Sentencia SL12141-2014/46585 de septiembre 3 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL12141-2014

Rad. 46585

Acta 31

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá D.C., tres de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Recurso de casación (demandante recurrente)

Interpuesto por Isabel López de Campos, concedido por el tribunal, fue admitido por la Corte.

IV. Alcance de la impugnación

Aspira a la casación de la sentencia, para que, en sede de instancia, esta Corte, acceda al reconocimiento de la pensión en un 50% a favor de Isabel López de Campos, en calidad de cónyuge, a partir del 26 de octubre de 1998, junto con las mesadas adicionales, debidamente indexadas.

Formula dos cargos que tuvieron réplica.

V. Cargo primero

Endilga a la sentencia la violación directa del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en la modalidad de interpretación errónea.

Una vez transcribe el precepto acusado anota que quien tiene la principal vocación para la pensión sobrevivientes es la cónyuge cuando existiera convivencia efectiva, la cual, afirma, quedó demostrada, dado de junto a sus hijas, mantuvieron el apoyo y el auxilio hasta el deceso de Campos Mahecha.

Acota que “la ocurrencia de haber hecho vida matrimonial sin separación de cuerpos con el fallecido, es decir habiendo convivido bajo el mismo techo y compartiendo el mismo lecho durante toda la vida, compartiendo una comunidad de vida familiar con vocación de estabilidad, solidaria y responsable, y más aún desde el momento en que este adquirió el derecho a la pensión, razones por las cuales no puede desconocerse el derecho que le asiste de reclamar la pensión de sobrevivientes de su difunto cónyuge”.

Agrega que el material probatorio incorporado al proceso da cuenta del interés que le asiste y de contera de la injusticia que supondría que se le negara la prestación pretendida.

VI. Cargo segundo

Invoca “la causal primera del artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, por considerar la sentencia acusada como violatoria de la ley sustancial, como consecuencia de la apreciación errónea de la prueba de interrogatorio de parte que le fuera formulado a la señora Isabel López de Campos”.

Refiere que el ad quem equivocó la valoración del interrogatorio de parte, pues en ningún momento se manifestó la falta de convivencia, y que lo que existió fue una errada formulación de la pregunta que se le hizo, en tanto lo que pretendió fue justificar el motivo por el cual se disolvió su sociedad conyugal, esto es por la existencia de 3 hijos que su esposo tuvo con Carmenza Rodríguez.

Enfatiza que la liquidación y disolución de la sociedad conyugal no puso fin al vínculo matrimonial, de forma que existió yerro del juzgador que así lo consideró el cual debió acudir a los preceptos del Código Civil sobre la materia.

VII. La réplica del ISS

Hace varias glosas a los cargos, como que lo que se cuestionó en el primero no fue un aspecto de puro derecho, sino más bien fáctico y en el restante que no se incluyó ninguna proposición jurídica de alcance nacional; que el interrogatorio de parte no es un medio de prueba, salvo que mediara la confesión la cual, aclara no se presentó.

VIII. La réplica de Carmenza Rodríguez

Atribuye defectos técnicos a los cargos, como no señalar la vía de ataque, mezclar aspectos fácticos y jurídicos y tratarse de un alegato de instancia; no explicar en que incidió el error relacionado con el interrogatorio de parte y que quien demostró real convivencia y ánimo de mantener la familia fue Rodríguez Barrera.

IX. Consideraciones

Los cargos se estudian conjuntamente por así habilitarlo los numerales 3 y 4 del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el 162 de la Ley 446 de 1998, pues aunque están dirigidos por vías distintas, sus argumentaciones se complementan.

Con toda razón aparecen las glosas que los opositores realizan a los cargos; en efecto el alcance de la impugnación es deficiente al no indicar el quehacer de esta Corte con la decisión del tribunal, y aunque ello no es relevante para la desestimación de los mismos, ello no puede decirse de las falencias en la presentación y argumentación.

En el primero de ellos se alude a la interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, esto es un punto eminentemente jurídico, no obstante se reseña el material probatorio que no tuvo en cuenta el juzgador, lo que evidentemente es un desacierto de la demanda, al incorporar razonamientos fácticos que eran impertinentes.

Por demás ningún yerro hermenéutico se aprecia en la determinación emitida por el sentenciador de segundo grado, el cual no perdió de vista que, conforme el citado artículo 47 de la Ley 100 de 1993, era necesario demostrar una convivencia efectiva, independientemente del vínculo matrimonial, pues lo que procura esta prestación es la protección de la familia, y la compensación mínima ante la pérdida de un ser querido, de allí que cuando no encontró acreditada la unión, el apoyo y todas aquellas manifestaciones a partir de las cuales se predica la existencia de la familia, fue que descartó otorgar la prestación pedida.

