Sentencia SL12550-2017 de agosto 23 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 4

SL12550-2017

Radicación: 52571

Acta 7

Magistrada Ponente:

Dra. Ana María Muñoz Segura

Bogotá, D.C., veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por los demandantes concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VII. Consideraciones

Inicia la Sala advirtiendo un error de técnica, por cuanto los censores se refirieron a la violación de normas procesales, en relación con una serie de artículos de carácter sustancial.

El error en que incurrieron los recurrentes consiste en la equivocada acusación de la vulneración de normas propias del Código Sustantivo del Trabajo en materia de prescripción, pasando por alto su condición de trabajadores oficiales y sobre los cuales les fueron reconocidas las pensiones de jubilación, tornándose aplicable lo previsto en las disposiciones especiales para servidores públicos, que es el caso de los demandantes, tales como el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el 102 del Decreto 1848 de 1969 respectivamente.

A pesar de lo anterior, la Sala entiende que la violación del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social acusa las normas sustanciales de prescripción de los trabajadores oficiales por remisión expresa del artículo 4º de las disposiciones generales del Código Sustantivo del Trabajo.

Al respecto, en Sentencia CSJ SL, 31 jul. 2012, rad. 41453, se consignaron los siguientes razonamientos plenamente aplicables al caso objeto de estudio:

Ahora bien, al revisar la situación desde la óptica presentada en el ataque, esto es, que en el sub judice no podían aplicarse los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, precisa recordar que, al punto, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han adoctrinado tesis opuestas a la que sugiere el recurrente.

Ciertamente, las citadas corporaciones han enseñado que cuando el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral se refiere a la prescripción trienal de los derechos que emanen de las ‘leyes sociales’, debe entenderse que cobija también a los empleados públicos, pese a que su régimen laboral esté previsto en sus propios estatutos, porque esas leyes, —las sociales—, abarcan el tema laboral, sin importar el status de trabajador oficial o de empleado público.

En efecto, dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-745 del 6 de octubre de 1999, en referencia al artículo 4º del Código Sustantivo del Trabajo, de cuyo contenido emana que las disposiciones contenidas en esa codificación no se aplican a los servidores públicos, concretamente en lo que al fenómeno de la prescripción corresponde, lo siguiente:

“[…] Sin embargo, ese razonamiento no es de recibo, como quiera que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral expresamente señala el término de prescripción para ‘las acciones que emanen de las leyes sociales”. Así pues, las leyes sociales no sólo son aquellas que rigen relaciones entre particulares, sino que son las normas que regulan el tema laboral, por lo que es una denominación referida a la relación de subordinación entre patrono y trabajador y no su status.

‘En efecto, la interpretación que, en reiteradas oportunidades, ha realizado el Consejo de Estado, también sostiene que el término de prescripción para el cobro de salarios e indemnizaciones por accidentes de trabajo para los trabajadores al servicio del Estado es el que consagran los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código Penal y 41 del Decreto 3135 de 1968, esto es, un término de tres años para todos los casos, pues la ‘prescripción establecida en el citado artículo 151 [del Código de Procedimiento Laboral] se refiere a las acciones que emanen de las leyes sociales, en un sentido general, lo que quiere decir que comprende no sólo las acciones que se refieren a los trabajadores particulares sino también a los que amparan a los servidores oficiales’.

Se encuentra igualmente superado el error pues sólo con referir en debida forma la transgresión de al menos una disposición normativa como el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, le basta a esta corporación para entrar a estudiar y pronunciarse de fondo frente al primer cargo presentado.

La controversia jurídica que los recurrentes plantearon contra el fallo del tribunal, se circunscribe a la aplicabilidad del término de la prescripción en el sub lite.

