Sentencia SL1185-2015/45510 de febrero 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 45510

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta: 3

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones

Si bien es cierto que el alcance de la impugnación no se encuentra planteado con la claridad deseable, ello no obsta para que la Corte entienda que lo que pretende el censor es que una vez casada la sentencia del tribunal, en sede de instancia se revoque la proferida por el a quo y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda. De otra parte, debe precisarse que esta Sala de la Corte ha considerado que cuando el recurrente se refiere a la falta de aplicación de la ley, debe entenderse que lo que plantea es la infracción directa de la misma, por lo que los reparos de orden técnico que la oposición le hace a los cargos no son suficientes para que la Corte se abstenga de acometer su estudio de fondo.

De otro lado, le asiste razón al opositor en cuanto afirma que el tribunal no apreció las resoluciones 1322 de 2003, 1901989 de 2003 y 663 de 2004, proferidas por el Ministerio de la Protección Social, que el censor denuncia como apreciadas con error en el tercer cargo, pues ninguna referencia hizo a tales documentales en la sentencia impugnada. Sin embargo, esta circunstancia por sí sola no conlleva a que la Sala no aborde el estudio de fondo esta acusación, pues en ella también se denuncia la indebida valoración de otras pruebas calificadas que sí fueron tenidas en cuenta por el juez plural.

La otra crítica que hace la oposición al cargo, relativa a la validez de las actas de conciliación, constituye un aspecto de fondo que enseguida pasa a analizarse. Además, estima la Sala que determinar si es posible que las partes suspendan el contrato de trabajo de mutuo acuerdo es un aspecto jurídico que debe plantearse por la vía directa o de puro derecho.

Superado lo anterior, debe ponerse de presente que no se controvierten los supuestos fácticos que dio por sentados el tribunal, tales como que los demandantes y la demandada suscribieron sendas actas de conciliación en las que estipularon que el contrato de Cecilia Echeverri de Peña había iniciado el 1º de octubre de 1992 y había finalizado el 9 de mayo de 2003, por mutuo acuerdo y que dicha demandante recibió la suma de $ 39.259.836, por concepto de las acreencias laborales que se hubieran causado con ocasión de la relación laboral que los unió, así como que el contrato de Jairo Zuluaga Aristizabal había iniciado el 1º de noviembre de 1995 y había terminado, de común acuerdo, el 8 de mayo de 2003. Tampoco se discute que este demandante recibió $ 18.994.291, por concepto de los créditos laborales causados con motivo de la relación laboral que sostuvo con la sociedad demandada. En dichos acuerdos conciliatorios las partes acordaron que hubo suspensión de los contratos de trabajo entre el 15 de abril y mayo de 2003.

El tribunal consideró que como las mencionadas acreencias laborales causadas entre el 15 de abril de 2003 y la data en que fenecieron los nexos contractuales no constituían derechos ciertos e indiscutibles, no era procedente predicar que aquellas negociaciones hubieran recaído sobre derechos mínimos e irrenunciables, de modo que no había lugar a declarar la nulidad de las actas de conciliación, alegada por los promotores del litigio.

El censor controvierte dicha conclusión del ad quem, básicamente, por cuanto de conformidad con el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de trabajo no se suspende por mutuo acuerdo entre las partes y, en ese orden, las conciliaciones recayeron sobre derechos ciertos e indiscutibles.

Al respecto, debe recordar la Sala que la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos mediante el cual, dos o más personas solucionan por sí mismas sus controversias, bajo la supervisión de un tercero neutral y calificado. Es un acto jurídico en el cual intervienen sujetos con capacidad jurídica en donde su consentimiento y voluntad están encaminados a dar por terminado un conflicto existente o eventual. Con relación a los efectos de la conciliación, la jurisprudencia ha enseñado que por tratarse de un negocio jurídico en el que se verifica un acuerdo de voluntades, que además es supervisado por un tercero calificado, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Es por ello que el acta de conciliación tiene prácticamente los mismos efectos de una sentencia judicial.

En ese orden de ideas, se puede concluir que para que una conciliación pierda validez se debe demostrar que existió algún vicio del consentimiento de alguna de las partes, a saber: error, fuerza o dolo, o que tiene objeto ilícito.

Asimismo, esta corporación ha considerado que la autonomía de las partes encuentra sus límites en las normas que proscriben la posibilidad de renunciar a derechos mínimos, tal como lo adoctrinó en Sentencia SL10507-2014, cuando dijo:

Para resolver el problema planteado por la censura, le corresponde a la Sala abordar, en primer lugar, si el ad quem se equivocó al estimar que las partes no tenían impedimento alguno para convenir que el contrato terminaba por mutuo acuerdo, no obstante que la empresa ya había tomado la decisión de finalizar el vínculo con justa causa.

Es bien sabido que la autonomía de la voluntad de las partes de un contrato de trabajo y su poder de disposición no son absolutos, sino que están expresamente limitados por el legislador, en los términos de los artículos 13(1), 14(2) y 15(3) del Código Sustantivo del Trabajo, en desarrollo de los principios fundamentales establecidos en el artículo 53 constitucional denominados “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y facultad para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles”.

De tal manera que los contratantes de la relación laboral subordinada deben respetar las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico laboral, las cuales constituyen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor del trabajador, y tener en cuenta que, por su carácter de orden público, los derechos y prerrogativas en ellas contenidas son irrenunciables, por tanto i) no produce efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca ese mínimo, y ii) se considera válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando verse sobre derechos ciertos e indiscutibles.

En este orden, el artículo 65(4) de la Ley 446 de 1998 establece, como regla general, que son conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley, de donde también se desprende que, iii) en materia laboral, son conciliables los asuntos que versen sobre derechos inciertos y discutibles.

Precisado lo anterior, se tiene que, en el caso del sublite, al haberse producido, primeramente, el despido del trabajador motivado en una supuesta justa causa invocada por la empresa, la situación creada para aquel era la de incertidumbre frente al derecho a reclamar a onsecuencia del despido sufrido, ya fuera el reintegro o la indemnización por despido (que son las pretensiones de la demanda y es lo que podría proceder según el ordenamiento jurídico colombiano, artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo con sus distintas modificaciones o la convención), en tanto que la demandada atendió lo previsto en el parágrafo(5) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, el reconocimiento del posible reintegro o la indemnización a favor del trabajador iba a depender, en principio, de que judicialmente la empresa no demostrase la justa causa invocada en la carta de retiro.

Así pues, aprecia la Sala que, con el hecho cumplido del despido motivado, el actor no tenía el derecho cierto e indiscutible al pago de una indemnización y menos al reintegro a su puesto su trabajo. Por su parte, el empleador, en ejercicio del poder de subordinación, bien podía desistir de hacer uso de la justa causa que, a su juicio, se dio.

En otras palabras, desde un principio la situación fáctica presentada entre las partes (cuya ocurrencia siempre fue aceptada por ellas, cual es el despido motivado) no generaba derechos irrenunciables para el trabajador, lo que hacía posible buscar fórmulas de arreglo que facilitaran la avenencia para arribar a un acuerdo y celebrar la conciliación sobre derechos dudosos. 

Conviene aclarar que no se pueden conciliar hechos para quitarle la certidumbre a los derechos del trabajador y así volverlos conciliables, pues esto haría nugatoria la protección a los derechos mínimos del trabajador; sino que el objeto de la conciliación solo ha de versar sobre los derechos inciertos y discutibles de acuerdo como se dieron originalmente los hechos. 

Por tanto, nada impedía a las partes, como lo dijo el ad quem, en virtud de su autonomía de la voluntad y de su poder de disposición (dado que no había limitaciones en este caso como se acabó de ver), resolver directamente la discrepancia sobre los derechos inciertos derivados del modo de terminación del contrato de trabajo, mediante el uso del mecanismo de solución de conflictos consistente en la conciliación.

