Sentencia SL12173-2015/47534 de agosto 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 47534

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta 27

Bogotá, D.C., once de agosto de dos mil quince

EXTRACTOS: «VI. Cargo primero

Se presenta en los siguientes términos:

Por la vía directa acuso la sentencia impugnada en el concepto de violación directa, por interpretación errónea de los art. 42, 93-2 de la Constitución Nacional, de los arts. 113 del C.C., el art. 152, 154, numeral 5º y 6º, 176, 178, 179, 180, 197, 205 del C.C., Ley 1ª de 1976, art. 1º., el Dto. 2820 de 1074, art. 1º y 11º, la Ley 25 de 1992, art 5º y 6º, causal 2ª, el art. 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y el art. 13º de la Ley 797de año 2003.

Expresa que tal violación se dio por haber incurrido en los siguientes yerros fácticos:

1. No dar por demostrado, estándolo, que el núcleo de la sociedad, para este caso era la familia Gómez Ríos, formada con ocasión de la celebración del matrimonio.

2. Desconocer estándolo probado la celebración y vigencia del matrimonio entre la señora Luz Ángela Ríos Torres.

3. Desconocer estándolo probado la causa voluntaria del cónyuge Augusto de Jesús Gómez Valencia, que tuvo para abandonar el hogar, conformado con la señora Luz Ángela Ríos Torres.

4. Desconocer estando probado, la reconciliación y nueva convivencia a la cual se sometieron los cónyuges Gómez Ríos.

5. Desconocer estándolo probado que entre los cónyuges, cohabitaron nuevamente, una vez regresó a su hogar el señor Augusto de Jesús Gómez Valencia.

6. Dar por probado sin estarlo, la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico celebrado entre Luz Ángela Ríos T. y Augusto de Jesús Gómez V.

7. Dar por probado, sin estarlo, que la llamada a recibir la pensión era la hermana del causante y no su cónyuge.

Del enmarañado discurso que emplea al demostrar el cargo, la Sala puede rescatar que su queja la centra en que el tribunal incurrió en “error de derecho” al desconocer la familia como núcleo de la sociedad, pues dio como “cierto la existencia de la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso” y no aceptó “una justificante entre cónyuges como motivo para no vivir juntos o cohabitar como cónyuges entre sí, interpretando que la liquidación de la sociedad conyugal, daba como cierto la no existencia de la pareja como cónyuges”, con lo cual —dice— se desconoció “la norma que consagra la preferencia de la cónyuge con vocación legítima para sustituir la pensión antes que a su hermana”.

Afirma que el tribunal confundió los “efectos del divorcio, con la liquidación de la sociedad conyugal”, dado que en el expediente no hay prueba que demuestre que se decretó de manera judicial la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico conformado por Luz Ángela Ríos y el causante Augusto de Jesús Gómez.

Enfatiza que en “el caso bajo estudio, sólo se disolvió y liquidó la parte patrimonial del matrimonio o sociedad conyugal”, que no hubo divorcio y que la voluntad de los cónyuges, a pesar de una corta separación, siempre estuvo encausada a seguir cumpliendo con los fines del matrimonio, tales como la ayuda mutua y la convivencia en los 6 años anteriores al fallecimiento, como lo pone de presente la propia Luz Ángela Ríos en el interrogatorio de parte y en las declaraciones dadas a las entidades demandadas cuando efectuó la correspondiente reclamación pensional, lo cual coincide con lo dicho por Lucía del Socorro Espinosa en su declaración rendida ante las Empresas Públicas de Medellín.

Finalmente, dice:

La misma Corte Constitucional y la Sala Laboral, han interpretado que no se exige que ambos cónyuges vivan juntos, sosteniendo que el requisito legal para el reconocimiento a la cónyuge supérstite, del derecho a la pensión de sobrevivientes de hacer vida marital hasta la muerte del causante, en algunos casos no implica cohabitación bajo el mismo techo siempre que exista una causa que los justifique. Además también se ha deducido que el propósito de la pensión de sobrevivientes es el de proteger a los familiares del afiliado o del pensionado que fallece frente a las contingencias económicas derivadas de la muerte (…) De haber dado interpretación real a la anterior norma -se refiere al art. 47 de la L. 100/1993 mod. por el art. 13 de la L. 797/2003- el tribunal hubiera conferido la sustitución de la pensión de sobrevivientes, a la cónyuge, toda vez que existió para la señora Luz Ángela Ríos Torres, una justificante por el cual permaneció algún tiempo sin convivir.

VII. Réplica

La opositora Empresas Públicas de Medellín, expresa que el cargo está llamado a la desestimación, porque al estar dirigido por la vía directa bajo la modalidad de interpretación errónea, no podía centrarse en discusiones de hecho propias de la vía indirecta, ni entremezclar discusiones fácticas y jurídicas, como equívocamente lo hace la censura.

