Sentencia SL12223-2014 de septiembre 3 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación: 44679

Acta 31

Magistrada ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., tres de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

Tal y como lo planeta la censura, si el tribunal dio por establecido que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 1º de julio de 1991 y el 30 de noviembre de 2003, en virtud del cual la demandante tuvo la calidad de trabajadora oficial del ISS y era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo (2001-2004), debió advertir que conforme al artículo 5º de dicho acuerdo convencional, por regla general, los trabajadores del ISS se vinculan mediante contrato a término indefinido, a excepción de los que ingresen para desempeñar labores netamente transitorias.

En efecto, la cláusula 5º en comento, en el aparte pertinente establece:

Los trabajadores oficiales se vinculan al Instituto mediante contrato de trabajo escrito, a término indefinido, el cual tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen. Excepcionalmente, para labores netamente transitorias, el Instituto celebrará contratos de trabajo escritos, a término fijo, y tantas veces como sea necesario, cuya duración no puede ser superior a la del cargo que se reemplaza, para cubrir vacancias temporales, por licencias de maternidad, incapacidades, vacaciones, licencias voluntarias sin remuneración, suspensión por orden judicial o administrativa, permisos sindicales, compensatorios, comisiones de estudio y por duración de la obra o labor y para cubrir vacancias definitivas mientras se realiza el proceso de selección.

Los servidores del instituto, vinculados a la firma de la presente convención, no clasificados como empleados públicos en los estatutos del ISS son trabajadores oficiales con contrato de trabajo a término indefinido; a estos servidores no se les aplica el período de prueba, ni el plazo presuntivo. No obstante, aquellos servidores del instituto que se vincularon a partir del 1º de enero de 1995 con antiguo nombramiento provisional y se vinculen o se hayan vinculado a partir del 20 de noviembre de 1996 como trabajadores oficiales, en su contrato de trabajo se incluirá el período de prueba de dos (2) meses y el plazo presuntivo (resaltado propios de la Sala).

Desde esta perspectiva, si en el sub examine, las funciones que desarrolló la actora no eran netamente transitorias, y por tanto, no encajaban dentro de los eventos contemplados en la preceptiva convencional que permiten la celebración excepcional de contratos a término fijo, debía concluirse que la duración de su vínculo era indefinida.

Este fue el criterio acogido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL, 12 dic. 2007, rad. 29152, reiterado en providencias CSJ SL, 24 jun. 2009, rad. 32.547, CSJ SL, 1º Jul. 2009, rad. 33.101, CSJ SL, 10 feb. 2010, rad. 35019, CSJ SL, 31 ago. 2010, rad. 37373, CSJ SL, 1º feb. 2011, rad. 39842, CSJ SL, 31 ene. 2012, rad. 43175, CSJ SL579-2013, entre muchas otras, en las cuales al estudiar la cláusula convencional de estabilidad laboral de los trabajadores del ISS y su incidencia sobre las modalidades contractuales llamadas a regir sus relaciones de trabajo, ha dicho:

Del contenido de la cláusula parcialmente trascrita se infiere que si la promotora del pleito fue trabajadora oficial, su relación laboral estuvo regida por un contrato de trabajo que debe entenderse es de término indefinido, pues las labores para las que fue contratada no encajan dentro de las que permiten la excepcional celebración de contratos escritos a término fijo, según lo dispuesto en ese precepto convencional.

El yerro fáctico que se le enrostra al tribunal se hace más palpable aun si se tiene en cuenta que conforme al artículo 117 del mismo cuerpo convencional Toda vinculación de personal que efectué el Instituto para desempeñar actividades y funciones en los cargos de las plantas de personal para los trabajadores oficiales, deberá hacerse mediante contrato de trabajo a término indefinido, lo cual, reafirma la conclusión a la que arrima esta Sala de Casación en el sentido que la tipología contractual que gobernó la relación de las partes fue un contrato a término indefinido.

Por lo expuesto, se casará la sentencia recurrida. No se impondrán costas en el recurso extraordinario dado que la acusación tuvo éxito.

IX. Sentencia de instancia

Como quiera que en el presente asunto el contrato de trabajo a término indefinido terminó sin que existiera alguna de las justas causas estipuladas en el Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 7º, dado que, el vencimiento del plazo pactado en el contrato de prestación de servicios no tiene efectos para su finalización (CSJ SL, 7 oct. 2008, rad. 32490), a más de que no se cumplió trámite alguno en forma previa, procede el reintegro de la actora sin solución de continuidad, conforme lo estatuye la cláusula 5ª de la convención colectiva de trabajo, así:

El instituto garantiza la estabilidad en el empleo de sus trabajadores oficiales y en consecuencia no podrá dar por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo sino tan solo por alguna de las justas causas debidamente comprobadas y establecidas en el artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, con previo cumplimiento de lo contemplado en el artículo 1º del mismo decreto y de lo establecido en el inciso 16 del artículo 108 de esta convención colectiva. No producirá efecto alguno la terminación unilateral de un contrato de trabajo que se efectúe pretermitiendo lo estipulado anteriormente y en consecuencia, el trabajador, mediante sentencia judicial, tiene derecho al restablecimiento del contrato mediante reintegro en las mismas condiciones de empleo de que gozaba anteriormente, sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir (…).

