Sentencia SL12148-2014 de agosto 6 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 43692

Acta 28

Magistrada Ponente

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., seis de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «X. Consideraciones

1. No le asiste razón al opositor cuando señala que el recurrente en el primer cargo omitió integrar los preceptos sustantivos que se transgredieron como consecuencia del quebrantamiento de las normas procesales relacionadas en la proposición jurídica. Ello, en la medida que, en la sustentación del cargo el censor expresó que el desconocimiento de dichas disposiciones de estirpe instrumental fue el vehículo para que el tribunal violentara el artículo 467del Código Sustantivo del Trabajo, fuente de los derechos convencionales reclamados.

2. Aclarado lo anterior, esta Sala anticipa que los argumentos planteados por el recurrente son fundados, toda vez que, conforme al artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, la reanudación del término de prescripción de las acciones laborales en los eventos en que se haya presentado la reclamación administrativa, debe contabilizarse a partir de: (i) cuando se haya decidido la petición, o (ii) cuando transcurrido un mes desde su presentación no haya sido resuelta(1). Naturalmente, para que la reclamación administrativa se entienda agotada en el primero de estos eventos, no solo es menester que la respuesta se produzca y exista como tal, sino también que sea notificada.

Y no podría ser de otra manera, pues si bien las normas del proceso laboral gozan de aplicación especial en tanto regulen expresamente las materias, y desde esa óptica, atendiendo a la exegesis del artículo 6º del CPT y SS basta con que se haya producido la respuesta, lo cierto es que esa interpretación no se aviene a los principios tuitivos del derecho del trabajo como tampoco a los constitucionales de publicidad y debido proceso, que deben regir en todas las actuaciones de la administración pública, inclusive las que se den en el marco de las relaciones de esta en su condición de empleadora y sus trabajadores oficiales.

Así, conforme al principio de publicidad —en relación con el de buena fe y debido proceso—, las autoridades deben dar a conocer a los administrados, en este caso, trabajadores, sus decisiones, lo cual, para la reclamación administrativa estatuida en el artículo 6º CPT y SS, implica que, no es suficiente con que la entidad emita un pronunciamiento sobre los derechos laborales reclamados, sino que es indispensable que esa determinación se dé a conocer a través de los medios disponibles de comunicación más idóneos y eficaces, dejando constancia de ello.

Desde esta perspectiva, el deber de notificación a cargo de la entidad empleadora de las decisiones que adopte y que tengan incidencia en los derechos laborales y prestaciones de sus trabajadores, implica: (i) una obligación-responsabilidad para la administración consistente en que es su deber asumir la notificación al trabajador y velar por que esta sea efectiva y real; (ii) que si se omite dicha actuación, la consecuencia es que la decisión no produce ningún efecto ni obliga al trabajador, y por tanto, no puede iniciar el término prescriptivo en contra de este y en favor de la entidad, hasta tanto no se surta la notificación en debida forma.

Ahora, la comunicación de la respuesta a la reclamación del trabajador, no se encuentra sujeta a formalismos jurídicos como tampoco es menester que siga las ritualidades consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011) para la notificación de los actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa, como lo propone el recurrente, sino que basta con que el trabajador sea enterado de la decisión a través de cualquier medio eficaz y directo.

3. Al amparo de las anteriores precisiones, apenas necesarias en razón a la labor que le corresponde a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia como órgano encargado de la unificación de la jurisprudencia, es palpable que en el sub examine el tribunal se equivocó al contabilizar el término de prescripción a partir del 27 de diciembre de 2002, fecha en la que la entidad elaboró la respuesta a la reclamación administrativa, como también al computar dicho lapso a partir del 9 de enero de 2003, calenda en que se envió la respuesta al interesado, pues ninguna de esas fechas daban certeza del momento a partir del cual se surtió la notificación de la decisión.

Por ello, al no tener convicción el tribunal del momento a partir del cual se notificó la decisión de la reclamación, mal hizo en aplicar la prescripción a partir de la fecha en que se elaboró o se remitió, máxime si la entidad accionada, quien era la interesada en que se decretara a su favor la prescripción, no allegó la constancia de comunicación.

En consecuencia, la sentencia se casará, dado que, la ausencia de notificación de la respuesta impide la reanudación del término prescriptivo, el cual se entiende suspendido indefinidamente desde la fecha de presentación de la petición hasta que se produzca —y notifique— la decisión que la resuelva, lo anterior en los términos del art. 6º CPT y SS en su versión posterior a la Sentencia C-792 de 2006.

No se impondrán costas en el recurso extraordinario, toda vez que la acusación tuvo éxito.

X. (sic) Sentencia de instancia

En adición a lo expuesto en las consideraciones del recurso, conviene recordar que quien alega un medio exceptivo, debe probar los hechos en que se fundamenta. En este orden, si la entidad accionada propuso la excepción de prescripción de la acción laboral por haber transcurrido más de 3 años contados a partir de la fecha de la respuesta a la reclamación administrativa, era ella quien tenía la carga de acreditar no solo la existencia de esa decisión con la cual se agotó la reclamación, sino también la constancia de su notificación.

En efecto, de nada le sirve una entidad acreditar que internamente adelantó el trámite enderezado a dar respuesta a la reclamación sino se ha puesto en conocimiento del interesado el sentido de la decisión, y esto último es precisamente de lo que no hay prueba en el expediente, situación que, a no dudarlo, hace inoperante la reanudación del término prescriptivo a partir de la fecha en que “se decidió” la reclamación (art. 6º, CPT y SS).

Así las cosas, es claro que no hubo un agotamiento de la reclamación administrativa, razón por la cual, debe entenderse que el término de prescripción estuvo suspendido indefinidamente desde la fecha en que se presentó la petición, y por tanto, la demanda inicial del 13 de enero de 2006, fue interpuesta en tiempo.

Superado lo anterior, cabe recordar que el Tribunal Superior de Bogotá, mediante proveído del 16 de agosto de 2005, admitió la demanda laboral únicamente en lo concerniente a las pretensiones orientadas al reconocimiento 1º de la compensación en dinero por muerte consagrada en el artículo 59 de la Convención colectiva de trabajo y 2º del auxilio funerario de la Ley 100 de 1993, quedando las demás sustraídas del pleito. Por ello, la Sala limitará su estudio a estas dos peticiones.

1. Compensación en dinero por muerte (art. 59 CCT).

1.1. Dice la disposición convencional que consagra el beneficio aludido que:

“ART. 59.—En caso de muerte de un trabajador al servicio de la CAR o de un pensionado, sus beneficiarios en el orden establecido en las normas legales vigentes, tendrán derecho a que la corporación les pague una compensación equivalente a cuarenta y siete (47) meses del último salario básico o de la última mesada pensional correspondiente al causante. Si la muerte ocurriere por accidente, la compensación será de setenta y ocho (78) meses, liquidados con base en el último salario básico o mesada pensional correspondiente al causante. Además los beneficiarios del trabajador tendrán derecho al pago de las prestaciones sociales que le hubieren correspondido a este, según las normas legales”.

En sentir del ente accionado dicha compensación convencional solo aplica a quienes sean trabajadores activos de la CAR, “calidad que la demandante no demuestra en esta acción”; a lo cual agrega que “los pensionados de la CAR, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, no son beneficiarios de los puntos acordados en la Convención colectiva de trabajo, pues no tienen con la corporación ninguna relación laboral, menos aún los herederos del pensionado o su cónyuge supérstite”.

Pues bien, estudiados los argumentos de ambas partes, la Sala encuentra que la razón está del lado de la demandante, toda vez que, nada impide que una organización sindical y un empleador, en ejercicio de la autonomía de la voluntad contractual, acuerden en una convención colectiva que determinados beneficios serán aplicables a sus trabajadores para cuando se retiren del servicio o se pensionen, lo cual, por supuesto, puede cobijar a sus familiares.

Ha sido criterio reiterado de esta corporación el que por el origen, naturaleza y finalidad de la convención colectiva de trabajo, son las mismas partes las llamadas a fijar el contenido y alcance de sus normas. Por consiguiente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, estas tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, siempre que la causa u objeto de lo convenido sea lícito, no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores, y en general que no se produzca lesión a la Constitución o la ley (CSJ SL, mayo 18/2005, Rad. 23776).

Igualmente, se ha considerado que si bien a la luz del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, las convenciones colectivas de trabajo solo regulan las condiciones que rigen los contratos de trabajo o las relaciones laborales vigentes, nada se opone a que se establezcan “prestaciones extralegales a favor de los trabajadores activos, para cuando ellos adquieran el status de pensionados, dado que se está regulando una condición a favor de los trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo vigentes, por tanto personas comprometidas en el conflicto colectivo” (CSJ SL, oct. 25/2011, reiterada en providencias CSJ SL, mar. 6/2012, Rad. 43851 y CSJ SL, feb. 20/2013, Rad. 45283).

