Sentencia SL12706-2017/49495 de agosto 9 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 49495

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Acta 28

Bogotá, D.C., nueve de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

VIII. Consideraciones

Empieza la Sala por advertir que, como lo exigía la vía directa escogida para encauzar las cuatros acusaciones formuladas, no se controvierte en ellos los siguientes supuestos de hecho con referencia a los cuales el tribunal dictó su fallo: Que el demandante es titular de una pensión de jubilación reconocida por los demandados; que este es beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y que a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley, le faltaban más de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión.

Conforme a lo que se dejó precisado, los cargos primero y segundo, están relacionados con el alcance principal de la impugnación, con el que se persigue se quiebra el fallo gravado, en cuanto revocó la sentencia de primera instancia que accedió a lo pretendido por el demandante, respecto a que tenía derecho que su pensión de jubilación reconocida por las demandadas, reliquidada con base en el salario promedio devengado en último año de servicio, como lo consagra el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. Determinación que no compartió el tribunal, el estimar que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en su inciso 3º, establece cuál es el salario base de liquidación de la pensión que debe aplicar para los beneficiarios del llamado régimen de transición regulado por la precitada Ley 100 de 1993.

Con relación al aludido punto materia de controversia, debe recordarse que esta Sala, en múltiples oportunidades, se ha ocupado de ese tema, y tiene adoctrinado: 1. que el régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, artículo 36, garantiza a sus beneficiarios la utilización de la normatividad anterior que venía aplicándose en cada caso, pero únicamente en lo concerniente a tres aspectos: i) la edad, ii) el tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, y iii) el monto de la prestación, entendido este como el porcentaje o tasa de reemplazo, la que para la pensión de jubilación oficial de la Ley 33 de 1985 es del 75%; 2. que dicho régimen de transición no cobija el lapso temporal que se debe tomar para establecer el promedio de los ingresos salariales o base de cotización para liquidar la pensión, lo que viene a constituir el IBL, pues así lo indica el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 al ocuparse de esa materia; 3. que por ello, el IBL para todas las pensiones de jubilación otorgadas bajo el citado régimen de transición, así sean provenientes de un régimen especial, habrá de fijarse con sujeción a las nuevas reglas establecidas en la ley integral de seguridad social en pensiones.

En consecuencia, no se requiere de mayor explicación para que se concluya, que en ninguna interpretación errónea incurrió el tribunal del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando argumentó que el ingreso base de liquidación de la pensión del demandante no estaba regulado por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y, por ende, acertó al revocar la decisión del juez del conocimiento de condenar a la pretendida reliquidación de la prestación económica con sujeción a ese artículo 1º, deducción que conlleva a que, por obvia razón, tampoco se configuró la infracción directa de ese precepto legal.

Por lo tanto, los cargos primero y segundo no prosperan.

En cuanto hace a los cargos tercero y cuarto que están vinculados al alcance subsidiario de la impugnación, con el que se reclama casar totalmente la sentencia recurrida y, en sede de instancia, se confirme el fallo del juzgado en cuanto a la reliquidación de la pensión “aunque despachando favorablemente las peticiones accesorias de la demanda inicial”, debe recordarse que la acusación está orientada a que se declare que las entidades demandadas deben reliquidar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del actor, tomando como base el promedio que sirvió para los aportes durante los diez (10) últimos años de servicio, incluyendo los factores salariales legales y extralegales, actualizados anualmente con base en la variación del IPC.

El tribunal para negar la aludida pretensión subsidiaria, se reitera, argumenta, en primer término, que conforme al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, “(…) como quiera que al 1º de abril de 1994 al señor Guillermo Estrada Echeverry le faltaban más de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión el ingreso base de liquidación - IBL, para liquidar la pensión a que tiene derecho, será el promedio de lo devengado o cotizado durante todo el tiempo de servicios (…)”. Así mismo, en apoyo de tal aserto, cita pasajes de las sentencias de esta Sala de Casación Laboral del 22 de septiembre 2004, radicación 22173, y del 8 de agosto 2003, radicación 20044, para expresar que no existe razón para desentender criterio jurisprudencial, “(…) por lo que resulta forzoso estimar que el ingreso base de liquidación de la pensión oficial del demandante, es el cotizado durante todo el tiempo laborado (…)”.

Y en segundo lugar, con el indicado fin, explica, el tribunal, que las acciones del demandante tendientes a que se incluyen unos factores salariales en la liquidación de la pensión, no resulta procedente por cuanto no se advirtió específicamente a qué factores extralegales se estaba refiriendo.

