Sentencia 11917-2017/48134 de 9 de agosto de 2017

Magistrado ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL11917-2017

Rad.: 48134

Acta 28

Bogotá, D.C., nueve de agosto de dos mil diecisiete.

Extractos: «III. Recurso de Casación.

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...)

1. Consideraciones.

Sea lo primero señalar, que en efecto le asiste razón a la parte opositora del recurso en las apreciaciones técnicas que realiza, puesto que en realidad el impugnante, en los dos cargos principales, plantea simultáneamente razonamientos de naturaleza fáctica y jurídica. Se ha reiterado por esta Sala, y así lo enseña la lógica misma de la argumentación, que sólo raciocinios de estricto derecho son los adecuados para demostrar la violación que por la vía directa se le enrostra al Tribunal; y, de otra parte, sólo las valoraciones probatorias, se encuentran en posibilidad de acreditar la transgresión que por la senda de los hechos se le atribuye al superior.

No obstante lo anterior, la presencia de las dificultades técnicas anotadas, no inhibe el examen propuesto, puesto que el análisis conjunto de los cargos, permite establecer con claridad el razonamiento empleado por el recurrente para demostrar la validez de la hipótesis de la acusación.

En este orden de ideas, descendiendo en el estudio pertinente, tenemos que el Artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo consagra que la convención colectiva tiene por objeto “fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”.

De lo anterior se deriva que en principio, las disposiciones que pacten las partes en virtud de la negociación colectiva, debe entenderse que tienen vocación de ser aplicadas a situaciones existentes en el lapso que conserve su vigor el contrato de trabajo, pues una vez éste termine, cesan las obligaciones recíprocas.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corporación ha considerado entre otras, en Sentencia CSJ SL, 23 ene. 2008, rad. 32009, reiterada en la Sentencia CSJ SL8655-2015, que esa regla general atinente a que las previsiones convencionales no se extienden allende de la vigencia de los contratos de trabajo, admite una excepción, cuando las partes de común acuerdo así lo dispongan, y prevean la extensión de sus efectos a situaciones ulteriores, sin que ello implique vulneración del ordenamiento jurídico por no existir prohibición expresa al respecto. Sin embargo, esa situación por ser excepcional, debe quedar consagrada de manera expresa, clara y manifiesta.

Así se pronunció la Corporación, en las providencias referidas:

(...) Conviene agregar que en principio es cierto que legalmente se descarta la extensión de las disposiciones convencionales a situaciones acaecidas después de terminados los contratos de trabajo en tanto así lo consagra el categórico imperativo legal del artículo 467 del C.S. del T., sin embargo, es posible que las partes, dentro de su autonomía, acuerden dicha extensión, sin que ello sea per se contrario al orden público o a normas superiores—, considera sin embargo, que en tales eventos la obligación debe quedar expresa y explícitamente estipulada, precisamente por ser una excepción al principio legal contenido en la norma que se acaba de señalar, que impone el deber de su consagración manifiesta, clara e inequívoca.

Lo anterior significa, que al verificarse que las partes en la convención colectiva en el sub lite, no entronizaron la previsión pensional dejando expresamente consagrada la voluntad de que el derecho pensional fuera reconocido en favor de los “extrabajadores”, permitiendo así el cumplimiento del requisito de la edad después de extinguida la relación laboral, hecho que no se discute dada la orientación jurídica del ataque, el Tribunal no podía conceder la prerrogativa deprecada tratando de desentrañar la intención de los contratantes ni apelando a “la filosofía y finalidad de la prestación pretendida”, pues con esa conducta transgrediría el recto entendimiento que debe darse al artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con el cual se itera, la vocación legal de los acuerdos colectivos es regular las relaciones laborales mientras ellas perduren, salvo que las partes expresamente en el ejercicio de la autonomía de la voluntad dentro del marco legal prevean otra cosa. Tampoco era viable la aplicación del principio in dubio pro operario, pues por regla general éste sólo “opera frente a un conflicto real en las fuentes de derecho, que no ante una incertidumbre fáctica” (CSJ SL, 4 nov. 2009, rad. 5818, tesis reiterada en la CSJ SL7807-2016).

En esta línea de pensamiento, al tratar la Sala el tema de la extensión de beneficios convencionales a extrabajadores precisó en las Sentencias SL609 del 25 de enero de 2017 y SL2478 del 22 de febrero del mismo año lo siguiente:

(…) cuando las partes no estipulen expresamente que la prestación pensional de origen convencional puede ser causada con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, la única lectura posible de la cláusula, de conformidad con el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, es que el derecho procede siempre y cuando se reúnan los requisitos en este caso, de edad y tiempo de servicios, mientras esté en vigor el vínculo laboral, y en ese punto se precisa la doctrina de la Corporación sobre el tema.

Ahora bien, al tratar esta Corporación un caso análogo donde se permitió, en su momento, el análisis de la misma clausula convencional, en Sentencia conocida con el número SL1158-2016, radicado 43608 se dijo:

(...) Por otra parte, pasando por alto lo anterior, para la Sala, en todo caso, el Tribunal no incurrió en algún error de hecho manifiesto al analizar la convención colectiva de trabajo y concluir que no era necesario cumplir la edad en vigencia de la relación laboral, para acceder a la pensión de jubilación.

En efecto, lo primero que resulta pertinente recordar es que esta Sala de la Corte ha sostenido de manera pacífica que, en la lógica del recurso extraordinario de casación, la convención colectiva debe ser asumida como uno de los elementos de prueba y no como una norma legal sustancial de alcance nacional, respecto de la cual sea dable discutir su contenido, sentido y alcances. Por ello mismo, ha insistido en que la interpretación de las disposiciones de dichos acuerdos corresponde a los jueces de instancia, quienes en su ejercicio se encuentran amparados por los principios que informan la sana crítica y por la libre formación del convencimiento establecida en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Bajo las anteriores premisas, ha adoctrinado la Corte que el alcance que pueda otorgarle el juez del trabajo a una determinada cláusula convencional, de entre las diferentes interpretaciones igualmente razonables, no resulta susceptible de corrección en el ámbito del recurso extraordinario de casación, salvo que, ha precisado, tal exégesis resulte totalmente contraria a la razón, al texto naturalmente entendido y a la intención de los contratantes allí concretada, de forma tal que se incurra en un error de hecho evidente, ostensible y manifiesto.

En el mismo sentido, la Corte ha descartado la configuración de un error de hecho palmario, en aquellos casos en los cuales el juzgador adopta una de las interpretaciones que plausiblemente se derivan del texto de una determinada disposición convencional, pues es su deber respetar la valoración que de las pruebas se realiza en las instancias, salvo, como ya se dijo, la existencia de una inferencia descabellada.

En este caso, la cláusula de la convención colectiva analizada por el Tribunal (fl. 604) establece el derecho a la pensión de jubilación en los siguientes términos:

A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo, la Empresa jubilará a sus Trabajadores de acuerdo a la Ley, es decir, veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos y cincuenta y cinco (55) años de edad.

En dicho texto, en realidad, no se incluye expresamente la limitación de que el servidor deba cumplir la edad de 55 años en vigencia de la relación laboral, para poder acceder a la pensión de jubilación, de manera que no puede tildarse de irracional o absurda la conclusión del Tribunal con arreglo a la cual “…en la convención colectiva no se hizo ninguna restricción para que, quienes hubieren sido desvinculados de la Empresa de Energía, pudieran disfrutar de este beneficio. Por lo que resulta lógico que no pueda haber más restricciones que los que fija la misma norma”.

Y el simple hecho de que la cláusula se refiera a trabajadores no torna irracional la lectura del Tribunal, pues, además de que dicho acuerdo no restringe expresamente su aplicación a trabajadores en retiro, bien puede entenderse que, en esta clase de prestaciones, “[e]s posible entender que por ser la prestación de servicios la causa eficiente de la pensión pactada en la convención, en tanto que la edad la causa final de la misma, es dable admitir la interpretación dada por el Tribunal a la aludida disposición contractual, en cuanto afirmó que la disposición convencional no restringe el beneficio a quienes únicamente forman parte activa del contingente laboral, menos, cuando quiera que la terminación de la vinculación no es imputable al trabajador, pues aceptar tal tesis conduciría a aprobar la potestad de la entidad responsable de la prestación de eludir unilateralmente el reconocimiento del derecho dando simplemente lugar a la terminación anticipada de la vinculación laboral.” (CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 35647.)

Lo anterior cobra mayor sentido si se tiene en cuenta que, como lo destacó el Tribunal, la cláusula convencional contiene una remisión a la ley, cuando dispone que el reconocimiento de la pensión se debe conceder “…de acuerdo a la Ley…”, y que ninguna de las disposiciones legales relativas a los trabajadores oficiales, que regulan el reconocimiento de pensiones de jubilación, impone una limitación como la defendida por la censura, de que la edad deba cumplirse en vigencia de la relación laboral. Por lo demás, como ya se dijo, este argumento no fue atacado siquiera someramente por la censura.

Es menester señalar que pese a las consideraciones que se realizaron sobre la interpretación de la norma convencional en comento, donde se encontrara razonable la determinación del tribunal que concluye en reconocer el derecho pensional; debe decirse que una lectura atenta a la citada cláusula permite llegar a la conclusión de que sus previsiones están dirigidas solamente a aquellos trabajadores activos al momento de cumplir los dos requisitos. Para un mejor análisis del texto del artículo 20 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la empresa y el sindicato al que perteneció el demandante, lo trascribimos así:

A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo, la Empresa jubilará a sus Trabajadores de acuerdo a la Ley, es decir, veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos y cincuenta y cinco (55) años de edad.

Excepción:

Los trabajadores de la Empresa que desempeñen las siguientes labores: linieros, soldadores, calderitas y los que manejen o trasieguen ácidos, se jubilarán con veinte (20) años continuos o discontinuos al servicio de la empresa, la pensión de jubilación se reconocerá según lo previsto en la ley incrementándola en un 0.5% por cada año adicional de la siguiente forma:

Tiempo de ServicioPensión de Jubilación

21 años75.5%

22 años76.0%

23 ““ 76.5%

Y así sucesivamente”.

Conforme al texto reproducido, se puede observar como la cláusula convencional establece, puntualmente, como beneficiarios generales de aplicación a “sus Trabajadores” sin realizar distinción alguna; entre tanto, como regla excepcional dirige un beneficio mayor hacia “Los trabajadores de la Empresa que desempeñen” unas labores especiales, lo cual inequívocamente da lugar a entender, que quienes no se encuentren en la condición de trabajadores activos, ni mucho menos se encuentren desempeñando las labores indicadas en la excepción, pese a haber prestado sus servicios por más de 20 años, puedan acceder al derecho pensional aquí contemplado luego de haber mediado una terminación o ruptura de la relación laboral. Resulta claro entonces que el texto convencional no incorporó las expresiones “Extrabajadores” o “trabajadores que hubiesen desempeñado” lo cual hubiera permitido realizar otro tipo de inferencia.

Si bien esta Sala había interpretado que la disposición convencional en estudio era razonable en los términos de la Sentencia arriba citada SL1158-2016, radicado 43608, se habrá de rectificar dicho criterio para aceptar que el único entendimiento que admite la cláusula extralegal aludida es el de que la pensión de jubilación allí prevista se causa o se adquiere con el requisito de la densidad de años de prestación de los servicios y el cumplimiento de la edad por parte del trabajador que permanece vinculado al servicio del empleador.

Queda obviamente a salvo de este criterio lo establecido jurisprudencialmente entratándose(sic) de las pensiones restringidas o proporcionales de jubilación de origen convencional, pues en esos casos si se impone concluir que al establecerse como requisito el haberse producido el retiro del trabajador, que por regla general debe ser diferente al despido por justa causa, sitúa al cumplimiento de la edad en una mera condición para exigibilidad del derecho pensional. (En este sentido ver Sentencias CSJ SL2733-2015 rad 44597; CSJ SL5334-2015, rad. 40439; SL8178-2016, rad. 43453 y la SL8184-2016, rad. 44600).

Para la Sala es menester concluir entonces que la interpretación que realizó el Tribunal, no puede ser derruida en el recurso extraordinario de Casación pues, ha de considerarse la más genuina conforme al texto convencional analizado. Por lo tanto no se evidencia el error que el recurrente le enrostra a la Sentencia sub examine por lo cual no prosperan los cargos primero y segundo esgrimidos en la demanda de casación.

En cuanto al tercero de los cargos de alcance subsidiario pero con idéntica finalidad a los primeros en tanto se acusa la transgresión por vía indirecta entre otros del artículo 467, 476 y 471 del Código Sustantivo de Trabajo al considerar que el Tribunal incurre en el error de hecho de interpretar la norma convencional en el sentido ya expresado, se releva la Sala de su estudio por considerarlo resuelto con las consideraciones ya realizadas al tratar las otras acusaciones. Por lo tanto, el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 26 de marzo de 2010, en el proceso que instaurara Rafael Enrique Andrés Becerra Pineda, contra la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

Salvamento de Voto.

Como lo expresé en la Sala en que se debatió el asunto, discrepo de la argumentación del proyecto y de su sentido. Son múltiples las razones:

En primer término, la mayoría nuevamente vacila en la consideración de la naturaleza de la convención colectiva de trabajo al señalar que esta en casación es una simple prueba que admite varias interpretaciones posibles por los juzgadores de instancia. Retoma así la Sala la doctrina conforme a la cual la convención no es una norma sino un mero elemento de convicción, lo que, de entrada, significa que la Corte no puede con autoridad atribuirle sentido a estos acuerdos colectivos.

Digo que la Sala titubea al respecto porque en Sentencia SL 17642-2015, reiterada en SL 4332-2016 y SL4934-2017, se dejó en claro que la convención colectiva en la dialéctica del recurso extraordinario de casación es una fuente formal del derecho, y como tal, sus enunciados normativos son interpretables a la luz de las reglas de la hermenéutica jurídica. Esta doctrina hasta la fecha ha sido ampliamente reiterada en sendas Sentencias (Ver SL12871-2017 y SL16811-2017).

Por esto mismo, estoy en abierto desacuerdo con aseveración según la cual el principio de favorabilidad no aplica en la comprensión de los textos convencionales toda vez que éste solo “opera frente a un conflicto real en las fuentes del derecho, que no ante una incertidumbre fáctica”. Si, como lo señalé, en mi criterio, las convenciones colectivas de trabajo son fuentes de derecho, de donde emana un haz de normas jurídicas, lo lógico es que su sentido debe desentrañarse con apego a los principios y métodos de la hermenéutica jurídica laboral, dentro de los cuales se encuentra la favorabilidad. Principio que, valga recordar, fue elevado a rango constitucional por la Constitución de 1991.

En segundo término, y en lo que concierne a la interpretación concreta de la cláusula convencional, advierto que de su lectura se infiere, sin equívocos, que el derecho pensional puede ser adquirido por los ex trabajadores que al momento del retiro hayan completado el tiempo de servicios pero no la edad.

En efecto, la regla convencional prevé:

“ART. 16—Jubilación: A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo, Corelca jubilará a sus Trabajadores Oficiales de acuerdo a la Ley, es decir, veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos y cincuenta y cinco (55) años de edad.

Nótese que el artículo si bien alude a “Trabajadores Oficiales”, ello no excluye del beneficio a quienes tuvieron tal condición, pero arribaron a la edad enunciada con posterioridad a la finalización de sus contratos, pues dicha circunstancia no desvirtúa la calidad que una vez ostentaron: la de trabajadores oficiales al servicio de la compañía que, en últimas, es lo que exige la norma referida.

Por otra parte, el artículo consagra la obligación de Corelca de jubilar a sus trabajadores oficiales “de acuerdo a la ley”, aserción de la que derivan dos consecuencias: (a) que están excluidos del beneficio los servidores con vinculación diferente a contrato de trabajo y (b) que la jubilación será otorgada conforme a la ley. En cuanto a este último aspecto, el diccionario de la Real Academia Española(1), define la locución preposicional “de acuerdo a” como: “conforme a”, la que, a su vez, traduce “Con arreglo a, a tenor de, en proporción o correspondencia a, de la misma suerte o manera que”.

Lo anterior, resulta útil para señalar que la alusión que la norma convencional hace a la ley, presupone que las requisitorias para pensionarse convencionalmente deben guardar plena correspondencia con las exigidas legalmente. Así, si la diferenciación que proponen las demandadas no aplica en el régimen legal de pensiones de los trabajadores oficiales, mucho menos podría predicarse en la convención colectiva de trabajo pues, de lo contrario sus previsiones no estarían acordes a las leyes que ella misma refiere, además que eso haría más gravosas las exigencias convencionales, en comparación a las legales.

Refuerza lo anterior, el hecho de que el inciso segundo del artículo antes trascrito haya consagrado expresamente una excepción respecto de “los linieros, soldadores, calderistas y los que manejen o trasiegan ácidos”, pero nada dijo en cuanto a los ex trabajadores, por lo que al no estar prevista la exclusión de estos últimos, el Tribunal no podía entrar a restringir el alcance de la norma como lo hizo.

El carácter normativo de la convención colectiva, no solo la dota de fuerza vinculante, sino que genera para el juzgador la obligación de interpretarla de acuerdo a las reglas de hermenéutica jurídica, de allí que no resulte viable fijarle un sentido con el que el texto convencional produzca efectos parcialmente o, en otras palabras, quede mutilado porque el entendimiento conferido implica dejar sin valor alguno(s) de sus apartes. Y es que precisamente, de respaldarse el raciocinio que hizo el ad quem de la cláusula convencional en cita, equivaldría a desconocer la remisión que aquella hace a la ley, pues supondría aceptar una diferenciación que no hace, en perjuicio de los ex trabajadores o, lo que es lo mismo, desembocaría en la ineficacia de la expresión “de acuerdo a la ley”.

Brota de lo expuesto, que el Tribunal sí incurrió en el yerro protuberante que le enrostra la censura, al añadirle una condición ausente en ella, consistente en que la edad para acceder a la pensión de jubilación debía cumplirse en vigencia de la relación laboral. Tal lectura no solo dejó de consultar el propósito plasmado en el acuerdo convencional; sino que, además, trajo implícita la futilidad de la cláusula, pues de prohijarse dicha hermenéutica, se daría la posibilidad al empleador de evadir el reconocimiento pensional mediante la terminación anticipada de la relación laboral, cuando advierta que el trabajador está ad portas de cumplir la edad para “causar” el derecho.

Finalmente, debo mencionar que el fallo acude a un razonamiento errado en la interpretación de la norma convencional al sostener que la extensión de los beneficios convencionales más allá de la vigencia de los contratos de trabajo debió quedar explícita. Este raciocinio me parece, además de excesivamente rígido y formalista, incompatible con la naturaleza de los derechos en disputa.

En efecto, los derechos pensionales usualmente se cristalizan con el tiempo de servicios, de suerte que la edad tiende a ser, o bien un requisito de exigibilidad o uno que puede ser cumplido al margen de que el trabajador se encuentre inactivo o desocupado laboralmente. Lo que se procura es compensar el desgaste físico natural, producto de largos años de servicio. De manera que si la generalidad es que la edad puede cumplirse independientemente de la situación laboral del trabajador —activo o inactivo— resulta dable entender que la interpretación de la Corte debió operar a la inversa. Esto es, por regla general la edad puede cumplirse estando al servicio o no de la empresa, a menos que las partes acuerden lo contrario.

Por lo demás, la naturaleza del derecho discutido imponía esta regla hermenéutica. No se trata de cualquier prestación económica sino de una muy preciada para cualquier trabajador: su pensión. Por lo tanto, el uso de los métodos jurídicos debía privilegiar una interpretación extensiva o amplia del derecho por encima de una restrictiva.

En estos términos, salvo mi voto.

Fecha ut supra. 

Magistrada: Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

1. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española - Edición del Tricentenario.