Sentencia SL12553-2017/52739 de agosto 16 de 2017

CORTE DE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 1

Rad.: 52739

Acta 6

Magistrado Ponente:

Dr. Ernesto Forero Vargas

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: IV. Recurso de casación

Interpuesto por Rafael Núñez Serrano, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VII. Consideraciones

Inicialmente, en relación con el alcance de la impugnación, ha dicho reiteradamente la jurisprudencia laboral, que constituye el petitum de la demanda, y, como tal, ha de formularse con absoluta claridad y precisión, para que la Corte, conociendo con certeza las aspiraciones del recurso, pueda hacer pronunciamiento sobre él. Por ello, el censor debe señalar de manera precisa e inequívoca si lo que pretende es que se case total o parcialmente la sentencia acusada, indicando, en este último caso en qué aspectos debe ser invalidada, con expresión, además, de lo que debe hacerse con el fallo de primer grado, si confirmarlo, modificarlo o revocarlo y, en estos dos últimos eventos, la forma como debe ser alterado o reemplazado.

Siendo ello así, resulta inadmisible que se le solicite a la Corte que, una vez producido el quebrantamiento parcial del fallo que se impugna, en sede de instancia se adicione un numeral a la parte resolutiva del mismo, como quiera ello entraña un contrasentido lógico, pues no pueden agregarse a la providencia los temas que precisamente gestaron su anulación parcial. Sin embargo, este dislate puede dispensarse, entendiendo que lo que pretende el censor es que, una vez casada parte de la sentencia de Tribunal, en instancia, revoque la de primer grado en cuanto absolvió de la condena por indemnización moratoria, y en su lugar, la disponga.

Ahora bien, con relación a la proposición jurídica se advierte que se acusa la infracción directa del artículo 1º del Decreto 747 de 1949, entiende la Sala que ello obedeció a un lapsus cálami del recurrente, como quiera que la imputación atañe al artículo 1º del Decreto 797 de 1949, por medio de la cual se modificó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, disposición que sí regula el derecho reclamado, esto es, la indemnización moratoria para los trabajadores oficiales.

Como se endosa la infracción directa del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, es necesario memorar que esta modalidad de trasgresión implica forzosamente el desconocimiento por parte del fallador de los preceptos que regulan la materia o la franca rebeldía contra ellos. Aun cuando el censor acusa la sentencia por la referida modalidad de violación de la ley, en el presente caso no puede predicarse, como quiera que al descender al estudio de la providencia fustigada, se observa de manera inequívoca, que el juzgador de segundo grado, pese a que no señaló expresamente la disposición en comento, sí la tuvo en cuenta a efectos de pronunciarse frente a la indemnización moratoria deprecada en la demanda, pues consideró que no había lugar a la imposición de la sanción porque “al efectuarse la liquidación se incurrió en una pequeña inexactitud matemática que arrojó una pequeña diferencia” con la indemnización previamente reconocida por la entidad demanda; que la sanción no podía extenderse al supuesto fáctico de no haberse liquidado correctamente la indemnización extralegal, pues ésta sólo procede cuando se le adeudan al trabajador salarios, prestaciones e indemnizaciones de orden legal y “no los que se deriven de manera extralegal como en el presente caso, a menos que en el contrato o pacto colectivo se haya estipulado aquella”.

Por lo anterior, fue equivocado el concepto de la violación escogido por el recurrente a efectos de quebrantar la sentencia fustigada, pues como quedó dicho, la infracción directa de la ley comporta su falta de aplicación, lo cual en el actual asunto no aconteció, en tanto el Tribunal sí aplicó el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, cosa diferente es que no le haya dado el alcance o el significado que ella tiene, o el que considera el censor debió dársele, evento en el cual, incumbía adelantar la acusación por otra de las modalidades de violación de la ley, esto es, aplicación indebida o interpretación errónea, lo que si no podía ocurrir, era imputar infracción directa.

