38,173,582,80
01/01/201331/12/2013$589,500,00$3,373,743,07$2,784,243,0714$38,979.402,94
01/01/201430/06/2014$616,000,00$3.439,193,68$2,823,193,687$19,762,355,78
Total     $316,987,694,67

Así las cosas, con lo dicho tanto en sede de casación como actuando la Corte como tribunal de instancia, quedan resueltas todas las inconformidades del recurso de apelación de la accionada, debiéndose confirmar la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró que la Compañía Suramericana de Seguros S.A. debe actualizar el salario base de liquidación de la pensión del actor, “calculado al momento del retiro ocurrido el 4 de julio de 1981, al (sic) momento a partir del cual se reconoció la pensión, o sea al 22 de marzo de mil novecientos noventa (1990)”; fijó como valor de la primera mesada pensional la suma de “$249.830,60”; ordenó que a partir del mes de agosto de 2010 la accionada deberá seguir cancelando al demandante, una mesada pensional de “$3.077.404.80”, e impuso la actualización de las diferencias pensionales causadas, aspectos respecto de los cuales, se precisa, no existió inconformidad alguna por parte del demandante hoy recurrente.

Del mismo modo, se revocará el numeral primero de la sentencia del a quo, que declaró no probadas las excepciones propuestas por la demandada, para en su lugar, decretar probada parcialmente la de prescripción, respecto de las diferencias por mesadas pensionales exigibles y que no se pagaron antes del 30 de mayo de 2005. En tal sentido, habrá de modificarse el numeral tercero de dicho fallo, solamente en cuanto condenó a la convocada a juicio a pagar la suma de $383.444.721,09, por el retroactivo pensional de las diferencias pensionales causadas entre el 1º de abril de 1990 (fecha de reconocimiento pensional) y el 31 de julio de 2010 (mes que corresponde al último IPC certificado para la fecha del fallo de primera instancia, que fue proferido el 25 de agosto de 2010), a efectos de que se liquiden tales diferencias de la pensión considerando la prescripción decretada en la forma atrás explicada.

De otra parte, comoquiera que el numeral cuarto del fallo de primer grado, impuso a la convocada al proceso, el pago de la corrección monetaria o indexación de los valores que resultaron a favor del accionante “desde el 1º de abril de 1990 a 31 de julio de 2010”, por las mismas razones enunciadas en precedencia se impone su modificación, en el sentido de condenarla a la cancelación de la indexación de las sumas adeudadas, desde el 1º de junio de 2005 a la fecha efectiva del pago de las diferencias pensionales insolutas, concepto que a 30 de junio de 2014 (mes que corresponde al último IPC certificado para la fecha de esta providencia), asciende a la suma de $48.423.180,43, tal como se refleja en el siguiente cuadro:

DesdeHastaValor anual diferencia pensionalValor indexación de las diferencias adeudadas
01/04/199031/12/1990  
01/01/199131/12/1991  
01/01/199231/12/1992  
01/01/199331/12/1993  
01/01/199431/12/1994  
01/01/199531/12/1995  
01/01/199631/12/1996  
01/01/199731/12/1997  
01/01/199831/12/1998  
01/01/199931/12/1999  
01/01/200031/12/2000  
01/01/200131/12/2001  
01/01/200231/12/2002  
01/01/200331/12/2003  
01/01/200431/12/2004  
01/01/200531/05/2005  
01/06/200531/12/2005$18,345,681,27$7,273,343,45
01/01/200631/12/2006$29,811,505,22$10,388.402,64
01/01/200731/12/2007$31,042.416,30$8,602,382,09
01/01/200831/12/2008$32,766,523,02$6,327,910,32
01/01/200931/12/2009$35,281,540,70$5,175,919,94
01/01/201031/12/2010$35,873,667,20$4,324,846,88
01/01/201131/12/2011$36,951,019,45$3,084,736,68
01/01/201231/12/2012$38,173,582,80$1,934,538,25
01/01/201331/12/2013$38,979.402,94$1,164,300,59
01/01/201430/06/2014$19,762,355,78$146,799,59
Total  $48.423,180,43

Sin costas en el recurso extraordinario por cuanto este salió avante. Las de las instancias, serán a cargo de la compañía demandada.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior, Sede Distrito Judicial de Cali, el 29 de febrero de 2012, en el proceso ordinario adelantado por Alberto Rizo Palacios contra la Compañía Suramericana de Seguros S.A., que negó la indexación de la primera mesada de la pensión de jubilación del actor.

En sede de instancia, se REVOCA el numeral primero de la sentencia del a quo, que declaró no probadas las excepciones propuestas por la demandada. En lugar de ello, se DECLARA probada parcialmente la de prescripción, respecto de las mesadas pensionales causada con anterioridad al 30 de mayo de 2005.

Igualmente, se MODIFICA:

— El numeral tercero del fallo de primera instancia, ÚNICAMENTE en cuanto condenó a la convocada a juicio a pagar la suma de $383.444.721,09, por diferencias pensionales causadas entre el 1º de abril de 1990 y el 31 de julio de 2010, para en su lugar, imponer a la accionada el pago de la suma de trecientos dieciséis millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos con sesenta y siete centavos moneda corriente ($316.987.694,67 M/CTE.), por ese mismo concepto, pero por el período comprendido entre el 1º de junio de 2005 y el 30 de junio de 2014, siendo la mesada a pagar en el año 2014 por valor de tres millones cuatrocientos treinta y nueve ocho centavos moneda corriente ($3.439.193,68 M/CTE.).

— El numeral cuarto de la sentencia de primer grado, que impuso a la convocada a juicio el pago de la corrección monetaria o indexación de las sumas adeudadas al accionante “desde el 1º de abril de 1990 a 31 de julio de 2010”, para en su lugar condenarla a la cancelación de dicha indexación de las sumas adeudadas, pero desde el 1º de junio de 2005 a la fecha efectiva del pago de las diferencias pensionales insolutas, concepto que a 30 de junio de 2014 asciende a la cantidad de cuarenta y ocho millones cuatrocientos veintitrés mil ciento ochenta pesos con cuarenta y tres centavos ($48.423.180,43 M/CTE.).

SE CONFIRMA la decisión de primer grado en lo demás.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».