No sobra acotar que si bien a la luz del Decreto 1750 de 2003, a partir del 26 de junio de 2003, se escindió del Instituto de Seguros Sociales la vicepresidencia de prestación de servicios de salud, las clínicas y centros de atención ambulatoria, quedando sus servidores públicos automáticamente vinculados, sin solución de continuidad, a las nuevas empresas sociales del Estado creadas mediante ese decreto, dicho proceso no afectó la relación jurídica de las partes, ni operó frente a la actora una sustitución patronal.

En efecto, a folios 29-30 reposa el último contrato de prestación de servicios suscrito entre la vicepresidenta administrativa en nombre y representación del ISS y la demandante, con vigencia del 1º de julio de 2003 al 30 de noviembre de la misma anualidad, documento que indica que fue directamente el ISS quien contrató los servicios de la actora con posterioridad a la escisión, a través de su vicepresidencia administrativa, área que como se sabe, no fue afectada por el proceso de escisión.

Reafirma ello, el hecho que en fecha anterior a la escisión quien suscribió la prórroga del contrato de prestación de servicios fue el vicepresidente IPS (fl. 45), y a partir del 16 de abril de 2003, es decir, ad portas de iniciarse el proceso de escisión, quien retomó la contratación de la demandante en nombre y representación del ISS fue la vicepresidenta administrativa (fls. 41-44), lo cual apunta a que si bien inicialmente la actora se encontraba vinculada a la vicepresidencia de prestación de servicios de salud, posteriormente pasó a ser parte de la vicepresidencia administrativa.

Sobre este aspecto, debe recordar la Sala que no todos los cargos relacionados con el área de la salud, quedaron afectados por el proceso de escisión del ISS, en la medida que, en los precisos términos del Decreto 1750 de 2003, artículos 1º y 17, únicamente los servidores públicos de la vicepresidencia de prestación de servicios de salud, de las clínicas y los centros de atención ambulatoria, quedaron vinculados, sin solución de continuidad, a las empresas sociales del Estado creadas mediante ese decreto, lo que significa que aquellos servidores que prestaban sus servicios en otras dependencias o áreas de la entidad, conservaron la naturaleza de su vínculo laboral por seguir siendo trabajadores del ISS.

Así, por ejemplo, esta Corte en Sentencia CSJ SL, 27 sep. 2011, rad. 40940, al estudiar la pretensión de reintegro de un médico general que prestó sus servicios al ISS desde el 26 de diciembre de 1997, habiendo suscrito los dos últimos contratos con la vicepresidencia administrativa de dicha entidad con vigencias del 16 de abril al 30 de junio de 2003 y del 1º de julio al 30 de noviembre de la misma anualidad —tal y como acontece en el sub examine—, dijo:

En efecto, como lo adujo el recurrente, el tribunal no se percató que en el caso particular de la demandante, el Instituto de Seguros Sociales a través del jefe del departamento de recursos humanos, a folio 96 del cuaderno del juzgado, certificó que la actora le prestó servicios como médico general desde el 26 de diciembre de 1997 hasta el 30 de noviembre de 2003, sin que se hiciera salvedad alguna de que hubiera existido alguna interrupción para el 26 de junio de 2003. Por el contrario, en la secuencia de los contratos sucesivos de prestación de servicios que se certificaron se observa su continuidad, es así que respecto a los dos últimos van del “16-ABR-03” al “30-JUN-03” y del “01-JUL-03” hasta el “30-NOV-03”. Así mismo, en esa documental no se manifiesta que a partir del 1º de julio de 2003 las condiciones en que se prestó el servicio hubieran variado respecto de los contratos anteriores, lo cual coincide con la información certificada por el ISS a folios 452 y 453 ibídem.

(…) Ahora, en lo que tiene que ver con el último contrato de prestación de servicios a ejecutarse desde el 1º de julio de 2003, visible a folios 83 a 85 ídem, esto es, luego de la escisión ordenada por el Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, nótese que quien continua contratando los servicios de la demandante es el Instituto de Seguros Sociales y no la ESE Rafael Uribe Uribe, dependiendo por tanto la servidora de la “Vicepresidencia administrativa” de dicho Instituto, el cual se beneficia de su trabajo y le paga la remuneración. De ahí que la correcta apreciación de esta prueba documental, no puede llevar a concluir que a diferencia de los contratos que le preceden, éste si tiene la “validez” de un contrato de prestación de servicios independiente, y en tales condiciones se estructura fehacientemente el desatino protuberante en que incurrió el sentenciador de segundo grado.

Y es que, en el presente asunto, se suma el hecho de que en el último contrato de prestación de servicios suscrito con posterioridad a la escisión consagrada en el Decreto 1750 de 2003, las obligaciones pactadas con la actora eran para con el instituto, el pago de la remuneración estuvo a cargo de este último, entre otra serie de condiciones contractuales que en últimas apuntan a que durante la vigencia de la relación laboral, el ISS no dejo de ser el empleador de la demandante, ni de ejercer su poder de subordinación funcional y administrativa.

Todo lo anterior sin perjuicio de que el ente accionado, al momento de ejercer su derecho de defensa y contradicción en el juicio, no expuso ningún argumento tendiente a demostrar que el proceso de escisión del ISS de una u otra forma afectó la relación jurídica que unió a las partes, o que, la eventual orden de reintegro fuera inviable. De cualquier manera, frente a lo último, debe la Sala recordar que su criterio mayoritario ha sido que el Instituto de Seguros Sociales no puede sustraerse del cumplimiento de las obligaciones convencionales, entre ellas el reintegro de quien ha sido despedido injustamente, cuando con posterioridad a la escisión fungió como empleador. Al respecto, la Corte, en sentencia CSJ SL, 23 sept. 2008, rad. 32131, cuyo criterio fue reiterado en providencia CSJ SL, 2 oct. 2012, rad. 38486, expresó frente a la viabilidad del reintegro de una enfermera profesional que fue contratada directamente por el ISS con posterioridad a la escisión, lo siguiente:

De acuerdo a la vía directa que seleccionó el recurrente, quedan firmes los fundamentos fácticos que dio por establecidos el tribunal, y que se concretan a la real y efectiva prestación de los servicios de la actora para la entidad demandada, en ejecución de un contrato de trabajo; el cargo de enfermera profesional que desempeñaba; la vigencia de las normas convencionales; la naturaleza jurídica del ISS como Empresa Industrial y Comercial del Estado; y que en fecha posterior a la escisión, y después de la creación de la ESE Rafael Uribe Uribe, el 1º de julio de 2003, fue el mismo ISS quien contrató nuevamente los servicios de la demandante.

En el contexto que antecede, si a pesar de la escisión del Instituto de Seguro Sociales, quien siguió fungiendo como empleador de la actora era la entidad de seguridad social demandada, por haber sido quien contrató los servicios de aquella, ningún impedimento puede existir para ordenar su reincorporación al servicio, bajo el argumento del supuesto cambio de empleador.

(…) Así, en sentencia del 22 de noviembre de 2007, radicación 31970, donde además se reiteró lo consignado en la providencia del 13 de septiembre de 2006, radicación 26539, se dijo:

“Pues bien, la Corte ya tuvo oportunidad de referirse en un proceso seguido precisamente en contra de la hoy recurrente en torno a los planteamientos esgrimidos en este cargo; rediscutido el tema que antes era por criterio mayoritario y hoy adoptado por unanimidad, se reitera lo dicho en providencia de 13 de septiembre de 2006, radicación 26539, así:

““En efecto, sostiene el censor que el cargo al que fue reintegrado el actor no se hallaba en la plantilla de personal del ente demandado y que ese instituto fue escindido y reestructurado en su organización, cuestiones a las que no se refirió el fallo impugnado.

““Con todo, cumple advertir que esta Sala de la Corte ha precisado en asuntos seguidos contra la misma entidad demanda, que la inexistencia del cargo al cual se ordena el reintegro de un trabajador oficial en la planta de personal no es razón jurídica que impida la aplicación de las normas convencionales a ese servidor y, precisa ahora, tampoco el cabal cumplimiento de ese reintegro, pues el derecho a la estabilidad laboral de un trabajador no puede verse afectado por las disposiciones internas de la entidad que ha terminado su contrato de trabajo de manera ilegal, aparte de que no existe ningún obstáculo legal para que la plantilla de personal sea ajustada para cumplir con una orden judicial. Y en el caso que nos ocupa, si el cargo del demandante no fue incluido en la plantilla de los trabajadores oficiales del instituto llamado a juicio, es cuestión que no le puede ser a aquel imputable, pues obedeció a la ilegal decisión de esa entidad de no considerarlo como uno de sus trabajadores pese a que, en realidad, como se estableció en el proceso, la prestación personal de sus servicios estuvo regida por un verdadero contrato de trabajo” (resaltado del texto).

Así las cosas, se revocará la sentencia de primer grado, y en su lugar, se ordenará el reintegro de la demandante a un cargo igual o equivalente en el área administrativa del ISS, sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir, desde la fecha de la terminación de su contrato hasta que sea efectivamente reintegrada, para lo cual deberá tenerse en cuenta un salario mensual de $ 825.740, que es el que surge del documento visible a folios 29-30.

Las costas de ambas instancias serán a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 6 de octubre de 2009, por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso adelantado por Ercilia Elena Mojica Henríquez contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2008, por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena.

2. CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a reintegrar a la demandante a un cargo igual o equivalente en el área administrativa del ISS, sin solución de continuidad, con el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir, teniendo en cuenta para el efecto un salario de $ 825.740.

3. DECLARAR no probados los medios exceptivos propuestos por la parte demandada.

4. Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»