Sentencia SL12594-2017/49716 de agosto 16 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL12594-2017

Radicación 49716

Acta 06

Magistrada Ponente:

Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: “IV. Recurso de casación de Julio Alejandro Giraldo Quintero

El recurso fue interpuesto por el demandado mencionado, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

(...).

VI. Cargo primero

Lo formula por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos “27, 127, 260, 467 del CST y 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 en relación con los arts. 177, 251, 252, 269, y 289 del CPC y 51, 60, 61 y 145 del CPT y de la S.S.”.

Sostiene que la violación denunciada fue consecuencia de los siguientes errores de facto:

Dar por demostrado, sin estarlo, que la entidad demandada con las documentales de fls. 23 y 24 demostró el promedio de lo devengado y el promedio de lo pagado al demandante durante el último año de servicio.

Dar por demostrado, sin estarlo, que el último salario promedio mensual devengado por el demandante ascendió a la suma de $ 3.839.528.04.

No dar por demostrado, estándolo, que “el promedio del salario devengado por el señor Julio Alejandro Quintero durante el último año de servicio a la empresa fue de cuatro millones doscientos treinta y siete mil noventa ml. ($ 4.237.090)”.

Dar por demostrado, sin estarlo, que la pensión convencional, equivalente al “... 75% da un valor para la mesada pensional de $ 2.879.646.03 pesos para el año 2003”:

No dar por demostrado, estándolo, que la pensión de jubilación convencional del demandante asciende “... a partir del día 28 de noviembre de 2003, en cuantía inicial de tres millones ciento setenta y siete mil ochocientos diez y ocho pesos ml. ($ 3.177.818), que corresponde al setenta y cinco por ciento (75%), del promedio de los salarios devengados durante su último año de servicio.

Considera que tales yerros tuvieron como origen la indebida apreciación del: (i) acta 17 de 27 de febrero de 2004 (fls. 18 y 19); (ii) la demanda y su contestación en los hechos 11 y 12 (fls. 3, 4 y 53) y de la falta de apreciación del interrogatorio de parte (fl. 90). Así mismo, erró en la apreciación de las siguientes pruebas no calificadas: los documentos privados elaborados por la empresa Interconexión Eléctrica S.A. en el año 2006 (fls. 23 y 24).

Para fundamentar el cargo señala que, a pesar del acta mediante la cual se le reconoció el derecho pensional, en la demanda, en la contestación y en el interrogatorio de parte por él absuelto, quedó claro que la empleadora liquidó la prestación con base en lo devengado en el último año de servicios. Sin embargo, inexplicablemente el tribunal concluyó que se trataban de sumas percibidas y por ende, ordenó la reliquidación pensional, ello, además, sobre la base de unos documentos firmados y elaborados por la propia demandada que, en su criterio, no podían constituir prueba de los hechos que fueron objeto de la demanda.

VII. Réplica

La empresa Interconexión Eléctrica considera que el recurrente incurrió en varios errores de técnica que conllevan a desestimar el cargo, como tildar de prueba calificada el interrogatorio rendido por la parte demandada y desconocerle tal entidad a los documentos obrantes en los folios 21 y 22 del cuaderno principal, los que erradamente califica de pruebas no aptas en casación.

Con todo, estima que el recurrente no justificó por qué el ad quem dio un alcance equivocado a las pruebas documentales obrantes a folios 23 y 24, por lo que su ataque resulta insuficiente para derruir la sentencia de segunda instancia.

VIII. Consideraciones

El cargo cuestiona, en esencia, la apreciación que el juez de segunda instancia le dio a los documentos aportados por la demandante, concretamente, el haber colegido de su contenido, que era cierto que el empleador liquidó la pensión de jubilación sobre lo percibido por el actor en el último año de servicios y no con base en lo devengado, para lo cual propuso cinco errores de hecho y denunció la errónea valoración de unas pruebas y la falta de estimación de otras.

No es objeto de discusión, la definición de los términos “devengar” y “recibir”, como también el hecho de que en el pacto colectivo se prevea la liquidación de la pensión de jubilación con el promedio de los “salarios devengados” durante el último año de prestación de los servicios del trabajador; aspectos que, al ser pacíficos por las partes, no exigen ser analizados por la Sala.