A su vez, el I.S.S. manifiesta que el cargo adolece de serias y graves fallas de orden técnico, tal y como lo pone de presente la otra codemandada.

Por su parte, Ana Gómez de Gómez adhiere a los reproches de orden técnico que refiere Empresas Públicas de Medellín y expresa que la columna vertebral de la decisión recurrida está fundamentada en diferentes pruebas testimoniales que, además de no ser aptas en casación, no son controvertidas por la censura y en tal sentido mantienen inalterable la decisión recurrida.

Afirma que determinar quién fue el culpable de la separación, aspecto sobre el cual cabalga el cargo, ya no encuentra soporte en nuestra legislación pues a partir de la vigencia de la Constitución de 1991, el criterio de la culpabilidad fue abandonado definitivamente y hoy sólo opera el de la convivencia efectiva al momento del deceso del causante y por el tiempo exigido por la ley.

Concluye que como entre el causante y Ríos de Gómez no hubo convivencia, a lo sumo encuentros esporádicos, la recurrente carece de vocación para acceder a la pensión de sobrevivencia, tal como lo concluyó el sentenciador de alzada. Apoya su posición en sentencia radicada bajo el Nº “39.241”, de la que no ofrece data de emisión.

VIII. Consideraciones

La censura de manera inapropiada acude a temas eminentemente fácticos para estructurar el ataque, dirigido por la senda directa, cuando es sabido que por esta vía solamente es permitido controvertir los razonamientos de orden jurídico más no las inferencias de hecho propias de la vía indirecta.

Adicionalmente, como lo pone de presente el apoderado de la parte demandante, la conclusión del tribunal según la cual Ríos de Gómez no convivía con el causante, está fundada en pruebas testimoniales que si bien no son aptas en casación, debieron ser controvertidas por la censura, eso si, luego de acreditar un yerro con carácter de evidente fundado en una prueba calificada, de modo que las conclusiones de la decisión recurrida, amparada por la doble presunción de legalidad y acierto, quedaron incólumes.

Ahora bien, en lo que al fondo del asunto corresponde debe recordarse que en materia de pensión de sobrevivencia, tiene definido la Corte, como principio general, que la norma aplicable es la vigente al momento del fallecimiento del pensionado o afiliado, para el sub lite el art. 13 de la Ley 797/2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100/1993, dado que el causante falleció el 6 de enero de 2005.

La disposición en cita, establece con claridad que para que el (a) cónyuge o el (a) compañero (a) supérstite, tenga derecho a la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado, es necesario acreditar “que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”.

Es decir, que como presupuesto esencial para su causación, señaló el requisito de la convivencia efectiva, real y material entre la pareja, que la Corte ha entendido que “solo se puede predicar de quienes además, han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante al auxilio mutuo —elemento esencial del matrimonio según el artículo 13 del CC—, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales”, tal cual lo dejó adoctrinado en la sentencia CSJ SL, 31 ene. 2007, rad. 29601, recientemente reiterada en la CSJ SL5640-2015.

Dicho de otra manera, para tener derecho a la pensión de sobrevivientes, la cónyuge supérstite, tiene que demostrar una convivencia efectiva por el tiempo señalado en la norma objeto de estudio —5 años—, independientemente del vínculo matrimonial, pues lo que procura esta prestación es la protección de la familia y la compensación mínima ante la pérdida de un ser querido; de allí que cuando no se encuentra acreditada la unión, el apoyo las manifestaciones a partir de las cuales se predica la existencia de la familia, se descarta otorgar la prestación pretendida.

En ese contexto se advierte que aunque el tribunal, encontró acreditado que los cónyuges con posterioridad a su separación «algunas veces permanecían juntos», ello no obedeció a la real intención de restablecer su unión marital para brindarse ayuda mutua y acompañamiento como auténticos esposos, conclusión a la que llegó luego de examinar la prueba testimonial que como antes se dijo, no es calificada en sede de casación ni fue controvertida por la recurrente.

Por lo expuesto, el cargo no está llamado a prosperar.

IX. Cargo segundo

Es del siguiente tenor:

“Por la vía indirecta acuso la sentencia impugnada por errónea apreciación de las pruebas y falta de apreciación de algunas otras pruebas, lo que indujo al fallador de turno a la violación de la ley sustantiva”.

Expresa que tal violación se dio por haber incurrido en los siguientes yerros fácticos:

“1. Dar por demostrado sin estarlo, que el vínculo matrimonial que ató a la señora Luz Ángela Ríos Torres con el señor Augusto de Jesús Valencia, había cesado sus efectos civiles.

2. Desconocer estando probado, que existió causa que justificó, la separación de hecho entre los cónyuges.

3. Desconocer estando probado, que los cónyuges volvieron a vivir juntos.

4. Desconocer estando probado, que los cónyuges convivieron en su calidad de esposos hasta el momento de la muerte del pensionado.

