Sentencia SL1193-2015 de febrero 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 48073

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

SL1193-2015

Acta 03

Bogotá, D. C., once de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que no merecieron réplica. La Sala los estudiará conjuntamente por cuanto, a pesar de estar encaminados por vías distintas, se sirven de argumentos complementarios, denuncian la violación de similar elenco normativo y persiguen idéntico fin.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia del Tribunal de interpretar erróneamente el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, “como violación de medio, en consonancia con el artículo 145 del C.P. del T. y de la Seguridad Social, del artículo 8º de la Ley 153 1887 (sic), en relación con el artículo 19 del C.S. del T. Todo lo anterior, en relación con el artículo 1º inciso segundo del artículo 35 del Decreto Reglamentario 2463 de 2001 y los con (sic) lo normado en los artículos 25, 29, 46, 48, 53 y 58 de la Constitución Nacional”.

En la demostración aduce la censura que no discute ningún aspecto fáctico o probatorio; que de lo que se aparta es de las consideraciones del Tribunal para no acceder a las pretensiones de la demanda, pues partió de la premisa errada de que se daban los elementos necesarios “y así referidos en dicha normativa para que se declare de contera tal eventualidad, sin considerar que para que ella proceda es necesario determinar que la situación procesal que se ventila involucra una misma cuestión fáctica y jurídica, lo que en modo alguno acontece en el presente asunto, en el entendido de que el actor no tiene camino distinto para cuestionar y propender porque no se tenga en cuenta el dictamen médico y que proviene de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez”; que la institución de la cosa juzgada opera cuando se presentan los tres elementos de que trata la disposición citada, de manera que al no presentarse uno de ellos “conduce a que no se caracterice la misma y por ende no tenga ella la consecuencia que de la misma emana”; que el juez de apelaciones dedujo que el demandante pretendía obtener un beneficio pensional, “cuando ello así concebido no se encuentra siquiera enunciado en la demanda formulada”; que en este contexto, mal puede el Tribunal “inventar un objeto, aun cuando sea una de las consecuencias jurídicas que potencialmente podrían sucederse por la adecuación de la situación fáctica en la norma”.

VII. Cargo segundo

Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, por infracción directa, el artículo 1º de la Ley 100 de 1993, en relación con “el artículo 1º inciso segundo del artículo 35 del Decreto Reglamentario 2463 de 2001 y los con (sic) lo normado en los artículos 25, 29, 46, 48, 53 y 58 de la Constitución Nacional”.

En el desarrollo aduce el censor que el ad quem no aplicó el artículo 1º de la Ley 100 de 1993 “que establece la garantía no solo social sino jurídica de la cual goza todo ciudadano colombiano para que se le amparen esos derechos irrenunciables, desconoce precisamente cual es el sentido de la seguridad social como servicio público que es y de carácter vitalicio”; que al no aplicar la referida norma, el Tribunal desconoció la razón de ser del derecho que le asiste a cualquier ciudadano para propender que sus derechos sean respetados; que el actor no tiene camino distinto al de recurrir ante los jueces para que se corrija el dictamen controvertido; que por tal razón no es aceptable que se le niegue tal derecho bajo los argumentos expuestos por el juez colegiado “cuando en un concepto amplio del derecho mismo, debe prevalecer la búsqueda de la verdad frente a la formalidad misma que haría nugatoria la viabilidad de objetar el informe médico que le es desfavorable desde todo punto de vista”.

Agrega el censor que si el Tribunal hubiera tenido en cuenta la normatividad citada habría decidido en derecho la controversia planteada, sin recurrir a la figura de la cosa juzgada que, como se explicó en el cargo anterior y se reiterará en el siguiente, no tenía cabida en el presente asunto; que la razón de ser del presente proceso “no es otra que propender por la alteración del dictamen rendido por el Ente comprometido y que necesariamente involucra y compromete al municipio de marras”; que el demandante no ha tenido oportunidad de controvertir el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el cual es injusto en atención a que la razón de la invalidez no es otra que el “insuceso»” (sic) por él padecido; que por ello, insiste, el demandante no tiene otra salida que acudir ante la justicia para cuestionar el citado dictamen; que cuando el ad quem no cumple con la obligación que tiene de resolver de fondo el tema que se le pone de presente, le está negando al promotor del proceso la posibilidad de propender por que se le garantice el derecho a la seguridad social.

VIII. Cargo tercero

Acusa la sentencia impugnada “por violación indirecta de la Ley Sustancial Laboral, en la modalidad —violación medio— por aplicación indebida de las normas procesales contenidas en los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en esta sede por remisión analógica expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 66 del mismo Estatuto Procesal; violación de medio que condujo a la aplicación indebida del artículo 332 del C. de P.C., y cuando ha debido aplicar el artículo (sic) 1º inciso segundo del artículo 35 del Decreto Reglamentario 2463 de 2001 y los con (sic) lo normado en los Artículos 25, 29, 46, 48, 53 y 58 de la Constitución Nacional”.

Afirma que la anterior violación se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1º. No dar por demostrado, estándolo hasta la saciedad que conforme las voces que emanan de la demanda instaurada, no existe identidad procesal respecto de la acción procurada primeramente por el actor.

2º. Dar por demostrado, sin estarlo, que existió identidad procesal y por lo tanto se declara la cosa juzgada.

3º. No dar por probado, estándolo, que el actor procura acción judicial en contra del órgano competente y que dictaminase en segunda instancia su invalidez, cuando en la primera acción dicha demanda no se instauró en su contra.

4º. No tener por probado, no obstante estarlo, que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en modo alguno propuso la excepción de cosa juzgada.

5º. No tener por acreditado, cuando lo está, que es apenas obvio que al instaurarse la demanda en contra de la mentada Entidad, necesariamente debe concurrir al proceso el aludido municipio, por cuanto este se vería afectado en sus interese (sic) de prosperar la acción procurada en contra de aquella.

6º. Dar por demostrado, sin estarlo, que de contera se presenta identidad de partes, causa y objeto, cuando es evidente que ello no acontece.

7º. No tener por demostrado, cuando lo está, que la Junta Nacional no fue demandada primigeniamente por parte del actor, pues se recurrió ante el municipio indicado, para procurar y a favor del actor la pensión de sobrevivientes.

Dice que los anteriores errores de hecho se produjeron como consecuencia de la errada apreciación de las siguientes pruebas:

a. Demanda formulada por el actor (fls. 2 a 12 Cdno. Ppal.).

b. Memorial por el cual se subsana la demanda formulada por el actor (fls. 51 y 52 Cdno. Ppal.).

c. Contestación a la demanda formulada por el recurrente por el Municipio de Neiva (fls. 67 a 78 Cdno. Ppal.).

d. Adición a la contestación a la demanda formulada por el actor, por parte del mentado Municipio (fls. 87 y 88 Cdno. Ppal.).

e. Contestación a la demanda incoada por el hoy demandante por parte de la Junta Nacional de calificación de invalidez (fls 100 a 128 Cdno. Ppal.), y

f. Copia de la demanda inicialmente formulada por el hoy demandante y que cursó ante el Juzgado Tercero (3º) Laboral del Circuito de la Ciudad de Neiva, Departamento del Huila (fls. 5 a 7 del Cdno. Que proviene de dicho Despacho Judicial).

En el desarrollo, aduce la censura que la valoración probatoria realizada por el Tribunal fue equivocada pues no tuvo en cuenta que en modo alguno, “primigeniamente”, el actor había demandado a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, máxime cuando esta no podía asumir la pensión reclamada a través del proceso anterior; que el juez colegiado no tuvo en cuenta que en ambos procesos no había identidad de partes, pues la referida junta no había sido demandada por el actor, “así tuviese este órgano la decidida participación en el asunto que primeramente debatió el actor ante la justicia laboral, pues dicha entidad concurrió al mismo como un perito y no como una accionada”; que además, entre el proceso iniciado por el actor ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva y el presente no hay identidad de objeto, pues la pretensión de este juicio es que se altere el dictamen que lo perjudica, “sin que ello pueda significar como al parecer lo entendió el juzgador de segundo grado, que por tal virtud se asemeja a la pretensión de la primera acción procurada por el mismo demandante, en el entendido de propender por el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, así el resultado de ello en últimas sea este […]”.

Seguidamente afirma el censor que entre ambos procesos tampoco existe identidad de causa, pues el demandante no ha tenido la oportunidad de controvertir judicialmente el dictamen pericial rendido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; que el hecho de que en este proceso también se haga referencia al accidente sufrido por el demandante no implica que haya identidad de causa, ya que lo que ahora se pretende es que se modifique el dictamen que le fue adverso “y en cuanto refiere una fecha de estructuración del estado de invalidez ulterior a la fecha primeramente informada, por lo que, no se puede reitero, confundir que ello implícitamente es igual o mejor es idéntico a la pretensión inicial y en cuanto a través de aquella, el actor procuraba obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la circunstancia particular de ser inválido y dependiente económicamente de su señor padre causante de la pensión”; que, mientras ahora se ataca el dictamen, otrora se buscaba el reconocimiento de la pensión, por lo que no se presenta la cosa juzgada que dio por demostrada el Tribunal en la sentencia impugnada; que por estas razones no fue propuesta por la junta demandada la excepción de cosa juzgada.

IX. Consideraciones

Para que opere el fenómeno de la cosa juzgada deben concurrir los 3 elementos establecidos por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:

La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Con arreglo a la disposición pretranscrita, el ad quem consideró que entre el presente proceso y el adelantado por el actor ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, con número de radicado 2003-00224-00, había identidad de causa, objeto y partes.

En efecto, el fundamento esencial de la sentencia impugnada consistió en que en ambos procesos el actor había solicitado que se condenara al municipio de Neiva a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes de José Joaquín Pulido Manrique, en calidad de hijo inválido, haciendo referencia al accidente de tránsito que había sufrido el 1º de enero de 1988 y que a la postre le causó la amputación de la pierna. Agregó el Tribunal que si bien en este proceso el actor había involucrado a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en calidad de demandada, con el fin de que se modificara el dictamen Nº 12102091 de 2007, “tal pretensión no genera ningún efecto frente a la pensión de sobreviviente que ya le fue negada”.

Al respecto, estima la Sala que le asiste razón al recurrente en cuanto afirma que lo único que pretende a través del presente proceso es que se modifique el dictamen Nº 12102091, expedido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el 12 de julio de 2007, en cuanto a la fecha de estructuración de la invalidez y el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. Así se afirma por cuanto lo único que solicitó el promotor del proceso del municipio de Neiva fue que se declarara que este “está en el deber y en la obligación de respetar y de acatar la sentencia que ordene a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez modificar la pérdida de la capacidad laboral del señor Jaime Pulido Olaya, así como de la fecha de su estructuración”.

Significa lo anterior que el demandante no reclamó expresamente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de su padre, sino que solo se limitó a pedir que el citado ente territorial acatara la sentencia que dispusiera la modificación del dictamen.

Según se infiere de las copias del proceso ordinario laboral promovido por el actor contra el municipio de Neiva, ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, radicado bajo el número 2003 00224 (Cdnos. anexos 1, 2 y 3), las pretensiones otrora incoadas por el actor fueron, textualmente, las siguientes:

Primera- Se declare la nulidad de todas y cada una de las resoluciones 555 de diciembre 10 de 1998, 394 de julio 29 de 1999, 612 de noviembre 22 de 1999, 446 de diciembre 14 de 1999, 1098 de de (sic) julio 17 de 2000, 1784 de diciembre 7 de 2000, 012 de enero 10 de 2001 y la 156 de 2003 abril 24 . emanadas (sic) de la Alcaldía de Neiva.

Segunda- Como consecuencia de la anterior declaración le ruego ordenar le sea sustituida la Pensión de Jubilación que en vida disfruto (sic) su señor padre José Joaquín Pulido Manrique, según la Resolución 10 de del (sic) 30 de enero de 1981, al señor Jaime Pulido Olaya, en su calidad de Hijo Minusválido.

Tercera- Que mi poderdante interrumpió todos los términos prescriptitos (sic) con relación a las mesadas atrasadas que se le deben cancelar a partir de la fecha de defunción de su señora madre o sea el 30 de septiembre de 1998, en cuanto reclamo (sic) oportunamente su derecho a la sustitución Pensional.

Cuarta- Que se ordene pagar debidamente indexadas las mesadas atrasadas, o aplique la corrección monetaria, mas (sic) los intereses de mora según sentencia de la Corte Constitucional.

Quinta- Que se condene en costas a la demandada. (Folio 6 reverso Cdno. anexo 1)

Como se observa, en el proceso de marras el actor no había solicitado que se modificara el dictamen Nº 12102091 del 12 de julio de 2007, expedido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. No debe perderse de vista que dicho experticio fue realizado después de finalizado aquel proceso.

En el contexto que antecede, considera la Sala que como lo único que se persigue a través del presente juicio es la modificación de un dictamen pericial, es evidente que no existe identidad de objeto entre ambos procesos, razón suficiente para concluir que el Tribunal cometió los yerros fácticos y jurídicos de que lo acusa la censura al declarar probada la excepción de cosa juzgada.

Y es que el hecho de que en el escrito de demanda el actor hubiera manifestado que citaba al municipio de Neiva para “efectos de obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y asistenciales que (sic) tiene derecho […] según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 3135 de 1968 y demás normas concordantes y complementarias, dejadas de cancelar por el error en el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración”, solicitando que se declarara que dicha entidad territorial “está en el deber y en la obligación de respetar y de acatar la sentencia que ordene a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez modificar la pérdida de la capacidad laboral […] así como de la fecha de su estructuración”, no significa que estuviera pidiendo que se impusiera condena por la referida prestación.

Además, si bien es cierto que en ambos juicios el demandante se refirió al accidente de tránsito que ocasionó la posterior amputación de uno de sus miembros inferiores, tal circunstancia por sí sola no implica que exista identidad de causa, pues debe tenerse en cuenta que las pretensiones del presente juicio se encuentran soportadas, básicamente, en la manera errada en que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez profirió el dictamen cuestionado, al no establecer la fecha del infortunio como la data en que se estructuró la invalidez del demandante.

De otra parte, observa la Sala que entre ambos procesos tampoco había identidad de partes, pues en el iniciado en el año 2004, a diferencia de este, no se llamó a juicio a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

En este punto resulta pertinente mencionar que no podía válidamente el actor demandar únicamente a la referida junta, sin citar al proceso al municipio de Neiva, entidad contra la cual eventualmente podía oponerse el mismo dictamen.

Efectivamente la demanda fue iniciada en contra de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, representada legalmente por su Secretario, con el fin de que fuera modificada la fecha de estructuración y porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del demandante, dictaminada por esa junta el 12 de julio de 2007.

La acción fue adelantada con base en lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001, que a la letra dice:

“ART. 40.—Controversias sobre los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez, serán dirimidos por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Laboral, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, el secretario representará a la junta como entidad privada del régimen de Seguridad Social Integral.

Los procedimientos, recursos y trámites de las juntas de calificación de invalidez se realizaran conforme al presente decreto y sus actuaciones no constituyen actos administrativos”.

No obstante que la desafortunada redacción de la norma parece indicar que la demanda para dirimir una controversia en torno a un dictamen emitido por una junta de calificación de invalidez, debe dirigirse contra dicha junta, lo cierto es que ello no resulta posible, al menos antes de la entrada en vigencia de la Ley 1562 de 2012, porque las juntas de calificación de invalidez, conforme al artículo 11 del mismo Decreto 2463 de 2001, que era la norma vigente cuando se inició este proceso, pues no tenían personería jurídica, por lo que carecían de capacidad para ser parte en un proceso y además no eran sujetos de derechos y obligaciones, especialmente, de las prestaciones derivadas de la pérdida de la capacidad laboral o de la invalidez.

Es por ello que resultaba pertinente citar al proceso a la posible obligada al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la pérdida de la capacidad laboral, sin que ello conllevara a la existencia de identidad jurídica de partes que condujo al ad quem a tener por demostrada la excepción de cosa juzgada.

En estas condiciones concluye la Sala que el Tribunal cometió los yerros fácticos de que lo acusa la censura y aplicó indebidamente el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil al dar por demostrada la excepción de cosa juzgada propuesta por una de las demandadas.

Sin embargo, aunque los cargos son fundados, no procede el quiebre de la sentencia del ad quem pues en sede de instancia la Corte adoptaría la misma decisión absolutoria, aunque por razones distintas a las expuestas por los juzgadores de instancia, tal como pasa a explicarse.

A folios 29 a 37 del expediente obra el dictamen Nº 12102091, de fecha 12 de julio de 2007, emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el que se determinó que el demandante padecía una pérdida de la capacidad laboral del 51,5%, con fecha de estructuración el 30 de septiembre de 1995. Para llegar a la conclusión descrita, la aludida junta tuvo en cuenta lo siguiente:

Paciente pensionado por el Seguro Social desde septiembre de 1995, solicita la sustitución de pensión del padre que falleció el 12 de febrero de 1992.

El paciente tuvo un accidente el 31 de diciembre de 1987 quedo (sic) con lesión de ligamento de la rodilla izquierda, requiriendo yeso, desde entonces estuvo en muletas, presentando hematomas frecuentemente. Finalmente el 30 de septiembre de 1995 hubo que amputarlo.

Luego de citar el artículo 3º del Decreto 917 de 1999 y de reproducir una certificación expedida por el médico tratante del demandante, concluyó la junta:

Como corolario de lo anterior, resulta inexplicable que la Junta Regional califique una amputación y establezca como fecha de estructuración de la amputación una fecha de siete años anterior al hecho, no se puede negar que el señor Pulido tuvo un accidente de tránsito (sic) el 1º de enero de 1988, pero es absolutamente claro que la amputación solamente se presenta en septiembre de 1995 y no el día del accidente. Así las cosas, es necesario llamar la atención a la Junta Regional para que aplique la normativa que regula la calificación, ya que no es procedente que existiendo una norma precisa para aplicar, que la Junta Regional establezca criterios subjetivos para establecer la fecha de estructuración como la incapacidad para laborar ó (sic) el uso de muletas que lo imposibilitaran para trabajar, cuando esta (sic) calificando un hecho concreto como lo es la amputación de un miembro inferior.

La Junta Regional además de desatender los parámetros legales anotados, desestimo (sic) el hecho de que el señor Pulido goza desde el año 1995 de una pensión de invalidez otorgada por el Seguro Social por el mismo hecho y que a pesar de no encontrarnos en el tramite (sic) de revisión pensional, cualquier modificación en el estado de invalidez, puede llegar a modificar la situación del paciente con la entidad que le otorga tal derecho, es importante recordar que el Manual de Funcionamiento de las Junta (sic) de Calificación del Ministerio de la Protección establece que siguiendo los parámetros de la Sentencia T-1007 no es procedente la modificación ni del origen de la fecha (sic) de estructuración de los pensionados.

Estima la Sala que del citado experticio no se infiere que la Junta Nacional demandada hubiera cometido un grave error al considerar que la invalidez del demandante no se había estructurado el mismo día en que sufrió el accidente, sino aquel en que le fue amputado su miembro inferior izquierdo, pues esta Corporación es del criterio de que no siempre la fecha de estructuración de la invalidez coincide con la de ocurrencia del accidente.

En efecto, esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, 26 jun 2012, Rad. 38614, en la que reiteró lo dicho en la CSJ SL, 4 sep 2007, Rad. 31017, explicó:

[…] cabe aclarar, para despejar equívocos, que la fecha de estructuración de la invalidez no siempre coincide con la de ocurrencia del accidente, pues puede suceder que sus secuelas se manifiesten con posterioridad, y en lo concerniente a la calificación se tienen en cuenta las normas vigentes en la fecha en que esta se hace o se consolida la discapacidad y no las vigentes en el momento en que se produjo el siniestro laboral, conforme lo determinó la Sala en sentencia de 4 de septiembre de 2007, radicado 31.017, donde dijo:

“[…] la fecha de estructuración del estado de invalidez es la que determina la normatividad aplicable cuando se trata de discernir el derecho a las prestaciones económicas por ese riesgo.

[…]

“El estado de invalidez no se produce indefectiblemente en la misma fecha de ocurrencia del percance del trabajo; es posible que la disminución de la capacidad laboral como consecuencia de este, se presente paulatinamente, y no necesariamente de forma irreversible, que es cuando procede la declaratoria de invalidez; así su determinación bien puede ser con posterioridad al momento en que sucedió el accidente.

“Por lo tanto, es la fecha de estructuración de la invalidez la que debe ser tomada como referente para determinar el surgimiento del derecho a la pensión de invalidez y la normatividad que lo regula”.

Como se observa, no necesariamente la fecha del accidente coincide con la de la estructuración del estado de invalidez y, en ese orden, no resultan suficientes los reproches que en este sentido el actor le hace al dictamen controvertido.

Y es que, según se analizó en precedencia, puede suceder que luego de ocurrido un accidente que genere algún tipo de pérdida de la capacidad laboral se intente recuperar dicha capacidad a través de diferentes tratamientos médicos y terapéuticos, que en no pocas ocasiones pueden resultar exitosos. Pero solo cuando tales tratamientos no repercuten en una mejoría del estado de salud del afiliado, o por cualquier motivo se renuncia a ellos, es que se estructura la invalidez. Es decir, la invalidez se estructura, no necesariamente en la fecha del siniestro, sino en la fecha en que se determine que no existen posibilidades de mejoría o curación del paciente, como en este caso, donde ante la falta de eficacia del tratamiento terapéutico y farmacológico suministrado al actor (Folios 37 a 47), se toma una medida como la amputación del miembro afectado.

En el anterior contexto y descendiendo al caso que nos ocupa, considera la Sala que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no incurrió en un error grave al determinar como fecha de estructuración de la invalidez del actor, aquella en que le fue amputada su pierna izquierda, pues fue en dicha data cuando se perdió cualquier posibilidad de tratar las secuelas que le había dejado el accidente de tránsito que había sufrido algunos años atrás.

Recuérdese que el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, prevé que la fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral, es aquella “en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva”. Agrega la norma que esta fecha puede ser anterior o corresponder a la fecha de la calificación. Ello significa que la invalidez se estructura cuando la persona ha perdido, en forma definitiva, su capacidad para trabajar.

Cumple anotar que si bien es cierto que en el trámite del proceso el Instituto Nacional de Medicina Legal – Dirección Regional Oriente, rindió un dictamen pericial en el que determinó que el demandante tenía una pérdida de la capacidad laboral del 51,4%, con fecha de estructuración el 1º de enero de 1988, “día en que sucede el accidente de tránsito” (Folios 334 a 355), en criterio de la Sala tal medio de convicción no logra desvirtuar las conclusiones a las que llegó la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en atención a que de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas por el actor al ISS, visibles a folios 252 a 255, aquel realizó cotizaciones para cubrir la contingencia de vejez, con posterioridad a la fecha del accidente de tránsito, durante los periodos comprendidos entre el 10 de agosto de 1990 y el 1º de febrero de 1993; del 9 de julio de 1993 al 1º de octubre de 1994; y del 12 de octubre de 1994 al 31 de diciembre de 1994, en calidad de trabajador dependiente.

Indudablemente, tales cotizaciones, al menos las realizadas hasta el 19 de septiembre de 1995, fueron tenidas en cuenta por el ISS para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez que le concedió al demandante mediante Resolución 469 de 1996 (Folio 74 Cdno. Anexo 1), según se infiere de los documentos visibles a folios 10 a 102 del cuaderno anexo 1.

En ese orden, resta señalar que no puede el demandante pretender que para efectos de la pensión de invalidez que le reconoció el ISS, se tenga en cuenta una fecha de estructuración de invalidez y, para efectos de la pensión de sobrevivientes que depreca, se tenga en cuenta otra fecha distinta.

En conclusión los cargos no prosperan.

No se causaron costas en el recurso extraordinario por cuanto no hubo réplica.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el siete (7) de julio de dos mil diez (2010) por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Jaime Pulido Olaya contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y el municipio de Neiva.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».