Frente al caso se tienen como probados los siguientes hechos: (i) que los actores fueron trabajadores oficiales; (ii) que fueron pensionados por Cajanal mediante distintas resoluciones entre 1994 y 2003; (iii) que para la liquidación de la pensión se tomaron los períodos del último tiempo de servicios y los factores de asignación básica y horas extras y; (iv) que son beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Sobre la prescriptibilidad de la reliquidación de la base económica de la pensión por inclusión de factores salariales se ha pronunciado esta corporación en distintas oportunidades. Es así como en la sentencia CSJ SL, 15 julio de 2003, radicado 19557, la Sala modificó el criterio que venía sosteniendo, señalando que es posible que dicha acción y el derecho que le da sustento, puedan verse afectados por el fenómeno de la prescripción extintiva trienal. En el siguiente tenor expuso:

Precisa la Corte que no es dable confundir los hechos en que se funda la demanda de la pensión, cuya declaración judicial de existencia resulta ser imprescriptible (sent. oct. 21/85, rad. 10.842), con los derechos personales o créditos que surgen de la relación laboral y que sirven de base o soporte al cálculo de su valor, los cuales, sí prescriben en los términos de las citadas normas laborales.

No aparece entonces razonable afirmar la extinción de los créditos sociales del trabajador por efectos del acaecimiento de la prescripción al haberse cumplido el plazo trienal establecido por la ley y, a la vez, sostener su vigencia por constituir parte de la base económica de la prestación pensional. Lo lógico y legal es que al producirse la prescripción de la acción personal del trabajador respecto de acreencias laborales o de algunas de ellas, los derechos que ellas comportan se extingan y que no sea posible considerar su existencia para ningún efecto jurídico, dado que al desaparecer del mundo jurídico entran al terreno de las obligaciones naturales que, como es sabido, no tienen fuerza vinculante.

Según lo dicho, como la época de causación del derecho pensional puede o no coincidir con la del establecimiento del monto de la pensión —no de su reconocimiento, que es cosa distinta—, por ser lo cierto que no necesariamente aquélla concuerda en el tiempo con el retiro del servicio del trabajador, que es el que permite, generalmente, fijar la época que cobijan los cálculos necesarios para determinar el monto de la prestación, habrá de distinguirse si los factores salariales que son objeto de reclamo por el pensionado fueron o no pagados por el empleador y, en caso de no haberlo sido, si hubo o no reclamación. En el primer evento, esto es, cuando fueron pagados los presuntos factores salariales base de liquidación, la acción personal del pensionado prescribirá transcurrido el término que para tal efecto prevén los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ello a partir de la fecha del reconocimiento de la pensión; y en el segundo, es decir, cuando no fueron pagados los factores discutidos por el pensionado como no incluidos en la base de la liquidación, se torna vital el momento u oportunidad para que el acreedor durante el término hábil, contado a partir de la exigibilidad de éstos, exija los créditos no satisfechos, porque de lo contrario, si prescribió el derecho a ese pago como factor salarial autónomo, igual suerte tiene el reajuste pensional impetrado por esa causa.

[…].

Las razones expuestas llevan a la Corte a modificar su jurisprudencia —en este aspecto puntual— por ser claro que la prescripción extintiva contemplada en la ley, específicamente en materia laboral, provee la certeza que es necesaria a la relación de trabajo y a las prestaciones recíprocas que de ella se derivan y, en tal sentido, dan claridad, seguridad y paz jurídicas a las partes, saneando situaciones contractuales irregulares que, de otra manera, conducirían a mantener latente indefinidamente el estado litigioso durante toda la vida de los sujetos mientras subsistan beneficiarios de la pensión.

El anterior criterio, se mantuvo intacto como se evidencia en las sentencias CSJ SL, 29 de enero de 2004, radicación 21944; CSJ SL, 9 de agosto de 2005, radicación 24204; CSJ SL, 8 de julio de 2008, radicación 30858; CSJ SL, 20 de octubre de 2009, radicación 34414; CSJ SL, 5 de abril de 2011, radicación 40739, CSJ SL737-2013; CSJ SL5168-2015, entre muchas otras.