La segunda de las acusaciones no solo carece de proposición jurídica, esto es alguna disposición soporte del derecho reclamado, tampoco contiene la modalidad de violación.

Por demás, el interrogatorio de parte que rindió la actora, en modo alguno puede constituirse en prueba de confesión, la cual, en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, solo se predica de afirmaciones que sean nocivas para el declarante, de allí que pretender, lo que en el cargo se sugiere, ignora que lo presentado es una simple declaración de parte que no tiene los efectos necesarios para enervar la decisión emitida por el tribunal.

Reitera la Sala que el recurso de casación tiene un carácter extraordinario, y que lo que corresponde al recurrente es destruir las presunciones de acierto y de legalidad con que viene revestida la sentencia del tribunal, luego de haberse surtido la doble instancia, de allí que no cualquier argumento pueda tenerse como válido para la casación, y que las partes tengan aun mayor responsabilidad para enseñar los motivos ciertos, pertinentes, y claramente advertibles, de los que se deduzca la violación de la ley, en las distintas modalidades previstas.

Sin embargo los cargos aquí presentados, como se vio, carecen de las mínimas reglas de la casación, y se asemejan a un alegato simple, de los que se realizan en las instancias, sin que por tanto los cargos puedan estimarse.

X. Recurso de casación (demandada recurrente)

Interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales, concedido por el tribunal, fue admitido por la Corte.

XI. Alcance de la impugnación

Solicita la casación de la sentencia dictada por el tribunal, para que convertida en sede de instancia esta Sala de la Corte revoque la dictada por el Juzgado y en su lugar la absuelva de lo pedido.

Formula tres cargos que tuvieron réplica.

XII. Cargos primero y segundo

Los plantea en los siguientes términos “la sentencia violó la ley sustancial por haber aplicado indebidamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Para la violación final de la norma sustancial sirvió de medio la infracción directa del artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 35 de la Ley 712 de 2001” en el primero alude a “la aplicación indebida del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007” y en el restante a la interpretación errónea, “mediante los cuales, en su orden, fue adicionado el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social con el artículo 66ª y subrogado el artículo 69 de dicho código, pues dichas normas procesales regulan formas propias del juicio que debieron haber sido observadas para juzgar al Instituto de Seguros Sociales, en acatamiento del mandato constitucional de garantizar el derecho al debido proceso judicial”.

Menciona el artículo 29 constitucional, el cual contempla que deben respetarse las formas propias de cada juicio, diserta sobre esa frase, y critica que el ad quem hubiese impuesto el pago del 50% restante de la pensión a favor de Juan Carlos Campos Rodríguez y Darío Alexander Campos Rodríguez, cuando este último ni siquiera fue parte del proceso y que ello afectó no solo la consonancia, sino que excedió las facultades ultra y extra petita de que dispone el juzgador.

Alude que admitir tal solución que dio el ad quem entraña una vulneración al debido proceso de la entidad de seguridad social; que además, en lo que atañe a Juan Carlos Campos Rodríguez no debió surtirse la consulta dado que su apoderada apeló.

XIII. Cargo tercero

Acude al mismo compendio normativo que en las acusaciones anteriores, y atribuye al juzgador de segundo grado la comisión de los siguientes errores manifiestos de hecho:

a) No haber dado por probado, estándolo, que en el escrito con el cual sustentó la apelación la abogada manifestó que obraba en nombre y representación de la señora Carmenza Barrera y Juan Carlos Campos Rodríguez (fl. 541).

b) No haber dado por probado, estándolo, que en el escrito con el cual sustentó la apelación la apoderada judicial de Juan Carlos Campos Rodríguez y de Carmenza Rodríguez Barrera solo hizo referencia a esta última porque lo pretendido con el recurso era el reconocimiento del “cincuenta por ciento 50% de la pensión de sobrevivientes dejado en suspenso por el ISS” por el cual fue condenado el Instituto de Seguros Sociales en favor de Myriam Gómez de Reyes.

c) No haber dado por probado, estándolo, que al sustentar la apelación la apoderada judicial de Juan Carlos Campos Rodríguez y de Carmenza Rodríguez Barrera no hizo referencia al primero de sus dos poderdantes porque en la Resolución 7188 de 17 de mayo de 2000 le había sido reconocida la pensión de sobrevivientes en el porcentaje que como hijo menor de edad le correspondía.

d) Haber dado por probado, sin estarlo, que la apoderada judicial de Juan Carlos Campos Rodríguez, que también lo es de Carmenza Rodríguez Barrera, al sustentar la apelación no obró en nombre y representación de este demandante.

e) Haber dado por probado, sin estarlo, que Juan Carlos Campos Rodríguez continuó estudiando después de haber cursado el grado once de enseñanza media vocacional;

f) No haber dado por probado, estándolo, que en el juicio no se acreditó la condición de estudiante de Juan Carlos Campos Rodríguez después del año 2002; y g) No haber dado por probado, estándolo, que no se adujo en la demanda inicial, ni se probó en el proceso la dependencia económica de Juan Carlos Campos Rodríguez respecto del causante Darío Campos Mahecha.

