Sentencia SL 12207-2016/60811 de agosto 17 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL12207-2016

Rad.: 60811

Acta 30

Reiteración de jurisprudencia

Magistrada ponente

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.

Extractos «IV. Recurso de Casación

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte Case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoquen las declaraciones, reconocimientos y condenas impartidas por el a quo y, en consecuencia, se absuelva a la demandada de todas las pretensiones.

Como alcance subsidiario, solicita que se case de forma parcial la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, revoque parcialmente la sentencia de primer grado en cuanto impuso condena por intereses moratorios, para que en su lugar, se le absuelva de dicho concepto.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que dentro del término legal fueron replicados. La Sala estudiará los dos primeros en forma conjunta por perseguir el mismo fin y valerse de argumentos y elenco normativo similar.

VI. Cargo Primero

Ataca la sentencia recurrida por violar la ley sustancial, por la vía directa y en el concepto de interpretación errónea de los artículos “45 de la Ley 270 de 1996, y 48 de la Constitución Política, lo que llevó a aplicar en forma indebida el 4º de la Constitución Política y a infringir directamente el numeral 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en forma como se hallaba antes de ser declarado parcialmente inexequible”.

Para sustentar su acusación, luego de citar el art. 45 de la L. 270/1996, aduce que en la Sentencia C-428/09 a través de la cual se declaró inexequible el requisito de fidelidad para las pensiones de invalidez, únicamente produjo efectos hacia futuro, pues el Tribunal Constitucional no dispuso lo contrario.

En ese orden, señala, el art. 1º de la L. 860/2003 produjo la plenitud de sus efectos hasta que fue retirada del ordenamiento jurídico. De ahí que, si ese alto tribunal no señaló que la decisión de inexequibilidad produce consecuencias retroactivas, es forzoso concluir que lo que busca es que la norma que produzca efectos hasta el momento de la declaratoria de inconstitucionalidad.

Indica que no desconoce el actual discernimiento mayoritario de esta Sala de la Corte sobre el tema, razón por la que propone un cambio del criterio. En su sentir, la claridad de las reglas aplicables en relación a los efectos de las sentencias de inexequibilidad no es cuestión irrelevante, pues, tiene relación directa con valores constitucionales como la seguridad jurídica y la buena fe. De ahí que, solamente, la Corte Constitucional sea la encargada de establecer esos efectos que, en modo alguno, pueden “quedar al vaivén de las interpretaciones, pues, por mandato legal quedan definidos, sin excepción, en cada una de las sentencias en las que se decide la inconstitucionalidad de una norma”.

Agrega que, el principio de progresividad no puede ser entendido con un carácter absoluto y prohibitivo de las modificaciones en los derechos sociales, razón por la que no es posible dejar de aplicar la fidelidad en las cotizaciones, máxime que con tal requisito se busca mantener el equilibrio financiero del sistema, a fin que la protección que otorga a todos los afiliados pueda mantenerse a largo plazo.

Concluye entonces que, para la fecha en que se estructuró la invalidez del actor, el art. 1º de la L. 860/2003 producía la plenitud de sus efectos jurídicos, porque la declaratoria de inconstitucionalidad se presentó el 1º de julio de 2009 y con efectos hacia futuro.

VII. Cargo segundo

Ataca la sentencia recurrida por violar la ley sustancial, por la vía directa y en el concepto de infracción directa de los artículos “45 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, 20 de la Ley 393 de 1997, el numeral 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en la forma como se hallaba antes de ser declarado parcialmente inexequible, en su parágrafo, lo que condujo a la aplicación indebida del artículo 4º de la Constitución Política”.

Para sustentar su acusación aduce, además de similares argumentos a los expuestos en el cargo anterior, que al inaplicar el ad quem el art. 1º de la L. 860/2003, por considerar que esa norma siempre fue contraria al derecho fundamental y que desde antes de ser declarada inexequible estaba en contra de la Constitución Política, el Tribunal utilizó la denominada excepción de inconstitucionalidad, valiéndose en forma indebida del art. 4º de la Carta Política. Que con dicha conducta incurrió en la infracción directa del art. 20 de la L. 393/1997, pues de acuerdo a dicho mandato, no era posible que en el lapso en que estuvo vigente, se predicara respecto de la L. 860/2003, la excepción de inconstitucionalidad.

VIII. Réplica a los cargos primero y segundo

La parte demandante para oponerse a los cargos, señala que esta Sala de la Corte ha aceptado la no exigencia del requisito de fidelidad al sistema, respecto de aquellas prestaciones negadas por las administradoras de fondos de pensiones por incumplimiento de la aludida exigencia.

Aduce que el ad quem no cometió los yerros endilgados por cuanto por disposición del art. 4º Superior se debe inaplicar por inconstitucional el requisito de fidelidad al sistema de pensiones, tal y como en el presente caso, donde la prestación se causó por la pérdida de la capacidad laboral del asegurado en vigencia de la norma legal, es decir, con anterioridad a la sentencia de constitucionalidad que ordenó retirarla del ordenamiento jurídico.

IX. Consideraciones

Dada la vía escogida por el censor, no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos establecidos por el Tribunal: (i) que el actor fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 67,95% de origen común; (ii) que la fecha de estructuración de su estado fue el 31 de mayo de 2006 y, (iii) que cotizó más de 50 semanas en los 3 últimos años anteriores a la realización de la primera calificación de la invalidez.

En lo que tiene que ver con el requisito de fidelidad al sistema de pensiones, esta Corporación en sentencias CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 41832 y CSJ SL, 10 jul. 2010, rad. 42423 (pensión de invalidez), y luego, en providencias CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 42540 y CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 42501 (pensión de sobrevivientes), cambió su criterio para señalar que el requisito de fidelidad incorporado en las reformas pensionales (L. 797 y L. 860 de 2003) del sistema general de pensiones, impuso una evidente condición regresiva en relación con lo establecido originalmente en la L. 100/1993, motivo por el cual, los juzgadores tienen el deber de abstenerse de aplicar esa exigencia, por resultar abiertamente incompatible con los contenidos materiales de la Carta Política, especialmente con el principio de progresividad y no regresividad.

