Sentencia SL12708-2017/49397 de agosto 9 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTION 1

Magistrado ponente

Dr. Ernesto Forero Vargas

SL12708-2017

Rad. 49397

Acta 5

Bogotá, D.C., nueve de agosto de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la Sentencia proferida por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 9 de junio de 2010, en el proceso que instauró José Belisario Solana Tinoco contra el Instituto de Seguros Sociales.

Extractos: «I. Recurso de Casación.

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

VIII. Consideraciones.

Encuentra la Sala un lapsus del casacionista al indicar como vehículo de violación medio los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, pues sabido es que esta violación debe ser propuesta a través de una norma procesal.

Sin embargo, se da por superado por cuanto también denunció el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la vía indirecta, aplicación indebida del artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, quedando totalmente esclarecido que el señalamiento lo enfoca desde lo fáctico, y en consecuencia la Sala se adentra al estudio planteado.

Vista la Sentencia recurrida, el Tribunal consideró que la acción en este asunto se encontraba prescrita porque i) el Instituto de Seguros Sociales contaba con un plazo de 90 días para cancelar las acreencias laborales al actor (D. 797/1949 art. 1º), esto es, hasta el 25 de septiembre de 2003, por cuanto la “terminación del contrato de trabajo” se hizo efectiva el 25 de junio de 2003; ii) el demandante elevó reclamación administrativa el 23 de mayo de 2004, petición que no fue resuelta en el mes siguiente, quedando agotada el 23 de junio de 2004; iii) que esa reclamación interrumpió la prescripción, siendo el término trienal el comprendido a partir de esta última fecha hasta el 23 de junio de 2007; iv) como la demanda inaugural se instauró el 10 de octubre de 2008, la acción prescribió; y v) que la Resolución 4680 del 19 de septiembre de 2005 que profirió el Instituto de Seguros Sociales, por medio de la cual reconoció la deuda, no interrumpe la prescripción nuevamente, en razón a que solo es posible hacerlo una vez, situación que ya se cumplió con la reclamación agotada el 23 de junio de 2004 (art. 151 del CPTSS).

La censura enrostra el equívoco del juez colegiado, porque no tuvo en cuenta la respuesta a la reclamación administrativa presentada por el demandante, la que se hizo a través de la Resolución 4680 del 19 de septiembre de 2005, con la cual se interrumpió naturalmente la prescripción de la acción, siendo esta fecha el punto de partida para establecer el nuevo trienio que autoriza el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, máxime que conforme con el artículo 6º ibídem, con la modificación introducida por el artículo 4º de la Ley 712 de 2001, si el trabajador decide esperar la contestación a su reclamación, el término prescriptivo únicamente se contará de nuevo a partir de la respuesta efectiva que se le dé.

Visto lo anterior, la razón está de parte del recurrente y no del Tribunal, por cuanto, como se verá la presente acción no se encuentra prescrita por lo siguiente:

A. Agotamiento Reclamación Administrativa, artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

El artículo 6º del estatuto adjetivo laboral, con la modificación introducida por el artículo 4º de la Ley 712 de 2001, exige para las acciones judiciales contra la Nación, las entidades territoriales y cualquier otra entidad de la administración pública, la previa reclamación administrativa consistente en el simple reclamo escrito del pretendiente sobre el derecho, la cual se entiende agotada cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes de su presentación no haya sido resuelta.

Ahora, en los términos del inciso 2º del precepto instrumental reseñado, mientras esté pendiente el agotamiento de dicha reclamación, el término de prescripción queda suspendido, de manera que la reanudación se da desde el momento en el que se produzca efectivamente la respuesta de la administración, o cuando el interesado, transcurrido un mes después de presentada, decide no esperar la respuesta y opta por la acción judicial.

Sobre la correcta interpretación del citado precepto procedimental, la Sala de Casación Laboral precisó que para que se entienda que la reclamación administrativa fue agotada, no solo es menester que la respuesta de la administración se produzca, sino que además se requiere que sea debidamente notificada, dado que, si ello no se cumple la contestación no produce ningún efecto, ni obliga al trabajador; trayendo como consecuencia lógica que el término prescriptivo en contra de este no pueda iniciar a correr en favor de la entidad, hasta tanto, se repite, se surta la notificación en debida forma.

