Sentencia SL12218-2015/49126 de agosto 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL12218-2015

Rad.: 49126

Acta 27

Bogotá, D.C., once de agosto de dos mil quince.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 13 de septiembre de 2010, en el proceso ordinario adelantado por María Gerardina Vélez Carvajal contra el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones.

I. Antecedentes

Con la demanda inicial, solicitó la demandante que se condene al ISS, a reconocerle la pensión de sobrevivientes como consecuencia de la muerte de su esposo Gildardo de Jesús Piedrahita Sánchez, el pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100/1993 y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, en que el 7 de marzo de 2004, falleció Gildardo de Jesús Piedrahita Sánchez con quien estuvo casada por el rito católico y procreó tres hijos Gildardo de Jesús, Luz Yaneth y Mary Luz Piedrahita Vélez; que agotó la reclamación administrativa la cual fue resuelta de manera negativa por parte del Instituto accionado a través de la Resolución 27441 de 14 de noviembre de 2006; que los gastos de entierro del causante fueron sufragados por ella y sus hijos y que tiene derecho al reconocimiento pensional por reunir los requisitos legales para ello (fls. 1-2).

Al dar respuesta a la demanda, el Instituto convocado a juicio aceptó el hecho relacionado con el fallecimiento del causante. Propuso las excepciones que denominó, inexistencia de la obligación por ausencia de requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, imposibilidad de condena en costas, improcedencia de intereses de mora e indexación de condenas, prescripción, compensación, buena fe del Seguro Social y la “genérica” (fls. 19 - 22).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado de conocimiento, que lo fue el Segundo Adjunto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia de 17 de marzo de 2010 (fls. 78-85), declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación por ausencia de requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, absolvió a la accionada de todas las pretensiones incoadas en la demanda e impuso costas a cargo de la demandante.

III. Sentencia de segunda instancia

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la promotora del litigio, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante la sentencia recurrida en casación (fls. 94-104), confirmó la del a quo, sin costas en la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem, luego de hacer acopio de la documental recaudada en el proceso, de las declaraciones de los testigos y del interrogatorio de parte rendido por la actora, procedió a transcribir el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el artículo 61 de CPT y SS y apartes de la sentencia CSJ SL, rad. 52879, de la que no ofreció fecha de emisión.

Así mismo, dio por sentado que: (i) la demandante contrajo matrimonio con Gildardo de Jesús Piedrahita Sánchez, el 16 de mayo de 1970; (ii) que falleció el 7 de marzo del año 2004: (iii) que la actora reclamó ante el Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada mediante Resolución 27441 de 14 de noviembre de 2006, por no cumplir con los presupuestos del artículo 47 de la Ley 100/1993, toda vez que no convivió con el causante el tiempo exigido por la ley, con anterioridad a la fecha del deceso y, (iv) que dada la fecha de fallecimiento de Piedrahita Sánchez, la normativa aplicable al caso, era la L. 100/1993, modificada por la L. 797 de 2003.

A continuación, señaló que al realizar la valoración de la prueba en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, en consonancia con el principio de la libre formación del convencimiento, no se acreditó que la demandante, estuviere conviviendo con el causante para el momento de su muerte, pues si bien “el lazo marital duró por aproximadamente 27 años, como ella misma lo reconoce en el interrogatorio de parte, seis (6) años antes del fallecimiento, el señor Piedrahita Sanchez (sic), se ausentó del hogar y sólo de manera esporádica lo visitaba, aunque siempre respondió por las obligaciones económicas, contraídas en relación con la actora y con sus hijos”.

Adujo, que aun cuando la jurisprudencia ha adoctrinado que la convivencia no necesariamente debe darse bajo el mismo techo, “si (sic) es imperioso que exista entre la pareja el ánimo de convivir, la firme intención de seguirse prodigando ayuda y auxilio mutuo y la voluntad de seguir manteniendo una comunidad de vida, propia de una relación de pareja”, por lo que puede ocurrir que, incluso viviendo bajo el mismo techo, no existan estas especiales condiciones, caso en el que el juez debe descartar la conveniencia, “como ha debido valorarla en aquellos casos en que no se presentó, por razones ajenas a la voluntad de la pareja”.