Ahora bien, la censura reprocha que se hubiese tenido por cierto, con los documentos obrantes a folios 23 y 24, cuáles fueron las sumas devengadas y pagadas al trabajador durante el último año de servicios y con ello, se hubiese variado la liquidación de los factores salariales y alterado el monto de su pensión. Si bien el recurrente acusa como pruebas mal valoradas la demanda inicial, el escrito de contestación y el interrogatorio de parte, comoquiera que, en ellos, de una parte, se transcribe la información contenida en los documentos atrás señalados y, de la otra, la demandada niega la veracidad de lo que allí se refleja, la Corte centrará su estudio únicamente en las pruebas referidas, visibles en los folios indicados.

Con el fin de establecer si el tribunal incurrió en los yerros denunciados, resulta relevante conocer la naturaleza y el contenido de los documentos que se denuncian de mal apreciados:

A folios 23 y 24, obran dos certificados expedidos en noviembre de 2006, por la directora encargada de gestión talento humano de ISA, denominados (i) “liquidación pensión con el promedio de lo devengado durante el último año de servicios en ISA de Julio Alejandro Quintero” (fl. 23) y (ii) “liquidación pensión con el promedio de lo pagado durante el último año de servicios en ISA de Julio Alejandro Quintero” (fl. 24), en los que se reflejan las supuestas diferencias entre las sumas devengadas y recibidas por el trabajador desde el 27 de noviembre de 2002 hasta el 27 de noviembre de 2003. Con base en ellos, la empresa demandante solicitó mediante este proceso, para reducir el valor de la mesada inicial, el reajuste de la pensión de jubilación de Julio Alejandro Quintero, alegando que la misma se liquidó sobre un mayor valor que al que realmente correspondía a la luz de la convención colectiva.

En el escrito de contestación de la demanda, el trabajador demandado desconoció el contenido de tales documentos. En efecto, aunque señaló que lo manifestado por la empresa demandante en el hecho 11 —esto es, el valor de lo que le fue pagado en el último año de servicios— es cierto, aclara que esas sumas, en realidad, corresponden a lo que devengó en ese periodo, con lo que, concluye, líneas después, que la liquidación de su pensión se hizo de manera acertada, de conformidad con lo previsto en la convención colectiva. En cuanto el hecho 12, por su parte, mediante el cual la parte demandante le enrostra los valores causados en ese mismo periodo, el trabajador niega rotundamente su certeza, indicando que devengó un salario promedio mensual de $ 4.237.090, valor que es precisamente el que se alega en la demanda inicial como errado (fl. 53).

Asimismo, en el traslado del recurso de apelación interpuesto por Interconexión Eléctrica, el trabajador demandado cuestionó la fuerza persuasiva de dichas pruebas “al tratarse de documentos elaborados unilateralmente por la sociedad demandante en noviembre de 2006, mucho después de la terminación del contrato de trabajo y del reconocimiento de la pensión de jubilación (...) y por tal razón no tienen valor probatorio en su contra (fl. 187).

El tribunal, al apreciar su contenido, otorgó plena credibilidad a tales elementos de prueba, sin referirse a la oposición que, sobre el particular hizo el demandado. De hecho, el fallo de condena se fundó, de forma exclusiva, en el contenido de tales certificaciones, pues, en todo caso, no existían otras pruebas que permitieran apoyar o desvirtuar esa circunstancia.

Observa la Sala, sin embargo, que le asiste razón a la censura cuando indica que los referidos certificados no son lo suficientemente idóneos para comprobar que existió alguna diferencia real entre lo pagado y lo devengado por el demandado durante el último año de prestación de servicios, que hubiera determinado una inadecuada liquidación de su pensión de jubilación.