Singulariza la demanda (fls. 2 a 6 cuaderno acumulado), las resoluciones 7188 de 17 de mayo de 2000, 18132 de 31 de julio y 814 de 27 de septiembre de 2001 (fls. 9 a 18), constancias expedidas por el Colegio Cooperativo Comunal Tabora (fls. 20 y 21), certificación del Colegio Distrital de Educación Básica y Media Eduardo Carranza (fl. 23), demanda presentada por Carmenza Rodríguez Barrera (fls. 312 a 316) y el recurso de apelación (fls. 541 a 547).

Hace las mismas reflexiones que en las acusaciones anteriores, en punto al debido proceso y al principio de consonancia; reprueba la actividad del juez de segundo grado y anota que las resoluciones denunciadas dan cuenta de que a Juan Carlos Campos Rodríguez le fue reconocido el 50% de la pensión de sobreviviente; que las constancias de estudio eran insuficientes para argüir que estaba incapacitado para trabajar en razón de su estudio siendo mayor de edad, y menos que dependía económicamente de su padre.

Expone que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 fue violado pues ninguna probanza existía para mantener la prestación en cabeza del hijo; que la demanda presentada ni siquiera hace mención de la subordinación económica lo cual era vital para deslindar la obligación y que como ni siquiera se arguyó desde el inicio, era inviable un pronunciamiento en la sentencia, porque ello implicaría una trasgresión del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil; que la demanda presentada por Carmenza Rodríguez Barrera da cuenta de una actuación reprochable, como lo fue argüir sobre una convivencia que no ocurrió; que el recurso de apelación no fue tenido en cuenta y ello era relevante pues allí claramente la apoderada dijo actuar en nombre de Rodríguez Barrera y de su hijo, lo que conducía a la imposibilidad de surtir el grado jurisdiccional de consulta en favor de este último; que la actitud de la abogada no solo constituyó una falta disciplinaria, dado que madre e hijo pretendían el mismo derecho, y en todo caso porque ni siquiera podía predicarse que el fallo le fuere totalmente desfavorable al privársele completamente de su pensión.

XIV. La réplica de Carmenza Rodríguez

Reprueba los argumentos de los cargos, pues considera que en el trámite procesal se acreditó desde el inicio la dependencia económica de Juan Carlos Campos Rodríguez; que a su hermano se le incluyó en la resolución que el ISS hizo de la prestación, sin que fuera equivocado que el tribunal se pronunciara sobre su situación y que prueba idónea de la dependencia económica y de estudios de los hijos, no es otra que el propio pago que realiza la entidad de seguridad social, la cual se encarga de constatar tales circunstancias; que ningún reproche puede merecer que la opositora afirmara ser la compañera permanente.

XV. Consideraciones

El tribunal consideró que Juan Carlos Campos Rodríguez no había apelado, y en tal sentido procedió a conocer en virtud del grado jurisdiccional de consulta, por configurarse los requisitos del artículo 69 del C.P.T. y S.S., lo que lo condujo a emitir condena en su favor y en la de su hermano Darío Campos Rodríguez, pese a que el mismo no era parte de la litis.

Conforme los argumentos de las acusaciones, que se estudian conjuntamente por acudir a idénticas disposiciones y acompañarse de similares argumentos, son varios los aspectos a resolver, esto es, si existió apelación de Juan Carlos Campos Rodríguez, si en consecuencia podía conocerse en consulta, si era viable la condena en favor de su hermano y si debían encontrarse acreditados los requisitos exigidos en la ley, para continuar con el pago hasta los 25 años de edad.

Frente al primero de los puntos, el recurso de apelación de folios 541 a 547, está encabezado por los siguiente «obrando en nombre y representación de la señora Carmenza Rodríguez Barrera y Juan Carlos Campos Rodríguez … quienes actúan como litisconsorte necesaria y demandante, mediante el presente escrito me permito manifestar que interpongo RECURSO DE APELACIÓN”, en la petición se encuentra la de “REVOCAR el fallo de fecha 16 de mayo de 2008 mediante el cual concede pensión de sobrevivientes a favor de la señora Miryam Gómez de Reyes y condena en costas a mis representados, y en su lugar la alta corporación reconozca este derecho a mi representada señora Carmenza Rodríguez Barrera por tener mejor derecho y ser merecedora del mismo, en calidad de compañera del fallecido señor Darío Campos Mahecha (q.e.p.d.) quien falleciere en esta ciudad el día 27 de octubre de 1998»; a lo largo de ese texto ninguna referencia se hace de Juan Carlos Campos Rodríguez, pues todo el discurso consiste en argüir que existió convivencia entre Carmenza Rodríguez y Darío Campos Mahecha.