Recordó que la negativa del reconocimiento de la pensión deprecada por parte del ISS, obedeció a que la actora no acreditó la convivencia, según la investigación administrativa que “no fue allegada al proceso”; señaló que tal requisito debió probarse en el proceso, pero que los testimonios recaudados resultaron insuficientes para tales efectos, y concluyó:

Indudablemente la pareja, casados durante largo tiempo, tuvieron hijos y convivieron juntos, pero varios años antes de la muerte del conyugue, éste se ausentó del hogar, por su “capricho”, quedando a partir de ese momento descartada la permanencia, el apoyo, la ayuda y el socorro mutuo, que según el dicho de los testigos y de la misma actora, se echa de menos.

Corolario de todo lo expuesto, atendiendo a que no se acreditó por la demandante la convivencia con el afiliado fallecido, en los términos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de sobrevivientes, la sentencia absolutoria de primera instancia se confirmará.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte CASE la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque el fallo del a quo y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda (fls. 6-12 del cdno. de la Corte).

Para el efecto, formuló dos cargos que fueron replicados simultáneamente dentro del término legal y que se estudiarán de manera conjunta, con vista a la oposición y por denunciar un mismo elenco normativo, valerse de idénticos argumentos y perseguir un fin común.

VI. Primer cargo

Denuncia que la sentencia recurrida incurrió en la violación directa, por interpretación errónea del “artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con los artículos 50, 141, 142 de la Ley 100 de 1993, 61 del Código de Procedimiento Laboral. Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

Para sustentar el cargo, luego de reproducir apartes del fallo recurrido y del artículo 42 Superior, señala que la interpretación de las normas de la seguridad social deben efectuarse no solo con apego a los fines del “Estado Social y Democrático de derecho”, sino también de aquéllos “que se trazó el Constituyente al elevar a rango Constitucional esa especial protección a la familia”. Así, refiere que la finalidad de las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes es proteger el núcleo familiar de los asegurados o pensionados “ante la calamidad más grande que sufre el ser humano que es la muerte” y que si bien el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 —que reproduce—, consigna que para acceder a esa prestación es necesaria la convivencia de por lo menos 5 años antes del deceso del causante, “esa sola hipótesis no la contempla la norma en cita, sino otras”.

Afirma que la disposición referida establece que cuando los cónyuges se encuentren separados de hecho, “y aún (sic) existiendo compañera permanente”, hay lugar a la pensión de sobrevivientes, siempre que no se haya liquidado la sociedad conyugal, tal y como lo dispone el inciso final de la norma que —afirma—, pasó el examen de Constitucionalidad mediante sentencia C-1035 de 2008, en el entendido de que “además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido”.

Refiere que en este caso, quedó fuera de discusión la no existencia de compañera, “por tanto, como la norma le otorga el derecho a una cuota parte aunque estén separados de hecho, bajo el supuesto de que se haya liquidado la sociedad conyugal, es claro que la demandante tiene derecho a la pensión, la que se debe otorgar en un 100%, a que es beneficiaria única por no existir otro reclamante”.

Concluye que contrario a lo establecido por el ad quem, la convivencia no es necesariamente presupuesto de adquisición del derecho a la pensión de sobrevivientes, dado que lo que consagra el lit. b del inc. 3 del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, es que, “aunque no exista vida en común entre los cónyuges, pero se mantenga la unión conyugal, el derecho a la pensión es agible a derecho”.

VII. Cargo segundo

Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, el mismo conjunto normativo expuesto en la proposición jurídica del cargo anterior y, para sustentar el cargo, acude a idénticos planteamientos.

VIII. Réplica

Al oponerse a la prosperidad del ataque, aduce el replicante que los cargos formulados no tienen vocación de prosperidad, en la medida que el pilar fundamental de la sentencia consistió en que la demandante no probó su convivencia con el de cujus “al momento del fallecimiento”, por lo que el recurrente, debió acudir a la vía indirecta, para combatir el supuesto yerro probatorio.

Refiere que la interpretación que hace la censura del inciso final del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, “es la de que el derecho a acceder a una sustitución pensional deriva de la simple condición de existencia de un vínculo matrimonial del cual no se ha liquidado la sociedad conyugal, dejando de lado el importante escenario de la convivencia como requisito indispensable que es, según la ley y la jurisprudencia”, cuando es sabido que la acreditación de la convivencia al momento de la muerte del afiliado, “es absolutamente necesario e indispensable”, en tanto aquél constituye un requisito sine quanon para que pueda concederse la sustitución pensional, conforme lo ha ratificado la jurisprudencia nacional.

Apoya su postura en lo adoctrinado por esta, en sentencia CSJ SL, 8 sep. 2009, rad. 36448, de la que reproduce algunos apartes, luego de lo cual concluye que “el hecho generador del derecho pensional es la efectiva convivencia al momento del fallecimiento del pensionado y no la existencia de un vínculo matrimonial que no se ha disuelto”.

VI. Consideraciones

Dada la vía escogida, no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos acreditados en el proceso: (i) que Gildardo de Jesús Piedrahita Sánchez, falleció el 7 de marzo de 2004, y para entonces se encontraba afiliado al ISS por los riesgos de IVM; (ii) que cotizó 81 semanas en los 3 años anteriores al deceso, según resolución 27441 del 16 de noviembre de 2006 (fls. 4 a 6); (iii) que la accionante contrajo matrimonio con el causante el 16 de mayo de 1970 (fl. 8), cuya sociedad conyugal permaneció vigente y que convivieron “por aproximadamente 27 años”, pues durante los 6 años anteriores a su fallecimiento, el causante “se ausentó del hogar” (fl. 103); (iv) que éstos para el momento de la muerte, se encontraban separados y no convivían bajo el mismo techo; (v )que la actora en calidad de cónyuge supérstite, el 23 de marzo de 2004, solicitó a la entidad demandada la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada por no haber acreditado la convivencia con el causante en los últimos 5 años anteriores al deceso y, (vi) que el de cujus no tuvo compañera permanente alguna.

El recurrente hace consistir la inconformidad en sede de casación, en que la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes a la luz de lo preceptuado en la Ley 797 de 2003, artículo 13, que modificó la Ley 100 de 1993, artículo 47, porque que la unión conyugal se mantuvo vigente por no estar liquidada la sociedad, que es lo que —en su sentir— legítima el otorgamiento de la prestación deprecada, sin que se requiera en este caso la vida en común de pareja, máxime cuando quedó acreditado que el causante no hizo vida en común de pareja con otra persona.

Así las cosas, la controversia queda contraída a determinar jurídicamente si la cónyuge tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por haber permanecido vigente la unión o sociedad conyugal, pese a no haber convivido con el afiliado en los últimos 5 años anteriores a su muerte, quien en ese lapso, no tuvo compañera permanente alguna, según lo dejó establecido el ad quem.

Planteadas así las cosas, debe comenzar la Sala por señalar, que tal como lo estableció el Tribunal, la norma que gobierna la situación pensional aquí debatida, no es otra que la citada Ley 797 de 2003, artículo 13, que modificó la Ley 100 de 1993, artículo 47, si se tiene en cuenta el hecho indiscutido de que el afiliado Gildardo de Jesús Piedrahita Sánchez, falleció el 7 de marzo de 2004.

Dicha preceptiva reguló íntegramente lo referente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en los siguientes términos:

Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con éste. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

(En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo). Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente (…). (resalta y subraya la Sala).

El texto entre paréntesis fue declarado exequible condicionalmente mediante sentencia C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional, en el entendido de que “además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido”.

Ahora bien, acerca de la correcta interpretación de la parte pertinente de la norma transcrita, la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse y referirse al grupo de beneficiarios que interesa al presente recurso extraordinario, esto es, el(a) cónyuge y el(a) compañero (o) permanente.

Es así, que en sentencia CSJ SL, 20 may. 2008, rad. 32393, en la cual se rememoró la decisión CSJ SL, 5 abr. 2005, rad. 22560, se adoctrinó que frente al “nuevo texto de la norma, mantiene la Sala su posición de que es ineludible al cónyuge supérstite o compañero (a) permanente, la demostración de la existencia de esa convivencia derivada del vínculo afectivo con el pensionado o afiliado al momento de su fallecimiento y, por lo menos, durante los cinco años continuos antes de este”, por cuanto al perderse esa vocación de convivencia, se deja de ser miembro del grupo familiar del otro y, bajo tal supuesto, también se dejaría de ser beneficiario de su pensión de sobrevivientes.

