Sentencia SL1205-2018/57235 de abril 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 4

Rad.: 57235

Magistrado Ponente

Dr. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez

Acta 10

Bogotá D.C., dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «X. Consideraciones

La Sala para examinar el ataque planteado en los dos primeros cargos, empieza por recordar, que el Tribunal fundamentó su decisión de revocar el fallo de primer grado, en que con los Decretos 290 y 1374 de 1979, se adoptaron los estatutos de la Fundación San Juan de Dios, señalando a la institución como de utilidad común, sometida a las normas del Código Civil, los cuales fueron ratificados por el Decreto 371 de 1998; pero al ser declarados nulos por el Consejo de Estado mediante sentencia de fecha 8 de marzo de 2005, perdieron fuerza ejecutoria, volviendo las cosas a su estado anterior, por lo que la Fundación San Juan de Dios volvió a pertenecer a la Beneficencia de Cundinamarca, y que teniendo en cuenta la fecha en que la Fundación era una entidad de carácter particular —14 de junio de 2005— data de ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado y, por haber prestado la actora sus servicios bajo la modalidad de un contrato de trabajo, tenía derecho al reconocimiento de las prestaciones extralegales solicitadas.

Para condenar a la indemnización moratoria por la no cancelación de las prestaciones sociales, el ad quem se fundamentó en que al no demostrar el empleador el pago de éstas, su conducta se encontraba arropada bajo los parámetros de la mala fe.

Es claro para la Sala, que se apartó el tribunal de la sentencia de primera instancia, en la que el juez, después de hacer un recuento histórico de la naturaleza jurídica de la Fundación San Juan de Dios, y transcribir in extenso la sentencia calendada 8 de marzo de 2005 del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de los decretos 290 y 1374 de 1979, y 371 de 1998, que crearon y reglamentaron la Fundación, concluyó que:

“Como quiera que los efectos de la declaración de nulidad obliga a restablecer las cosas al estado en que se encontraban cuando se realizó el acto nulo, es decir se tiene como si este no hubiera existido (así se ha sostenido por el Consejo de Estado en múltiples ocasiones), criterio que es aplicable a lo acontecido respecto de los Decretos 290 de 15 de febrero de 1979, 1374 de 8 de junio de 1979 y 371 de 23 de febrero de 1998, forzoso resulta concluir que la vinculación de quienes prestaron sus servicios a la denominada Fundación San Juan de Dios, con posterioridad a la ejecutoria de la aludida sentencia del Consejo de Estado, se rige por la regulación especial aplicable a las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores, como que tales personas se reputan como dependientes de la Beneficencia de Cundinamarca.

El aludido criterio, igualmente opera tratándose de los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, vinculados al Instituto Materno Infantil, que prestaron servicios con posterioridad a la declaratoria de nulidad de los decretos de constitución de la referida fundación”.

Dijo el a quo, que la vinculación laboral de la actora se desarrolló en vigencia de los decretos anulados y se mantuvo con posterioridad a la declaratoria de nulidad de los mismos, por lo que, dado el efecto de la nulidad de los referidos decretos, los actos administrativos no existieron, pasando la vinculación laboral a ser legal y reglamentaria, sometida a la regulación especial para los empleados públicos.

Conforme a lo visto, resulta indudable que el tribunal incurrió en los yerros de apreciación jurídica endilgados en la casación, pues encontrándose definido por el máximo organismo de cierre de lo Contencioso Administrativo en la sentencia citada por el juez de primera instancia, que la Fundación San Juan de Dios pertenecía a la Beneficencia de Cundinamarca y por tanto sus trabajadores eran empleados públicos, no podía rebelarse contra ese precedente, con fundamento en que a la fecha de ejecutoria de la sentencia del 8 de marzo de 2005 proferida por el Consejo de Estado —14 de junio de 2005—, la fundación era una entidad de carácter particular y, que la relación estuvo regida bajo la modalidad de un contrato de trabajo, yerro en el que incurrió al no tener en cuenta que en la misma providencia el Consejo de Estado fue juicioso en señalar, que la nulidad de los decretos 290 de 1979 y 1374 de 1979, “trae como consecuencia jurídica el decaimiento o pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de reconocimiento de la personería” a la Fundación San Juan de Dios, a la luz de lo establecido en el artículo 66, numeral 2º, del C.C.A.”, raciocinio que deja totalmente despejado, que en la sentencia objeto de ataque, el juez plural le otorgó efectos a un acto administrativo que ya había sido retirado del ordenamiento jurídico por la autoridad jurisdiccional competente, lo que deviene que la demandante siempre tuvo la calidad de empleada pública y en consecuencia no tenía derecho a las acreencias extralegales reclamadas.

Considera la Sala oportuno resaltar, que la Corte tiene claramente definido en casos similares, que fallos del Consejo de Estado, como el desconocido por el fallador de alzada, tienen efectos ex tunc, es decir, con impacto desde la fecha en que fueron expedidos los actos administrativos anulados, tal como se dejó consignado en la Sentencia SL 17428-2016, cuando se afirmó:

“Tampoco es de recibo el argumento que los servidores de la Fundación San Juan de Dios solo serían empleados públicos a partir de la declaratoria de nulidad de los Decretos de creación del Centro Hospitalario, es decir, desde el año 2005, en tanto por sabido se tiene, que las sentencias de nulidad del Consejo de Estado producen efectos ex tunc, esto es, desde la expedición de los actos administrativo anulados, luego ello significa que la naturaleza jurídica del vínculo laboral de la actora siempre ha sido la de empleada pública”.

Además de lo anterior, le asiste la razón a la censura cuando acusa al tribunal de haber aplicado indebidamente el artículo 65 del CST, porque indudablemente lo hizo sobre una situación fáctica no prevista en la norma, dado que ella es aplicable a los trabajadores particulares, calidad que no tenía la accionante, puesto que como quedó dicho en precedencia, siempre tuvo la condición de empleada pública, pues la actora conforme a lo definido por el Consejo de Estado debe tenerse como empleada de la Beneficencia de Cundinamarca y por ende su calidad era la de empleada pública, razón por la que no procedían las condenas despachadas por el ad quem, derivadas de un contrato de trabajo que nunca existió, siendo corolario lógico la improcedencia de una sanción moratoria por unas acreencias que el empleador no estaba obligado a cancelar.

Por las razones expuestas, como el tribunal incurrió en los yerros de apreciación jurídica enrostrados en la acusación, los cargos prosperan, y se releva la Corte del estudio del tercer cargo, encaminado a desvirtuar la mala fe de las demandadas.

Sin costas.

XI. Sentencia de instancia

El a quo, en su fallo de primera instancia, a efectos de absolver a las demandadas, concluyó que las personas que prestan sus servicios a la Beneficencia de Cundinamarca son “empleados públicos”, con excepción de los que se dedican a la construcción y sostenimiento de obra pública que son “trabajadores oficiales”.

Seguidamente, se refirió a la Ley 10 de 1990, la que dijo le era aplicable a los servidores de la Beneficencia de Cundinamarca, transcribiendo el artículo 26 de la misma, para luego manifestar lo siguiente:

“Teniendo en cuenta lo anterior, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales en la Beneficencia de Cundinamarca, se entiende que corresponden a trabajadores oficiales.

Así las cosas, se demuestra en el plenario que la demandante, antes y con posterioridad a la sentencia del Consejo de Estado que privó de personería jurídica a la Fundación San Juan de Dios, se desempeñaba en el cargo de “auxiliar de enfermería diurna”, actividad que no se enmarca dentro de las propias de mantenimiento de planta física hospitalaria o de servicios generales, menos aun dentro de las de sostenimiento y mantenimiento de obra pública, esto para señalar que su vinculación con la Fundación San Juan de Dios, por efecto de la declaratoria de nulidad de los actos que le reconocían su condición de Fundación sin ánimo de lucro regida por el Derecho privado, se tornó en una relación legal y reglamentaria con la beneficencia de Cundinamarca, regida por la normatividad propia de los empleados públicos, como quiera que, se reitera, las funciones de “auxiliar de enfermería diurna”, acreditadas en el expediente, no se enmarcan dentro de las requeridas legalmente para establecer la existencia de una relación contractual laboral con la Administración Estatal, representada en el sub lite por la aludida accionada”.

Finalmente, concluyó:

“Así las cosas, al haberse evidenciado en el trámite procesal que, con ocasión de la aludida declaratoria de nulidad, la demandante ostentó la calidad de empleada publica, en las condiciones presentemente reseñadas, forzoso resulta impartir la absolución para las convocadas a juicio respecto de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al no exhibirse viable radicar en cabeza de la actora la calidad de trabajadora oficial durante todo el lapso aducido en el libelo introductorio y particularmente al momento de la terminación de su vinculación con la beneficencia de Cundinamarca”.

Para elucidar si la afirmación hecha por el juez de primera instancia, se encuentra ajustada a derecho, suficiente es con remitirse a la sentencia de fecha 8 de marzo de 2005, mediante la cual se declaró la nulidad de los decretos 290 y 1374 de 1979, y 371 de 1998, que adoptaron los estatutos de la Fundación Hospital San Juan de Dios y que estudió la naturaleza de la misma.

En el mencionado fallo el máximo organismo de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa señaló, que el Instituto Materno Infantil pertenecía a la Beneficencia de Cundinamarca, siendo esta un establecimiento público del orden departamental.

Atendiendo a la sentencia del Consejo de Estado del 8 de marzo de 2005, el hospital al que prestó sus servicios la actora está ubicado en el subsector de la salud, regulado por la Ley 10 de 1990, la cual en el parágrafo del artículo 26, dice:

“ART. 26.—Clasificación de empleos. […]

PAR.—Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones (resaltado de la Corte).

Ahora bien, en el líbelo genitor se señala en el hecho cuarto, que la demandante desempeñó el cargo de “Auxiliar de Enfermería Diurna”, en la Fundación San Juan de Dios - Instituto Materno Infantil desde el 16 de julio de 1987 hasta el 14 de agosto de 2006, afirmación que es corroborada por los documentos de folios 32 al 33, 37, 38, 42, 174 y 175 del cuaderno principal, y así igualmente lo encontró acreditado el a quo, por lo que atinó este cuando consideró que las funciones de “Auxiliar de enfermería diurna”, acreditadas en el plenario, no encuadran dentro de las requeridas por la ley para establecer la existencia de una relación contractual laboral con la Administración Estatal, pues resulta evidente que la actora no demostró el contrato laboral en el que soportó lo pedido y que el empleo desempeñado correspondía a los de mantenimiento de la planta física hospitalaria o a los de servicios generales de la institución accionada, presupuesto que conforme al parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990 es absolutamente necesario para que se le pudiera tener a la demandante como trabajadora oficial, vinculada a través de un contrato laboral.

Por lo anterior, en función de juez de segundo grado, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, sin que haya lugar a pronunciamiento alguno sobre la petición subsidiaria formulada por el Departamento de Cundinamarca en el alcance de la impugnación, ante la prosperidad de las pretensiones principales.

Las costas en las instancias serán a cargo de la parte demandante.

XII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012), en el proceso ordinario adelantado por Blanca Inés Reyes Navarro contra la Nación - Ministerio de Protección Social, la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca, la Fundación San Juan de Dios en liquidación , y por integración como litisconsorte necesario a Bogotá D.C.

En sede de instancia se confirma la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá D.C., el treinta y uno de agosto de dos mil diez.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».