Sentencia SL12185-2016/47563 de agosto 17 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 47563

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta 30

Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por las demandadas, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver el formulado por la Compañía de Seguros Bolívar S.A., por cuanto el de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A. se declaró desierto mediante providencia de 23 de noviembre de 2010.

V. Alcance de la impugnación

Pretende que la Corte case totalmente la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, absuelva a las demandadas de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra.

Con tal propósito formula un cargo que no fue replicado y que la Sala procede a estudiar.

VI. Cargo único

Acusa la violación de la ley por la vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida de los arts. 47 —mod. por el art. 13 de la L. 797/2003— 73, 74 y 77 de la L. 100/1993, en relación con el art. 78 ibídem y el art. 16 del D. 1889/1994.

Asevera que el ad quem incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la hija fallecida de la accionante colaboraba con la demandante de manera fundamental e indispensable, como para afirmar que la actora derivaba de ella su subsistencia.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la actora recibía una pensión de vejez, vivía únicamente con la fallecida.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la ayuda que brindaba la causante a la actora, era necesaria para que la demandante pudiera llevar una vida en condiciones dignas.

Errores que, según la censura, se cometieron por no haber apreciado la confesión de la accionante plasmada en el hecho 5º de la demanda (fl. 5) y en el interrogatorio de parte que absolvió (fl. 130), así como la comunicación a través de la cual se le notificó la devolución de saldos (fl. 70); todas ellas en «conexidad» con las declaraciones rendidas por Leonardo de Jesús Álvarez López (fl. 133) y María Oliva Orozco Arenas (fl. 134 y 135).

En la demostración del cargo afirma que la omisión del Tribunal frente a las pruebas calificadas enlistadas, no le permitieron considerar en «su real contexto» fáctico, que la accionante percibía una pensión de vejez; que canceló la deuda personal que tenía con una cooperativa con las prestaciones sociales que le entregó la empleadora de María Inés López; que vivía únicamente con su hija; que la causante devengaba un salario mínimo y tenía una obligación bancaria; que recibió los saldos existentes en la cuenta de ahorro individual de López y que recibía ayuda de una hermana.

Aduce que el deficiente análisis probatorio le impidió advertir, que al plenario está plenamente demostrado que «existía una integración de ingresos equivalentes de vivir juntas y que, por el contrario, una vez fallecida una de las dos personas que convivían y sumaban sus ingresos equivalentes, la actora continuó viviendo sola con el ingreso derivado de la pensión de vejez reconocida por el ISS», de manera que el ad quem incurrió en el error de hecho de «considerar como subordinación o como aporte fundamental e indispensable, una participación equivalente», proveniente de dos salarios mínimos.

Señala que Jesús Álvarez López (fl. 133) sostuvo que «al vivir juntas ambas compartían esos ingresos y los gastos de la casa» de manera que había «una unión equivalente de dos fuentes de ingresos para dos personas que vivían juntas», y que en igual sentido la testigo María Oliva Orozco Arenas afirmó que «entre las dos se sostenían» y que después del fallecimiento de María Inés López la accionante «se sostenía económicamente con la pensión y que vive sola» lo cual aseveró que le constaba «porque yo era muy allegada a ellas» y porque «yo voy a veces visitarla».

VII. Consideraciones

Le corresponde a la Sala dilucidar si al plenario está o no acreditada la dependencia económica de la accionante respecto de su hija fallecida.

Pues bien, de tiempo atrás tiene dicho la corporación, que la dependencia económica es una situación que debe ser definida en cada caso particular y concreto, a fin de determinar si los ingresos que perciben los progenitores son suficientes para satisfacer las necesidades relativas a su sostenimiento y necesidades básicas, en cuyo caso no se configura el presupuesto legal para acceder a la prestación pensional, al paso que si son precarios o insuficientes para proveerse de lo necesario, al punto que el apoyo o ayuda, así sea parcial, del hijo o hija es determinante para llevar una vida en condiciones dignas, es cuando puede pregonarse la dependencia fundamental del beneficiario respecto del causante.

Puesto en otros términos, no es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas.

Así, lo ha sostenido esta Sala de la Corte en múltiples decisiones, entre otras, en la Sentencia CSJ SL816-2013, cuando al efecto reiteró:

1.2. En torno al concepto de dependencia económica de los padres respecto del hijo fallecido.

Esta Sala de la Corte en sentencia del 18 de mayo de 2005, reiteró lo adoctrinado de antaño en cuanto a que la ausencia de previsión legal que definiera el concepto de dependencia económica imponía que este debiera ser entendido en su sentido natural y obvio, en el que depender significa estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar una persona del auxilio o protección de otra.

En la providencia en precedencia, la corporación enseñó que “en este preciso campo de la pensión de sobrevivientes la dependencia económica tiene el significado de subordinación o sujeción de los padres respecto de la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir. Discernida en ese sentido, la dependencia económica no se configura con una simple ayuda o colaboración que distingue la relación de los buenos hijos con sus padres”.

