Sentencia SL12110-2015/48484 de septiembre 9 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 48484

Acta 31

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., nueve de septiembre de dos mil quince.

«EXTRACTOS: IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que esta Sala de la Corte case la sentencia acusada en cuanto confirmó el fallo proferido por el Juzgado “con el fin de que, una vez constituida en sede de instancia, revoque la absolución de la demandada, para en su lugar, condenar a la sociedad enjuiciada a favor de la demandante, todas y cada una de las pretensiones invocadas con la demanda, Declarando la Nulidad del Acta de Conciliación…”.

Con tal propósito formula dos cargos, no replicados, que por su común finalidad recibirán pronunciamiento conjunto.

VI. Cargo primero

Atribuye a la sentencia la violación indirecta de la ley por aplicación indebida de los artículos:

“1.502, 553, 1,503, 1.504, 1.743, 1.746 Código civil, Ley 1306 de 2009, artículos 2º, 15,16; 1º y 26 de la Ley 361 de 1997, 7 del Decreto 2463 de 2001 y 5º de la Ley 776 de 2002, y en consecuencia los artículos 2º, 13, 47, 54 y 58 de la Constitución Nacional, Leyes 21 de 1982, 100 de 1993, artículos 13, 14, 15, 61, 64, y 467 deI Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 2º, 10 de la ley 1010 de 2006. artículos 20 y, 78 C.P.TSS, 12 ley 790 de 2002; Decreto 2.566 de 2009 Ministerio de la Protección Social, literal m) del artículo 1º de la Decisión 584 de 2004 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad; Pacto de Derechos Civiles y Políticos ONU 23 de Marzo de 1976 Artículo 26; Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y culturales ONU 3 de Enero de 1976 Artículo 12 1.; Convención Americana de Derechos Humanos San José de Costa Rica Noviembre de 1969 “ Artículo 24; la ley 1309 de 2009, artículos 2,4, y 13; de conformidad a los artículos 13,14,15,16, 61,64,200, 201, 340, 341 del C.S.T, en armonía con el 20 y 78 del C.P.T.S.S. y 53 de la Constitución Política, y en consecuencia aplicó indebidamente, los artículos 553 del Código Civil, 1503,1504 del código civil, consecuencia de error de hecho evidente y notorio en que incurrió el Tribunal —ad quem—, por haber dejado de apreciar unas pruebas o apreciado erróneamente otras, que más adelante se individualizan, siendo del caso de hacerlo”.

Luego agrega a la anterior proposición jurídica:

“1. Infracción medio

La infracción medio que condujo a la violación de las normas sustanciales se produjo, al haber violado el Tribunal las disposiciones de los artículos 60, 61 y 66A del C.P.T y S.S. y 177, 304, 305 del Código de Procedimiento Civil concordado con el art. 145 del CPSS, consecuencia del manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia”.

Dice aceptar las siguientes consideraciones fácticas del tribunal:

a) Que 4 días antes de la diligencia impugnada, el 27 de diciembre de 2002 a las 10.30 a.m., la demandante envió carta con muestras de solidez espiritual, en la cual acepta expresamente el plan de retiro que se la ha propuesto.

b) Que en el acta de Conciliación aparece clara la voluntad de la trabajadora de cancelar de mutuo acuerdo el contrato de trabajo en virtud a su deseo de acogerse al plan de retiro voluntario; aceptando el monto de la indemnización que le correspondía y declarando que la decisión había sido tomada sin presión de ninguna especie; por lo que dejaba libre de responsabilidad a la empleadora, al tiempo que renunciaba a instaurar o formular cualquier demanda o acción judicial en contra de la misma.

c) Que recibió la demandante una suma significativa por el acogimiento al plan de retiro voluntario.

d) Que acepta lo estipulado en: a) acta de conciliación; b) Carta de aceptación del retiro voluntario por la demandante; b) Ofrecimiento de retiro voluntario por el demandado; c) acuerdo entre el demandado y el sindicato del plan de retiro voluntario; d) incapacidad confamdy, d) Historia Clínica demandante e) Formato de Vacaciones.

e) Que también admite la conclusión del Tribunal según la cual “la depresión mayor, es una enfermedad que afecta la voluntad de las persona y causa estragos en la población mundial; que Idelcir Torres, padecía de DEPRESIÓN”.