5º. Desconocer estando probado que señora Ana Gómez de Gómez, laboraba y estaba vinculada al servicio de salud, en calidad de empleada doméstica.

6º. Desconocer estando probado que la señora Ana Gómez, convivió en la casa de su mamá con ella y no únicamente con su hermano Augusto Gómez.

7º. Desconoce estando probado, que la señora Ana Gómez, percibía ingresos económicos como renta, producto del bien inmueble que se le adjudicó en la sucesión y liquidación de la sociedad conyugal de su cónyuge, al momento de fallecer.

8º. Desconocer estando probado que la señora Luz Ángela Torres Rios (sic), dependía económicamente de su cónyuge.

9º. Desconocer estando probado que la señora Luz Ángela Ríos Torres, era la beneficiaria en materia de salud ante el ISS, de su esposo.

10º. Desconocer estando probado que el señor Augusto de Jesús V. recibía un beneficio de mayor pago en su pensión por parte del ISS, al probar que era casado y convivía con su señora”.

En la demostración del cargo, igual que lo hizo en el primero, insiste en que el Tribunal se equivocó al tener por demostrado, sin estarlo, que entre los cónyuges Luz Ángela Ríos Torres y Augusto de Jesús Valencia “se había decretado la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, cuando lo que existió entre ellos, fue una simple separación de hecho, cuya reconciliación y la vida en común fue nuevamente reconstruida, seis (6) años antes del fallecimiento del pensionado (…)”.

En seguida y luego de referirse a los registros de defunción del causante y de su señora madre, su historia clínica y los servicios médicos que le prestó “EMI”, con lo que pretendió demostrar que Ríos de Gómez convivía con su cónyuge, manifiesta que el Tribunal se equivocó al concluir que «Ana Gómez dependía económicamente del señor Augusto, por el simple hecho de haber compartido la misma residencia donde vivía su madre, y el esposo de Ana» y “Desconoció (…) que la señora Ana, tenía sus propios ingresos, que no por sencillos y humildes dejan de justificar su propio sustento, así el señor Augusto aportara económicamente al sostenimiento de la casa donde se encontraba viviendo con su mamá”.

Hace alusión a otras pruebas, entre ellas la investigación administrativa que realizó el ISS y expresa: “la señora Ana Gómez no fue tan sola, tuvo su madre con la cual convivió por largos años, la cual falleció en febrero 29 de año 2000 y su cónyuge con el cual vivió durante toda su vida, hasta la muerte ocurrida en agosto 31 de 1998. Su hijo que a la fecha aún vive y es el llamado a responder directamente por ella, no la pensión de su hermano fallecido. Además de las anteriores personas, también contaba la señora Ana, con otros hermanos, que le ayudaban con poco, pero le ayudaban”.

X. Réplica

Empresas Públicas de Medellín, se opone a la prosperidad del cargo para lo cual señala que omite formular una proposición jurídica, tal como lo exige una demanda de casación, y agrega que el “farragoso” discurso que emplea el recurrente está fundado en hipotéticos errores de hecho en que pudo incurrir el tribunal.

Manifiesta que todo el discurso está encaminado a demostrar que Ana Gómez de Gómez no tenía derecho a la pensión de su hermano fallecido en tanto no dependía económicamente de él, lo cual “automáticamente” convierte a la cónyuge en beneficiaria de la pensión aquí demandada, razonamiento que es equivocado, pues lo que debió demostrar la censura, y no lo hace, es que la cónyuge convivió con el causante por lo menos 5 años continuos con anterioridad a su muerte.

A los anteriores argumentos se unen el ISS y Ana Gómez de Gómez.

XI. Consideraciones

La Corte recuerda que de conformidad con el art. 90-5 del CPT y SS, es requisito indispensable e insoslayable que toda demanda de casación, indique el precepto legal sustantivo del orden nacional que se estime violado.

Así, lo reiteró recientemente la Sala en la Sentencia CSJ SL, SL5640-2015 cuando al efecto adujo:

“Uno de los requisitos fundamentales para la debida estructuración de un cargo en este recurso extraordinario, es el de que señale la violación de normas sustanciales, entendiéndose por tales las que crean o establecen un derecho concreto y la obligación correlativa”.

En el asunto bajo examen, como bien lo ponen de presente las replicantes, ni en la enunciación del cargo, ni en su extensa demostración, el recurrente denuncia como violada norma alguna de derecho sustancial con las características atrás indicadas, razón por la cual, se desestima el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, como agencias en derecho se fija la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000), suma que se distribuirá en partes iguales para cada una de las replicantes.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida, el 21 de mayo de 2010, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Ana Gómez De Gómez contra las Empresas Públicas de Medellín y el Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, al cual en calidad de interviniente ad excludendum, se vinculó a la recurrente señora Luz Ángela Ríos de Gómez.

Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.