Sentencia SL12556 de agosto 16 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente

Dr. Ernesto Forero Vargas

SL12556-2017

Radicación 51902

Acta 06

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

(...).

EXTRACTOS:«IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demanda, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, se confirme la providencia del a quo.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue objeto de oposición.

VI. Cargo único

Se acusa a la sentencia materia del recurso extraordinario de ser violatoria de la ley sustancial, por vía indirecta, por aplicación indebida del literal d) artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los literales c) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, como consecuencia de la falta de aplicación de los artículos 27, 28 y 31 del Código Civil; artículos 174, 177, 194 y 195 del Código de Procedimiento Civil; artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y artículos 29 y 230 de la Constitución Política.

Expresa que la violación de la ley se dio a causa de que el tribunal cometió los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la madre del difunto recibía de éste una ayuda indispensable para sufragar su manutención, cuando no obra en el expediente prueba alguna que permita determinar a cuánto ascendían los gastos de la señora Lizarazo, cuánto de éstos sufragaba el señor Buitrago con sus propios medios y cuál era el destino que se daba a estos recursos.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la mamá del causante estaba supeditada a la ayuda pecuniaria recibida del fallecido y que dada esa subordinación económica era legítima beneficiaria de la pensión pedida.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que porvenir podía ser condenada a sufragar la prestación solicitada.

Considera que a esos dislates se llegó debido a la indebida apreciación de las siguientes pruebas: i) registro civil de matrimonio (fls. 160 y 198); ii) certificaciones expedidas por la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Colombia (fls. 93, 121, 208-210); iii) testimonios de Luis Carlos Gutiérrez Londoño (fls. 97-99), Daniel Rodriguez Díaz (fls. 102-103), María Doris Bernal (fls. 105-106), María Gloria Rodriguez de Moreno (fls. 106-107), Diego Alejandro Urrego Escobar (fls. 109-111), Ismael Orlando Babativa Hilarión (fls. 94-96). Como medio de convicción dejado de valorar denuncia el interrogatorio de parte rendido por Yolanda Lizarazo Vergara (fls. 96-97).

En la demostración del cargo, inicialmente reprodujo algunos apartes de la sentencia CSJ SL, 21 abr. 2009, rad. 35351, en la que se dijo que corresponde a quien pretende el reconocimiento de la prestación demostrar, por cualquier medio, ser dependiente económico del causante y, cumplido ello, al demandado atañe la acreditación de ingresos o rentas propias del ascendiente que lo puedan hacer autosuficiente; asevera que en el expediente no obra prueba alguna que permita determinar a cuánto ascendían los gastos de la demandante, cuántos de éstos sufragaba el causante y cuál era el destino que se daba a tales dineros; por tanto, era imposible establecer si la contribución del hijo fallecido ayudaba al bienestar de la actora o si eran dineros esenciales para llevar una vida en condiciones dignas, elementos imprescindibles para evidenciar si en realidad existía el sometimiento pecuniario exigido por la ley.

Afirma que la demandante en el interrogatorio de parte confesó que no dependía de nadie, que era beneficiaria del servicio de salud de su cónyuge con quien tenía vínculo matrimonial vigente y percibía algunos ingresos derivados de la venta de “cositas”. De lo que el censor concluye que la accionante no probó la subordinación monetaria frente a su hijo fallecido; que percibía ingresos de una actividad comercial y que a la fecha del óbito del causante vivía con su esposo. Insiste en que la demandante nunca demostró que estuviese supeditada al aporte económico que suministraba su hijo y que la dependencia no es una circunstancia que se presuma, que, por el contrario, está acreditado que la accionante contaba con recursos suficientes para garantizar su autosuficiencia.