Ahora bien, el artículo 69 del C.P.T. y S.S. está instituido para que, entre otras, las sentencias las conozca el superior, siempre que hayan sido totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario, en el caso que no fueren apeladas; para el efecto debe entenderse que la equivocación en la enunciación que hizo la apoderada, no traía como consecuencia la esgrimida por el recurrente, como quiera que la petición es clara y los argumentos allí vertidos también, e implican determinar sin duda que el recurso solo se planteó en favor de Carmenza Rodríguez.

En tal sentido no se advierte la equivocación a la que alude el censor, y las restantes piezas procesales denunciadas tampoco conllevan a dicha conclusión.

Por demás la condena impuesta, estuvo sujeta a que el Instituto de Seguros Sociales, hubiese verificado, todo el tiempo, que Juan Carlos Campos Rodríguez cumplió con los requisitos para hacerse acreedor del porcentaje de la pensión, de ahí que no resulte acertada la crítica que realiza el recurrente frente a tal aspecto.

En lo que si acierta el censor, es en lo atinente a que la condena se extendiera en favor de Darío Campos Rodríguez, pues no siendo parte de la litis, no existía posibilidad del juez de segundo grado de emitir un pronunciamiento al respecto.

La acción se plantea con la demanda, y proviene únicamente del interesado; de allí que el juez no pueda suplir dicha actividad, menos imponer condena, cuando aquel no fue parte, porque sin duda ello viola el derecho de defensa.

En consecuencia y en lo atinente a dicho aspecto se casará parcialmente la sentencia.

XVI. Sentencia de instancia

Además de los términos descritos en el recurso extraordinario de casación, cabe agregar que en la propia Resolución 071588 de 17 de mayo de 2000, el Instituto de Seguros Sociales otorgó el 50% de la pensión de sobrevivientes a los hijos mientras cumplieran los requisitos legales de estudio, y allí consta que Juan Carlos Campos Rodríguez, quien aportó las certificaciones correspondientes, nació el 11 de julio de 1982, mientras que su hermano Darío Alexander, el 16 de julio de 1980, de forma que al momento del fallecimiento de Darío Campos Mahecha, por lo menos este último había alcanzado la mayoría de edad, y no era necesario vincularlo forzosamente al proceso, al no existir un litisconsorcio necesario, de manera que se equivocó el tribunal al pretender extenderle los efectos de una decisión, cuando el mismo no hizo parte del trámite.

Por demás, no puede ignorarse, el Decreto 1889 de 1994, vigente para dicha época, que luego fue derogado por la Ley 1574 de 2012, establece los requisitos para continuar sufragando la pensión de sobrevivientes entre los 18 y los 25 años, y que por tanto, el pago retroactivo está sujeto a que los comparecientes lo hubiesen demostrado en su momento. Incluso, en la Resolución 007188 de 17 de mayo de 2000, consta que “el hijo Darío Alexander Campos Rodríguez cc xxx.xxx.xxx, es mayor de edad, figurando como estudiante solo hasta diciembre del año 1999 declarando posteriormente que en la actualidad no se encuentra cursando los estudios que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto 1889 de 1994”.

Por lo anterior, y toda vez que, se insiste, Darío Alexander Campos Rodríguez no fue parte dentro del proceso, resultaba improcedente el fallo que se emitió en segunda instancia; se mantendrá la condena del porcentaje restante de la pensión en favor de Juan Carlos Campos Rodríguez.

Sin costas en el recurso del ISS, por cuanto prosperó parcialmente, las de la impugnante Carmenza Rodríguez, a su cargo, por la inviabilidad de la casación que se proponía. En las instancias a cargo de las demandantes.

Acéptese como sustituta procesal del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías Colpensiones, según la petición que obra a folios 108 a 109 del cuaderno de la Corte, en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales y de la Seguridad Social, por expresa remisión del artículo 145 del C.PL. y la S.S.

XVII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 18 de marzo de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido Isabel López de Campos y otros contra el Instituto de Seguros Sociales en tanto profirió condena en favor de Darío Alexander Campos Rodríguez. NO LA CASA en lo demás.

En sede de instancia, se mantendrá la condena del pago pensional ordenado en favor de Juan Carlos Campos Rodríguez, tal cual la impuso el tribunal.

Costas como se anunciaron.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».