Tal decisión no implica darle retroactividad a la Sentencia C-428/09, como lo asegura la censura, sino, más bien, constituye una expresión del deber de los jueces de inaplicar en ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4º C.P.), las normas legales que sean manifiestamente contrarias e incompatibles con el marco axiológico de la Constitución Política.

En ese orden, la decisión del Tribunal está acorde con este criterio, que ha sido reiterado en múltiples sentencias a cuyo contenido se remite la Sala (CSJ SL17484-2014; CSJ SL9182-2014; CSJ SL4346-2015; CSJ SL7099-2015; CSJ SL 5671-2016; CSJ SL6317-2016; CSJ SL6326-2016; CSJ SL9250-2016, entre otras).

Por último, en cuanto a la presunta vulneración del par. del art. 20 de la L. 393/97, importa precisar que esta disposición adquiere vigor en el trámite de las acciones de cumplimiento. Adicionalmente, lo que dicho enunciado prohíbe es que la administración justifique su incumplimiento en la inconstitucionalidad de preceptos que han sido objeto de análisis de exequibilidad por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, supuesto disímil al de acá, donde nos encontramos frente a una norma abiertamente contraria a la Carta Política, cuya no aplicación resulta válidamente justificada.

De manera que en este asunto, conforme a los supuestos fácticos que no son objeto de discusión y al no encontrar la Sala razones para cambiar el criterio jurisprudencial que hasta ahora se ha mantenido vigente de forma mayoritaria, se concluye que el Tribunal no cometió los yerros jurídicos endilgados y, en este orden de ideas, los cargos no tiene vocación de prosperidad.

X. Cargo tercero

Ataca la sentencia por ser violatoria de la ley, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del “artículo 141 de la Ley 100 de 1993”.

Para sustentar el cargo sostiene que el Tribunal interpretó erradamente la norma, porque la imposición de intereses moratorios no es imperativa e inexorable en todos los casos. A su juicio, en situaciones excepcionales, como cuando existe un serio y real motivo de duda sobre el surgimiento del derecho, se presenta una razón atendible y suficiente para que no se impongan intereses de mora.

Sostiene que si la conducta de la entidad de seguridad social tuvo apoyo en las normas aplicables y en la jurisprudencia vigente, no puede ser considerada como dilatoria u omisiva, esto es, no puede ser tenida como morosa y, por ende, no es posible imponer una medida que busca resarcir los perjuicios ocasionados por la tardanza en reconocer la obligación.

XI. Réplica

El apoderado del demandante, para oponerse a la prosperidad del cargo, señala que la demandada aún se encuentra en mora del pago del retroactivo pensional causado, lo que conlleva a la procedencia de los intereses moratorios.

XII. Consideraciones

En casos como el presente, en el que se debate el derecho a la pensión fundado en la ausencia del requisito de fidelidad al sistema de pensiones, esta Corporación ha estimado que los intereses moratorios resultan improcedentes, dado que el reconocimiento pensional se ordena por la inaplicación de la aludida exigencia, máxime cuando la actuación de la AFP demandada, estaba amparada en una preceptiva de orden legal vigente para el momento en que se cumplió la reclamación por el interesado (CSJ SL5863-2014).

En efecto, sobre el tema en cuestión, esta Sala a través de fallo CSJ SL10504-2014, adoctrinó:

En el sub lite procede entonces la exoneración de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues como se dejó suficientemente explicado con ocasión del recurso extraordinario, la concesión de la pensión de sobrevivientes obedeció a la inaplicación del requisito de fidelidad por su evidente contradicción con el principio constitucional de progresividad que rige en materia de seguridad social, aún antes de la declaratoria de inexequibilidad operada en Sentencia CC C-556/09, lo que implicó un cambio de jurisprudencia que no podía prever la administradora demandada.

Y posteriormente, en Sentencia SL10637-2014, manifestó:

No se dispondrá el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en razón a que la entidad aplicó la normatividad que estaba vigente en ese momento para negar el derecho pensional, pues el reconocimiento de la prestación económica a la demandante se hace en virtud al nuevo criterio que viene adoptando la Sala sobre la inaplicación del requisito de fidelidad, aun frente a derechos que se causaron en vigencia de aquellas normas que consagraban tal exigencia. De ahí que se revocará la sentencia, en cuanto condenó a la demandada al pago de los referidos intereses, para en su lugar, absolver sobre ellos.

Así las cosas, en el presente caso resultan improcedentes los intereses aludidos, y al advertirse la existencia del yerro endilgado, el cargo prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario, dada su prosperidad parcial.

XIII. Sentencia de instancia

En sede de instancia, son suficientes los argumentos esgrimidos en la esfera casacional para revocar parcialmente el fallo de primera instancia y, en su lugar, negar los intereses moratorios previstos en el art. 141 de la L. 100/1993.

Las costas de primera instancia estarán a cargo de la parte demandada. Sin costas en la segunda instancia.

XIV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley casa la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 10 de diciembre de 2012, en el proceso ordinario que Faber Esneyder Ramírez Salazar adelanta contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, en cuanto confirmó la condena del a quo por concepto de intereses moratorios. No casa en lo demás.

En sede de instancia,

Resuelve:

1. Revocar el numeral tercero del fallo proferido el 1º de agosto de 2012 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín y, en su lugar, se absuelve a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías de los intereses moratorios.

2. Confirmar en lo demás.

3. Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen»