Sentencia SL11877-2017/45109 de agosto 2 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 45109

Acta No. 27

Magistrado Ponente

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

Extractos: « IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicita casar totalmente la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, confirmar la de primer grado. En subsidio, pidió casar parcialmente la decisión impugnada para confirmar el fallo del juzgado, excepto la condena al pago de la indemnización por perjuicio a la vida de relación, la cual deber ser revocada en caso de considerarse improcedente.

Con ese propósito invocó la causal primera de casación laboral y formuló dos cargos, que fueron objeto de réplica y que se estudiarán a continuación.

VI. PRIMER CARGO

Acusa la sentencia impugnada de violación indirecta de la ley sustancial, por aplicación indebida de los artículos «22, 23, 24, 34, 55, 56 y 216 del CST, en relación con el preámbulo y los artículos 1, 2, 25, 29, 33, 53, 228 de la Constitución Nacional; el artículo 63 del Código de Civil; los artículos 194, 195, 197, 200, 201 del CPC, el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (las normas adjetivas como violación de medio)», como consecuencia de los manifiestos errores de hecho en que incurrió el Tribunal por falta de apreciación de una prueba calificada.

Señala como errores de hecho en que incurrió el Tribunal los siguientes:

a. Dar por demostrado sin estarlo, que el trabajador fallecido no recibió la orden de operar el tractor con el cual se produjo el accidente. 

b. No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador recibió la orden de operar el tractor con el cual se produjo el accidente. 

c. Dar por demostrado sin estarlo, que el trabajador procedió por voluntad propia y sin contar con autorización del empleador a operar el tractor con el cual se produjo el accidente. 

d. No dar por demostrado estándolo, que la sociedad demandada celebró contrato civil para ejecutar la labor de regada de la cal con el JESÚS MARÍA MEJÍA MUNERA y que éste en ejecución de dicho contrato, como contratista independiente le impartió al trabajador fallecido la orden de ejecutar la labor en cuyo cumplimiento perdió la vida. 

e. No haber dado por demostrado a pesar de estarlo, que el contratista independiente y la sociedad empleadora como beneficiaria del servicio son culpables del accidente de trabajo por ordenarle al trabajador fallecido ejecutar un trabajo diferente a su labor habitual en la finca y para el que no estaba capacitado. 

Afirma, que estos evidentes y protuberantes yerros fácticos fueron el fruto de la falta de apreciación de la confesión judicial, efectuada por la entidad demandada, a través de su apoderada judicial en la respuesta a la demanda, la cual es prueba calificada y por tanto idónea para demostrar un error de hecho en casación, quien empezó confesando que los hechos de la demanda no corresponden a la verdad y que sucedieron de la siguiente manera:

El señor Marco Tulio Mejía Munera en el momento de su muerte no estaba prestando servicios personales remunerados a la demandada INVERSIONES JUANCHOANITA S.A., ni cumplía órdenes (sic) impartidas ni por representante legal, Sr. Manuel Vélez Salvador Sierra. La verdad es que estaba trabajando para su hermano Sr. JOSE MARIA MEJIA M (sic), con quien inversiones JUANCHOANITA S.A., había celebrado un contrato civil consistente en regar cal en la finca. Y AGREGA, “Previa esta aclaración respondo a los hechos en la siguiente forma…

Agrega que la sociedad accionada reiteró y ratificó lo confesado con la respuesta a la demanda en el hecho 4, y en lo expuesto en el acápite de hechos, fundamentos y razones jurídicas de la defensa; así como, con la proposición de la excepción denominada inexistencia de los derechos y de las obligaciones pretendidas. Confesión que satisface los requisitos del artículo 195 del CPC.