Alega que, demostrada la existencia de los errores de hecho denunciados se abre la posibilidad de estudiar los testimonios denunciados, respecto de los cuales, señala que “fueron concordantes al señalar que la señora Lizarazo se sostenía con lo que le suministraba su vástago, pero, del mismo modo, es claro que ninguno de ellos dio siquiera un dato somero acerca de la cuantía de los gastos de la señora Lizararazo, ni del valor de la contribución del hijo”; que todos manifiestan haberla conocido en la Universidad Nacional vendiendo perfumes; que el cónyuge dijo que hasta el 22 de octubre de 2005 era quien sufragaba “lo normal de un hogar, alimentos, servicios, estudio, porque en esa época el muchacho que falleció estudiaba y el menor también”, lo que demuestra que no había dependencia económica de la madre respecto de su hijo pero sí de su cónyuge, de quien derivaba su subsistencia.

Finaliza afirmando que es palmario evidenciar que no era factible imponer condena contra la entidad demandada fincada en los testimonios de Rodríguez Díaz, Bernal y Rodríguez de Moreno, pues aparte de que su conocimiento acerca de lo sucedido no estaba basado en una percepción directa de los hechos, no establecieron el valor de los gastos de la accionante, ni el monto, ni la periodicidad de la colaboración del de cujus y que, en cambio, sí se probó que el cónyuge era quien asumía las erogaciones del hogar. Agrega que, como lo ha sostenido la Sala Laboral de la Corte, en asuntos de subordinación financiera cada caso hay que analizarlo individualmente y de acuerdo con sus particularidades, sin que sea válido acudir a generalizaciones como a las que acudió el Tribunal en la providencia acusada.

VII. Réplica

La opositora señala que el recurrente se equivoca al invocar la “vía directa por error de hecho, en la medida que trae aspectos fácticos. Manifiesta que el censor pretende crear “requisitos probatorios diabólicos”, no contemplados en la ley, en el sentido de pedir demostrar la cuantía de los gastos y el destino que la demandante les daba. Que el ad quem realizó un estudio pormenorizado de la norma aplicable y de la jurisprudencia de esta Sala, lo que le permitió concluir que la dependencia económica no debía ser total y absoluta y que el apoyo económico que le prestaba el cónyuge a la accionante era precario. Termina afirmando que no hay error evidente, notorio y grave que pueda llevar a la Corte a casar la sentencia.

VIII. Consideraciones

El tribunal fundamentó su decisión, esencialmente, en que: (i) conforme lo ha dicho la jurisprudencia de esta Sala, no se requiere que la dependencia económica de los padres sea total y absoluta, pues la existencia de algunos ingresos directos de la progenitora o el apoyo económico suministrado por otros hijos, o “para lo que interesa en autos, por el cónyuge, no le restan validez a la subordinación económica”, siempre y cuando ellos no la conviertan en autosuficiente económica; (ii) que si bien, la demandante tenía vínculo matrimonial vigente y estaba afiliada como beneficiaria de su esposo al sistema de salud, en el proceso no obra prueba alguna que permitirá inferir que ella derivaba su sustento, en forma exclusiva, del consorte; que, por el contrario, de los testimonios se determinó que “la ayuda que deprecaba el cónyuge a la ahora demandante era realmente precaria, lejana de un verdadero apoyo económico que le permitiera llevar una vida en condiciones dignas”; y que las declaraciones “revelan un buen grado de conocimiento de la intimidad familiar y personal del fallecido y su madre, ahora demandante, elementos de juicio que vistos en contexto (...) permiten concluir que en verdad la señora Yolanda Lizarazo Vergara dependía económicamente del afiliado fallecido”.

La censura radica su inconformidad en que no existe prueba en el expediente que permita demostrar la dependencia económica de la madre frente a su hijo fallecido, ni del monto de sus gastos, ni de cuánto aportaba el causante y para qué se destinaban tales contribuciones; que la demandante confesó no depender económicamente de nadie; que era beneficiaria del servicio de salud de su cónyuge con quien tenía vínculo matrimonial vigente; que percibía ingresos de una actividad comercial y que a la fecha del óbito del causante vivía con su esposo, quien declaró que aportaba lo necesario para sostenimiento del hogar.

