Sentencia SL12136 de septiembre 3 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 46292

SL12136-2014

Acta 31

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., tres de septiembre de dos mil catorce.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la apoderada de Julio Cesar Chacón Montenegro, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Armenia, el 23 de marzo de 2010, dentro del proceso ordinario promovido por el recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales.

I. Antecedentes

El actor reclamó la pensión de vejez a partir del 1º de agosto de 2007, por haber cumplido 60 años de edad y 1000 semanas, previa la declaratoria de que no perdió el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por su traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las sumas adeudadas y las costas del proceso (fls. 2 a 8).

En lo que interesa al recurso extraordinario, afirmó que fue afiliado al ISS a partir del 22 de abril de 1974, con interrupciones, hasta el 30 de junio de 1999, alcanzó 5846 días; a Colfondos del 14 de marzo de 2000 al 1º de enero de 2001, 196 días y al “Consorcio Prosperar” del 1º de julio de 2001 al 30 de agosto de 2007; tal situación fue esgrimida por el ISS para negarle el régimen de transición, con lo cual se desconoció el Decreto 3800 de 29 de diciembre de 2003; “Citi Colfondos” trasladó el 16 de octubre de 2007 al ISS $771.045; que la demandada debe reconocerle la pensión de conformidad con el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; según Resolución 704 de 2009 nació el “22 de octubre de 1947” y por ello cumplió 60 años el mismo día y mes de 2007 (fl. 9); que el Consorcio Prosperar lo aceptó como beneficiario “del subsidio de pensiones en el fondo de solidaridad pensional”(fl. 11); anotó que no podía desconocerse la aplicación del Acuerdo 49 de 1990, pues ello sería violatorio “de los principios constitucionales que rigen las condiciones del trabajo, en especial los referentes a la igualdad, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y la favorabilidad en caso de duda en la aplicación e interpretación de las normas que regulan el tema laboral, los cuales adquieren mayor relevancia para los destinatarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues el pilar de esa transición es precisamente la conservación del régimen pensional derivado de su vida laboral”.

El Seguro Social, en la respuesta, básicamente indicó que el demandante perdió el beneficio de la transición y que en total acredita “1006” semanas, aceptó que estuvo afiliado al régimen subsidiado administrado por el Consorcio Prosperar, pero no que hubiera cumplido los requisitos exigidos por la ley para acceder a la pensión. Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de prescripción, inexistencia del derecho y la obligación (fls. 34 a 37).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia, por decisión del 22 de septiembre de 2009, absolvió al ISS de todas las pretensiones y le impuso costas al actor (fls. 53 a 61).

III. Sentencia de segunda instancia

Por apelación del accionante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en fallo de 23 de marzo de 2010, confirmó el de primer grado; no impuso costas en la alzada (fls. 5 a 21, cdno.del tribunal).

Precisó que el actor de manera libre, “en febrero de 2000, a su elección voluntariamente se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad integrado por la Administradora de Fondo de Pensiones privado Citi Colfondos S.A., y que luego, a partir del 1º de enero de 2001, de nuevo se trasladó de régimen ubicándose como afiliado del Instituto de Seguros Sociales a través del fondo de solidaridad pensional subsidiado a cargo del “Consorcio Prosperar”.

Después de aludir a los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, reprodujo el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003 y destacó que para la aplicación de régimen de transición era necesario acreditar a 1º de abril de 1994, 15 años o más de servicios o semanas cotizadas, todo con sustento en la Sentencia C-789 del 24 de septiembre de 2002 de la Corte Constitucional.

Sostuvo que “las personas afiliadas al sistema general de pensiones y que se trasladen de régimen, y no reúnan las condiciones del artículo 3º del Decreto 3800, es decir, que no cuenten con 15 o más años de servicios o cotizaciones al sistema pensional a 1º de abril, no recuperan el régimen de transición”.

Halló indiscutible que el demandante a 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años (nació el 22 de octubre de 1947) y que conforme a la historia laboral de folio 14 tenía cotizadas “al ISS, en el período comprendido entre el 22 de abril de 1974 y el 1º de abril de 1994, un total de 3.472 días, que son equivalentes a 496 semanas de cotización”, inferiores a las legalmente requeridas “para poder considerarse que el señor Julio César Chacón Montenegro, aún conserva el beneficio de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 y el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003”.

Luego de reproducir la sentencia de esta Sala de la Corte, del 17 de octubre de 2008, con radicado 33287, que explica en qué eventos se conserva el régimen de transición, recabó que el actor lo perdió al no tener los 15 años de servicios o su equivalente en semanas, a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Precisó que “ante el ISS, cotizó en el periodo comprendido entre el 22 de abril de 1974 y 30 de noviembre de 2008 un total de 1.006.14 semanas. Y de acuerdo con el documento a folio 23, para la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos, en el período comprendido entre febrero de 2000 y noviembre de 2002, cotizó 47.1428 semanas.

De modo que, sumadas las semanas de cotización ante el ISS con las cotizadas a la AFP Colfondos, se tiene que estas arrojan un total general de 1.053.2828 semanas.

Es decir, con lo anterior se demuestra que el demandante tampoco cumple con la densidad mínima de 1.100 semanas de cotización para la época en que llegó a la edad de 60 años, según lo exigido en el inciso 2º, numeral 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, como normatividad aplicable a su caso para acceder a la pensión de vejez”, y en esas condiciones confirmó la decisión de primer grado.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte actora, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende que se case la sentencia acusada para que, en sede de instancia, se condene al ISS a pagarle la pensión al actor a partir del 1º de agosto de 2007, “dado que a dicha fecha se hizo efectivo el retiro al fondo de solidaridad pensional Consorcio Prosperar”. Igualmente pide “se anule la afiliación a la AFP privada Citi Colfondos del señor Julio César Chacón Montenegro, dado que por dicho traslado se podría perder el beneficio del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, situación que no se le explica a las personas que ingresan al régimen de ahorro individual”. Formula un cargo que tuvo réplica oportuna.

VI. Cargo único

Textualmente lo presenta así: “por considerar la sentencia acusada como violatoria de la ley sustancial, concretamente por la violación al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, régimen de transición, que para el caso de mi prohijado señor Julio César Chacón Montenegro le corresponde la aplicación del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990; por interpretación errónea del honorable Tribunal del Distrito Judicial de Armenia Quindío Sala Laboral”.

Reproduce los artículos 12 y 13 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para significar que Chacón Montenegro era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que la petición debe resolverse con la norma más favorable.

En el escrito indica que es menester anular “la afiliación a la AFP privada Citi Colfondos del señor Julio César Chacón Montenegro, dado que por dicho traslado se podría perder el beneficio del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, situación que no se le explica a las personas que ingresan al régimen de ahorro individual”; refiere que la finalidad de dicha transición “es preservar, bajo el principio de favorabilidad, las condiciones de edad, tiempo y monto de la pensión bajo las cuales esa persona hubiera adquirido el derecho a la pensión; de lo contrario esa persona quedará sujeta al régimen general de la Ley 100, o solo al régimen público o sólo al régimen del ISS, y ello implicaría que no se pueda pensionar” y agrega que sería “violatorio de los principios constitucionales que rigen las condiciones de trabajo, en especial los referentes a la igualdad, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y la favorabilidad (…) los cuales adquieren mayor relevancia para los destinatarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues el pilar de esa transición es precisamente la conservación del régimen pensional derivado de su vida laboral”.

VII. Réplica

Indica que el alcance de la impugnación es insuficiente, al no señalar qué debe hacer la Corte frente a la sentencia de primer grado una vez anulada la del tribunal.

Aduce que la sentencia no incurrió en el error de interpretación del que se le acusa, puesto que lo que determinó la negativa fue que el actor no tenía 15 años de servicios o su equivalente en semanas a 1º de abril de 1994 “toda vez que como obra en el expediente a folio 14 entre 1974 y el 1º de abril de 1994 el actor cotizó un total de 3472 días lo que corresponde a 496 semanas y a 10.33 años no alcanzado como se denota, a cumplir con los requisitos de ley para estar inmerso en el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993» y en esas condiciones no reunió los requisitos establecidos en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 vigente para cuando cumplió la edad y por ello debe mantenerse la determinación.

VIII. Consideraciones

Es verdad que el alcance de la impugnación no es preciso, pero del contenido total del recurso, se entiende que lo que pretende es que se revoque la sentencia de primer grado y en su reemplazo se acceda a las pretensiones.