2. Errores de hecho:

Individualiza los que considera errores de hecho evidentes y manifiestos:

“2.1. No encuentra que para el 31 de diciembre de 2002, la demandante haya estado sometida a una incapacidad relativa por depresión bipolar que le afectare su voluntad, estándolo, al considerar que debía traer la prueba de su interdicción judicial por incapacidad relativa y no la arrimó, y que el depresivo bipolar, no es sujeto de incapacidad relativa.

2.2. No da por demostrado, estándolo, que la depresión obró contundentemente en el elemento volitivo de la trabajadora, con tal entidad que le llevó a tomar una decisión que le afectó al conciliar.

2.3. Da por demostrado que la voluntad racional de la demandante, está manifestada en el acta de conciliación, sin estarlo, al recibir una suma significativa de dinero en el plan del acogimiento al retiro voluntario, y porque 4 días antes de la diligencia impugnada, aparece enviando una misiva con muestras de solidez espiritual, en la cual acepta expresamente el plan de retiro que se la ha propuesto, así como ante el Inspector de trabajo, renunciando a instaurar cualquier demanda.

2.4. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante al recibir una suma significativa de dinero por el acogimiento al plan de retiro voluntario y que refleja voluntad con el envío una misiva con muestras de solidez espiritual, en la cual acepta expresamente el plan de retiro que se la ha propuesto., reflejada también el acta de conciliación, lo hizo por su debilidad mental, con la creencia de que estando en caso, se recuperaría milagrosamente.

2.5. Declarar que la audiencia de conciliación firmada por Idelcir Torres, hace tránsito a cosa juzgada, no haciéndolo, pues se encontraba afectada de depresión bipolar y en consecuencia de discapacidad mental relativa, que limitaba su voluntad y consentimiento por falta de capacidad, que le llevó tomar decisiones que afectaban su estabilidad laboral y en consecuencia generante de nulidad de conformidad con el articulo 1.502 numeral 1º del Código Civil”.

3. Refiere que los indicados errores se cometieron al apreciar el ad quem erróneamente las siguientes pruebas:

“Documentos auténticos y testimonio calificado del siquiatra de la demandante”:

Para demostrar la hipótesis de su acusación, sostiene:

“Que el Tribunal desacierta, cuando concluye del testimonio del siquiatra, la prueba de la depresión y sus efectos en el mundo, pero incurre en protuberante yerro, no valorándola, al considerar que la incapacidad no cubre a los depresivos y que solo se prueba con interdicto judicial, y en consecuencia no decreta la falta de capacidad ni la nulidad del acta, que de haberlo apreciado correctamente, hubiere concluido la falta de capacidad al 31 de diciembre de 2002, y en consecuencia decretado la nulidad, pues, el testimonio del médico siquiatra tratante, es, prueba calificada, esencial y de la naturaleza en esta nulidad por falta de capacidad y consentimiento, pues con él se prueba plenamente la incapacidad”.

Y a continuación reproduce el fragmento de las consideraciones del superior relativo a la ausencia de prueba con respecto a hallarse la demandante sometida para el día de la suscripción del acta de conciliación, esto es, 31 de diciembre de 2002, a una incapacidad absoluta; así como también no haber acreditado esta la correspondiente interdicción a los propósitos de demostrar que para dicha fecha, “se encontraba bajo los efectos de esa interdicción decretada”.

De igual manera copia las reflexiones colegiadas atinentes a no existir “siquiera un principio de prueba con la cual se pueda afirmar que la Señora Idelcir Torres Hinestroza, hubiere estado afectada de debilidad mental al momento de suscribir el acta conciliatoria, pues no aporta prueba de su interdicción mental en consecuencia se presume que el contratante se encuentra en estado apto para contraer obligaciones, y esa presunción toca destruirla con prueba médica fehaciente”.