En consecuencia, la compensación en dinero por muerte de un pensionado establecida en la Convención colectiva del trabajo a favor de sus beneficiarios, es una prestación que la demandante puede arrogarse a su favor, por ser beneficiaria del señor Rafael Epigmenio Moncada Rodríguez (QEPD), quien a la sazón fue trabajador y posteriormente pensionado de la CAR, hecho este último que se encuentra plenamente acreditado, conforme a la Resolución 351 de 2003, en la que la entidad accionada sustituyó a favor de la demandante la pensión compartida del pensionado fallecido.

Es que se aleja de la lógica y de la seriedad contractual que en el marco de una negociación colectiva el empleador consienta un beneficio a favor de los trabajadores para cuando se pensionen —o de sus familiares—, y posteriormente pretenda desconocerlo bajo el argumento de que solo cobijaba a los trabajadores activos, sobre todo cuando la redacción de la cláusula convencional no deja dudas acerca de su ámbito subjetivo de aplicación —beneficiarios de un pensionado—.

1.2 Establecido que la demandante tiene derecho a la compensación convencional por muerte consagrada en el artículo 59, corresponde ahora liquidar su monto.

Al respecto, señala la cláusula que será el equivalente a cuarenta y siete (47) meses del último salario básico o de la última mesada pensional correspondiente al causante, o “si la muerte ocurriere por accidente, la compensación será de setenta y ocho (78) meses, liquidados con base en el último salario básico o mesada pensional correspondiente al causante”.

En este caso, según se lee en el certificado de defunción visible a folio 47, la muerte del señor Moncada Rodríguez ocurrió por muerte natural, información que nos ubica en la primera hipótesis de la preceptiva convencional, esto es, que el monto de la prestación es el equivalente a 47 meses de la última mesada pensional del causante, mesada que, para la fecha de su fallecimiento era compartida con el Instituto de Seguros Sociales de la siguiente manera:

Mesada a cargo de la CAR año 2002: $151.666

Mesada a cargo del ISS año 2002: $309.000

La suma de los dos valores arroja un total de $460.666, que corresponde al valor de la última mesada pensional percibida por el causante. Se aclara que, la liquidación de la compensación se hará sobre el valor total de la mesada pensional compartida, como quiera que, la disposición convencional no impone ningún condicionamiento al respecto, limitándose a señalar que se liquidará sobre “la última mesada pensional correspondiente al causante”, aparte del cual es razonable entender que comprende tanto la porción a cargo del ISS como la de la CAR, en la medida que ambas integran la mesada pensional. Argumento este que a su vez se acompasa con la regulación legal del fenómeno de la compartibilidad, en el sentido que no se trata de dos pensiones, sino de una prestación, solo que “compartida”.

Ahora, si se multiplica $460.666 por cuarenta y siete (47), resulta un valor de $21.651.302, que corresponde a la suma que deberá cancelar la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a favor de la demandante por concepto de la compensación en dinero prevista en el artículo 59 de la Convención colectiva del trabajo.

2. Auxilio funerario (L. 100/93).

La Sala no lo concederá, dado que se trata de una prestación que le corresponde asumir a la administradora de pensiones a la que estuvo afiliado o pensionado el causante (arts. 51 y 86, L. 100/93), entidad que no fue accionada en el juicio laboral. Adicionalmente, no existe en el expediente prueba que dé cuenta que la actora sufragó los gastos de entierro del pensionado, requisito que es indispensable para que se reconozca el auxilio funerario

Las costas de las instancias estarán a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 19 de agosto de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso adelantado por María Sara Coy Ávila contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2008, por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá.

2. CONDENAR a la entidad demandada al pago de $21.651.302 por concepto de la compensación en dinero consagrada en el artículo 59 de la Convención colectiva de trabajo. Se absuelve de las demás pretensiones incoadas en su contra.

3. DECLARAR no probados los medios exceptivos propuestos por la parte demandada.

4. Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) La expresión “o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta” contenida en el artículo 6º CST y SS, fue declarada exequible condicionadamente por la Corte Constitucional en Sentencia C-792 de 2006, en el entendido que “el agotamiento de la reclamación administrativa por virtud del silencio administrativo negativo, es optativo del administrado, de tal manera que si decide esperar la respuesta de la administración, la contabilización del término de prescripción solo se hará a partir del momento en el que la respuesta efectivamente se produzca”.