Dicha postura está contenida en la Sentencia CSJ SL12148-2014, rad. 43692 que en su parte pertinente señaló:

2) Aclarado lo anterior, esta Sala anticipa que los argumentos planteados por el recurrente son fundados, toda vez que, conforme al artículo 6º Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la reanudación del término de prescripción de las acciones laborales en los eventos en que se haya presentado la reclamación administrativa, debe contabilizarse a partir de: (i) cuando se haya decidido la petición, o (ii) cuando transcurrido un mes desde su presentación no haya sido resuelta(1). Naturalmente, para que la reclamación administrativa se entienda agotada en el primero de estos eventos, no solo es menester que la respuesta se produzca y exista como tal, sino también que sea notificada.

Y no podría ser de otra manera, pues si bien las normas del proceso laboral gozan de aplicación especial en tanto regulen expresamente las materias, y desde esa óptica, atendiendo a la exegesis del artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social basta con que se haya producido la respuesta, lo cierto es que esa interpretación no se aviene a los principios tuitivos del derecho del trabajo como tampoco a los constitucionales de publicidad y debido proceso, que deben regir en todas las actuaciones de la administración pública, inclusive las que se den en el marco de las relaciones de ésta en su condición de empleadora y sus trabajadores oficiales.

Así, conforme al principio de publicidad —en relación con el de buena fe y debido proceso—, las autoridades deben dar a conocer a los administrados, en este caso, trabajadores, sus decisiones, lo cual, para la reclamación administrativa estatuida en el artículo 6º Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, implica que, no es suficiente con que la entidad emita un pronunciamiento sobre los derechos laborales reclamados, sino que es indispensable que esa determinación se dé a conocer a través de los medios disponibles de comunicación más idóneos y eficaces, dejando constancia de ello.

Desde esta perspectiva, el deber de notificación a cargo de la entidad empleadora de las decisiones que adopte y que tengan incidencia en los derechos laborales y prestaciones de sus trabajadores, implica: (i) una obligación-responsabilidad para la administración consistente en que es su deber asumir la notificación al trabajador y velar por que ésta sea efectiva y real; (ii) que si se omite dicha actuación, la consecuencia es que la decisión no produce ningún efecto ni obliga al trabajador, y por tanto, no puede iniciar el término prescriptivo en contra de éste y en favor de la entidad, hasta tanto no se surta la notificación en debida forma.

Ahora, la comunicación de la respuesta a la reclamación del trabajador, no se encuentra sujeta a formalismos jurídicos como tampoco es menester que siga las ritualidades consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011) para la notificación de los actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa, como lo propone el recurrente, sino que basta con que el trabajador sea enterado de la decisión a través de cualquier medio eficaz y directo.

3) Al amparo de las anteriores precisiones, apenas necesarias en razón a la labor que le corresponde a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia como órgano encargado de la unificación de la jurisprudencia, es palpable que en el sub examine el Tribunal se equivocó al contabilizar el término de prescripción a partir del 27 de diciembre de 2002, fecha en la que la entidad elaboró la respuesta a la reclamación administrativa, como también al computar dicho lapso a partir del 9 de enero de 2003, calenda en que se envió la respuesta al interesado, pues ninguna de esas fechas daban certeza del momento a partir del cual se surtió la notificación de la decisión.

Por ello, al no tener convicción el Tribunal del momento a partir del cual se notificó la decisión de la reclamación, mal hizo en aplicar la prescripción a partir de la fecha en que se elaboró o se remitió, máxime si la entidad accionada, quien era la interesada en que se decretara a su favor la prescripción, no allegó la constancia de comunicación.

En consecuencia, la sentencia se casará, dado que, la ausencia de notificación de la respuesta impide la reanudación del término prescriptivo, el cual se entiende suspendido indefinidamente desde la fecha de presentación de la petición hasta que se produzca —y notifique— la decisión que la resuelva, lo anterior en los términos del art. 6º Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en su versión posterior a la Sentencia C-792/2006.

Acierta el recurrente, frente al señalamiento que hace a la sentencia del Tribunal, pues se evidencia con las pruebas denunciadas, que el actor elevó reclamación administrativa el 23 de mayo de 2004 (fls. 26 a 30), esto es, dentro de los tres años posteriores al 25 de junio de 2003, siendo respondida tal petición por la entidad demandada a través de la Resolución 4680 del 19 de septiembre de 2005, (fls. 10 a 14) sin que contenga ese acto administrativo la fecha en que se notificó al demandante.

Lo anterior significa que al amparo de la normatividad mencionada y de las pruebas reseñadas, el Tribunal se equivocó al contabilizar el término de prescripción a partir del 23 de junio de 2004, fecha en la cual venció el mes siguiente al día en que se presentó la reclamación administrativa, como también al computar el nuevo término trienal hasta el 23 de junio de 2007, toda vez que como quedo visto la ausencia de notificación del acto administrativo dando contestación a la reclamación 4680 del 19 de septiembre de 2005 impedía reanudar el término prescriptivo, el cual, como se explicó en el antecedente jurisprudencial que se rememoró, se entiende suspendido, para el caso, hasta la fecha de la presentación de la demanda que ocurrió el 10 de octubre de 2008.

En consecuencia, la presente acción judicial se ejerció en tiempo.

B. Interpretación Natural de la Prescripción Artículo 2539 del Código Civil.

Conforme al contenido de la citada resolución 4680 del 19 de septiembre de 2005 se observara que el ISS reconoció la obligación que tiene con el trabajador demandante, al detallar en la parte considerativa los guarismos de las acreencias adeudadas y no pagadas, (reajustes de prestaciones laborales de los años, 2000, 2001 y 2002, de prima de servicios legal, prima de servicio extralegal, prima de vacaciones, vacaciones, reajuste de cesantías e intereses de cesantías) como se muestra (fls. 10 a 14), conceptos que también se confiesan adeudados y no pagados en la contestación del hecho 6 de la demanda en el que el actor se remitió a lo dicho en tal resolución, y el ISS manifestó ser cierto (fls. 120 y 134).

Para mayor ilustración se transcribe el contenido de la resolución 4680 de 2005 en lo pertinente así:

5. Que con fundamento en el inciso segundo del artículo primero de la Resolución 2362 del 1 de octubre de 2003, la Unidad Hospitalaria Henrique de la Vega, remitió certificación expedida el 27 de Julio de 2005, debidamente suscrita por Ramón de la Cruz, Director, Luis Torres, Coordinador de Nómina, de la Unidad Hospitalaria Henrique de la Vega, y por Orinson Valenciano Viloria, Jefe de la División de Recursos Humanós (sic) de la ESE José Prudencio Padilla, por medio de la cual se certificaron acreencias laborales a cargo del Instituto de Seguros Sociales y a favor de Solana Tinoco Jose Belisario, por los conceptos y años que se relacionan a continuación:

AñoConceptoValor
2000Dominicales$269.307

AñoConceptoValor
2001Dominicales$3.074.587
Festivos$314.190

Reajuste Año 2001 
Prima de Servicio Legal$304.840
Prima de servicio Extralegal$304.840
Prima de vacaciones$50.806
Vacaciones$33.871
Reajuste de Cesantías$3.940.704
Intereses sobre Cesantías$591.105

2002Dominicales$432.312

Reajuste Año 2001 
Prima de Servicio Legal$48.034
Prima de servicio Extralegal$48.034
Prima de vacaciones$8.005
Vacaciones$5.337
Reajuste de Cesantías$56.707
Intereses sobre Cesantías$8.506

Lo anterior totaliza $9´221.878.

6. Que mediante certificación de fecha 03 de mayo de 2005, suscrita por Álvaro Acuña Cordero, Jefe (E) de Recursos Humanos de la Unidad Hospitalaria Henrique de la Vega, se constató que se le adeuda a Solana Tinoco Jose Belisario reajustes prestacionales correspondientes al año 2000, relacionados así:

Prima de Servicio Legal$195.572
Prima de Servicio Extralegal$195.572
Prima de Vacaciones$32.595
Vacaciones$26.076
Total Año 2000$449.815

De otra parte, también reconoce en la misma resolución, que el Instituto de Seguros Sociales le debe cancelar al actor la suma de $4.270.904, por concepto de acreencias laborales discriminadas en el numeral 14 de la Resolución en cita (prima de servicios legal, prima de servicio extralegal, prima de vacaciones, vacaciones del año 2000, horas dominicales y festivas del año 2001 y del año 2002), tal como se muestra en el siguiente aparte del acto administrativo:

Que de conformidad con lo expuesto, este despacho procederá a reconocer y ordenar pagar en favor de Solana Tinoco Jose Belisario, los conceptos a continuación relacionados, así:

Reajuste Año 2000   
Prima de Servicio Legal  $195.572
Prima de Servicio Extralegal  $195.572
Prima de Vacaciones  $32.595
Vacaciones   $26.076
Total Año 2000  $449.815
     
AñoMesNo. Horas DominicalesNo. de Horas Festivas 
 
2001Enero190 
Febrero170 
Marzo 120 
Abril00 
Mayo170 
Junio177 
Julio77 
Agosto00 
Septiembre240 
Octubre120 
Noviembre120 
Total13714 
Total Horas 2001151
Total a Pagar Año 2001$3.388.777
     
AñoMesNo. Horas DominicalesNo. De Horas Festivas 
 
2002Septiembre120 
Octubre120 
Total240 
Total Horas 200224
Total A Pagar Año 2002$432.312
     
Total a Pagar Año 2000 + 2001 + Año 2002$4.270.904
Son: cuatro millones doscientos setenta mil novecientos cuatro pesos m/cte

Aun cuando como ya analizó, por virtud del artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la acción no se encuentra prescrita, igualmente es dable considerar que la entidad Instituto de Seguros Sociales al aceptar expresamente la obligación, también interrumpió de manera natural la prescripción conforme lo dispone el artículo 2539 del Código Civil, lo cual ratifica que se mantuvo suspendido el término de la prescripción hasta la fecha de la presentación de la demanda, lo que implica necesariamente que el fenómeno jurídico de la prescripción en definitiva en éste asunto no se configuró.

Respecto a este punto de la interrupción natural de la prescripción por parte del deudor conviene traer a colación lo dicho por la Sala en Sentencia CSJ SL9319-2016 rad. 44925 que indicó:

2) Interrupción natural del deudor

Teniendo en consideración que la interrupción civil o judicial y la figura de la interrupción natural del deudor, no están consagradas en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por cuanto solamente en ese estatuto se prevé la interrupción frente al acreedor, quien lo puede hacer con un simple escrito (art. 151 CPT y SS) o con la reclamación administrativa (art. 6º ibídem), se hace necesario, por remisión analógica del art. 145 ídem, acudir a la disposición del Código Civil que la regula. Así el artículo 2539 ibídem, en su parte pertinente, instituye: “[l]a prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente (…)”, según lo cual cuando el deudor, en un acto voluntario e inequívoco, reconoce tácita o expresamente la obligación, la prescripción se entiende interrumpida, a partir de ese instante.

(...)

f) Cómo explicar que si una vez vencido el término de prescripción el deudor acepta la obligación, es decir, renuncia a la misma, esa conducta necesaria y rigurosamente trae consigo computar de nuevo el plazo, mas, sin embargo, si esa voluntad del deudor, espontánea y expresa, se materializa antes de cumplirse el término, pero después de que el acreedor la interrumpa, ¿no produzca ninguna consecuencia, máxime cuando la norma que regula este tipo de interrupción es de orden público?

Desde luego que el comportamiento del deudor tiene la virtualidad de afectar el transcurrir de la prescripción, porque “pese a contar con la posibilidad jurídica de frustrar la reclamación de aquel [acreedor] por el camino de enrostrarle su omisión o dejadez, decide libre y conscientemente honrar su deber de prestación, de forma tal que mediante acto suyo, reconoce expresa o tácitamente los lazos jurídicos que lo constriñen a satisfacer el derecho de su acreedor”, expresiones estas últimas, traídas de la Sentencia del 1º de junio de 2005, radicación 7921, proferida esta Corporación en su Sala de Casación Civil; así esa aceptación se verifique después del requerimiento escrito del titular del derecho.

A título de conclusión, si se interrumpiere la prescripción de manera natural por el acreedor, en los condiciones antedichas, y también en forma natural por el deudor, para los efectos de comenzar a contar nuevamente el término se tendrá en consideración la última interrupción, bien por el acreedor o bien por el deudor; acto natural que, se insiste, debe producirse previamente a la consolidación del plazo de la prescripción.

(...)

Bueno es aclarar aquí que en el asunto bajo examen, la figura que se presentó fue la interrupción y no la renuncia de la prescripción, puesto que el término de la misma no se había completado para cuando los deudores exteriorizaron su deseo de reconocer la obligación. En efecto, la renuncia expresa o tácita de la prescripción sólo tiene lugar “después de cumplida”, esto es, sólo luego de vencido el plazo y adquirido el derecho a oponerla, situación que, se reitera, en el sub examine no ocurrió, puesto que para el momento en que los demandados aceptaron la deuda, tal fenómeno aún no se había consumado.

En los anteriores términos, la Sala encuentra que el Tribunal valoró erradamente el citado documento (resolución 4680 de 2005 la cual dio respuesta a la reclamación de fecha 23 de mayo de 2004, fls. 26 a 30), que da cuenta de la interrupción de la prescripción, motivo que conduce a darle la razón a la censura y declarar próspero el cargo al quedar evidenciado el error evidente de hecho de haber dado por demostrado, sin estarlo, que operó la prescripción; sin que tenga incidencia las demás pruebas denunciadas, lo cual hace innecesario su análisis.

Por sustracción de materia, se releva la Sala del estudio del segundo cargo por perseguir idéntico cometido.

No se imponen costas en el recurso extraordinario por haber sido prospera la acusación.

IX. Sentencia de Instancia.

En sede instancia, además de las consideraciones efectuadas al desatarse el recurso de casación, es pertinente señalar que quien propone la excepción de prescripción, le corresponde probar los hechos en que la funda, sin que la accionada, en este caso, haya cumplido con el deber de demostrar que el acto administrativo que expidió como respuesta a la reclamación administrativa, se hubiese notificado, lo que significa que no era dable tener por consumado el término prescriptivo.

Al no operar la prescripción se abre paso a estudiar las pretensiones de la demanda introductoria así:

Al aceptar la enjuiciada la obligación con la Resolución 4680 del 19 de septiembre de 2005, conforme se admite en el hecho segundo y sexto de la contestación del libelo (fl. 134) y no acreditar en el curso del proceso que se haya puesto en conocimiento del titular del derecho esta contestación a la reclamación administrativa que elevó el demandante, el término prescriptivo, como se dijo no había vencido ni completado para el momento en que se presentó la demanda que nos ocupa, y por ello se debe entender que se interrumpió la prescripción.

Pasando al punto de estudio, centró el apelante demandante su recurso en la inconformidad de que el a quo desconoció la Resolución 4680 del 19 de septiembre de 2005, con la que se establece la existencia de una obligación laboral, y el reconocimiento de los conceptos discriminados en el numeral 14 de la Resolución en cita (prima de servicios legal, prima de servicio extralegal, prima de vacaciones, vacaciones del año 2000, horas dominicales y festivas del año 2001 y del año 2002) en la suma de $4.270.904, que no le han pagado; así como los conceptos liquidados de reajustes de prestaciones laborales de los años 2001 y 2002, de prima de servicios legal, prima de servicio extralegal, prima de vacaciones, vacaciones, reajuste de cesantías e intereses de cesantías, por valor de $9.221.878,oo., que el ISS también confiesa no haber cancelado, conforme ya se expuso en sede de casación.

Conforme a la deuda no discutida, sino todo lo contrario aceptada por la demandada, corresponde entonces condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar la suma de “$4.270.904,oo por los conceptos laborales de prima de servicios legal, prima de servicio extralegal, prima de vacaciones, vacaciones del año 2000, horas dominicales y festivas del año 2001 y del año 2002”, confesado como adeudadas en la contestación del libelo introductor en el hecho dos; así como los reajustes prestacionales de los años 2001 y 2002, de prima de servicios legal, prima de servicio extralegal, prima de vacaciones, vacaciones, reajuste de cesantías e intereses de cesantías, que no han sido pagadas, y que también fueron liquidados en la Resolución 4680 del 19 de septiembre de 2005, por valor de $9.221.878.oo y aceptadas como deuda conforme a la contestación de demanda en el hecho seis, folio 134; en los que se admite:

“2. Es cierto parcialmente, a la demandante (sic) se le adeudaban acreencias laborales por conceptos dominicales y festivos de los años 2000, 2001 y 2002, reajuste de los años 2000 y 2002, primas de servicio legal, extra legal, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, de los años 2001 y 2002 y reajuste, prima de servicio legal y extralegal, prima de vacaciones del año 2000, de acuerdo a lo reconocido en la resolución (sic) 4680 de 2005.”

6. Es cierto, teniendo en cuenta que debían realizarse los correspondientes descuentos de ley que no se habían llevado a cabo.

De otro lado, frente a las súplicas de dotaciones y compensatorios, no proceden por cuanto dichos conceptos no hicieron parte de la reclamación administrativa elevada por el demandante ni la deuda fue aceptada en la citada resolución 4680 de 2005 y por ende se encuentran afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción, lo que lleva a su absolución.

Respecto de la solicitud de la indemnización moratoria pretendida por el actor, es necesario precisar que la exigibilidad de los derechos reclamados por el demandante en su calidad de trabajador oficial, en los casos en que operó la escisión del ISS de conformidad con el Decreto 1750 de 2003, no está circunscrito al criterio fijado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia CSJ SL9641-2014, reiterada en la CSJ SL63809-2015, mediante la cual se dijo en relación al término de los 90 días de gracia consagrados en el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 797 de 1990 lo siguiente:

Entonces, como ya se dijo, vencido el plazo de 90 días, la obligación se hace exigible, precisamente porque, verificado aquel, ésta muta su naturaleza a una obligación pura y simple, y a partir de allí el trabajador ya puede hacer uso del derecho de acción consagrado en la constitución y la ley, puesto que el empleador oficial, a partir de ese momento, queda constituido en mora.

Como síntesis, se tiene que el hito temporal que debe ser considerado para que se inicie el conteo de la prescripción, solo se presenta transcurridos los 90 días siguientes a la terminación del contrato de trabajo, vale decir, a partir del día 91, no antes.

Lo anterior por cuanto en el sub lite no se presentó la terminación de la relación laboral del actor, sino que aquella continuó.

En efecto, la citada normativa se ocupa de la indemnización moratoria de trabajadores oficiales y exige la finalización del vínculo contractual laboral, lo cual no ocurre este proceso, por cuanto se evidencia que la relación con el accionante se mantuvo, con la diferencia que a partir del 26 de junio de 2003 cambió su calidad de trabajador oficial a empleado público, por la mutación ordenada por mandato legal, al presentarse la escisión del Instituto de Seguros Sociales, y que en el caso presente se dio con respecto al paso a la ESE José Prudencio Padilla, no cumpliéndose el postulado de poder hacer exigible la obligación de derechos a la terminación del contrato de trabajo en el sector oficial, máxime que el cargo desempeñado por el demandante fue el de médico especialista grado 38, esto es, no ejercía funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, lo que confirma su mutación a empleado público.

Además de lo anterior el acto administrativo que reconoció los reajustes prestacionales del accionante, no consagró reconocimiento de mora, lo que sumado a la continuidad del vínculo impide efectuar condena al respecto. Así lo expresó la Corte, en Sentencia CSJ SL 5 abr. 2011, rad. 37767:

Es un hecho indiscutido en el proceso, que las obligaciones por horas extras y dominicales laboradas por la demandante en el año 2001 fueron reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución 3709 del 16 de julio de 2007, en la que nada se dijo acerca de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; también quedó establecido y no es tema de controversia, que dicho Instituto le hizo saber a la actora que el acto administrativo referido estaba en firme, por no haber sido recurrido.