También, con el mismo interés demostrativo, transcribe la argumentación que conduce al ad quem a concluir que el problema a dirimir no pertenecía al ámbito de los vicios del consentimiento sino más bien al de la capacidad legal para obligarse.

Que al indicado yerro lo acompaña el superior a otro en el que se contraría el objeto de la apelación, pues en ella se “había peticionado que con base en el testimonio del siquiatra, decretare la prueba de la depresión bipolar. Se revela, argumentando que no está probada la depresión bipolar, porque no existe la prueba del interdicto judicial, cuando ese no fue el propósito de la apelación, pues el juez ad quo, acertadamente y acogiendo la jurisprudencia reiterada de la C.S.J., lo aplicó, expresando su validez (...) y, llega a la conclusión (el a quo) que Idelcir Torres Hinestroza, padece de depresión mayor, con base en lo ratificado en declaración testimonial del Dr. Hernán Gilberto Rincón Hoyos, Médico tratante psiquiatra de la Clínica Valle de Lili, Profesional que describe los sistemas de la depresión, así (fls. 107 a 111), “Es una enfermedad mental que se caracteriza por alteraciones en el pensamiento, las emociones, y el estado físico y la conducta (fl. 108). Situación que le imponía al Tribunal su valoración, confirmándolo o revocándolo, pero, no excluyéndolo como prueba, al exigir la presencia de un interdicto judicial, que la jurisprudencia suple con la prueba del testimonio del médico siquiatra tratante, con mayor razón, si confirma la sentencia del ad quo, que le había valorado, y era el único apelante, motivos que lleva a la vulneración del artículo 66 a del C.P.T.S.S., modificado por el artículo de la Ley 712 de 2001, según el cual: La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”.

Luego afirma que el Tribunal interpreta erróneamente, el artículo 553 y 1.504 del Código Civil, al limitar su análisis a los incapaces absolutos, y relativos “cuando el espectro es más amplio y en el depresivo bipolar, que debe interpretarse armónicamente con los artículos 4º, 15 y de la Ley 1306 de 2009”.

También se equivoca el juez de la apelación, refiere el impugnante, “al señalar que para declarar la nulidad del acta de conciliación, es necesario acreditar la interdicción judicial al 31 de diciembre de 2002, incluso para la incapacidad relativa, sin tener en cuenta que el mencionado artículo vigente para el año 2002, expresa lo contrario, al decir, qué los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos, a menos que el que los ejecutó o celebró estaba entonces con discapacidad mental, , que quiere decir, que el interdicto judicial, no es el único medio de prueba de la falta de capacidad legal, sino que también, puede probarse por otros medios, tales como los testimonios técnicos calificados”.

Que esta tesis se consagra en jurisprudencia de la Sala Civil en sentencia de 15 de febrero de 2008. “Sentencia que en virtud del principio de igualdad. Se solícita se tome como jurisprudencia aplicable”.

Luego copia segmentos de sentencia del 25 de mayo de 1976, reiterada el 16 de julio de 1985, relativa al testimonio técnico y a su validez; sin que se ofrezca su radicación y Corporación de origen.

Y al continuar se refiere a “la historia Clínica de ldelcir Torres Hinestroza y el testimonio médico tratante, el Siquiatra”.

“Que el diagnostico depresivo y sus efectos, se vislumbran, en la conclusión a que llegó el Tribunal Superior Sala Laboral, en su sentencia, la cual he aceptado, en cuanto expresa: “Que la depresión es una enfermedad silenciosa que poco a poco ha venido haciendo estragos en la población mundial (…) y en la declaración testimonial del dr. (…) Rincón Hoyos, Médico tratante psiquiatra de Idelcir Torres, al expresar:

Que Idelcir, está en tratamiento por DEPRESIÓN MAYOR, definida como enfermedad mental que se caracteriza por alteraciones en el pensamiento, las emociones. En el pensamiento pueden presentarse ideas negativas, pesimistas, exageradas e irracionales, en las emociones se puede presentar angustia o miedo exagerado. Que las ideas negativas de la DEPRESION MAYOR, pueden afectar la forma de interpretar las situaciones externas y las internas, es decir la forma de verse a uno mismo, podría llevar a tomar decisiones diferentes a las que uno tomaría” (fls. 107 a 111.).