Para el tribunal, entonces, el alcance que se le debe dar al inciso 3º de artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los beneficiarios del régimen de transición que les faltare más de diez años para adquirir el derecho a la pensión, es que su ingreso base de liquidación será el promedio de lo devengado o cotizado durante todo el tiempo laborado. Interpretación que es equivocada y no se aviene a lo que esta Sala de Casación ha venido, desde tiempo atrás, sosteniendo, tal y como lo recordó en fallo del primero (1º ) de febrero del año curso, con radicación 55411, en el que, en lo pertinente, se precisó: “(…) En relación con aquellos beneficiarios del régimen de transición, que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones les faltare 10 o más años para consolidar el derecho a la pensión de vejez, la forma de determinar el ingreso base de liquidación es la contemplada en el artículo 21 de la Ley 100, que se refiere “al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión” , o el promedio de los ingresos de toda la vida laboral, cuando el afiliado haya cotizado 1.250 semanas como mínimo.(…)”.

La anterior interpretación, valga anotarlo, es la correcta, pues de los términos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que, de manera clara, se desprende, es que la regulación que contiene para determinar el salario base de liquidación de la pensión, está orientada y restringida para los beneficiarios del régimen de transición que le falte menos de diez (10) años para adquirir el derecho, y para ellos consagra dos opciones; y como ese precepto guardó silencio, en esa materia, en relación con los beneficiarios del régimen de transición que les faltaba diez (10) o más años para adquirir el derecho a la pensión, con ello se está indicando, en sana lógica, que para establecer su ingreso base de liquidación, se debe acudir a la regla general que en esa materia contiene el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el que si bien alude, también, a dos opciones similares, es más exigente cuando se escoge la del promedio de toda la vida laboral, ya que requiere tener cotizada un mínimo de 1250 semanas.

Por lo tanto, se impone concluir que la decisión del tribunal de negar la pretensión principal de las súplicas subsidiarias, está fundada en una interpretación equivocada del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como es que a los beneficiarios del régimen de transición que les faltaba, al entrar en vigencia dicha ley, diez o más años para adquirir el derecho a la pensión, su salario base de liquidación debe determinarse, siempre, con referencia a lo devengado o cotizado durante toda su vida laboral. De ahí que la sentencia gravada incurrió en la violación denunciada en el cargo tercero, lo que impone darle prosperidad y, por ende, quebrar dicho fallo en cuanto absolvió a las demandadas de las pretensiones subsidiarias de la demanda ordinaria con que se inició este proceso; circunstancia que hace innecesario examinar el cargo cuarto.

La casación del fallo gravado antes reseñada será total y no parcial, como lo reclama el opositor, Banco de República, so pretexto que el impugnante no atacó el planteamiento que hizo el tribunal, en el sentido que tampoco procedía la reliquidación pedida fundada en la no inclusión de unos pagos extralegales por parte de las demandadas para fijar la cuantía de la pensión que estas le reconocieron, porque el demandante no determinó o especificó qué valores eran; como también porque “(…) tampoco fueron objeto de debate por parte del recurrente ni la hipotética indexación de la condena, ni la absolución impartida implícitamente por el fallador de segunda instancia en lo relativo al reconocimiento de los intereses moratorios (…)”.

Y no se acoge dicha petición porque los argumentos que se aducen para sustentarla, no son de recibo, ya que, el primero, pasa por alto que la pretensión subsidiaria de reliquidar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del actor tomando como base el promedio que sirvió de base para los aportes durante los diez (10) últimos años de servicio, incluyendo los factores salariales legales y extralegales, actualizados anualmente con base en la variación del IPC, es una e indivisible, y ella, a la postre, pese a los términos que se utiliza para proponerla, guarda consonancia con lo que dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, cuya no aplicación por parte del Tribunal como consecuencia de la interpretación errónea del artículo 36 de esa misma Ley 100, motiva la casación de la sentencia gravada.

Y de otra parte, para la absolución de las otras pretensiones subsidiarias, que son consecuenciales a la reliquidación, el Tribunal ningún fundamento esgrimió para controvertirlo, y es lógico entender que esa decisión la basa en la no prosperidad de la súplica principal subsidiaria; y por lo tanto, de igual manera, al censor le bastaba desquiciar y lograr la quiebra del fallo en relación con esta determinación, para que ello cobije y se extienda a lo resuelto con relación a aquellas.

Como el recurso de casación sale avante, no se impondrán costas por el mismo.

Para proferir el fallo de instancia que corresponda se hace necesario allegar unas pruebas, y así se dispondrá.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010), en el proceso que promovió Guillermo Estrada Echeveryy al Banco de la República y el Banco Cafetero S.A. —en liquidación—, en cuanto absolvió a las demandadas de las súplicas subsidiarias formuladas en la demanda ordinaria con que se inició este proceso.

Para mejor proveer, en sede de instancia, se solicitará al Banco de la República, que dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, certificación, con destino a esta corporación, sobre todos los pagos que realizó al demandante Guillermo Estrada Echeverry durante los últimos diez (10) años en que le prestó sus servicios, discriminando el monto y el concepto de los mismos; en caso de ser estos de origen extralegal, deberá remitir copia de los documentos en que se convino o autorizó su reconocimiento.

Sin costas por el recurso extraordinario.

Allegada la prueba ordenada, vuelva el expediente al despacho del magistrado ponente, para los fines legales pertinentes.

Notifíquese y publíquese».