En efecto, se trata de documentos que provienen de una de las dependencias de la parte demandante (talento humano), cuestión que de por sí es suficiente para restarles eficacia probatoria, pues se echa de menos el elemento de alteridad que, naturalmente, gobierna el régimen probatorio, desde luego que del mismo modo en el que nadie prueba con solo afirmar, a fortiori, ningún sujeto procesal puede producir por sí mismo la prueba de las aserciones que realice en un momento determinado y que tiendan a favorecer sus intereses.

Con ello no se está desconociendo la posibilidad de que la empresa acreditara los hechos fundamentales de la acción, sino que se pone en entredicho la forma como encaró el cumplimiento de su carga demostrativa. En efecto, para la Sala es claro que Interconexión Eléctrica S.A., está obligada como todo profesional del comercio a llevar contabilidad (C.C., art. 48), por lo que habría podido valerse de esta última con fines probatorios, aportando sus libros y papeles de comercio en respaldo de los mencionados certificados, caso en el cual la fuerza demostrativa de estos últimos vendría dada no tanto por su contenido intrínseco, como por los respaldos que los soportaran, aun si acá los libros de contabilidad solo habrían constituido un “principio de prueba en favor del comerciante, que necesitara ser completado con otras pruebas legales” (art. 69 ib.), por ejemplo, la certificación de un contador público realizada con respaldo en los libros de contabilidad (L. 43/90, arts. 2º y 10). Nótese que los documentos de folios 23 y 24, no tienen ningún soporte o respaldo de lo que allí aparece certificado.

Por lo demás, la persuasión que producirían los certificados arrimados con la demanda no se consigue por el hecho de que no hayan sido tachados de falsos en su momento, pues a pesar de que no se puso en tela de juicio su autenticidad —pero sí se desconocieron en su contenido tanto en la contestación de la demanda como en el traslado del recurso de apelación y, ahora, en el recurso de casación— quedando como un asunto indiscutido la certidumbre en cuanto al origen de los mismos, pero ello no implica que el contenido de esos documentos tuviera que darse asimismo por cierto, pues tal cuestión está reservada a la fase de valoración de los elementos de convicción a la luz de las reglas y principios que gobiernan el régimen probatorio, momento en el cual el tribunal debió advertir que los certificados de marras por sí y ante sí —y al margen de su autenticidad— no tenían la eficacia demostrativa pretendida, al venir elaborados por la parte que a partir de ellos, pretendió apuntalar sus pretensiones.

En ese orden de ideas, es claro que el tribunal incurrió en los errores de hecho que le endilga la censura, pues tuvo por demostrada una situación que no se acreditó fehacientemente a lo largo del proceso, de manera que la cuestión tenía que resolverse conforme a la regla de la carga de la prueba.

Para abundar en razones, la Sala estima pertinente evocar el contenido de una decisión adoptada en un caso similar al aquí propuesto, promovido por la misma parte demandante y con pretensiones afines, en el que la Corte descartó la existencia de un yerro fáctico por parte del tribunal, consistente, según la acusación allí planteada, en no haber considerado que las certificaciones aportadas por la propia sociedad Interconexión Eléctrica S.A. ESP eran suficientes para probar las sumas devengadas y pagadas a uno de sus trabajadores. La Corte en Sentencia SL1897-2014, postura que fue reiterada en la Sentencia CSJ SL 10422-2017, expuso:

Ahora bien, la decisión atacada se cimentó sobre la base de que, a pesar de que podía aceptarse una diferencia conceptual como la planteada en la demanda, la entidad demandante “... no desplegó prueba suficiente e idónea que acreditara la diferencia salarial en la que cifró sus pretensiones...”. La censura ataca esta inferencia y la descompone en una serie de premisas que califica como errores de hecho, puesto que, en su sentir, a partir de las pruebas calificadas obrantes en el expediente, era factible identificar una diferencia entre los salarios devengados por el trabajador y los que efectivamente había recibido, que, a su vez, permitía evidenciar una indebida liquidación de la pensión de jubilación.