El dr. Rincón, como médico siquiatra, continúa el recurrente:

“… tiene el entrenamiento para evaluar el estado mental de los seres humanos en un contexto clínico y evaluar su capacidad mental para tomar decisiones en su propio beneficio. Y es competente, pues está adscrito en la Fundación Clínica Valle de Lili, en el cargo de psiquiatra institucional, Jefe Sección de Psiquiatría y Psicología, así se lo respondió al despacho judicial y al apoderado de la Beneficencia del Valle, en la diligencia testimonial, y el idóneo para calificarla, pues conoce de su depresión, por ser su médico siquiatra tratante, desde septiembre de 2002 hasta Junio de 2004, diagnosticándole la depresión mayor”.

Agrega que la prueba relativa a demostrar que al Momento de la Firma (Diciembre 27 y 31 de 2002), se encontraba debilitada mentalmente, se establece con la declaración y el Diagnostico del médico tratante, el siquiatra dr. Hernán Rincón, quien declara, que la actora “había tomado la decisión de retirarse del empleo basada en la idea irracional de que iba a mejorar en la casa, que esa idea había sido influida por su depresión y la creencia de una mejoría de tipo mágico”.

“… porque en ese momento se encontraba en vacaciones decretadas por la Beneficencia del Valle del Cauca., después de haber llegado de las incapacidades continuas por depresión bipolar de septiembre a diciembre de 2002.

También, se refleja en el testimonio y historia clínica en el control de 24 de junio de 2004, le recetó una DEPRESIÓN BIPOLAR, es decir, MANIACO DEPRESIVA. Lo crónico o persistencia en el tiempo de la depresión, se refleja en la recomendación del siquiatra, para que en el trabajo, tuviere el menor nivel de stress posible para facilitar su readaptación al trabajo, siéndole solo aceptable su trabajo”.

Copia apartes del texto Derecho Civil parte General y Personas, 2da edición, 2002. Legislación - Jurisprudencia Doctrina. - Pedro Alejo Cañón. - paginas 487 y 488, relacionadas con la sicosis maniaco-depresiva, para decir que “la demandante en septiembre a diciembre de 2002, padecía de depresión mayor y que en marzo de 2003 y junio de 2004, continuaba con depresión mayor, entonces, está probada la depresión para diciembre 31 de 2002, en aplicación de la jurisprudencia presentada y el testimonio del siquiatra…”.

Luego aduce que la prueba con respecto a cómo afectaba su voluntad la enfermedad antes de la firma del acta de conciliación, “se evidencia en la historia clínica y el testimonio del siquiatra” y copia apartes de las valoraciones del siquiatra respecto a la demandante, en el trabajo y el estudio.

Luego subraya el superior que la aceptación del retiro voluntario fue irracional, por cuanto, dice el siquiatra y la Historia Clínica, que la demandante renuncia por la idea irracional de que iba a mejorar en la casa, que esa idea había sido influida por su depresión y la creencia de una mejoría de tipo mágico, También, por cuanto sabiendo que padecía debilidad manifiesta y en consecuencia no podía ni renunciar ni ser despedida por el empleador, por encontrare protegida por la estabilidad reforzada que requería la autorización expresa del Ministerio de la Protección, renunció sin esa autorización, Estabilidad reforzada, radicada en los artículos 12 Ley 790 de 2002, 10 y 26 de la Ley 361 de 1997; y los artículos 2º, 4º, 13 de la Ley 1306 de 2009; artículo 201, 340 y 341 del Código Sustantivo del Trabajo.