Ahora, esta Sala puede soslayar el destino advertido en los párrafos anteriores, atendiendo el desarrollo del cargo, en el que el recurrente se duele del alcance dado por el ad quem al artículo 1º del Decreto 797 de 1449, al considerar que la indemnización moratoria no procede cuando el empleador incumple prestaciones de origen extralegal, con lo que, en verdad, debe entenderse que la violación de la ley que le atribuye al Tribunal es la aplicación indebida de esa disposición legal y desde esa perspectiva se analizará el cargo.

Téngase en cuenta que el ad quem negó la imposición de sanción moratoria, fundamentalmente, por dos razones a saber: i) que al efectuar la liquidación de la indemnización por terminación unilateral del contrato, consagrada en el artículo 5º de la convención 2001-2004, “se incurrió en una pequeña inexactitud matemática que arrojó una pequeña diferencia”; y ii) que la sanción no podía extenderse al supuesto fáctico de no haberse liquidado correctamente la indemnización extralegal, pues la indemnización sólo procedía cuando se adeudaban al trabajador salarios, prestaciones e indemnizaciones de orden legal, no extralegales.

Entonces, el problema jurídico a resolver estriba en determinar si el Tribunal se equivocó al declarar improcedente el reconocimiento de la indemnización moratoria por las razones esgrimidas en precedencia.

En primer lugar, es evidente el yerro jurídico en que incurrió el ad quem al considerar que la indemnización moratoria no procede en el presente asunto porque el supuesto fáctico que la soporta es de origen extralegal, esto es, la indemnización por despido injusto prevista en la convención colectiva, como quiera que, en su criterio, sólo es viable en los casos que se adeuden al trabajador salarios, prestaciones e indemnizaciones de orden legal, no extralegal. Al respecto basta decir que son múltiples las sentencias de la Sala Laboral de la Corte en las que se ha impuesto la indemnización moratoria cuando los empleadores han dejado de pagar a los trabajadores los créditos laborales referidos, independientemente de su naturaleza legal o extralegal, pues el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 no hace distinción alguna acerca del origen de las obligaciones laborales que generan la sanción, sólo supedita su imposición a que se trate del no pago de los conceptos antes señalados y a que la conducta del empleador esté alejada de los postulados de la buena fe.

Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias CSJ SL6154-2016, SL807-2013 y CSJ SL, mar. 6/2013, rad.44160, en las que se impuso la sanción porque los empleadores no cancelaron obligaciones de origen extralegal.

En segundo lugar, esta Sala considera que en el análisis previo a la absolución de la condena por indemnización moratoria que realizó el ad quem, si bien no hizo un pronunciamiento expreso sobre la buena o mala fe del empleador para justificar el incumplimiento de la diferencia en el monto de la indemnización por terminación unilateral del contrato, sin lugar a dudas aplicó la regla sobre la imposición de sanción, dado que, efectivamente examinó las circunstancias de tiempo, modo y lugar del porqué no se pagó esa diferencia, arribando a la conclusión implícita de que se dieron razones atendibles para exonerar a la ESE demandada de la indemnización deprecada, por lo cual la vía de acusación de la sentencia adecuada es la indirecta.

No obstante, bajo el supuesto que el colegido no haya estudiado la conducta del empleador y que la absolución de la sanción obedeció a que le aplicó la regla de manera automática, al considerar que por el bajo monto de la diferencia de la indemnización por despido injusto, contrariando de esta manera la reiterada jurisprudencia de esta Corte, en el sentido de que “no necesariamente la relación entre lo mucho pagado por la empresa y lo poco que resulta a deber en virtud de la reliquidación ordenada judicialmente, es un parámetro determinante de la buena fe de la empresa”, para efectos de configurar un yerro jurídico achacado, porque de aceptarse este razonamiento como regla, “se tendría como resultado la improcedencia automática de la indemnización moratoria en el caso de estas reliquidaciones”, lo que sería desproporcionado y debilitaría, sin justificación alguna, la protección que el legislador le quiso dar al trabajador en el cumplimiento de sus derechos laborales a la terminación del contrato de trabajo CSJ SL607-2013, se concluye que el juez de segunda instancia incurrió en el otro yerro jurídico imputado.