Posteriormente, la postura fue revisada y modificada por la Sala en Sentencia SL8544-2016, del 15 de junio de 2016, radicado 45050, en los siguientes términos:

[…] la existencia de renovados y sólidos argumentos en contra del criterio vertido en la Sentencia CSJ SL, 15 de julio de 2003, radicación 19557, y en favor de la tesis de la imprescriptibilidad del derecho al reajuste pensional por inclusión de nuevos factores salariales, imponen hoy a la Sala la rectificación de la postura jurisprudencial atrás reseñada.

[…].

En este sentido, el derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran; si además se tiene en cuenta que una pensión deficitaria no cumple su propósito de garantizar una renta vitalicia digna y proporcional al salario que el trabajador devengó cuando tenía su capacidad laboral inalterada.

[…].

Aunque podría sostenerse que al prescribir los derechos crediticios que emanan de las relaciones de trabajo, éstos desaparecen del mundo jurídico y, por ello, no pueden ser tenidos en cuenta para otros efectos legales, incluidos los pensionales; tal tesis presenta el serio inconveniente de no distinguir y ofrecer un tratamiento particular a dos cuestiones que son bien diferentes: (i) el salario como retribución directa del servicio en el marco de una relación de trabajo, y (ii) el salario como elemento o factor establecido por la ley para la liquidación de las pensiones.

En la primera hipótesis, es claro que el salario constituye un derecho crediticio sujeto a las reglas generales de prescripción previstas en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo, 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 41 del Decreto 3135 de 1968; en la segunda, el salario se redimensiona y adquiere otra calidad, pues deja de ser un derecho patrimonial y se convierte en un elemento jurídico esencial de la pensión.

Naturalmente, esta reconsideración del salario como elemento jurídico consustancial de la pensión, apareja su imprescriptibilidad, pues ya deja de ser un referente aislado para integrarse en la estructura de la prestación pensional y formar con ella un todo indisoluble.

Por lo demás, esta visión del salario y su papel en la consolidación de la pensión, empalma perfectamente con el pensamiento de la Sala en el sentido que los elementos consustanciales a la prestación pensional no prescriben y, por este motivo, pueden ser revisados judicialmente en cualquier momento. Así, se ha dicho jurisprudencialmente que aspectos tales como el porcentaje de la pensión, los topes máximos pensionales, los linderos temporales para determinar el IBL y la actualización de la pensión, no se extinguen por el paso del tiempo, pues constituyen aspectos ínsitos al derecho pensional (CSJ SL, mayo 19/2005, rad. 23120; CSJ SL, dic. 5/2006, rad. 28552; CSJ SL, ene. 22/2013, rad. 40993; CSJ SL6154-2015).

En este orden de cosas, debe entenderse que así como no son susceptibles de desaparecer por prescripción extintiva esas cuestiones innatas de la pensión, tampoco deben serlo los factores salariales, pues tanto unos como otros son elementos estructurales y definitorios de la prestación, por manera que, en la actualidad no existe un principio de razón suficiente para seguir sosteniendo la prescriptibilidad del reajuste por inclusión de nuevos factores salariales.

Adicional a esta crítica y a la consideración de la imprescriptibilidad de la acción de revisión pensional por inclusión de factores salariales, esgrimida con apego en el carácter inalienable del derecho fundamental a la pensión, salen en defensa de la tesis que hoy acoge la Sala, los siguientes argumentos:

(1º) La jurisprudencia de la Corte, desde hace muchos años, ha asegurado que la pensión genera un arquetípico estado jurídico en las personas: el de jubilado o pensionado, que da derecho a percibir de por vida, una suma mensual de dinero. En esa línea, no puede ser objeto de prescripción, dado que este fenómeno afecta los derechos, más no los estados jurídicos de los sujetos.

[…].

En este orden de ideas, las personas tienen derecho a que en todo momento se declare su status de pensionado y se defina el valor real de su pensión, teniendo en cuenta que este último aspecto es una propiedad indisoluble de la calidad que les otorga el ordenamiento jurídico.