Finaliza reproduciendo apartes de diferentes textos; Daniel Colleman Inteligencia Emocional; Ives Wuidart, Marc Bordeau, Vincen Mariello y Proyecto Filosofía en español- 2001 Monaner Enciclopedias: Mobbing Opínion, la “Violencia moral” en el trabajo:

VII. Segundo cargo

Endilga a la sentencia la infracción directa de los artículos:

“1.502 numeral 4º, 1.524, 1.743, 1.746 Código Civil; artículos 12, Ley 790 de 2002; j0(sic) y 26 de la Ley 361 de 1997; el 7 del Decreto 2463 de 2001 y 5º de la Ley 776 de 2002, en armonía con la Ley 100 de 1993, artículos 2º, 13,47, 54 y 58 de la Constitución Política; Decreto 2.566 de 2009 Ministerio de la Protección Social, literal m) del artículo 1º de la Decisión 584 de 2004 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad; Pacto de Derechos Civiles y Políticos ONU 23 de marzo de 1976 artículo 26; Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y culturales ONU 3 de enero de 1976 artículo 121; Convención Americana de Derechos Humanos San .José de Costa Rica Noviembre de 1969” artículo 24; la Ley 1309 de 2009, artículos 2º, 4º, y 13; de conformidad a los artículos 13, 14, 15, 16, 61, 64, 200, 201, 340, 341 del Código Sustantivo del Trabajo en armonía con el 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 53 de la Constitución Política y en consecuencia aplico’ indebidamente, los artículos 553 del Código Civil, 1503,1504 del Código Civil…”.

Manifiesta su conformidad con las conclusiones probatorias del ad quem en el entendido que el error del ad quem se centra en la aplicación del derecho.

Al iniciar su demostración extrae de las consideraciones del ad quem el párrafo según el cual:

“Esta Sala no encuentra que para el 31 de diciembre de 2002, la demandante haya estado sometida a una incapacidad absoluta ni trajo la prueba de su interdicción por incapacidad relativa, de tal manera que no hubiere lugar a duda que para el día de la suscripción del acta se encontraba bajo los efectos de esa interdicción decretada”.

Así como aquel en el que el Tribunal expresa:

“No existe siquiera un principio de prueba con la cual se pueda afirmar que la Señora Idelcir Torres Hinestroza, hubiere estado afectada de debilidad mental al momento de suscribir el acta conciliatoria, pues no aporta prueba de su interdicción mental, en consecuencia se presume que el contratante se encuentra en estado apto para contraer obligaciones, y esa presunción toca destruirla con prueba médica fehaciente”.

Y el relativo a:

“Si bien la depresión es una enfermedad silenciosa que poco a poco ha venido haciendo estragos en la población mundial, en el caso en examen no aparece que la misma haya obrado de tal manera en el elemento volitivo de la trabajadora como para que hubiere tomado una decisión que le afectare, amen que estaba recibiendo una suma significativa por el acogimiento al plan de retiro voluntario. Además no debe pasarse por alto que 4 días antes de la diligencia impugnada, la señora Torres Hinestroza aparece enviando una misiva con muestras de solidez espiritual, en la cual acepta expresamente el plan de retiro que se la ha propuesto”.

O en el que el ad quem hace referencia a que:

“… en el acta atacada aparece claramente que a la trabajadora le fue concedida la palabra por el Inspector de trabajo y que expresó cancelar de mutuo acuerdo el contrato de trabajo que tenía suscrito con la Beneficencia del Valle del Cauca, en razón que era su voluntad acogerse al plan de retiro voluntario, declarando haber revisado el monto de la indemnización que le correspondía y que declaraba que la decisión había sido tomada sin presión de ninguna especie, razón por la cual liberada de cualquier tipo de responsabilidad a la empresa, renunciando a instaurar o formular cualquier demanda o acción judicial en contra de la misma”.

Después de ello precisa que los defectos en los que incurrió el tribunal fueron los siguientes:

“En primer lugar, por subsumir los hechos en la falta de capacidad, al concluir que la nulidad del acta conciliatoria en la cual intervino, no tiene que ver propiamente con un vicio en el consentimiento sino con la capacidad legal para obligarse”.