Lo anterior sería suficiente para tener por fundado el ataque, y por ende casar la sentencia acusada en cuanto a la procedencia de la indemnización moratoria, pero prontamente la Sala, en sede de instancia, arribaría a la misma conclusión por las siguientes razones:

Esta Sala destaca la doctrina fijada, según la cual, sin vacilación alguna, para establecer la procedencia de la sanción indemnizatoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, es necesario estudiar, en cada caso particular y concreto, si la conducta del empleador para el no pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones debidos a los trabajadores oficiales para el momento de la terminación del contrato, estuvo o no asistida de buena fe.

Así las cosas, de llegar a la conclusión de que la renuencia del empleador es injustificada procede la imposición de la indemnización; si, por el contrario, la mora obedece a dudas fundadas sobre la existencia de la obligación, desaparece.

Revisada integralmente la contestación de la demanda y la Resolución 2858 de 2005, mediante la cual se reconoció la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo y se ordenó su pago, se considera que, contrario a lo que afirma el recurrente, la ESE demandada siempre estuvo presta a cancelar al demandante todos derechos y beneficios convencionales, dentro de los cuales estaba obviamente la indemnización por terminación unilateral del contrato, pues si bien en la citada resolución no hizo referencia expresa al artículo 5º de la convención 2001-2004 suscrita con el ISS, sí dijo que los trabajadores oficiales que fueron incorporados como tales en las empresas sociales del Estado como consecuencia de la escisión del instituto, “llevan incorporados en sus “contratos individuales” de trabajo aquellos beneficios de carácter económico e individual que adquirieron cuando eran trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales, por lo que tendrá derecho al reconocimiento y pago de una indemnización por terminación unilateral del contrato (resaltado fuera de texto).

Lo anterior concuerda plenamente con lo manifestado en la contestación de la demanda, en donde al oponerse a las pretensiones dijo: “les asiste a los funcionarios que pasaron del ISS a las ESES, y que […] eran beneficiarios de la convención colectiva” el derecho al reconocimiento y pago de los derechos salariales y convencionales, los que fueron liquidados por una sola vez, mediante resoluciones 1715, 2516 y 2858 de 2005. Ahora, respecto a la respuesta al hecho 13 de la demanda, en el que funda su inconformidad el recurrente, se considera que la posición asumida por la entidad demandada es coherente y se enmarca dentro de los postulados de la buena fe, como quiera que en la contestación de la demanda se limitó a reconocer la existencia de la convención colectiva, indicando que desconocía si ésta había sido denunciada y que nunca había sido parte de ella, lo cual es absolutamente cierto, porque como quedó demostrado en las instancias, el acuerdo extralegal fue suscrito entre el ISS y Sintraseguridad Social, no por la ESE demandada.

En consecuencia, en el presente caso, se observan razones realmente poderosas surgidas de los hechos del litigio, para arribar a la conclusión sobre la seriedad de la postura del empleador para no haber cancelado en su integridad la indemnización convencional por terminación unilateral del contrato, prevista en la convención colectiva, en tanto que siempre actuó con el convencimiento de haber realizado el pago de los derechos convencionales que correspondían, conducta que se adecúa a los postulados de la buena fe, razón que justifica la improcedencia de la indemnización moratoria deprecada.

Por las anteriores razones si bien el cargo es fundado, el mismo no prospera.

VIII. Cargo segundo

Con fundamento en la causal prevista en el numeral 1º, inciso 2º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social acuso la sentencia recurrida de ser indirectamente violatoria de la ley (sic) por aplicación indebida de los artículos 1º del Decreto 747 (sic) de 1949 (mediante el cual se modificó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6ª del mismo año), y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 25, 29 y 229 de la Constitución Política; y 1º, 3º, 11 y 13 del Código Sustantivo del Trabajo; 25, 31, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; y 174, 187, 195 y 197 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

El censor imputa al Tribunal haber incurrido en el siguiente error de hecho:

No dar por demostrado, estándolo, que la ESE demandada procedió de mala fe a pagar una liquidación de prestaciones a la terminación del contrato de trabajo que no corresponde con la realidad.