Al analizar las pruebas calificadas en las que se asienta el cargo, la Corte encuentra:

1. En el hecho 8 de la demanda se afirma que, de conformidad con el acta 39 del 14 de julio de 2005 y el pacto colectivo de trabajo, al demandado se le viene pagando una mesada pensional equivalente a $ 2.068.293, para el año 2005, $ 2.168.605, para el 2006, y $ 2.265.759, para el 2007. Efectivamente, dicho hecho fue aceptado en la contestación de la demanda, de manera pura y simple, pero lo cierto es que nada dice frente a los rubros que pudo haber “percibido” o “devengado” el trabajador durante el último año de prestación de sus servicios, de manera que la prueba de confesión en la que se funda la censura resulta, a todas luces, irrelevante.

2. En los documentos obrantes a folios 33 a 35 se refleja una liquidación de los valores que habrían sido “devengados” por el demandado y los que, a su vez, le habrían sido “pagados”, durante el último año de servicios. Se expresa también una diferencia del monto de la mesada pensional, fundada en los dos referidos conceptos. No obstante, como lo anota la réplica, esos documentos provienen de la sociedad demandante, fueron elaborados años después de terminada la relación laboral, no fueron aceptados por el demandado, además de que no se respaldan con algún otro instrumento histórico en el que sea posible verificar si, efectivamente, esas sumas fueron pagadas, en qué condiciones, por qué conceptos y a qué lapsos correspondían.

Cabe advertir también que el tribunal no descalificó la autenticidad de estos documentos, sino que, como ya se dijo, juzgó que no eran suficientes para demostrar las aserciones de la demandante. Asimismo, dicha conclusión no resulta abiertamente equivocada, puesto que, como ya se indicó, lo cierto es que esas certificaciones no están patrocinadas por otros medios de prueba objetivos, que conduzcan a determinar una divergencia entre lo “pagado” y lo “devengado” por el trabajador demandado, como la que se sostiene en la demanda.

(...).

Por lo demás, el tribunal nunca sostuvo que los hechos de la demanda requerían de una prueba solemne, sino que coligió que los elementos de juicio obrantes en el expediente no eran idóneos, ni suficientes, a la hora de verificar si la pensión de jubilación había sido cuantificada en una forma diferente a la ordenada en el pacto colectivo de trabajo, que perjudicara los intereses de la sociedad demandante. Esa inferencia, por otra parte, como ya quedó dicho, no fue desvirtuada.

Como conclusión, tal y como lo observó el tribunal, las pruebas en las que se apoya la censura no son lo suficientemente idóneas para comprobar que existió alguna diferencia real entre lo pagado y lo devengado por el demandado, durante el último año de prestación de sus servicios, que hubiera determinado una inadecuada liquidación de su pensión de jubilación.

Por lo anterior, el tribunal incurrió en los yerros fácticos endilgados, por consiguiente, el cargo prospera.

Sin costas en casación por la prosperidad de la acusación.

Teniendo en cuenta que el segundo cargo cuestiona, igualmente, el mérito probatorio que dio el juez a un documento aportado por la parte demandada y comoquiera que ello ya fue resuelto en precedencia, la Corte se abstendrá de resolver ese asunto por sustracción de materia.

IX. Recurso de casación de Interconexión Eléctrica S.A. ESP

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

XI. Cargo único

Acusa la sentencia de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos “27, 127, 206, del CST; 19, 20 de la Ley 797 de 2003; 177 del CPC, 51, 60, 61 y 145 del CPT y de la S.S.”.

Estima que la violación denunciada fue consecuencia de los siguientes errores de facto:

No dar por demostrado, estándolo, que la demandante sí explicó la razón por la cual excluye de la relación de conceptos devengados por el demandado en el último año de servicios el concepto de “prima vacaciones por liquidación final”.

Dar por demostrado, estándolo, que el demandado devengó en el último año de servicios la suma de $ 1.658.169 por concepto de primas de vacaciones, en forma adicional a las dos primas devengadas por el demandado en el último año de servicios.

Dar por demostrado, sin estarlo, que el valor de la mesada pensional del demandado a partir del año 2003 es de 2.879.646,03 y no tener por establecida que es menor.

Los anteriores yerros fácticos derivaron, a su juicio, de la apreciación errónea de la demanda inicial (fls. 1 a 11); de su contestación (fls. 51 a 59); de los cuadros con la relación de los conceptos devengados y pagados al trabajador durante el último año de servicios (fls. 23 y 24).