Así mismo, contrario a lo expresado por el Tribunal:

“No se requiere que “esté probado la incapacidad en la voluntad de la persona, si no, la existencia de una debilidad manifiesta”, puesto que esta sala de la Corte en sentencias de 27 de enero de 2010, Radicado 37514; CSJ SL 25 de marzo de 2009 Radicado 35606; 15 de julio de 2008, Radicación 32532:

“Tal como se refleja en las sentencias reiteradas de la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, Bogotá D.C, en la cual, y en ejercicio del proceso hermenéutico del artículo 26 del Ley 371 de 1997, la Corte Suprema de Justicia y de la corte constitucional, razonó: Derecho a la estabilidad laboral reforzada de trabajadores discapacitados o puestos en condiciones de debilidad manifiesta”.

Se equivoca también el ad quem cuando señala que:

“No existe la prueba fehaciente del interdicto judicial, que demuestre que para el 31 de diciembre de 2002, la demandante estuviere afectada de depresión.

Su yerro, la debilidad manifiesta, No requiere de declaratoria de interdicción judicial, por cuanto la Corte Constitucional, ha señalado que ‘en materia laboral, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados.

Tampoco se le exige, la concomitancia de la enfermedad al acto, es decir, diciembre 31 de 2002, por cuanto de conformidad a la Convención Americana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. 7 de junio de 1999 2. Discriminación contra las personas con discapacidad. a) El término ‘discriminación contra las personas con discapacidad’ significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior.

Recepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales, y en tercer lugar, al decir, que la demandante padece de Depresión, enfermedad silenciosa que poco a poco ha venido haciendo estragos en la población mundial, pero no aparece prueba que la depresión haya obrado de tal manera en el elemento volitivo de la trabajadora como para que hubiere tomado una decisión que le afectare al conciliar, amen que estaba recibiendo una suma significativa por el acogimiento al plan de retiro voluntario, y que 4 días antes de la diligencia impugnada, aparece enviando una misiva con muestras de solidez espiritual, en la cual acepta expresamente el plan de retiro que se la ha propuesto, así como ante el Inspector de trabajo, renunciando a instaurar cualquier demanda.

Su yerro, no incide para nada, si se recibió una suma significativa por el acogimiento al plan de retiro voluntario, ni que 4 días antes de la diligencia impugnada, aparece enviando una misiva con muestras de solidez espiritual, en la cual acepta expresamente el plan de retiro que se ha propuesto, así como ante el Inspector de trabajo, pues la debilidad manifiesta, le genera una protección que impide despedirlo, si no media autorización para ese efecto, del ministerio de la protección social, so pena de ineficacia del despido del trabajador amparado, y en consecuencia nula el acta de conciliación, pues la Honorable Corte constitucional en Sentencia T-725, expresó en el caso de los discapacitados, la ‘estabilidad laboral reforzada’ es el derecho que garantiza ‘la permanencia en el empleo luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y en conformidad con su capacidad laboral.

El efecto más relevante de la ‘estabilidad laboral reforzada’ es la ineficacia del despido del trabajador amparado cuando la razón del mismo es la condición especial que lo caracteriza. En este entendido, para poder despedir a un trabajador que se encuentra protegido por dicha estabilidad es necesario que el empleador solicite autorización previa y expresa del Ministerio de la Protección Social. 

Así lo señala la Ley 361 de 1997 en el artículo 26: Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Traba/o. También lo señala, el artículo 12 Ley 790 de 2002. Protección especial De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los artículos 2º, 4º, 13 de la ley 1306 de 2009, en donde, en virtud del derecho al trabajo, los empleadores están obligados a adoptar procesos de permanencia a personas con discapacidad mental. 