Acusa como pruebas dejadas de apreciar: i) la Resolución 2858 de 2005, mediante la cual se reconoció la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo y se ordenó su pago (fls. 15 a 17); y ii) “La contradictoria conducta de la ESE demandada, que además configura un indicio endoprocesal, pues por un lado reconoce que el accionante es acreedor de los derechos pactados en la convención colectiva de trabajo, pero por otro los niega”.

En la demostración del cargo señala, que la citada resolución demuestra claramente que la ESE demandada tenía conocimiento de la calidad de trabajador oficial del actor, pero que, sin embargo, se abstuvo de aplicar la convención colectiva vigente. Al efecto transcribe el siguiente aparte:

Que los trabajadores oficiales que fueron incorporados como tales en las Empresas Sociales del Estado como consecuencia de la escisión, decretada por el [sic] 1750 de 2003, llevan incorporados en sus “contratos individuales” de trabajo aquellos beneficios de carácter económico e individual que adquirieron cuando eran trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales, por lo que tendrá derecho al reconocimiento y pago de una indemnización por terminación unilateral del contrato.

Concluye que la mala fe de la entidad demandada se deriva del hecho de haber sido consciente que debía reconocer los derechos de la convención y, a sabiendas de ello, no lo hizo.

Respecto a la contradictoria conducta de la ESE demandada, la cual subyace de la contestación al hecho 13 de la demanda, que dice:

13. El artículo 5º de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social, establece que en el evento de decretarse la terminación unilateral del contrato sin justa causa, se reconocerá y pagara [sic] al trabajador un [sic] indemnización de 50 días de salario por el primer año, y 55 días de salario, por cada año adicional de servicio” (fl. 54, cdno. 1).

Al contestar esta afirmación, la ESE demandada dijo:

Al Hecho 13: Es parcialmente cierto, porque nos consta la existencia de una convención colectiva entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores oficiales, pero desconocernos si la mencionada convención fue denunciada, pues la ESE Francisco de Paula Santander nunca ha sido parte de ella (… fl. 74).

Alega que, la ambivalente posición de la entidad demandada constituye mala fe porque, por un lado, al reconocer la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo acepta la calidad de trabajador oficial del demandante y reconoce que es beneficiario de los derechos que ostentaba cuando estaba vinculado con el ISS, pero por otro, “aduce desconocer si la convención colectiva fue denunciada y dice no ser parte de ella, aun cuando, como claramente lo establece la normatividad aplicable, la denuncia por parte de un empleador no interfiere la vigencia de la convención colectiva”.

A continuación, cita la sentencia CSJ SL, mar. 1º/2011, rad. 40206, en la que se dijo que el sentenciador para la imposición de la indemnización moratoria, en cada caso particular y concreto, debe analizar si la conducta remisa del empleador estuvo o no revestida de buena o mala fe.

Termina diciendo que la ambivalente conducta de la entidad, por un lado, reconocer que el demandante era beneficiario de los derechos y beneficios consagrados en la convención colectiva, y por el otro, negarse a reconocer la indemnización prevista en el artículo 5º de la referida convención, impide tener por configurada tal conducta como leal o de buena fe.

IX. Consideraciones

Inicialmente, es necesario memorar que el recurso extraordinario de casación no le otorga competencia a la Sala para juzgar la controversia planteada en el proceso a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que su labor, siempre que el recurrente plantee bien la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia acusada para establecer si el Tribunal atendió las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para solucionar correctamente la controversia sometida a su consideración y a mantener el imperio de la ley. Por lo anterior, se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como partes en las instancias.

Para la consecución del objeto de la casación, la demanda debe reunir no solo los requisitos formales previstos en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sino que la acusación debe ser lógica, ajustada a los requisitos mínimos de orden técnico, clara en su planteamiento, completa en su desarrollo y eficaz en el objetivo perseguido (CSJ SL5268-2017).