Así las cosas, corresponde a esta Sala determinar si el tribunal se equivocó al dar por acreditada la dependencia económica de la señora Yolanda Lizarazo Vergara respecto de su hijo fallecido y, con base en ello, establecer si hay lugar o no a casar la sentencia impugnada.

En primer lugar, se memora que la dependencia económica de los padres respecto de su hijo fallecido no tiene que ser total y absoluta; lo cual, quiere decir que si bien debe existir una relación de sujeción de aquellos en relación con la ayuda pecuniaria del hijo, tal situación no excluye que puedan percibir rentas o ingresos adicionales, siempre y cuando, éstos no los convierta en suficientes para garantizar su independencia económica, es decir, que esas rentas no alcancen a cubrir los costos de su propia vida (CSJ SL400-2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014, CSJ SL3630-2014, CSJ SL6690-2014, CSJ SL14923-2014, CSJ SL6390-2016). Del mismo modo, se ha adoctrinado que la dependencia económica es una situación que solo puede ser definida y establecida en cada caso concreto.

De otro lado, la Sala de Casación Laboral ha establecido que para declarar la existencia de la dependencia económica exigida en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, además de otras condiciones, es necesario demostrar que el aporte proveniente del causante hubiera sido significativo y proporcionalmente representativo en relación con los otros ingresos percibidos por los padres. Así se dijo en sentencia CSJ SL14923-2014, reiterada en SL15116-2014 y SL14539-2016, al afirmar que:

(...) el tribunal incurrió en el error de hecho manifiesto denunciado por el censor, de dar por demostrado que la señora María de Fátima Calderón de Castro dependía económicamente de su difunta hija, sin advertir que ella misma había confesado que tan solo recibía un aporte, que no superaba el 25% del total de sus ingresos y que no la alejaba de la condición de ser autosuficiente económicamente.

(...).

En tales términos, aunque no debe ser total y absoluta, en todo caso, debe existir un grado cierto de dependencia, que la Corte ha identificado a partir de dos condiciones: i) una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; ii) y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo.

De lo dicho se sigue que la dependencia económica requerida por la ley, para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, debe contar cuando menos con los siguientes elementos: i) debe ser cierta y no presunta, esto es, que se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres; ii) la participación económica debe ser regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario; iii) las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.

Así, la dependencia económica tiene como rasgo fundamental el hecho de que, una vez fallecido el causante y, por lo mismo, extinguida la relación de contribución económica hacia el presunto beneficiario, la solvencia de éste (sic) último se ve amenazada en importante nivel, de manera que pone en riesgo sus condiciones dignas de vida. Esto es, una persona es dependiente cuando no cuenta con grados suficientes de autonomía económica y su nivel de vida digna y decorosa está subordinada a los recursos provenientes del que fallece. (lo subrayado es de la Sala).

En segundo lugar, atendiendo que la acusación está encaminada por la senda indirecta, es deber de la Corte señalar que, de conformidad con lo normado en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, modificatorio del 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho, para que se configure, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta y, además, como lo ha dicho esta corporación, que provenga de manera evidente de alguna de las tres pruebas calificadas, esto es, documento auténtico, confesión judicial o inspección judicial.

También tiene adoctrinado la Sala que el estudio de los testimonios solo es posible cuando previamente se demuestre error de hecho en alguna de las pruebas calificadas en casación.

Atendiendo los anteriores criterios jurisprudenciales y en consideración a que el colegiado fundamentó su decisión en “los medios probatorios que obran en el plenario”,pero especial y únicamente en documentos y testimonios, en los cuales fundó su convicción de que la demandante dependía económicamente del causante Hugo Armando Buitrago Lizarazo, entra la Sala a realizar el estudio de las pruebas acusadas en aras de establecer si el ad quem incurrió en los yerros fácticos que se imputan, así:

1. El registro civil de matrimonio, obrante a folios 160 y 198, acredita que la señora Yolanda Lizarazo Vergara y el señor Luis Carlos Gutiérrez Londoño contrajeron nupcias el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Puerto Boyacá. Este documento, por no tener nota marginal, acredita la vigencia del vínculo matrimonial, pero en manera alguna aporta elemento de convicción que permita colegir que la demandante dependiera económicamente de su consorte, para poderle dar la razón al censor.