(2º) El estado jurídico de pensionado o jubilado implica el derecho a percibir mensualmente una renta, producto del ahorro forzoso, del trabajo realizado en vida o de cuando se tenía plena capacidad para laborar. De ahí, el carácter vitalicio del derecho, inextinguible por prescripción, y la connotación de tracto sucesivo de las prestaciones autónomas que de él emanan; todo lo cual significa que, si bien es imprescriptible el derecho a la pensión o, si se quiere, el estado de pensionado, sí son esencialmente prescriptibles sus manifestaciones patrimoniales, representadas en las mesadas pensionales o en las diferencias exigibles.

(3º) La postura jurisprudencial que hoy nuevamente se retoma tiene la bondad de superar una situación de desigualdad procesal en el tratamiento que la jurisdicción ordinaria laboral y la contenciosa administrativa le venía ofreciendo a las personas que solicitaban la revisión de sus pensiones por defectos o incorrecciones en su liquidación.

[…].

(4º) Por último, debe subrayarse que la postura de la Sala, antes que atentar contra el principio de la seguridad jurídica, termina afianzándolo, puesto que las condiciones de seguridad y certeza en el derecho existen cuando las normas jurídicas se interpretan y aplican correctamente, en aras de que sean consistentes con las demás disposiciones e instituciones y compatibles con los valores del ordenamiento jurídico en general.

[…].

Por todo lo anterior, esta Sala recoge el criterio jurisprudencial expuesto en la Sentencia CSJ SL, 15 de julio de 2003, radicación 19557 y, en su lugar, postula que la acción encaminada a obtener el reajuste de la pensión por inclusión de factores salariales, no está sujeta a las reglas de prescripción, motivo por el cual, puede demandarse en cualquier tiempo la revisión de las pensiones. Igualmente, se aclara que si bien es inextinguible por prescripción el derecho al reajuste de la pensión, sí continúan sujetas a las reglas generales de prescripción previstas en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo, 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 41 del Decreto 3135 de 1968, las diferencias en las mesadas originadas como consecuencia de una reliquidación judicial”.

Se concluye de lo anterior, que para la Sala hay imprescriptibilidad en la reliquidación de las mesadas pensionales como consecuencia de la inclusión de prestaciones sociales.

A priori, podría pensarse que por estas razones el cargo prosperaría, sin embargo, en esta oportunidad no es posible por cuanto, aun por razones distintas, la Corte en sede de instancia llegaría al mismo resultado infructuoso respecto de la pretensión principal de la demanda.

Por otra parte, la Sala debe resolver si la pensión de vejez de los actores, siendo beneficiarios del régimen de transición, debió liquidarse con base en todos los factores salariales antes mencionados y no con lo previsto en el artículo 18 y 36 de la Ley 100 de 1993 como lo resolvió el ad quem.

Esta corporación ha venido sosteniendo de forma repetida, unívoca y pacífica, que el régimen de transición del sistema general de seguridad social en pensiones garantiza en relación con el régimen anterior, únicamente en tres aspectos: (i) edad; (ii) el tiempo de servicios o semanas cotizadas y; (iii) el monto de la pensión. En los demás aspectos tales como la base reguladora o el ingreso base de liquidación se rigen íntegramente por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Así lo ha reiterado en sentencias tales como: CSJ SL, 15 de febrero de 2011, radicación 44238; CSJ SL, 17 de abril de 2012, radicación 53037; CSJ SL 570-2013; CSJ SL4649-2014; CSJ SL2982-2015; CSJ SL7021-2016, entre otras.