La inconformidad radica en un aspecto central: no haberse excluido de la liquidación, el rubro denominado “prima vacaciones por liquidación final”, según el tribunal, porque la empresa demandante no logró justificar por qué dicho rubro fue incluido en los conceptos pagados y no en los devengados, lo que le impedía saber si el mismo constituía o no un factor salarial. Para el recurrente, por el contrario, el hecho de no haberse incluido ese rubro en el listado de lo devengado durante el último año de servicios, explica precisamente que dicha suma de dinero no debió tenerse en cuenta para liquidar la pensión, al no haberse causado en ese periodo. La explicación de lo anterior, agrega, se encuentra en el hecho 12 de la demanda, sin que hubiese sido tenido en cuenta por el ad quem.

Sostiene que en la demanda inicial se referenciaron los conceptos que, conforme a la convención colectiva de trabajo se tienen en cuenta para calcular el valor de la mesada pensional y en ella solo se contempla “una prima de vacaciones” y no “la prima de vacaciones por liquidación final”. Así las cosas, la desatinada apreciación por parte del juez de segunda instancia condujo a que se tuviera en cuenta, dentro de la liquidación de la mesada pensional, el valor de $ 1.685.169, el cual debía excluirse.

XII. Réplica

Julio Alejandro Quintero se opone a la prosperidad del cargo. Aduce que la recurrente fundamentó la supuesta indebida apreciación por parte del tribunal, en una prueba no calificada en casación, pues los documentos obrantes a folios 23 y 24 del expediente no pueden ser catalogados como auténticos, en razón a que “no fueron firmados, ni elaborados, ni aceptados expresamente” por la demandante, la empresa Interconexión Eléctrica S.A. al ser una entidad que se rige por el derecho privado no puede elaborar sus propias pruebas.

En relación con las demás pruebas citadas por la casacionista, señala que las mismas no logran acreditar los errores de hecho atribuibles al sentenciador de segunda instancia. Explica que la convención colectiva consagra “el derecho a la pensión, los factores salariales y la forma de liquidación”, al igual que el acta 17, mediante la cual se reconoció la pensión, elementos que, por el contrario, sí constituyen plena prueba de los hechos alegados en el proceso.

XIII. Consideraciones

La Corte considera que, dada la prosperidad de uno de los cargos planteados por el demandado, el pronunciamiento que pueda hacerse sobre los asuntos aquí planteados, sería inane.

En efecto, lo que se cuestiona en el único cargo planteado por Interconexión Eléctrica S. A. ESP, es la inclusión que hizo el tribunal, al momento de ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación de Julio Alejandro Quintero, del rubro “prima vacaciones por liquidación final”, pese a que, para la censura, se trata de un concepto recibido, pero no devengado, por lo que también debió ser excluido de la mesada pensional.

Ahora, como la Sala advirtió la existencia de errores fácticos que comprometen la valoración de los elementos de prueba obrantes en el expediente que, además, condujeron a concluir que no había prueba suficiente de la diferencia entre las sumas percibidas de aquellas recibidas por el trabajador en el último año de servicio, es evidente que lo relacionado con la exclusión de uno o varios factores salariales para efectos de la liquidación de la pensión, es un aspecto accesorio que dependía de la prosperidad de las súplicas de la demanda inicial, las cuales, al ser imprósperas, releva a la Corte del estudio de fondo del cargo planteado por la sociedad demandante.

Con todo, comoquiera que las pruebas que el censor califica de mal apreciadas provienen de la parte demandante y, en ese sentido, las mismas no tienen la suficiente fuerza demostrativa para determinar cuáles fueron los valores realmente devengados por el trabajador y, de ahí, concluir si la liquidación de la pensión se hizo o no de forma correcta, mucho menos podrán establecerse aquellas, si un determinado factor salarial tuvo o no la connotación que le imprime la parte accionante, circunstancia que descarta el presunto yerro denunciado.

En consecuencia, el ataque es infundado.