Al estar reconocido el derecho, es lógico concluir que no era posible una segunda declaración en ese sentido, luego el camino a seguir como bien lo dijo el Tribunal, era hacerlo efectivo, a través del proceso ejecutivo, por lo menos en lo que hace con los créditos reconocidos en el reseñado acto. En esas condiciones no se advierte equivocación en la decisión del ad quem que consideró improcedente acudir al trámite ordinario, porque además de lo dicho, la acción declarativa intentada el 21 de septiembre de 2007 con relación a los créditos laborales causados en el año 2001, estaba visiblemente vencida y por ende, el derecho afectado por la prescripción, en los términos de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, criterio este aplicable frente a la sanción moratoria reclamada en la citada fecha de 2007, y que no fue objeto de reconocimiento en la Resolución 3709; y, si bien el ISS pudo renunciar en aquella época a la prescripción, cuando el 16 de julio de 2007 reconoció a la demandante los créditos causados en el año 2001, dicha determinación no vincula respecto de la indemnización moratoria, que fue ajena a ese acto.

Por lo demás, ese punto de la sanción por mora, que sería el único del cual pudiera ocuparse el proceso, por no hacer parte de la reseñada Resolución 3709, no puede estimarse incluida en la renuncia de la prescripción, puesto que fue objeto de oposición en la respuesta a la demanda inicial e incluso materia de la excepción de la excepción de prescripción que formuló (fls. 54 y 55). Así, esa actuación y la del Tribunal se compaginan con lo dispuesto por el artículo 2513 del Código Civil que reza: “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio” y ello está en armonía con la exigencia del artículo del Código de Procedimiento Civil, artículo 306, en cuanto a que la prescripción es uno de los medios exceptivos que no puede declarar oficiosamente el juzgador, sino que exige ser formulado; luce redundante, pero si el Instituto de Seguros Sociales no la hubiera propuesto, de suyo el ad quem no la habría podido declarar.

En consecuencia, la Sala actuando como Tribunal de instancia condenará el pago de las acreencias laborales señaladas en el acto administrativo tantas veces citado, para lo cual revocará la sentencia de primera instancia y condenará a los conceptos registrados en la resolución indicada, absolviendo de las demás súplicas.

Se declararán no probadas las excepciones en especial la carencia del derecho y probadas parcialmente la de prescripción respecto de algunas acreencias laborales.

Las costas de primera instancia estarán a cargo de la parte demandada, no se causan en la alzada.

X. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la Sentencia dictada el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010) por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral seguido por José Belisario Solana Tinoco contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia se ordena:

1. REVOCAR la decisión del juzgado de primer grado y en su lugar CONDENAR al Instituto De Seguros Sociales a pagar:

A) La suma de $4.270.904,oo reconocida a través de la resolución 4680 del 19 de septiembre de 2005, por prima de servicios legal, prima de servicio extralegal, prima de vacaciones, vacaciones del año 2000, horas dominicales y festivas del año 2001 y del año 2002.

B) El valor de $9.221.878,oo por los años 2001 y 2002, por concepto de prima de servicios legal, prima de servicio extralegal, prima de vacaciones, vacaciones, reajuste de cesantías e intereses de cesantías las siguientes sumas de dinero, en atención a lo considerado”, suma que se discrimina así:

a) Dominicales y festivos por el año 2001 $3.388.777

Reajuste del año 2001:

a) Prima de servicio legal$ 304.840

b) Prima de servicio extralegal$ 304.840

c) Prima de vacaciones$ 50.806

d) Vacaciones$ 33.871

e) Reajuste de cesantías$3.940.704

f) Intereses sobre cesantías$ 591.105

g) Dominicales año 2002$ 432.312

Reajustes año 2002:

a) Prima de servicio legal$ 48.034

b) Prima de servicio extralegal$ 48.034

c) Prima de vacaciones$ 8.005

d) Vacaciones$ 5.337

e) Reajuste de cesantías$ 56.707

f) Intereses sobre cesantías$ 8.506

2. ABSOLVER de las demás acreencias al Instituto de Seguros Sociales, conforme a lo analizado.

3. Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

1. La expresión “o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta” contenida en el art. 6º del C.S.T y S.S, fue declarada exequible condicionadamente por la Corte Constitucional en Sentencia C-792 de 2006, en el entendido que “el agotamiento de la reclamación administrativa por virtud del silencio administrativo negativo, es optativo del administrado, de tal manera que si decide esperar la respuesta de la administración, la contabilización del término de prescripción solo se hará a partir del momento en el que la respuesta efectivamente se produzca”.