Importa señalar que la Corte Constitucional, en reciente Sentencia de Unificación SU230-2015, cambió su criterio interpretativo acerca del IBL, y en su lugar, suscribió expresamente el de esta corporación, estableciendo que el IBL de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en esta norma, en razón a que, el concepto de monto hace referencia al porcentaje y no a la base reguladora. En dicha sentencia la Alta Corporación señaló:

[…] la interpretación dada por la Sala Plena de la Corte Constitucional es acorde con la sostenida por la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria laboral. […] En reiterados pronunciamientos este tribunal de la jurisdicción ordinaria, ha sosteniendo que el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 conservó para sus beneficiarios la aplicación de la normativa anterior en lo relativo a edad, tiempo de servicios y “monto” de la prestación, pero no en lo relacionado con el “ingreso base de liquidación”, el cual está sometido a la definición consagrada en el inciso 3º del artículo 36 de la citada ley. Para esa corporación el “monto” solo se refiere al porcentaje de la base salarial, sin que esta haga parte integrante de aquel, por lo menos en lo que al régimen de transición se refiere, razón por la cual han precisado que se trata de dos nociones distintas e independientes.

En el caso de los demandantes, en lo correspondiente a la edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y el monto de la pensión se aplica lo estipulado en las normas del régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

Así las cosas, es pertinente remitirse a lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 que señala la base para calcular las cotizaciones la cual corresponde al salario mensual. Así mismo, hay que observar lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 ibídem que para liquidar la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición cuando les falten menos de 10 años para adquirir el derecho establece que «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior».

La Sentencia CSJ SL1752-2017, que abordó hechos similares al caso que nos ocupa, señaló:

No obstante, el ingreso base de liquidación para esta pensión se determina con base en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, respecto de los factores que constituyen dicho ingreso, debe acudirse al artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, que fija como factores salariales: la asignación básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica, cuando sea factor de salario, las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna y la bonificación por servicios prestados.

Así mismo, sobre este tema se pronunció la Sala en la Sentencia SL11257-2006, indicando:

De tiempo atrás esta corporación ha sostenido, en lo atinente a la liquidación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición y los factores salariales a incluir, que la interpretación correcta es aquella que se encuentra no solo acorde con la naturaleza y características del régimen de transición, sino con las del sistema general de pensiones, que, por tener una especial connotación contributiva, determina y concibe el monto de sus prestaciones en función de las cotizaciones efectuadas.

De manera que, atendiendo los precitados postulados, la liquidación de las pensiones de las personas beneficiarias de la transición debe hacerse con base en los ingresos recibidos por el afiliado que, de conformidad con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, sirven de base para el cálculo de las cotizaciones que deben realizarse al sistema general de pensiones. Así pues, en Sentencia SL3839-2015, esta Sala de la Corte, al resolver un caso de similares contornos al aquí estudiado, expresó:

“De lo que viene de decirse, se concluye que toda vez que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no puntualiza cuáles son los elementos o factores salariales que conforman el ingreso base de liquidación, ante esa omisión es dable acudir al artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 para establecerlo, de conformidad con lo señalado por el artículo 18 de la Ley 100 de 1993.

Por lo tanto, no encuentra la Corte razones para modificar el que ha sido su criterio, expuesto, entre otras, en la sentencia del 26 de febrero de 2002, radicación 17192, que aquí se ratifica y en la que se explicó:

“El artículo 36, inciso 3º, de la Ley 100 de 1993, no define los elementos integrantes de la remuneración del afiliado sujeto al régimen de transición, que conforman el ingreso base para calcular el monto de las cotizaciones obligatorias al sistema general de pensiones, ni tampoco los que deben conformar el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, sino que establece los periodos de remuneración que deben tomarse en cuenta para determinar este ingreso.

Por consiguiente, para los referidos efectos resulta indispensable remitirse a lo que dispone el artículo 18 de la ley de seguridad social en cuanto define que el salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y que el salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será el que se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992. Y no debe perderse de vista lo que precisaron las normas reglamentarias al respecto para trabajadores particulares y para servidores públicos.