Costas en sede de casación a cargo de la sociedad recurrente demandante por no haber prosperado la acusación y porque hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 7.000.000, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

XIV. Sentencia de instancia

Para decidir en instancia, además de las consideraciones sentadas al resolver la demanda de casación del demandado, que resultó fundada, cabe advertir que no existe alguna prueba que permita acreditar, con suficiencia, que la prestación reconocida a Julio Alejandro Quintero fue cuantificada con desconocimiento de lo establecido en la convención colectiva de la que este era beneficiario, de modo que pueda tenerse como cierto el presunto perjuicio económico alegado por la empresa demandante.

Así, en el expediente obra el acta 17 del 27 de febrero de 2004, mediante la cual Interconexión Eléctrica S.A. ESP reconoció a Julio Alejandro Quintero la pensión de jubilación. La cláusula quinta de ese documento señala que “el promedio de salarios devengados por Julio Alejandro Quintero durante el último año de servicios a la empresa fue de $ 4.237.090”; la séptima, por su parte, indica:

(...) El señor Julio Alejandro Quintero tiene derecho a que Interconexión Eléctrica S.A. ESP, le reconozca y pague la pensión de jubilación extralegal, consagrada en la convención colectiva, por reunir los requisitos de tiempo y edad exigidos, a partir del día 28 de noviembre de 2003, en cuantía inicial de tres millones ciento setenta y siete mil ochocientos diez y ocho pesos ml. ($ 3.177.818), que corresponde al setenta y cinco por ciento (75%), del promedio de los salarios devengados durante su último año de servicio (fl. 18).

De la información contenida en ese documento no es posible derivar, como lo pretende la demandante, que la pensión cuestionada se liquidó con base en lo percibido y no en lo devengado por el trabajador en el último año de servicios.

Tampoco es posible llegar a esa conclusión del análisis de la demanda inicial ni del escrito de contestación, pues aparte de las manifestaciones hechas por la sociedad demandante, su no aceptación por parte del trabajador demandando quien insistió en que la liquidación de su pensión de jubilación se ajusta a los parámetros fijados en la convención, no hay ningún elemento que permita establecer cuáles fueron los montos devengados y recibidos por aquél en el último año de servicios.

Del análisis de la convención colectiva de trabajo tampoco es posible verificar los factores que debían concurrir para la liquidación de las primas legales y extralegales ni los valores efectivamente pagados al demandado y si, a partir de allí, podía reflejarse alguna diferencia con lo que devengó durante el último año laborado.

Restan entonces los documentos de liquidación suscritos por la directora encargada de talento humano de ISA, a través de los cuales la empresa pretendió acreditar la presunta diferencia entre los valores percibidos y recibidos por el demandado, los cuales, como se puso de presente en sede de casación, carecen de la suficiente fuerza persuasiva para probar los hechos que con ellos se pretenden demostrar.

Tales constancias provienen de la sociedad demandante, fueron elaborados años después de terminada la relación laboral y no fueron aceptados por el demandado, además de que no se respaldan con algún soporte o documento histórico que permita verificar si, efectivamente, esas sumas fueron pagadas, en qué condiciones, por qué conceptos y a qué lapsos correspondían. Tales apreciaciones, aunadas a las expuestas con ocasión del recurso de casación interpuesto por el accionado, conducen a rechazar las aspiraciones del recurso de apelación presentado por la parte demandante.

Así las cosas, como las pruebas en las que se apoya la demanda introductoria no son lo suficientemente idóneas para comprobar que existió alguna diferencia real entre lo pagado y lo devengado por el demandado durante el último año de servicios, se impone necesariamente confirmar la sentencia de primera instancia que absolvió al demandado de las pretensiones allí contenidas.

En las instancias, las costas estarán a cargo de la parte vencida, esto es, la demandante, porque no prosperó su recurso de apelación.

XV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 10 de agosto de 2010, en el proceso que instauró Interconexión Eléctrica S.A. ESP contra Julio Alejandro Giraldo Quintero.

En sede de instancia, CONFIRMA íntegramente la sentencia del 27 de febrero de 2009, proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión de Bogotá.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».