El yerro, del ad quem: Debió condenar al demandado, declarando la nulidad del acta de conciliación, ya que de haber aplicado las normas acusadas, hubiere encontrado que habiendo sido presentada la depresión bipolar como una debilidad manifiesta en la demanda e incluirla en el artículo 1.502 del CCC. para generar la nulidad, y habiendo presentado mis alegatos ante el ad quo en dos oportunidades alegando la debilidad manifiesta y en consecuencia en la causa ilícita, y habiendo apelado y presentado alegatos de conclusión, con los mismos argumentos ante el ad quem, no se compadece que el tribunal haya abortado la pretensión al considerar que los hechos alegados y las normas presentadas indican un reclamo bajo la modalidad de falta de capacidad, y en consecuencia una violación directa de las normas acusadas. 

Ahora, probada con su conclusión de la existencia de la depresión, entonces está probada la debilidad manifiesta antecedente al acto, pues la reiterada jurisprudencia de la corte Constitucional, T-0611/06, T-845/06, T-434 de 2008 a establecido una protección especial, a las personas que por sus condiciones económicas físicas o mentales se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, como la depresión mayor o el sufre de un “Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente sin síntomas psicóticos”, y es una enfermedad. profesional, de conformidad al artículo 200 del Código Sustantivo del Trabajo, sobrevenida como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos, que de conformidad al artículo 341 se entiende los trabajadores con perturbaciones o deficiencias orgánicas, fisiológicas o psicológicas, pero que están todavía en condiciones de desarrollar alguna capacidad de trabajo, y que en el artículo 201 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo modificado por el artículo 1º del Decreto 2566 de 2009. del Ministerio de la Protección Social, por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales, en virtud de la definición contenida en el literal m) del artículo 1º de la Decisión 584 de 2004 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad: Artículo 1º. Tabla de enfermedades profesionales. Adoptase la siguiente tabla de enfermedades profesionales para efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales: 42. Patologías causadas por estrás en el trabajo: trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales, que produzcan estados de ansiedad y depresión, la cual, por disposición del articulo 340 y 341 del Código Sustantivo del Trabajo, es irrenunciable, salvo autorización del min protección social, previa la clasificación respectiva de la 1 Folio 4 del expediente en el que obra la historia clínica. Invalidez o enfermedad del trabajador, y sin estos requisitos, las renuncias no producen ningún efecto. Y como al Ministerio de Trabajo, en el acta impugnada el demandado, no le pidió autorización para despedirlo en debilidad manifiesta por enfermedad depresiva bipolar, sino la conciliación por e) retiro voluntario por reestructuración administrativa de la empresa, entonces, se vulneró las normas acusadas de manera directa.

Se concluye, en consecuencia, que la sentencia dictada por el Tribunal del Distrito Judicial de Cali de fecha 30 de septiembre de 2009 incurrió en los errores manifiestos de hecho denunciados y, como consecuencia de lo anterior, en la aplicación indebida de las normas relacionadas en la formulación del cargo por ser procedente las condenas negadas en el fallo impugnado extraordinariamente...”.

VIII. Consideraciones

No sale avante el recurso ante las dificultades técnicas y argumentales que presenta como pasa a explicarse:

En cuanto al primer cargo que descansa, para demostrar los errores que denomina como manifiestos de hecho, en la falta de apreciación del testimonio rendido por el profesional de la siquiatría que atendió a la actora, debe decirse, desde un comienzo, que dicha prueba no es idónea en casación a tales efectos.

Como lo repite esta Sala de la Corte con asiduidad, el artículo 7º de la Ley 16 de 1969:

“Estimó que este yerro, en el recurso extraordinario laboral, solo puede provenir de la falta de apreciación o de la apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular, con lo cual, en principio, excluyó las restantes pruebas. La jurisprudencia ha permitido el examen de medios de convicción distintos de los mencionados, cuando previamente se demuestra la ocurrencia del error manifiesto sobre las pruebas calificadas”.

De otra parte, al momento de individualizar los medios de prueba el recurrente no identifica cuáles son aquellos “documentos auténticos” a los que hace alusión.