Posteriormente, en providencia CSJ SL, 4 nov. 2009, rad. 35809, esta corporación puntualizó que el juzgador debe analizar cada caso, en tanto puede ocurrir que la interrupción de la convivencia, obedezca a una situación que no conlleve la pérdida del derecho, pues “con relación al texto del aparte a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, que si bien exige al cónyuge, compañera o compañero permanente, una convivencia con el fallecido de 5 años continuos antes del deceso, no del todo puede afirmarse, categóricamente, como lo sostuvo el Tribunal, que ese lapso debe ser ininterrumpido, porque habrá casos en que las circunstancias impongan la interrupción, que no hacen perder la intención de convivir, y por ello no implica, entonces, per sé, la pérdida del derecho”.

Este criterio está acorde con lo también expuesto en providencias CSJ SL, 28 oct. 2009, rad. 34899, reiterada en CSJ SL, 1º dic. 2009, rad. 34415 y CSJ SL, 31 ago. 2010, rad. 39464, respectivamente, oportunidad en la cual se dijo “el alcance y entendimiento que le dio el sentenciador de segundo grado al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2002 (sic), no resulta desacertado, pues de conformidad con dicha preceptiva, la convivencia entre los cónyuges no desaparece por la sola ausencia física de alguno de los dos, cuando ello ocurre por motivos justificables, como de salud, oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre otros”.

Así las cosas, en cualquiera de las hipótesis que trae el aludido art. 13, es requisito indispensable para acceder a la pensión de sobrevivientes la exigencia de la convivencia real y efectiva, aún frente al último evento en el que concurren la cónyuge y la compañera permanente, con o sin convivencia simultánea con el causante (inc. 3º lit. b).

Igualmente, en fallo CSJ SL, 29 nov. 2008, rad. 32393, rad. 40055, se precisó el anterior criterio, en el sentido de que la hipótesis de la Ley 797 de 2003, art. 13, lit. b, inc, 3º, solo aplica para el evento en que, luego de la separación de hecho de un cónyuge con vínculo matrimonial vigente, el causante establezca una nueva relación de convivencia y concurra un compañero o compañera permanente, caso en el cual la convivencia de los 5 años de que habla la norma para el cónyuge que va a recibir una cuota parte, puede ser cumplida en “cualquier tiempo”. En esta oportunidad, así se pronunció la Sala:

(….) la conclusión que se obtiene de la expresión “La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente…”, porque esa referencia no deja lugar a dudas de que el cónyuge que conserva con vigor jurídico el lazo matrimonial tendrá derecho a una cuota parte de la prestación. De tal modo, en caso de que, luego de la separación de hecho de su cónyuge, el causante establezca una nueva relación de convivencia, en caso de su fallecimiento el disfrute del derecho a la pensión deberá ser compartido entre el cónyuge separado de hecho y el compañero o compañera permanente que tenga esa condición para la fecha del fallecimiento, en proporción al tiempo de convivencia.

Con el fin de delimitar el ámbito de aplicación de la norma, considera la Corte que, desde luego, la referencia que en aquella se hace a la cónyuge, también debe entenderse efectuada respecto del cónyuge, pues, de no entenderse así la disposición, se establecería una discriminación por razón de género que, en la actualidad no tendría justificación, en tanto que, claramente, sería violatoria del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.

Es indudable que el precepto en cuestión establece como condición que la convivencia “haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante”; pero un análisis de esa disposición legal, en su contexto, permite concluir que, de la forma como está redactada, ese requisito se predica respecto de la compañera o del compañero permanente, mas no del cónyuge porque, con claridad, no se refiere a éste sino a aquéllos, ya que está escrita, en la parte que interesa, en los siguientes términos: “…la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante”.

Para la Corte no tendría ningún sentido y, por el contrario, seria carente de toda lógica, que al tiempo que el legislador consagra un derecho para quien “mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho”, se le exigiera a esa misma persona la convivencia en los últimos cinco (5) años de vida del causante; porque es apenas obvio que, cuando se alude a la separación de hecho, sin lugar a hesitación se parte del supuesto de que no hay convivencia, ya que en eso consiste la separación de hecho: en la ruptura de la convivencia, de la vida en común entre los cónyuges.

Sin embargo, debe la Corte precisar que, siendo la convivencia el fundamento esencial del derecho a la prestación, el cónyuge separado de hecho debe demostrar que hizo vida en común con el causante por lo menos durante cinco (5) años, en cualquier tiempo, pues de no entenderse así la norma, se restaría importancia al cimiento del derecho que, se insiste, es la comunidad de vida; al paso que se establecería una discriminación en el trato dado a los beneficiarios, sin ninguna razón objetiva que la justifique, pues, como se ha visto, al compañero o a la compañera permanente se le exige ese término de convivencia, que es el que el legislador, dentro del poder que tiene de configuración del derecho prestacional, ha considerado que es el demostrativo de que la convivencia de la pareja es sólida y tiene vocación de permanencia, de tal suerte que da origen a la protección del Sistema de Seguridad Social” (resalta y subraya la Sala).

Interpretación ésta que fue ampliada, en decisiones CSJ SL 24 ene. 2012, rad. 41637 y CSJ SL, 13 de mar. 2012, rad. 45038, en el sentido que lo dispuesto en la L. 797 de 2003, art. 13, lit. b, inc, 3º el inciso 3º y la postura de otorgarle una cuota parte o la pensión a “quien acompañó al pensionado u afiliado, y quien, por demás hasta el momento de su muerte le brindó asistencia económica o mantuvo el vínculo matrimonial, pese a estar separados de hecho, siempre y cuando aquel haya perdurado los 5 años a los que alude la normativa, sin que ello implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento, sino en cualquier época”, se debe aplicar también en los casos en que no exista compañera o compañero permanente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, toda vez que “si el derecho incorporado en ese literal, otorgaba esa prerrogativa a la (el) cónyuge cuando mediaba una (un) compañera (o) permanente, no podía existir argumento en contra, ni proporcionalidad alguna, que se le restara cuando aquella no se hallaba, pues entonces la finalidad de la norma no se cumplía, es decir, no se proveía la protección al matrimonio que el legislador incorporó, haciendo la salvedad, de que la convivencia en el matrimonio, independientemente del periodo en que aconteció, no podía ser inferior a 5 años, según lo dispuesto en la preceptiva””, con lo cual el contenido de la citada norma, armoniza con los criterios de equidad y justicia, lo que implica un estudio en particular para cada asunto que se someta a escrutinio, postura que fue recientemente reiterada en la sentencia SL11027-2014.

Bajo el criterio a que se ha hecho alusión, resulta evidente que el Tribunal interpretó erróneamente la norma cuestionada, inc. 3º del lit. b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, al no hacer derivar de su texto la posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes, cuando la cónyuge con vínculo matrimonial vigente, tuviera una convivencia real y efectiva, por los cinco años que alude dicho precepto cumplidos en cualquier época, aun cuando no exista o concurra compañero o compañera permanente, por lo cual habrá de casarse la sentencia recurrida en su totalidad.

Sin costas en sede de casación por cuanto salió avante el recurso.

En sede de instancia y para mejor proveer, se ordena oficiar a Colpensiones, con el propósito de que en el término de quince (15) días, allegue la prueba de las cotizaciones efectuadas por Gildardo de Jesús Piedrahita Sánchez, durante su vida laboral.

Lo anterior, porque se advierte una inconsistencia en cuanto al número de semanas cotizadas por el referido causante, pues si bien en la Resolución 27441 de 14 de noviembre de 2006 (fl. 4 a 6), se afirma que completó “1055 semanas entre la fecha en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la muerte”, ello difiere de lo consignado en las historias laborales obrantes a folios 30 a 40 y 50 a 60 del plenario.

VII. Decisión 

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 13 de septiembre de 2010, en el proceso ordinario adelantado por María Gerardina Vélez Carvajal contra el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones.

En sede de instancia, para mejor proveer, se ordena oficiar a Colpensiones, con el propósito de que en el término de quince (15) días, allegue la prueba de las cotizaciones efectuadas por Gildardo de Jesús Piedrahita Sánchez, durante su vida laboral.

Sin costas en casación, como quedó indicado en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, presidenta de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.