Como lo tiene asentado la doctrina, y concuerda con el artículo 65 de la Ley 446 de 1998 precitado, la conciliación implica siempre una solución persuasiva del conflicto, donde las partes logran la avenencia a través de distintos medios negociales, como pueden ser la transacción (concesiones mutuas), la renuncia o desistimiento y el allanamiento (concesión de una sola parte). Y su validez y eficacia dependerá del concurso del libre consentimiento de ambas partes y de su capacidad para llevar a cabo actos disposición.

Nótese que, en este caso, en el acto conciliatorio se hicieron concesiones mutuas, pues la empresa cedió en no hacer uso de la supuesta justa causa, aceptar la renuncia del trabajador y reconocerle una bonificación, y el trabajador, en obviar el despido para solicitar que le aceptasen la renuncia al cargo a cambio de una bonificación de retiro.

De lo anterior se sigue que la conciliación no desconoció derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, como lo dijo el ad quem (…) (Subrayas fuera del texto).

Y, en Sentencia CSJ SL, feb. 17/2009, Rad. 32051, la Corte adoctrinó:

Al respecto, se comienza por recordar que esta Sala de la Corte ha explicado que “(…) el carácter de cierto e indiscutible de un derecho laboral, que impide que sea materia de una transacción o de una conciliación, surge del cumplimiento de los supuestos de hecho o de las condiciones establecidas en la norma jurídica que lo consagra. Por lo tanto, un derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad. Lo que hace, entonces, que un derecho sea indiscutible es la certeza sobre la realización de las condiciones para su causación y no el hecho de que entre empleador y trabajador existan discusiones, diferencias o posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, pues, de no ser así, bastaría que el empleador, o a quien se le atribuya esa calidad, niegue o debata la existencia de un derecho para que éste se entienda discutible, lo que desde luego no se correspondería con el objetivo de la restricción, impuesta tanto por el constituyente de 1991 como por el legislador, a la facultad del trabajador de disponer de los derechos causados en su favor; limitación que tiene fundamento en la irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrados en las leyes sociales” (Sent. dic. 14/2007, Radicación 29332).

De acuerdo con el anterior criterio jurisprudencial, estima la Sala que se equivocó el ad quem al considerar que podían las partes válidamente acordar que la relación laboral se había suspendido desde el 15 de abril de 2003 y, en ese orden, concluir que los causados entre esta data y la fecha en que finalizaron los contratos de trabajo, eran derechos inciertos y discutibles.

En efecto, la situación fáctica que se desprende de los referidos acuerdos de voluntades y se acepta en la demanda inicial, es que los demandantes no laboraron desde aquella fecha hasta la terminación del contrato por mutuo acuerdo, por razones atribuibles al empleador. Estos hechos fueron puestos de presente en las conciliaciones (fls. 9 a 16), donde se dejó sentado que el servicio no se venía prestando “a plenitud”, incluso, con anterioridad a la fecha de los acuerdos. Lo anterior indica que no fue que las partes decidieran de mutuo acuerdo suspender el contrato de trabajo en adelante, sino que lo que pretendieron fue convalidar la interrupción de labores que se venía suscitando, en perjuicio de los derechos ciertos de que trata el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, que prevé que “el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador”.

Al resolver un caso de características similares a las del presente, esta Sala de la Corte, en Sentencia CSJ SL16539-2014, razonó:

De lo anterior se sigue que ciertamente se equivocó el ad quem al concluir que la conciliación celebrada respecto a la suspensión del contrato de cada uno de los actores no desconoció derechos ciertos, pues ya quedó visto, conforme al precedente de esta Sala, que los hechos no son conciliables con el fin de quitarle certeza a los derechos laborales ya causados; sin embargo esto fue lo que sucedió en el caso del sublite cuando las partes quisieron legalizar a posteriori la interrupción de hecho en la prestación del servicio por razones atribuibles al empleador sin justificación legal, con el ropaje de la suspensión legal del contrato prevista en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, y de esta forma conciliar lo que ya era inconciliable, como eran los derechos ciertos de los trabajadores derivados del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir el derecho a recibir los salarios y prestaciones por el tiempo que dejaron de prestar el servicio por culpa del empleador.

En otras palabras, siendo evidente que ya venía dándose de hecho la interrupción de la prestación del servicio por los actores por culpa del empleador, esta situación, para el momento de la conciliación, evidentemente ya había generado y consolidado a favor de cada uno de los actores los derechos ciertos a recibir los salarios conforme al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, por tanto estos no podían ser objeto de conciliación, so pena de nulidad; y como jurisprudencialmente está definido que no se pueden conciliar hechos para restarle la certeza a los derechos que ya se habían causado en cabeza de cada uno de los actores, tampoco se podía convalidar por las partes la situación de hecho cumplida mediante la conciliación para desaparecer el supuesto generador de los efectos del artículo 140 precitado.

Aplicado lo anterior de cara al supuesto de hecho del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que regula la situación de los actores respecto del objeto materia de las conciliaciones del sublite (celebradas entre junio y octubre de 2003) que ocupa la atención de esta Sala, se tiene que, en efecto, no cabe duda que para la época de las conciliaciones no era objeto de desacuerdo entre las partes los hechos consistentes en que los actores no venían prestando el servicio a la empresa, desde antes del 15 de abril de 2003 hasta la terminación de los contratos de trabajo, por razones ajenas a la voluntad de ellos, puesto que, de acuerdo con lo asentado por las partes en cada acta de conciliación, junto con el fallo de tutela 896 de 2004 de la Corte Constitucional, las mismas resoluciones ministeriales que autorizaron el cierre definitivo de la empresa y la terminación de los contratos de trabajo, aquella había entrado en concordato en vigencia del Decreto 350 de 1989, en cuyo desarrollo la Superintendencia de Sociedades le dio la autorización para vender la marca y los activos,ante el incumplimiento del acuerdo concordatario, lo cual conllevó a que la empresa no pudiera seguir cumpliendo su objeto social y, por ende, los actores no tuvieran labor alguna que llevar a cabo; además, que la empresa había dejado de pagar los salarios de los trabajadores desde antes de abril de 2003, no obstante que había constituido un fideicomiso para cubrir el pasivo laboral, en atención a las obligaciones que le imponía el régimen concordatario, y que no había iniciado el trámite respectivo ante el Ministerio de la Protección Social para efectos de obtener la autorización para la suspensión de actividades o clausura temporal hasta por ciento veinte (120) días por razones técnicas o económicas, conforme lo dispone el numeral 3º del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, para efectos de que fuera exculpado del pago de los salarios, durante la interrupción del cumplimiento de la labor, en arreglo a lo dispuesto en el artículo 53 ibídem.

De la situación fáctica anterior, la certeza del derecho al pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores con base en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, para la época de la celebración de las conciliaciones, sale a flote, puesto que era evidente que no hubo prestación del servicio por parte de los actores por culpa del empleador; por lo que no se podía, por tanto, a posteriori de todas las omisiones de la empresa, dejar sentado por las partes que el contrato de trabajo se encontraba suspendido con los efectos del artículo 53 ibídem desde el 15 de abril de 2003, en razón a que a todas luces era evidente que el empleador no se había situado, oportunamente, en el supuesto de hecho del mencionado numeral 3º del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, para efectos de quedar exceptuado de los efectos del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, que es lo que en el fondo obtiene el empleador al lograr que se deje asentado por las partes, de forma retroactiva, que el contrato de trabajo estaba suspendido desde el 15 de abril de 2003.

Es decir, el presente caso no se trató de un acuerdo sobre suspensión del contrato (previo a la causación de los salarios del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo), para efectos de que se pudiese superar el impase que obstaculizaba su ejecución, con miras a mantener su vigencia en aras de garantizar la estabilidad del trabajador, que es lo que justifica esta figura en el derecho laboral.