2. La certificación expedida por la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Colombia, obrante a folio 93, aunque independientemente de que se trata de un documento declarativo proveniente de un tercero, que en estricto rigor no es prueba calificada en casación laboral y de la seguridad social, en ella consta que el señor Luis Carlos Gutiérrez Londoño estaba afiliado a esa entidad como cotizante y la señora Yolanda Lizarazo Vergara como beneficiaria de aquél, desde el primero de junio de 1996 hasta la fecha de expedición de la constancia, esto es, 26 de mayo de 2005. Este documento lo único que acredita es que la demandante se encontraba afiliada al sistema de seguridad social en salud en calidad de beneficiaria de su cónyuge, pero no dice nada acerca de la supuesta falta de subordinación financiera de la señora Lizarazo respecto de su hijo causante, y que ella dependiera económicamente de su esposo, que es lo que pretende acreditar la AFP recurrente.

3. Respecto al interrogatorio de parte absuelto por la señora Yolanda Lizarazo Vergara, visto a folios 96-97, conforme lo ha adoctrinado la Sala Laboral en diversas oportunidades «el interrogatorio de parte en sí mismo considerado no es un medio hábil en la casación del trabajo, salvo que, en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, contenga la confesión de algún hecho» (CSJ SL, 29 jul. 2008, rad. 32044, reiterada en sentencia SL14420-2014).

En el sub examine, se advierte que si bien, la deponente, en la respuesta a la pregunta uno, en la que se le indagó acerca de su afiliación al sistema de salud en calidad de beneficiaria del esposo, contestó que era cierto que tenía el servicio de Unisalud y que “no dependía de nadie”, a renglón seguido, en la respuesta a la pregunta dos, dijo: “mi esposo siempre me daba la salud, siempre dependía de mi hijo”; cuando se le cuestionó con quién vivía al momento del deceso de su hijo (pregunta 3), contestó: «con mi madre María Olimpia Vergara Montañez, mi hijo Cristian Fernando Lizarazo Lizarazo, los tres dependíamos económicamente de mi hijo»; en la respuesta a la pregunta 4, en la que se le inquirió para que indicara, para la fecha del deceso de su hijo, qué gastos asumía su esposo, respondió: “nada, porque estábamos separados, nunca me ha dado nada a mí. Nunca tuve un puesto fijo, nunca cotice (sic) pensión, trabajé vendiendo cositas independientemente”; y en relación con la pregunta 8, cuando se le preguntó por qué no había demandado a su esposo para pedir la prestación de alimentos, señaló: “que me puede dar mi esposo, si tiene seis hijos y fuera de eso un hogar, que me puede pasar a mí? Cincuenta mil pesos, veinte mil? Tiene embargos por alimentos, por eso pido la pensión a porvenir. Mi esposo no puede pasarme nada”.

Estima la Sala que del referido interrogatorio no se desprende una confesión en los términos planteados por la censura, pues, aunque la declarante, en un fragmento de la respuesta a la pregunta uno, manifestó que no dependía de nadie, acto seguido aclaró que su hijo fallecido era quien aportaba para los gastos del hogar de todo el núcleo familiar, el cual estaba integrado por tres personas, todas ellas dependientes económicas del causante, que, además, su esposo no le podía dar nada porque tenía otro hogar, seis hijos y embargos por alimentos, todo lo cual más bien mantiene la postura de la accionante en el sentido de que su hijo fallecido es quien le brindaba ayuda económica para su sostenimiento. Siendo ello así, el tribunal si bien dejó de valorar el interrogatorio de parte en cuestión, tal omisión no conlleva a la configuración de un yerro fáctico en calidad de protuberante, ostensible y manifiesto, como quiera que no contiene confesión acerca de la autosuficiencia económica de la demandante, es más, por el contrario, como se dijo aporta elementos que permiten inferir que la peticionaria efectivamente dependía del apoyo que le suministraba el hijo fallecido, tal como se explicó en precedencia.