Así mismo y en lo relativo a indicar error del ad quem cuando reclama la declaratoria de interdicción a los fines de establecer la incapacidad relativa de la actora, es preciso advertir el carácter de estricto derecho que encierra por lo que no es de recibo en la vía indirecta.

En las anteriores condiciones probatorias no puede el censor demostrar error alguno de los señalados, tendientes a determinar que el ad quem se equivoca al no dar por establecido que, para el momento de la suscripción del acta de conciliación, que puso fin a la relación laboral, la voluntad de la demandante se encontraba afectada por la enfermedad depresiva indicada.

Aún más, si se examinare, con prescindencia de lo dicho, el testimonio, sin valorar si esta sea la prueba apta, sobre el que el impugnante ha basado el ataque a la sentencia; de igual manera se establecería que en parte alguna de esta declaración, contenida entre los folios 107 a 111 del cuaderno principal, el médico determina que para el 31 de diciembre de 2002, fecha de la suscripción del acta, la actora se encontraba afectada por la señalada patología de depresión mayor.

Los demás esfuerzos del impugnante orientados a establecer la incapacidad o la afectación mental de la trabajadora para la citada fecha de diciembre de 2002, resultan vanos al derivarlos de simples y débiles indicios, igualmente no calificados en casación, desprendidos del diagnóstico que en junio de 2004 diera el médico a la demandante de padecer síndrome de Depresión Bipolar.

En cuanto al segundo de los cargos debe decirse que este se centra en la falta de aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997,consagratorio de la protección al trabajador discapacitado, planteando con ello un hecho nuevo que no fue propuesto en la demanda, ni, por supuesto, objeto de las consideraciones de instancia.

En este sentido se sorprendería al adversario judicial con argumentos y pretensiones tardías dirigidas a reconocer la estabilidad reforzada sin que el demandado hubiese tenido la oportunidad de ejercer, frente a ella, los derechos de contradicción y de defensa, con clara violación al debido proceso.

Sin embargo, no es superfluo señalar que esta acusación, en el evento de su viabilidad, supondría la probada terminación unilateral del contrato de trabajo que, por supuesto, no se encuentra establecida; por el contrario, hace parte de las conclusiones fácticas del juez de segunda instancia, respecto a las cuales no discrepa en la vía directa el recurrente; la extinción por mutuo acuerdo de la relación laboral, el 31 de diciembre de 2002; aparte de, como se ha señalado, no acreditarse para tal día la condición de discapacitada de la actora.

Finalmente, y en cuanto a las sentencias de esta Corporación a las que acude el impugnante, ha de decirse que sus pronunciamientos en manera alguna favorecen su causa pues, por el contrario, son enfáticos en señalar que la aplicación de la Ley 361 de 1997 “delimita el campo de su aplicación a quienes por ley son consideradas discapacitadas, es decir, todas aquellas que tengan un grado de minusvalía o invalidez superior a la limitación moderada, además de que el estado de salud debe ser de conocimiento del empleador, pues la sola circunstancia de que el trabajador se encuentre incapacitado para el momento de la ruptura del contrato de trabajo, no acredita que tenga una limitación física y dentro de los porcentajes anteriormente mencionados, requiriéndose por tanto de una prueba científica como sería el respectivo dictamen o calificación”. —CSJ SL de 27 de enero de 2010, Radicado, 37514—; esto es no solo debe acreditarse la incapacidad al momento de la ruptura del contrato sino acreditarse, a través de una prueba científica, que no el testimonio; una invalidez superior a la limitación moderada. 

Todo lo anterior sin poner en entredicho, si se emplearan los propios argumentos del profesional recurrente, el poder que le fuera otorgado por la actora con posterioridad al 24 de junio de 2004, cuando le diagnostican a esta la patología mental referida.

Basten las anteriores reflexiones para concluir en la ausencia de prosperidad de la acusación.

No se casará la sentencia.

Sin costas ante la ausencia de réplica.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 20 de mayo de 2010, en el proceso que instaurara Idelcir Torres Hinestroza, contra la Beneficencia del Valle del Cauca.

Sin costas ante la ausencia de réplica.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».