A más de lo anterior, corresponde anotar que la razón dada por la empresa en la audiencia de conciliación consistente en alegar la fuerza mayor, para efectos de justificar el no pago de los salarios de los trabajadores sin haber solicitado la suspensión de los contratos ante la autoridad competente, no fue más que una excusa para soslayar su omisión, y de ninguna manera le podía restar certeza a los justos reclamos salariales y prestacionales efectuados por los trabajadores, puesto que, a todas luces, era evidente que la situación de concordato no se adecuaba a la definición de fuerza mayor contenida en el artículo 64 del Código Civil, modificado por el artículo 1º de la Ley 95 de 1890 atrás mencionado.

En estas condiciones y descendiendo los anteriores razonamientos al presente caso, concluye la Sala que el tribunal cometió los yerros jurídicos y fácticos de que lo acusa la censura al estimar que eran válidas las conciliaciones cuestionadas en cuanto en ellas se había estipulado la suspensión de los contratos de trabajo de los demandantes por mutuo acuerdo y, por esa vía, se había determinado que los derechos causados entre el 15 de abril de 2003 y la fecha de tales negocios jurídicos eran inciertos y discutibles y, por lo tanto, susceptibles de ser conciliados.

Por último, importa anotar que si bien esta Sala de la Corte, en Sentencia CSJ SL, oct. 2/2012, Rad. 41805, analizó un acuerdo conciliatorio celebrado por la misma demandada en términos similares a los contenidos en los que ahora se estudian, lo hizo a la luz de los argumentos planteados por el censor en aquella ocasión y, por lo tanto, no analizó, como en esta oportunidad, si era procedente que las partes acordaran a posteriori que el contrato de trabajo se había suspendido. En aquella decisión únicamente se analizó si era válida la terminación de la relación por mutuo acuerdo.

Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para casar parcialmente la sentencia impugnada en cuanto negó la nulidad de las conciliaciones, en lo relacionado con la suspensión de los contratos desde el 15 de abril de 2003 hasta la fecha de la terminación de los vínculos laborales, con lo cual se determinó que la liquidación de salarios, prestaciones sociales y vacaciones de los demandantes se haría hasta esta fecha.

En lo demás la sentencia del tribunal permanece incólume, pues los dislates a que se ha hecho referencia, no afectan lo relativo al modo y fechas de terminación de los contratos de trabajo por mutuo acuerdo.

En sede de instancia y para mejor proveer se solicitará a la demandada que allegue a este despacho, en el término máximo de 15 días, una certificación respecto de cada uno de los demandantes, pormenorizada de los derechos cancelados con motivo de la liquidación del contrato, indicando el monto pagado, por qué concepto, el salario base de liquidación y el tiempo liquidado.

No se causaron costas en casación dada la prosperidad del recurso.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el treinta (30) de noviembre de dos mil nueve (2009) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Cecilia Echeverri De Peña y Jairo Zuluaga Aristizabal contra la Fábrica de electrodomésticos S.A., en cuanto negó la nulidad parcial de las sendas conciliaciones celebradas entre las partes, en lo referente a la suspensión de los contratos de trabajo. No la casa en lo demás.

Con el fin de dictar el fallo de instancia y para mejor proveer, se solicita a la demandada que allegue a este despacho, en el término máximo de 15 días, una certificación respecto de cada uno de los demandantes, pormenorizada de los derechos pagados con motivo de la liquidación del contrato, indicando el monto pagado, por qué concepto, el salario base de liquidación y el tiempo liquidado.

No se causaron costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) ART. 13.—Mínimo de derechos y garantías. Las disposiciones de este código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo.

(2) ART. 14.—Carácter de orden público. Irrenunciabilidad. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.

(3) ART. 15.—Validez de la transacción. Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles.

(4) ART 65.—Asuntos conciliables. Serán conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley.

(5) PAR.—La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos.