Sentencia SL1183-2018/45351 de abril 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL1183-2018

Rad.: 45351

Acta 13

Bogotá, D.C., dieciocho abril de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «IV. Recurso de Casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

VIII. Consideraciones

El Tribunal fundamentó su decisión condenatoria en que de acuerdo con el dictamen pericial, la modificación unilateral y en contra de la voluntad del accionante, del salario básico y tasa de comisiones que hizo la accionada al actor mediante la comunicación de fecha 17 de julio de 2001, implicó una desmejora, pues al haber aumentado las ventas de la empresa desde ese entonces, al accionante le resultaba mejor el salario inicialmente pactado con una comisión del 2% sobre el valor total de las ventas de la empresa que el nuevo con una comisión del 0.2%.

La censura radica su inconformidad en que el Tribunal no dio por establecido que el accionante, con anterioridad al 17 de julio de 2002, calenda a partir de la cual se produjo el cambio de la modalidad salarial, devengó un salario promedio inferior a $1.700.000, y, para corroborar su afirmación, le achaca la falta de apreciación de la documental de fl. 62, consistente en la liquidación de vacaciones del actor, del periodo del 15 de marzo de 2001 al 15 de marzo de 2002, y la contenida a fl. 83 referente a la certificación del revisor fiscal de la demandada sobre los salarios devengados a partir del mes de enero de 2002.

Se observa por la Sala que el fl. 62 del plenario corresponde a una relación de comisiones del 1º al 15 de marzo de 2005, a nombre del accionante, sin firma alguna, al igual que la de fl. 38. Por lo tanto, evidentemente no sirven a los propósitos de la acusación.

A más de lo anterior, para esta Sala, a nada conduce el yerro achacado al tribunal por la censura, toda vez que la condena por reajustes de comisiones obedeció a que, como lo dijo el ad quem, el dictamen pericial había arrojado que, por el aumento de las ventas de la compañía, luego del cambio de las condiciones salariales del contrato, agosto de 2002, al accionante le favorecían más las condiciones pactadas inicialmente que las generadas con ocasión del cambio, de donde coligió que hubo una desmejora salarial y tal conclusión lo llevó, en la práctica, a no aplicar la modificación salarial y a darle efectos a lo acordado inicialmente en el contrato, pues también estableció que el ex trabajador había manifestado oportunamente su desacuerdo en el cambio de las condiciones salariales.

Así las cosas, para derribar esta condena, siendo que la censura optó por la vía indirecta y que el sustento del fallo estuvo afincado en el dictamen pericial, el ataque debió dirigirse a demostrar que no hubo la desmejora salarial detectada por el ad quem, en el sentido de que era evidente, conforme a las pruebas calificadas, que el básico de $1.700.000 más las comisiones del 0.2% sobre las ventas de la empresa era superior al salario liquidado con base en las condiciones originalmente pactadas, pero este aspecto fue dejado de lado por la censura.

De tal suerte que, si el actor, con anterioridad al 17 de julio de 2002, había devengado un salario promedio menor a $1.700.000, razonamiento con el que el impugnante pretende configurar el yerro, aun de ser cierto, este supuesto no tiene incidencia en la condena, pues lo que llevó al juzgador a reconocer el reajuste por comisiones deprecado fue el incremento en las ventas que experimentó la empresa a partir de julio de 2002, según el dictamen, lo cual trajo consigo que el actor tuviera derecho al reajuste salarial, en aplicación de las comisiones del 2% sobre esas ventas de la empresa, conforme a lo inicialmente acordado entre las partes.

Es decir, para el Tribunal, el actor tenía derecho a lo que le resultara mejor entre un básico de $500.000 más comisiones del 2% sobre el total de las ventas, o a un básico de $1.700.000 más comisiones del 0.2% sobre las ventas de la empresa, razonamiento que claramente se desprende cuando anotó que el fondo del asunto era un “aleas o un azar”, y que si el dictamen también pudo haber arrojado que, por las ventas de la empresa, al actor lo beneficiaba más tener un básico de $1.700.000, más el 0.2% de comisiones, tal situación que habría generado una sentencia a favor de la demandada.

Por la misma razón antes dicha, tampoco se configura yerro fáctico respecto de la fecha de la modificación salarial que, según el recurrente, el Tribunal se equivocó para efectos de establecer el salario promedio que devengó el demandante antes de la variación salarial. En todo caso, las condenas por reajustes fueron por el periodo comprendido del 17 de julio de 2002 al 19 de octubre de 2005.

Adicionalmente, observa la Sala que el ad quem no hizo más que ceñirse al dictamen, al igual que el a quo, y de esta manera, en las instancias, los reajustes se ordenaron por el tiempo comprendido del 17 de julio de 2002 al 19 de octubre de 2005.

Del pago doble de los reajustes por comisiones:

El 5º yerro fáctico achacado por la censura está encaminado a demostrar la equivocación del juez de alzada en la apreciación de la demanda, error que, en criterio del recurrente, lo llevó a proferir condena por reajustes de salarios por la inclusión de comisiones y otra más por reajustes en las comisiones, cuando en la demanda lo pretendido fue la condena a reajustar los salarios por el no pago cabal de las comisiones.

Efectivamente, la censura tiene razón. La pretensión del actor estuvo encaminada a obtener los reajustes salariales, por el mayor valor que resultare de pagársele el salario a que tenía derecho, conforme a los términos del contrato inicialmente pactado, esto fue, según el ad quem, un básico de $500.000 más el 2% de las comisiones.

En consecuencia, solo procedía la condena por reajuste salarial, la cual lleva implícita el reajuste por comisiones.

Lo anterior basta, para casar parcialmente la sentencia, en cuanto también ordenó el pago por reajuste de comisiones del 0.2% al 2% en la suma de $54.865.309.

IX. Cargo Segundo

La censura acusa la sentencia de violar directamente y por aplicación indebida los artículos 488 del Código Sustantivo de Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, en relación con los artículos 22, 186, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 1º, 6º, 14, 15 y 18 de la Ley 50 de 1990; el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 y el artículo 8º de la Ley 153 de 1887.

Demostración del Cargo

El recurrente le reprocha a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín que considerara la prescripción únicamente de cara a los derechos causados a favor del demandante con anterioridad al 24 de noviembre de 2002, y reconociera los efectos prescriptivos de manera parcial. El yerro de orden jurídico que la censura le endilga a la sentencia de segunda instancia radica en no haber declarado la prescripción extintiva frente a la totalidad de las pretensiones de la demanda.

El contradictor de la sentencia asevera que la modificación de las condiciones salariales del demandante se produjo el 17 de julio de 2002, y que el actor manifestó inmediatamente su inconformidad frente a tal decisión. En tanto que la demanda se presentó el 24 de noviembre de 2005, es decir, más de tres (3) años después de haberse producido la modificación de las condiciones salariales. Que, si el demandante no reclamó judicialmente dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que se presentó la modificación de su salario, la prescripción extintiva le impedía que tal acto pudiera ser controvertido después de transcurrido dicho término, pues los reajustes salariales y prestacionales deprecados son una consecuencia de la ineficacia del acto modificatorio del salario, por lo cual, asevera, al no haberse controvertido aquel oportunamente, tampoco pueden salir avante los reajustes consecuencialmente reclamados, pues el acto generador del cambio de las condiciones salariales permanece incólume.

Consecuencialmente, solicita a la Corte que, una vez constituida en sede de instancia, declare probada la excepción de prescripción frente a la totalidad de las pretensiones de la demanda.

X. Réplica

Tampoco está de acuerdo con la acusación de este cargo. Además, dice que no fue controvertida la prescripción en la apelación.

XI. Consideraciones

No tiene razón la censura cuando pretende que se declare la prescripción de la totalidad de las condenas, por estimar que la exigibilidad de los derechos pretendidos ocurrió a partir del momento en que se dio la modificación de las condiciones salariales y el accionante manifestó su disconformidad, esto es desde el 17 de julio de 2002. Para efectos de establecer la exigibilidad de la obligación laboral, acontecimiento a partir del cual se ha de comenzar a contar el término prescriptivo de que trata tanto el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo con el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, “…el juzgador debe remitirse a la fecha en que cada parte del contrato laboral está en la posibilidad, legal o contractual, de solicitarle a la otra, por estar causado, el reconocimiento y pago directo de la respectiva acreencia, o de buscar que ello se haga, en vista de su desconocimiento o insatisfacción, con la intervención del juez competente”. CSJ SL del 23 de mayo de 2001, 15.350. Este razonamiento, con otras palabras, fue reiterado más recientemente en la Sentencia SL 4222 de 2017, a saber:

De ese modo, la prescripción extintiva de acciones y derechos en estas materias opera atada no solamente al transcurso de un tiempo de inactividad previsto en la ley, con la posibilidad de ser interrumpido mediante una reclamación formal y singularizada, sino también, a la de la ‘exigibilidad’ de la obligación demandada, entendida ésta como la posibilidad de hacerse efectiva o ejecutable sin necesidad de advenimiento de hecho alguno, pues cuenta con la característica de ser pura y simple; o porque estando sometida a plazo o condición, se ha producido el fenecimiento de aquél o el cumplimiento de ésta.

La exigibilidad de la obligación apunta, adicionalmente, a su ejecución instantánea o a su desarrollo en un lapso de tiempo determinado o indeterminado, calificándose en la primera situación la obligación como de ‘tracto único’, en tanto que en el segundo caso como de ‘tracto sucesivo’.

Pacíficamente, se ha considerado que la obligación de pagar los salarios, dentro de los cuales están comprendidas las comisiones, es de tracto sucesivo, en razón a que su exigibilidad se predica en la medida que el respectivo periodo de pago se vence. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 1553 del CC, el pago de la obligación no puede exigirse antes de la expiración del plazo, salvo las excepciones legales que no son del caso.

Por tanto, no es el acto de la modificación salarial el que marca la pauta para contabilizar la prescripción, como lo pretende el recurrente, sino es la fecha de la exigibilidad de las obligaciones salariales en la medida en que se vence el plazo para su pago.

En consecuencia, en la sentencia, no se presentó la aplicación indebida de las normas acusadas reguladoras de la prescripción. No prospera este cargo.

XII. Sentencia de Instancia

Lo dicho en sede de casación que llevó a infirmar la condena impuesta por el juez de alzada por concepto de reajuste de comisiones, basta para decir que la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüi fue más allá de las pretensiones solicitadas, pues ordenó dos veces el pago por el mismo concepto, esto es por reajuste de comisiones, toda vez que, al ordenar el reajuste de salarios con base en las comisiones dejadas de reconocer, ya no podía condenar a pagar suma alguna por comisiones, comoquiera que estas van incluidas en aquel.

De lo antes dicho sigue que se deba revocar la condena que impuso por reajuste de comisiones del 0.2% al 2% en la suma de $56.147.167 contenida en el ordinal primero de la sentencia, para evitar un doble pago por el mismo concepto.

Sin costas en el recurso extraordinario y en la segunda instancia.

XIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 18 de diciembre de 2009, en el proceso que instauró Federico José Ramírez Vélez contra Carlos Alberto Saldaña Betancourt, Diana Carolina Saldaña Jiménez y Sky Ltda., en cuanto también ordenó el pago por reajuste de comisiones del 0.2% al 2% en la suma de $54.865.309.

En instancia, se REVOCA la condena que impuso el Juez Segundo Laboral del Circuito de Itagüi, por reajuste de comisiones del 0.2% al 2% en la suma de $56.147.167, contenida en el ordinal primero de la sentencia, para evitar un doble pago por el mismo concepto.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».