En consecuencia, como no acertó la censura en los reparos de las pruebas calificadas, no puede la Sala entrar a examinar las críticas relacionadas con los testimonios contenidos en el cargo que le sirvieron al tribunal para establecer que el aporte del hijo fallecido era esencial y, por tanto, que la actora no era económicamente autosuficiente, dado que no son prueba apta, de forma principal, para fundar un cargo por la vía indirecta.

En tercer lugar, cabe recordar que tribunal dedujo de los testimonios que la actora dependía del apoyo que le suministraba el hijo fallecido, pues la ayuda del cónyuge era realmente precaria, lejana de ser un verdadero apoyo económico y que la venta ocasional de cosas “perfumes” en la Universidad Nacional no permitía establecer unos ingresos estables, que le admitieran una autosuficiencia económica para su propia subsistencia. Es decir, la colegiatura arribó a esa conclusión como resultado de la apreciación de las declaraciones referidas, medios que le ofrecieron total credibilidad, hecho igualmente aceptado por el recurrente cuando afirma que es claro que las declaraciones de Daniel Rodriguez Díaz, María Doris Bernal y María Gloria Rodriguez de Moreno “fueron concordantes al señalar que la señora Lizarazo se sostenía con lo que le suministraba su vástago”.

Entonces, el tribunal en su decisión no hizo cosa diferente a darle prelación al resultado de la valoración de los testimonios frente a lo que los demás medios de prueba acreditan, circunstancia que al rompe deja sin piso la afirmación del censor consistente en que la parte actora no allegó al proceso prueba alguna que permitiera establecer la dependencia económica respecto del causante.

Sobre el particular, es pertinente recordar que los jueces de instancia no están sometidos a la tarifa legal, como quiera que atendiendo los mandatos previstos en el artículo 61 del CPTSS, ellos ostentan la facultad legal de apreciar libremente los medios de prueba y así formar de manera libre su convencimiento, atendiendo, eso sí, el principio de la sana crítica, lo que conlleva a que sus conclusiones, mientras no sean descabelladas, queden amparadas por la presunción de legalidad y acierto.

En otras palabras, los administradores de justicia de instancia, atendiendo la potestad referida, pueden fundamentar su decisión en los «elementos probatorios que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico (...)(1)», tal como aconteció en el presente caso, en el que para el tribunal le ameritaron mayor credibilidad las pruebas no calificadas en casación.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la convicción del ad quem frente a la esencial ayuda del causante, que determina la dependencia económica de la actora, se fundamentó básicamente en la prueba testimonial, que como se dijo, no es posible estudiar, no queda otro camino que declarar la no prosperidad del cargo.

No sobra advertir, que si bien la Sala en otros asuntos, con supuestos fácticos similares, las resultas del recurso extraordinario han sido diferentes a las que aquí se adopta, ello ha ocurrido porque en esos casos se ha desvirtuado por la AFP demandada la dependencia económica de los padres, al demostrarse que la ayuda económica del hijo fallecido no resultaba significativa para los gastos del hogar, en especial mediante yerro en la valoración de prueba calificada, lo que dista mucho del presente asunto, en que su valoración corrobora la existencia de tal dependencia económica.

Ello está acorde con lo también establecido por la jurisprudencia reiterada de la Sala en el sentido de que la carga de la prueba de la dependencia económica “corresponde a los padres-demandantes y, al demandado, el deber de desvirtuar esa sujeción material mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autosuficiencia económica de los padres para solventar sus necesidades básicas” (CSJ SL6390-2016).

Por las anteriores razones se desestima el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A., y a favor de la señora Yolanda Lizarazo Vergara. Se fijan como agencias en derecho la suma $7.000.000,oo que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de marzo de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Yolanda Lizarazo Vergara contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán QuinteroDolly Amparo Caguasango VillotaErnesto Forero Vargas.

1 CSJ 10118-2015.