Explica, que con base en la interpretación que el Tribunal hizo de la prueba testimonial llegó a las siguientes conclusiones fácticas: a) que la «parte demandante no probó que el finado Marco Tulio hubiera recibido tal orden (operar el tractor) …»; que ese «lunes 20 de diciembre de 2004, era el día descanso compensatorio que le había concedido por haber laborado el domingo anterior, ese día no tenía entonces actividades asignadas…» y que «dentro de la tareas ordinarias asignadas al trabajador no estaba entonces la de conducir el tractor…», para colegir finalmente que la entidad demandada no tuvo culpa en el accidente de trabajo por no haberle dado la orden de operar el tractor al trabajador fallecido, con base en lo cual edificó la sentencia absolutoria y dejó fuera de discusión el hecho de que el operario tenía asignado un oficio diferente y no estaba capacitado para la conducción del automotor; que aquí es donde se encuentran los errores de hecho que sirven de fundamento al cargo.

Asegura que quedó plenamente probado por la confesión judicial, no desvirtuada y antes corroborada por la prueba testimonial, que el gerente de la sociedad demandada, al contratar la labor de regada de cal en los potreros de la finca, con los contratistas independientes Jesús María Mejía Munera y Floriberto Toro, de hecho sí impartió la orden de ejecución de la actividad o labor contratada, para el día 20 de diciembre de 2004; que el ad quem incurrió en los errores de hecho denunciados al no dar por demostrado, estándolo, que la labor de regada de cal, ejecutada por los contratistas independientes requería del transporte de dicho material en el tractor y no estando en la finca el tractorista titular, la orden de conducir dicha maquina sí se le impartió a Marco Tulio Mejía Munera.

Insistió en que Marco Tulio Mejía Munera, como lo dice la demandada en la confesión judicial, se encontraba al servicio de los contratistas Jesús María Mejía Munera y Floriberto Toro, contratados por el representante legal de Juanchoanita S.A. para regar cal el 20 de diciembre de 2004, por lo que se presume una relación laboral regida por el artículo 24 del CST, esto es bajo la subordinación y dependencia.

Infiere que, en todo caso, en aplicación del artículo 34 del CST, que regula la responsabilidad solidaria del beneficiario del trabajo que se ejecuta a través de contratistas independientes, es indudable que la sociedad demandada deviene obligada solidariamente, por cuanto la actividad contratada de regado de cal en los potreros de la finca Casablanca, es una actividad inherente, inmanente, propia y esencial a la explotación económica allí desarrollada, inmersa en el giro ordinario de la sociedad demandada; que la solidaridad legal, posibilita que la demanda se dirija, indistintamente contra el dueño o beneficiario de la obra o labor contratada, contra los contratistas o contra todos, razón suficiente para que la sentencia del ad quem deba ser confirmatoria de la del a quo.

Concluye que la trascendencia del error, consiste en que si el Tribunal hubiera apreciado la confesión de la entidad demandada habría concluido que el trabajador sí recibió la orden de ejecutar la labor de conducción del tractor, actividad catalogada como peligrosa para cuya ejecución no se encontraba capacitado y aunque la orden no la haya recibido directamente del beneficiario del servicio sino de los contratistas independientes, ello no exonera de responsabilidad a la entidad demandada, ya que en virtud de lo dispuesto por el artículo 34 del CST., es solidariamente responsable.

VII. LA RÉPLICA

Atribuye errores de técnica, porque a pesar de que se encauzó la acusación por la violación indirecta del artículo 216 CST, el censor no atribuye ningún error de hecho a la decisión del Tribunal en relación con la supuesta responsabilidad de la sociedad empleadora en el accidente, circunstancia que releva a la Corte de estudiar una eventual responsabilidad de la demandada; que el Tribunal sí apreció la contestación de la demanda, y que el cargo se entremezclan impropiamente argumentaciones de puro derecho, como es dilucidar si los hipotéticos beneficiarios de obra tienen solidaridad automática con los contratistas independientes.

Añade que si la parte impugnante deriva la referida solidaridad del artículo 34 del CST, no podía acusar al Tribunal como lo hizo, de aplicar indebidamente este precepto; al hacerlo así se pone en evidencia que para el propio censor no existe responsabilidad como patrono de Inversiones Juanchoanita S.A. en la ocurrencia del infortunio padecido por Marco Tulio Mejía Munera; que el ad quem apoyó su resolución en la prueba testimonial, que no es apta para fundar un desacierto fáctico en la casación del trabajo.

Advierte que, contrario a lo que afirma la acusación, quien sí produjo confesión fue la parte demandante al afirmar que el causante fue trabajador de un tercero y no de la demandada; que además, como lo concluyó acertadamente el sentenciador de segundo grado, las manifestaciones efectuadas en la demanda impusieron a la parte actora la carga de la prueba de demostrar que efectivamente el de cujus había recibido la orden de la sociedad empleadora de que el lunes 20 de diciembre se encargara de operar el tractor de la finca para regar cal sobre el terreno.

Asevera que como lo tuvo por sentado el Tribunal, no existe en el plenario medio de prueba que acredite esa supuesta orden de parte de Inversiones Juanchoanita S.A., ni confesión en ese sentido; que la atribuida por el recurrente no es nada distinto que la reiteración de la explicación de la demandada, en cuanto a que el de cujus no estaba prestando servicios personales remunerados a Inversiones Juanchoanita ni cumplía órdenes de su representante legal al momento del accidente; que una manifestación de esa índole no puede tenerse como confesión judicial, porque esa no es ninguna expresión concreta de aceptación de los hechos que produzcan efectos adversos para la enjuiciada.

Indica que aunque la prueba testimonial no es calificada, los declarantes coinciden en manifestar que Marco Tulio realizaba labores de «marranero», y no tuvieron conocimiento de que al causante le hubieran impartido la orden de manejar el tractor el día del insuceso; que el vehículo se encontraba en perfectas condiciones y que esa realidad probatoria no fue desvirtuada por el recurrente, lo que conduce inexorablemente a concluir la ausencia de responsabilidad de parte de Inversiones Juanchoanita S.A, en el infortunio padecido por Marco Tulio Mejía Múnera.

VIII. CONSIDERACIONES

Debe indicar la Sala que el cuestionamiento en sede de casación, respecto a la responsabilidad solidaria de la accionada, por la falta de valoración de la confesión judicial de dicha sociedad en la contestación de la demanda, solo surge con ocasión de la interposición del recurso extraordinario, pues no fue objeto de discusión en las instancias, ya que en la demanda no se planteó el tema de la existencia de una responsabilidad solidaria, y aunque en la contestación de la misma la enjuiciada hace alusión a un contrato civil con el hermano del fallecido para regar la cal, en ningún momento se refiere a este tema, como tampoco lo hizo en el recurso de apelación, pues en suma lo que se alegó en la alzada fue que el accidente se presentó por culpa exclusiva de la víctima que exime de responsabilidad al empleador. Por el contrario, en los alegatos de conclusión de la parte demandante en la segunda instancia, se pidió mantener la condena impuesta por el a quo, esgrimiendo, entre otros argumentos, el hecho de que la ejecución de la labor había sido contratada con un hermano del trabajador fallecido (folio 336).

Aparece entonces contradictorio que el recurrente aspire a edificar una culpa a cargo de Inversiones Juanchoanita S.A., cuando lo que aduce es que, tal como lo infirió el juzgador, aquel no sabía de la labor que ejecutaría y corrobora que, al efecto, ninguna orden otorgó directamente, más que haberse utilizado al actor para una tarea distinta a la contratada pues este, de forma independiente pactó con terceros el desarrollo de una tarea ajena a la de su contrato laboral.

En ese sentido aunque los cinco errores de hecho endilgados, se refieran a que no se dedujo, contra la verdad procesal, que el trabajador sí recibió la orden de ejecutar la labor de conducción del tractor, actividad catalogada como peligrosa para cuya ejecución no se encontraba capacitado, bien fuera a través de un tercero, pero con responsabilidad solidaria sobre la empresa, lo cierto es que, se insiste, el Tribunal no pudo cometer tales yerros fácticos, por la potísima razón de que en la decisión impugnada, no se estudió el tema de la responsabilidad solidaria de la demandada como beneficiaria de la obra con fundamento en el artículo 34 CST, que es el tema central que propone la censura en sede de casación; y en consecuencia, mal pudo dicho Juzgador haber aplicado indebidamente las normas de rango legal que integran la proposición jurídica sobre un aspecto que no fue objeto de pronunciamiento alguno.

Respecto al tema de la improcedencia de alegar un error de hecho sobre un aspecto que no fue objeto de pronunciamiento o resolución por parte del juzgador de segunda instancia, esta Sala en sentencia CSJ SL, 8 feb. 2011 rad. 35493, consideró que:

De tal modo que, no es viable edificar o estimar un error fáctico en relación a un aspecto sobre el cual el Tribunal no se pronunció, máxime que el recurrente debe combatir los razonamientos, conclusiones o pilares que verdaderamente sirvieron de base a la decisión atacada y en torno a ellos edificar los posibles errores de valoración en que el sentenciador de segundo grado hubiera podido incurrir>”. 

De suerte que, la censura desvió por completo el ataque y por tanto, no controvirtió las inferencias o conclusiones en que está fundamentada la sentencia recurrida. Así mismo, el censor se aleja totalmente de las verdaderas motivaciones que llevaron al juzgador de segunda instancia a confirmar íntegramente el fallo del a quo, pues guardó silencio en cuanto a que los medios de convicción demuestran que el accidente ocurrió por causas ajenas a la voluntad activa u omisiva de la empresa demandada, por cuanto la impericia del causante fue determinante para que se produjera el accidente de trabajo y porque la parte demandante no probó que el trabajador hubiera recibido de la sociedad empleadora la orden de operar el tractor de la finca para regar cal sobre el terreno el día del suceso.

Cabe señalar, frente a los testimonios denunciados, que no son un medio de convicción apto para estructurar un yerro en casación laboral, por no ser una prueba calificada para fundar sobre ella un error de hecho manifiesto en el recurso extraordinario, debido a que únicamente podría examinarse si previamente se hubiese establecido un desacierto valorativo originado en probanzas idóneas para estructurar un desacierto fáctico, como son el documento autentico, la confesión judicial y la inspección, condición que no se presentó en este caso, dado que el censor no cumplió con su carga de demostrar un error en la apreciación de la prueba calificada.

Por último, aun si se considerara el estudio del elemento de la solidaridad, lo cierto es que esta Sala ha sostenido que dentro de la figura jurídica del contratista independiente, para efectos de condenar al reconocimiento y pago de la indemnización estatuida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, se requiere la acreditación de la culpa de quien es el verdadero empleador, es decir, del contratista, toda vez que la obligación de reparar los perjuicios es exclusiva del dador del laborío, en ese sentido, de conformidad a la ley laboral (artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo), el dueño o beneficiario de la obra conexa con su actividad principal, funge como garante en el pago de dicha indemnización, no porque se le haga extensiva la culpa sino precisamente por virtud de la solidaridad, lo que, a su vez, le permite después de cancelar la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo que reafirma aún más su simple condición de garante. Por tanto, sin que se haya discutido y este probada la culpa del contratista como verdadero empleador resulta imposible derivar una responsabilidad como garante al beneficiario de la obra.

Así las cosas, no prospera la acusación.

IX. SEGUNDO CARGO

Denuncia la sentencia impugnada de violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea de los artículos «55, 56 y 216 del CST, en relación con el artículo 63 del Código Civil y los artículos 176, 177 del CPC y el artículo 145 del CPT y de la SS. (las normas adjetivas como violación de medio)».

Dice no se discutir las conclusiones fácticas sobre las que edificó el Tribunal su fallo, esto es, que a pesar de que el accidente que le costó la vida al trabajador ocurrió en la finca de propiedad de la entidad demandada, mientras conducía el tractor, no se probó que Marco Tulio hubiera recibido la orden de conducirlo, sino que procedió por voluntad propia estando en su día de descanso compensatorio y que dentro de las tareas ordinarias asignadas al trabajador no estaba la de manejar la máquina.

Esgrime que no comparte el tratamiento que el juzgador le imprimió al asunto de la carga de la prueba, teniendo en cuenta que se trató de un accidente ocurrido en la conducción de un vehículo automotor, que de acuerdo a la jurisprudencia es considerada como una actividad peligrosa, en la que existe una presunción de culpa para el propietario o guardián del vehículo con que se produjo el accidente; destaca que lo que en realidad correspondía a la parte demandante y que cumplió a cabalidad, era demostrar que la muerte se produjo en ejercicio de la actividad peligrosa, y era por tanto el empleador el que corría con la carga de desvirtuar la presunción.

Menciona que si el ad quem hubiera hecho una correcta exégesis de las normas citadas en la proposición jurídica, no hubiera exigido a la parte demandante aportar la prueba sobre la circunstancia de haberse dado al trabajador la orden de operar el tractor, ni los demás elementos tendientes a demostrar la culpa del empleador en el infortunio laboral, puesto que le hubiera bastado la acreditación de que la muerte se produjo en ejercicio de la actividad catalogada como peligrosa, para edificar la presunción de culpa en cabeza del empleador, que es en este caso el responsable de dicha actividad, puesto que de todas maneras es el guardián jurídico de la máquina que es uno de los elementos normales de la actividad agropecuaria que constituye su objetivo social.

Que le correspondía a la entidad demandada la demostración de las causales de exoneración de la responsabilidad, fatiga probatoria que estuvo lejos de cumplir, ya que en ningún momento se acreditó que al trabajador fallecido se le hubiera capacitado en la conducción y operación del tractor, que como un vehículo automotor que es, no puede ser operado por cualquier persona; que el occiso no contaba con la licencia de conducción que exigen las autoridades y por consiguiente ese solo hecho impide que el empleador pueda aducir que tomó todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia del accidente; que el empleador estuvo lejos de poder desvirtuar la presunción de culpa que sobre él gravitaba, razón más que suficiente para concluir que el Tribunal se equivocó al revocar la sentencia.

X. LA RÉPLICA

Asevera que al haber escogido la vía de puro derecho, está aceptando expresamente todas y cada una de las conclusiones fácticas del Tribunal, razón que conduce indefectiblemente a concluir la aceptación expresa del recurrente, en la ausencia de responsabilidad de Inversiones Juanchoanita S.A. en el insuceso.

Asegura que el impugnante cuestionó el tratamiento que el sentenciador de segundo grado impartió al artículo 177 del CPC, indicando que lo único que «correspondía a la parte demandante y que cumplió a cabalidad, era demostrar que la muerte se produjo en ejercicio de actividad peligrosa y era por tanto el empleador el que corría con la carga de desvirtuar la presunción»; que esa manifestación deja sin piso el cargo, dado que la supuesta circunstancia de que el deceso se produjo en ejercicio de una actividad peligrosa, es un medio nuevo en casación que debe ser rechazado, porque la demanda primigenia no está cimentada en esa consideración y por lo mismo el debate probatorio no versó sobre ese punto

Concluye que, al margen de los graves defectos técnicos del cargo, en lo sustancial, el desarrollo de actividades peligrosas, a diferencia del derecho civil, en el laboral, no es per se determinante para efectos de una supuesta culpa patronal en accidentes de trabajo; que tampoco es cierto que en esas actividades la parte demandante esté relevada de la carga probatoria, pues en el artículo 216 del CST, exige su plena acreditación al exigir que debe ser «suficientemente comprobada», sin distinguir la clase de actividad de que se trate.

XI CONSIDERACIONES

La indemnización plena y ordinaria de perjuicios consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, es una regulación autónoma de la responsabilidad patronal, que sólo puede ser declarada en la medida en que esté acreditado el hecho o hechos que la demuestren suficientemente, por lo que se excluye cualquier presunción, salvo contadas excepciones que no aplican al caso.

Al respecto esta Sala, en sentencia CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 42374, expuso:

Con todo, cumple acotar que lo que la línea jurisprudencial de esta Sala de la Corte ha decantado, es que conforme al texto del precepto legal varias veces citado, el éxito de la pretensión indemnizatoria está supeditado a la cabal demostración de la culpa del empresario en la producción del resultado dañoso para el asalariado como, por ejemplo se dejó dicho en sentencia de 5 de septiembre de 2000, radicación 14718: 

En efecto, la mentada disposición es categórica al tener como supuesto indispensable de la indemnización plena el que la culpa del empleador en la ocurrencia del siniestro sea suficientemente comprobada, lo que excluye que el punto sea materia de presunción alguna o que la carga de probar lo contrario corresponda a quien proporciona el trabajo, tal como lo entendió el ad quem en este asunto. Interpretación que, por otra parte, es la que de manera explícita ha dado la Sala de Casación Laboral de la Corte en repetidas ocasiones, para lo cual basta consultar, entre otras, la sentencia de 30 de marzo de 2000, donde en lo esencial se dijo: 

<… resulta pertinente anotar que no encuentra la Corte que haya sido equivocada la interpretación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que el patrono “está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios” cuando haya sido suficientemente comprobada su culpa en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, pues, como ha tenido oportunidad de precisarlo, entre otras en las sentencias memoradas por el Tribunal en su fallo, dicha obligación queda a su cargo cuando –como expresamente dice la norma- “exista culpa suficientemente comprobada del patrono”, exigencia legal que no permite que sea dable presumir dicha culpa incluso en aquellos casos en que realice “actividades peligrosas”. Ello por cuanto no puede pasarse por alto que fue el surgimiento del maquinismo y de la moderna industria lo que obligó a dictar leyes que regularan de manera especial los accidentes de trabajo. 

Con este breve recuento de la evolución que ha tenido la reparación de los perjuicios por los riesgos de trabajo - señala el fallo materia de esta reproducción parcial, luego de hacer una síntesis de los diferentes momentos que la figura ha tenido en Colombia - se facilita determinar el contenido y alcance de los preceptos legales que regulan la materia, conforme a los cuales la regla general es la de que el empleador responde objetivamente por los daños que el trabajador sufra a consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, por lo que constituye una situación excepcional la indemnización total y ordinaria por perjuicios, y únicamente procederá si la enfermedad profesional o el accidente de trabajo ocurre por existir “culpa plenamente comprobada del patrono>”. (subrayado fuera de texto)

En ese sentido no porque el medio que condujo al accidente sea catalogado como de alto riesgo debe imponerse la carga probatoria al empleador el cual lo que debe acreditar es que en los términos del artículo 56 del CST, cumplió con sus obligaciones de protección y seguridad para con los trabajadores; solo que, en este evento y conforme la conclusión fáctica no derruida según la cual Marco Tulio Mejía Múnera para el momento del accidente no ejecutaba labores en favor de la demandada sino de un tercero, fue que no se estableció el vínculo de causalidad, ni nexo jurídico del que pudiera derivarse la responsabilidad pretendida.

De ese modo este segundo cargo tampoco prospera.

Las costas del recurso extraordinario a cargo de la parte demandante. Se fijan las agencias en derecho en $3’500.000, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 17 de noviembre 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso que instauró NORA ELENA GÓMEZ PÉREZ, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores HAMILTON, JHONATAN, SEBASTIAN y MARIANA MEJÍA GÓMEZ contra INVERSIONES JUANCHOANITA S.A.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».