Dada la vía directa escogida, no existe controversia frente a los fundamentos de hecho que encontró probados el tribunal, como que el actor tenía más de 40 años a 1º de abril de 1994 (nació el 1 de agosto de 1947) y que entre “el 22 de abril de 1974 y el 1º de abril de 1994 acredita un total de 3.472 días, que son equivalentes a 496 semanas de cotización”.

Tampoco hay discusión respecto a que, según se demostró, a “folios 39 a 44 del cuaderno principal el demandante ante el Instituto de Seguros Sociales, cotizó en el período comprendido entre el 22 de abril y el 30 de noviembre de 2008 un total de 1006.14 semanas”, y se trasladó del régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISS al de ahorro individual, “de acuerdo con el documento a folio 23, para la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos, en el período comprendido entre febrero de 2000 y noviembre de 2002, cotizó 47.1428 semanas” de modo que sumadas dan un “total general de 1.052.2828 semanas”.

Lo que se controvierte en el cargo es que al actor se le negara la pensión del Acuerdo 49 de 1990, a la que tiene derecho, por beneficiarse de la transición, pese a que completó las exigencias para el efecto, y sin advertir sobre la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad.

Para el ad quem, Chacón Montenegro tuvo plena libertad para el traslado de régimen, razón fundamental que esgrimió para dar cuenta de la voluntariedad en la modificación de las reglas que le venían siendo aplicadas. Así lo advirtió “ante lo indiscutible de varios traslados del régimen, a voluntad del señor Julio César Chacón Montenegro, estando inicialmente en el régimen de ahorro individual con solidaridad y su posterior retorno al régimen de prima media administrado por el Instituto de Seguros Sociales, debe estudiarse si con arreglo a la legislación que autoriza tales traslados y cambios de regímenes de afiliación pensional, es posible considerar que el demandante aún conserva el beneficio de régimen de transición”.

Sin embargo esa deducción del juzgador se hizo de forma genérica, sin contraponer razones atendibles para sostener que el demandante, de forma libre aceptó perder la transición y de esa forma someterse a las exigencias del RAIS.

Tal elemento era definitivo para el asunto, pues en últimas no se trataba de determinar si en el sub lite el accionante podía retornar al régimen de prima media y mantener los beneficios de la transición, sino de escrutar si el traslado operó, y en tal sentido, si tuvo eficacia.

Es decir al juez de apelaciones no le bastaba únicamente con cotejar el tiempo con el que contaba el peticionario para el momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y determinar, si satisfacía o no los 15 años para retornar en cualquier tiempo, o fijar los parámetros exigidos para el efecto, pues previo a ello debía advertir si el traslado era válido y allí sí incursionar en los demás supuestos.

Y aunque se refirió a que tuvo libertad para ello y que tal aspecto no fue cuestionado, considera la Sala, en esta oportunidad, que al ser un presupuesto de validez no podía ignorarse su estudio, menos si se tiene en cuenta la incidencia que sobre la pensión tiene cualquier tipo de decisión de tal calado.

Es que el pilar de existencia de libertad era fundamental dilucidarlo, para determinar si operaba el cambio de régimen y de contera las consecuencias que se le hicieron producir.

No puede argüirse que tal aspecto no era parte integrante del debate que fue propuesto desde el inicio del proceso, pues el respeto y la conservación del régimen de transición exigido, se hizo bajo el amparo de que no era posible su pérdida y que el ISS debía aplicarlo en su integridad.

La importancia de lo aquí debatido permite que esta Sala recuerde que el sistema general de seguridad social se implantó con el objetivo de procurar una mayor cobertura respecto de las distintas contingencias y se edificó bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, todo ello en aras, además, de elevar la calidad de vida de los asociados y de materializar el postulado inserto en el artículo 48 de la Constitución Política.

En particular, en materia pensional, uno de los más vitales propósitos fue el de canalizar la multiplicidad de regímenes dispersos, y fue así que creó solo dos de carácter excluyente, el solidario de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad; mientras el primero se acoge el modelo en el cual se garantiza el pago de la pensión preestablecida siempre que se cumpla con la densidad de cotizaciones y la edad, constituyendo tales aportes un fondo común de naturaleza pública, en el de ahorro individual con solidaridad se privilegia el aporte de cada afiliado, y sus rendimientos financieros, los cuales se abonan a cuentas individuales, y la edad para hacerse acreedor de la pensión está sujeta a que exista un acumulado que permita obtener una mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente.

Para efectos de optar por alguno de ellos, el literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993 dispuso la obligatoriedad de que tal manifestación fuera libre y voluntaria, y contempló como sanción, en caso de que ello no se concretara, una multa hasta de 50 salarios mínimos legales mensuales vigente, además de que “la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”; el literal e) ibídem estableció que “una vez efectuada la selección inicial (…) solo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada tres (3) años contados a partir de la selección inicial en la forma en que señale el Gobierno Nacional”, término que luego fue ampliado a 5 años, según la Ley 797 de 2003.

Por demás el propio artículo 272 de dicho estatuto de la seguridad social previó la inaplicación de disposiciones lesivas a los asociados cuando quiera que con ellas se menoscabara la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores, y advirtió sobre la preponderancia de los principios mínimos contenidos en el precepto 53 constitucional.

Tales contenidos normativos, sin duda, tienen incidencia en el presente debate, relativo a la ineficacia del traslado del afiliado en punto al régimen de transición y debieron ser el norte del ad quem antes de emitir la conclusión que aquí se cuestiona.

Para el efecto huelga recordar que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 incorporó tres segmentos protegidos por la reseñada transición, todos ellos basados, de manera general, en la edad y tiempo de servicios a su entrada en vigencia. Así dispuso que los hombres mayores de 40 años de edad, las mujeres con 35 años de edad, y las personas que contaran 15 años o más de servicio se les respetarían las regulaciones anteriores, no obstante también contempló que dicha protección transicional no sería aplicable en los eventos en los que las personas, de manera libre y voluntaria, se acogieran al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarían plenamente a sus reglas.

En lo concerniente a ese aparte, la Corte Constitucional tanto en la Sentencia C-789 de 2002, como en la 1024 de 2004, condicionó su aplicación y, bajo el desarrollo del concepto de las expectativas legítimas, consideró que ellas debían respetarse para quienes alcanzaron por lo menos los 15 años de servicio, y de esa manera habilitó que se les respetara la transición, con el condicionamiento de que retornaran al de prima media con un ahorro que no fuera inferior al monto del aporte legal que allí les correspondía; distinto del caso de quienes solo tuvieran la edad establecida en el reseñado artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo que ello parte de un supuesto evidente y es que la manifestación del traslado, como se indicó, estuviera precedida de libertad, y aunque es cierto que reglas jurídicas generales aluden a que debe demostrarse la afectación de la voluntad para anular una actuación particular, esto no puede aplicarse de la misma manera en estos particulares eventos en los que se discute la pérdida del régimen pensional, no solo por la entidad del derecho discutido, sino porque el Estado es garante de la prestación del servicio público obligatorio, y debe dirigirlo, controlarlo y coordinarlo, y por ello deben aplicarse las consecuencias de que no exista una decisión informada (L. 100/93, arts. 4º y 5º).

Es que cuando están en juego aspectos tan trascendentes como la pérdida de la transición, y de contera la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez, se requiere acudir a una hermenéutica que se avenga a los principios que inspiran al sistema y a los regímenes pensionales, en los que se prevé el traslado libre y voluntario, e incluso a las disposiciones que en la ley así lo imponen.

En efecto, es el propio estatuto de la seguridad social el que conceptúa que el régimen de ahorro individual con solidaridad, si bien propende por “la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector público y sector social solidario”, se rige bajo el respeto del “que libremente escojan los afiliados”, lo que exhibe que el legislador, si bien permitió que nuevos actores económicos incursionaran en la administración del sistema pensional, no descuidó que se honraran las prerrogativas de los afiliados, menos si se tiene en cuenta, se insiste, que regularía derechos constitucionalmente protegidos como la pensión.

Bajo el entendido de que “el sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan” (L. 100/93, art. 1º) y que la elección tanto del modelo de prima media con prestación definida, como el de ahorro individual con solidaridad, es determinante para predicar la aplicación o no del régimen de transición, es necesario entender, que las entidades encargadas de su dirección y funcionamiento, garanticen que existió una decisión informada, y que esta fue verdaderamente autónoma y consciente; ello es objetivamente verificable, en el entendido de que el afiliado debe conocer los riesgos del traslado, pero a su vez los beneficios que aquel le reportaría, de otro modo no puede explicarse el cambio de un régimen al otro. 

A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las administradoras de fondos de pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.

Solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de determinar si hubo eficacia en el traslado, lo que es relevante para entrar a fijar la pérdida o no de la transición normativa. Al juzgador no le debe bastar con advertir que existió un traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, sino que es menester, para la solución, advertir que la misma es válida, lo cual resulta un presupuesto obvio, máxime cuando esta Sala ha sostenido que el régimen de transición no es una mera expectativa.

En perspectiva del literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, es imperativo para el juez que deba resolver sobre la viabilidad o no de la aplicación del régimen de transición, ante la existencia del traslado, no simplemente verificar los requisitos atrás descritos, sino, además dar cuenta sobre si el mismo se realizó bajo los parámetros de libertad informada.

Surge obvio que el alcance del tránsito del régimen de prima media al de ahorro individual con solidaridad, pudo traer para un contingente de personas la pérdida de la transición; por las características que el mismo supone, es necesario determinar si también en esos eventos puede predicarse simple y llanamente que existió libertad y voluntariedad para que el mismo se efectuara.

Realizar dicha tarea debe partir de elementos objetivos, esto es que la libertad en la toma de una decisión de esa índole, solo puede justificarse cuando está acompañada de la información precisa, en la que se delimiten los alcances positivos y negativos en su adopción. 

Una inoportuna o insuficiente asesoría sobre los puntos del tránsito de régimen son indicativos de que la decisión no estuvo precedida de la comprensión suficiente, y menos del real consentimiento para adoptarla. 

Es evidente que cualquier determinación personal de la índole que aquí se discute, es eficaz, cuando existe un consentimiento informado; en materia de seguridad social, el juez no puede ignorar que por la trascendencia de los derechos pensionales, la información, en este caso, del traslado de régimen, debe ser de transparencia máxima.

Para este tipo de asuntos, se repite, tales asertos no comprenden solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, que puede ser cualquiera de los dos (prima media con prestación definida o ahorro individual con solidaridad), sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos se proyecte, la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa situación. Esas reglas básicas, permiten en caso de controversia estimar si el traslado cumplió los mínimos de transparencia, y de contera, sirven de soporte para considerar si el régimen de transición le continuaba o no siendo aplicable.

El juez no puede pasar inadvertidas falencias informativas, menos considerar que ello no es de su resorte, pues es claro que cuando quien acude a la jurisdicción reclama que se le respete el régimen de transición, indiscutiblemente, como se anotó, surge la perentoriedad de estudiar los elementos estructurales para que el mismo opere, es decir, debe constatar que el traslado se produjo en términos de eficacia, para luego, determinar las consecuencias propias. 

En ese orden se clarifica con esta decisión que cuando lo que se discuta sea el traslado de regímenes, que conlleve a la pérdida de la transición, al juzgador no solo le corresponde determinar si aquella se respeta por contar con los 15 años de servicio a la entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es el 1º de abril de 1994, sino que será menester determinar, previamente, por tratarse de un presupuesto de eficacia, si en todo caso aquel estuvo ajustado a los principios que gobiernan el estatuto de seguridad social, y a las reglas de libertad de escogencia del sistema, la cual estará sujeta a la comprobación de que existió una decisión documentada, precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales.

En tal sentido es evidente que el ad quem equivocó su decisión, al partir del hecho de que el traslado fue libre y voluntario, sin soporte alguno, pese a que era necesario, dado que lo que se estaba discutiendo era si se debía o no respetar el régimen de transición, determinar si aquel presupuesto normativo se presentaba, para, ahí sí, determinar si había o no perdido la referida transición; como así no se verificó en este caso, se casará la sentencia acusada.

Previo a resolver la instancia, para mejor proveer y en atención a lo señalado en sede de casación, es necesario oficiar a Citi Colfondos para que allegue copia de los documentos en los que conste la afiliación y la información brindada a Julio César Chacón Montenegro, para proceder al cambio del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Acéptese como sustituta procesal del Instituto de Seguros Sociales, a la Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías Colpensiones, según petición que obra a folios 53 y 54 del cuaderno de la Corte, en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral, por remisión del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 23 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso adelantado por Julio César Chacón Montenegro contra el Instituto de Seguros sociales. Previo a decidir en sede de instancia, para mejor proveer, se ordena oficiar a Citi Colfondos para que allegue copia de los documentos en los que conste la afiliación e información brindada a Julio César Chacón Montenegro para el cambio de régimen.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno, presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.