Precisado lo anterior, encuentra la Sala que la sustentación del cargo adolece de algunos desatinos que comprometen su prosperidad, los cuales no son susceptibles de corregir por el carácter dispositivo que rige al recurso extraordinario, tal como se señala en seguida.

Primeramente, como la acusación esta fincada por la senda indirecta, se advierte que, de conformidad con lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, modificatorio del 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta y, además, como lo ha dicho de vieja data la Corte, que provenga de manera evidente de alguna de las tres pruebas calificadas, esto es, documento auténtico, confesión judicial o inspección judicial.

1. El censor acusa como prueba dejada de apreciar la “contradictoria conducta de la ESE demandada, que además configura un indicio endoprocesal, pues por un lado reconoce que el accionante es acreedor de los derechos pactados en la convención colectiva de trabajo, pero por otro los niega”.

Basta decir que si bien, la conducta de las partes en contienda, conforme las previsiones del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, puede ser tenida en cuenta por los jueces de instancia para formar su convencimiento, lo cierto es que no ostenta la calidad de medio probatorio en estricto sentido y, menos aún, puede ser considerada como prueba calificada en casación laboral respecto de la cual pueda endilgarse yerro fáctico, pues, se itera, éste solo puede imputarse con relación a una de las pruebas hábiles mencionadas.

Ahora bien, si lo pretendido por el censor era endilgar la falta de valoración de lo que, en su criterio, configura un indicio endoprocesal, es suficiente con recordar que la prueba de indicios no se encuentra dentro de los medios demostrativos capaces de generar, en principio, errores evidentes de hecho atacables en casación, a menos que previamente logre acreditarse un yerro con prueba idónea.

2. Considerando que como el recurrente transcribe apartes de la demanda y su contestación, específicamente, en lo que refiere al hecho 13, ha debido acusar tales piezas procesales, no la conducta de la entidad demandada. Sobre este aspecto, se recuerda que la Corte ha aceptado, excepcionalmente, que estos actos del proceso, que en estricto rigor no son pruebas, así como también otras piezas procesales, sean estudiadas en casación cuando contengan una confesión que como tal podría originar, dada su indebida estimación o absoluto desconocimiento, un error de hecho manifiesto, CSJ SL, ago. 21/1998, rad. 10677.

Igualmente, ha dicho que la demanda inicial del juicio puede ser acusada en la casación laboral como pieza procesal, no solo en cuanto contenga confesión judicial, porque al ser un acto del proceso es susceptible de generar en la casación del trabajo el error manifiesto de hecho, pues si la voluntad del actor es desconocida o tergiversada ostensiblemente, dicho error puede conducir a la violación de la ley sustancial, como que el sentenciador “puede producir un fallo sobre lo que no se ha pedido (por yerro en la apreciación del petitum o de los hechos, o por su desconocimiento) o desatendiendo los fundamentos fácticos de lo pedido, bien en perjuicio del propio demandante o de la parte demandada”. Varias han sido las decisiones de esta Sala sobre esa tesis, como también las que se han adoptado reconociendo la capacidad de generar error de hecho a otras actuaciones o piezas procesales, como la contestación de la demanda, el escrito de la apelación, el desistimiento parcial, etc. CSJ SL, ago. 5/1996, rad. 8616.

En el presente caso, como en estricto sentido, la inconformidad del recurrente no radica en que el colegiado haya dejado de apreciar la confesión existente en alguna de las piezas procesales mencionadas o haya desconocido o tergiversado ostensiblemente la contestación de los hechos de la demanda, no es posible abordar el estudio de las piezas procesales denunciadas en los términos alegados por la censura.

3. Por último, en relación con la Resolución 2858 del 25 de noviembre de 2005 la Sala se remite al análisis efectuado en el cargo anterior.

Por las anteriores razones no prospera el cargo.

Como el primer cargo resultó fundado aunque no prosperó y además no hubo réplica, no se imponen costas en casación.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 18 de mayo de 2011, en el proceso ordinario que instauró Rafael Núñez Serrano, contra la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen”.