En ese horizonte, insistió la Corte que no es de recibo reclamar que “la dependencia de los padres en relación con el hijo, para que haga radicar en aquellos el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de este, sea absoluta, total o plena, que descarte cualquier otra fuente de ingresos de los progenitores, siempre que esta no sea de tal entidad que los últimos pasen de subordinados a tener la suficiente solvencia económica que les permita atender por sí mismos sus necesidades”.

La anterior línea jurisprudencial fue reiterada en decisión del pasado 24 de abril de 2013, radicación 43138, en donde también se rememoró que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del buen hijo, no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica, y en esta eventualidad no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley, porque desaparecería esa relación de subordinación derivada del significado del vocablo “depender” y del contenido de la misma preceptiva legal.

Entonces, la determinación de la consolidación o no de la dependencia económica de los padres respecto de los hijos es un asunto que debe ser analizado por los juzgadores frente a los precisos contornos y especificaciones del caso concreto.

Bajo esa orientación jurisprudencial, en el sub lite, como bien lo pone de presente la parte recurrente, no se acreditó la subordinación económica exigida en el art. 13 de la L. 797/2003 que modificó el art. 74 de la L. 100/1993, toda vez que la accionante al responder el interrogatorio de parte, indiscutiblemente aceptó que tenía la condición de pensionada del ISS desde el 2000; que su hija también devengaba un salario mínimo y tenía una obligación bancaria; que al fallecer la hija se fue a vivir a la Ceja con una hermana, y que, «actualmente», vive sola.

Esas aseveraciones permiten colegir que ciertamente la accionante tenía recursos propios suficientes para su digna subsistencia, en la medida que el aporte de la hija fallecida no era el único ni tampoco ingresaba totalmente al hogar, pues el mismo se veía disminuido con el pago de una obligación que «ella si (sic) estaba pagando» y de la que su progenitora «vin[o] a dar cuenta apenas ella [la causante] falleció» (fl. 130 del cuaderno del Juzgado).

Por ello, erró el ad quem al afirmar que las entradas de ambas eran insuficientes para «satisfacer sus necesidades elementales» y que «prueba de ello, es que una vez que falleció la causante, la demandante se tuvo que ir a vivir con una hermana», aseveraciones que no corresponden con las respuestas que la accionante ofreció en el interrogatorio de parte que obra a folios 130 y 131 del plenario, a lo que se agrega que en la misma diligencia, al ser preguntada por el monto al que ascendían los gastos mensuales de sostenimiento de la dos, contestó que por «ahí a setecientos cincuenta mil pesos»; es decir, una suma inferior a lo que para entonces ambas percibían, equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes ($ 816.000).

Con otras palabras, erró el ad quem al no valorar la confesión de Rosa María López Osorio cuando absolvió el interrogatorio de parte, que da cuenta de su capacidad económica para subsistir dignamente con el ingreso de la pensión que le paga el ISS, sin que para ello le hiciera falta el aporte que para el hogar hacía la hija fallecida.

Verificado el yerro del Tribunal con fundamento en una prueba apta en casación —confesión—, le corresponde a la Sala estudiar la prueba testimonial acusada, para lo cual habrá de señalarse que tiene razón la impugnante al denunciar su errónea valoración, pues ciertamente el deponente Jesús Álvarez López (fl. 133) aseveró que «ambas se sostenían económicamente, María (sic) Inés (sic) del trabajo y Rosa María (sic) de la pensión que recibía (…) y al vivir juntas ambas compartían esos ingresos y los gastos de la casa».

Asimismo, la testigo María Oliva Orozco Arenas afirmó que «entre las dos se sostenían que María (sic) Inés (sic) pagaba los servicios y la comida y Rosa María (sic) el arriendo de la casa, y lo sé (sic) porque soy muy allegada a ellas», a lo que agregó, que la demandante «siempre se ha sostenido con la pensión» (fl.135), lo que significa que en ese hogar había una distribución de gastos entre dos personas que tenían ingresos en igual cuantía, y en el que ninguna dependía en forma esencial de la otra.

Por lo expuesto, el cargo prospera.

Sin costas en casación.

VIII. Sentencia de instancia

Para resolver los recursos de apelación que formularon la Compañía de Seguros Bolívar y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Santander S.A. (fls. 172 a 175 y 176 a 184), son suficientes los fundamentos expuestos en sede de casación, pues ciertamente de los medios de convicción allegados al plenario, no deriva que la accionante dependía económicamente de María Inés López con quien compartía los gastos del hogar.

En consecuencia, se revocará la providencia de 27 de marzo de 2009, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín y, en su lugar, se dispondrá la absolución de las codemandadas.

Las costas de la primera y segunda instancia, estarán a cargo de la demandante.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 31 de mayo de 2010, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario que Rosa María López Osorio adelanta contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A. y la Compañía de Seguros Bolívar S.A.

En sede de instancia,

Resuelve:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 27 de marzo de 2009, por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín y, en su lugar, ABSOLVER a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A. y a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. de todas las pretensiones formuladas en su contra por Rosa María López Osorio.

2. COSTAS como se dijo en la parte motiva de la presente providencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».