Surge entonces de lo expuesto que el juzgador de segundo grado no se equivocó al aplicar en este caso el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1158 de 1994 que señala los factores que determinan el salario mensual de base para calcular las cotizaciones al sistema general de pensiones de los servidores públicos, dado que esta disposición forma parte de dicho régimen y en ella no se hace exclusión de ninguna clase”.

De conformidad con todo lo expuesto, no le asiste razón a la censura, frente a que la norma llamada a integrar la liquidación de su prestación era el Decreto 1045 de 1978.

Aun cuando el cargo es fundado, no está llamado a prosperar.

VIII. Segundo cargo

La sentencia recurrida viola directamente la ley sustancial, por infracción directa de los artículos 1º Ley 33 de 1985 y 45 del Decreto 1045 de 1978, en relación con los artículos 3º Ley 33 de 1985, 1º Ley 62 de 1985, 13, 16, 19, 20, 21, 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º de la Ley 71 de 1988; 1º, 9º, 10, 14, 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993.

Desarrollo del cargo

Señaló la censura que el ad quem reconoció que en el caso del demandante, Cayetano Pérez Carvajal, no operó el fenómeno de la prescripción, pero erró al determinar que éste no tenía derecho a la reliquidación de la pensión. A su juicio, también se equivocó el tribunal cuando estableció que el subsidio de transporte, primas de navidad, de vacaciones, de alimentación y semestral, no hacen parte de los factores salariales que debieron tenerse en cuenta para liquidar la pensión de jubilación del señor Pérez Carvajal. Por lo anterior, alegaron que el ad quem desconoció «totalmente» lo previsto el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 que dispone que los mencionados factores salariales se deben incluir en la respectiva liquidación de la pensión.

Por otro lado, para sustentar su argumento sobre la aplicabilidad del principio de favorabilidad en el sub examine citaron varias sentencias de esta corporación, entre ellas la CSJ SL, 17 de marzo de 2009, radicado 34251, que sostuvo:

Ciertamente nada impide que un afiliado a la seguridad social que reúna los requisitos en distintos regímenes, se acoja a aquella normatividad que más le favorezca, eso sí se insiste, siempre y cuando cumpla con todas las exigencias de ese régimen que le es más beneficioso, y bajo la condición de que se le aplique en su integridad; la única combinación de elementos de sistemas es la permitida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, concluyeron que sin ninguna razón el tribunal se reveló contra las disposiciones acusadas, ya que de haber aplicado el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 habría realizado en debida forma la liquidación del señor Pérez Carvajal.

IX. Consideraciones

Adujo la censura que el ad quem violó las normas sustanciales por la falta de aplicación del artículo 1º de la ley 33 y 45 del Decreto 1045 de 1978 en lo que respecta al caso del demandante Cayetano Pérez Carvajal. Alegó que bajo el principio de la favorabilidad debían aplicarse las normas antes descritas. Frente a esto el tribunal se pronunció así:

Por ello, es pertinente remitirse a lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 que indica que la base para calcular las cotizaciones será el salario mensual, norma que en armonía con el artículo 6º del Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 señala que la base para calcular las cotizaciones al sistema general de pensiones de los servidores públicos incorporados como se dijo anteriormente, estaría constituido por los siguientes factores:

a) Asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación;

c) La prima técnica, cuando ésta sea factor de salario;

d) La remuneración por trabajo dominical y festivo;

e) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna, y

f) La bonificación por servicios.

[…]

Por ello es evidente para esta corporación que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, CAJANAL, no incurrió en omisión alguna al determinar que el ingreso base de la mesada pensional del señor Cayetano Pérez Carvajal sólo se conformaba por el promedio de lo devengado en cuanto a la asignación básica mensual y a las horas extras, quedando así por fuera lo reclamado a través del presente proceso […]

Teniendo en cuenta los argumentos utilizados por la Sala para resolver lo concerniente al IBL en el primer cargo, no erró el tribunal al considerar que los artículos que regulan el sub examine debieron ser el artículo 18 y el 36 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, el cargo no prospera.

X. Tercer cargo

La sentencia recurrida viola indirectamente la ley sustancial, por aplicación indebida del artículo 6º del Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 y por falta de aplicación de los artículo (sic) 45 del Decreto 1045 de 1978, 25, 31, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 174 y 187 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 3º Ley 33 de 1985, 1º Ley 62 de 1985, 13, 16, 19, 20, 21, 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º de la Ley 71 de 1988; 1º, 9º, 10, 14, 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993.

Los anteriores errores de hecho se produjeron como consecuencia de dejar de apreciar el escrito de reclamación administrativa (fls. 101 a 102 cdno (sic) 1) y la relación de salario devengado el año 1994 (fls. 144 a 145 cdno (sic) 1).

Estas violaciones fueron consecuencia de los siguientes errores de hecho manifiestos y trascendentes:

(i) No dar por demostrado, estándolo, que el demandante CAYETANO PÉREZ CARVAJAL tenía derecho a la reliquidación de la pensión, al omitirse los factores salariales previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

(ii) Dar por demostrado, estándolo, sin estarlo, que la entidad demandada obró de manera correcta al liquidar la pensión del demandante CAYETANO PÉREZ CARVAJAL.

Demostración del cargo

En cuanto a las pruebas dejadas de apreciar, señaló la censura que el tribunal no apreció el escrito de la reclamación administrativa visible a folios 101 y 102 en los cuales consta que el demandante solicitó la reliquidación de su pensión con fundamento en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Así mismo tampoco apreció el ad quem, que en la relación de salario devengado por el señor Pérez Carvajal durante el año 1994 visible a folios 144 y 145, aparecen discriminados los factores salariales dejados de tener en cuenta en la liquidación de su pensión de jubilación.

Adujo que dejar de apreciar estas pruebas, conllevó a que el tribunal a desconociera y diera por sentado que el actor no tenía derecho a la reliquidación de la pensión, incurriendo así en un «ostensible desatino fáctico».

Por último, estableció el recurrente que del estudio de los medios probatorios «[…] se determina que el sentenciador incurrió en error notorio y manifiesto, al aplicar una normatividad impertinente y dejar de aplicar las normas que gobiernan el caso».

XI. Consideraciones

Alegó la censura que el ad quem violó la ley sustancial por la vía indirecta por dejar de apreciar el escrito de reclamación administrativa y la relación de salario devengado durante el año 1994. Adujo como errores de hecho no dar por demostrado que el señor Pérez Carvajal tenía derecho a la reliquidación de la pensión incluyendo los factores salariales previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y dar por demostrado que la demandada obró de manera correcta al liquidar la pensión del señor Pérez Carvajal.

Observa la Sala, que de las pruebas denunciadas como «dejadas de apreciar» únicamente se corrobora que el señor Pérez Carvajal es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, se reitera, que deberán aplicarse respecto del cálculo del IBL los artículos 18 y 36 de la Ley 100 de 1993 y no el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Por lo antes previsto, el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso de casación debido a que ninguno de los cargos prosperó y no hubo réplica.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, el diecisiete (17) de octubre de 2011, en el proceso que instauró CAYETANO PÉREZ CARVAJAL, RAFAEL GARCÍA, BERNARDO BELTRÁN, ANA BELÉN RODRÍGUEZ DE ORTEGA, MYRIAM MONSALVE, VÍCTOR MANUEL REYES, LUIS FRANCISCO PEÑA, JOSÉ MANUEL SUÁREZ, ALIRIO OVIDIO ARENAS CASTRO, HERMES MANUEL GARCÍA, JAIME MANTILLA, ARGEMIRO NIÑO GRANADOS, JAIME ALIRIO RODRÍGUEZ, RODRIGO MARTÍNEZ TOJAS, PEDRO JOSÉ ARGUELLO MARTÍNEZ, y MANUEL CARDOZO GALVIS, contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE en LIQUIDACIÓN.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»