Sentencia SL12715-2014/40888 de abril 30 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL12715-2014

Radicación 40888

Acta 14

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil catorce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 26 de noviembre de 2008, en el proceso seguido por ALBERTO TORREGLOSA GAVIRIA contra la NACIÓN - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

I. ANTECEDENTES

Con la demanda inicial, el citado accionante pretendió el reconocimiento y pago de la pensión proporcional de jubilación a partir del 9 de agosto de 1991, calenda en la cual empezó a regir la convención colectiva de trabajo 1991-1993; los intereses moratorios; la indexación; la indemnización por despido injusto, y la indemnización moratoria del artículo 1º del Decreto 797 de 1949. También solicitó que su pensión fuera liquidada en cuantía del 65.64% de su salario promedio, conforme lo prevé el numeral 1º, parágrafo 5º del artículo 113 de la CCT.

En subsidio, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión proporcional por despido injusto, a partir del 18 de octubre de 1998 y en cuantía del 62.58% del salario promedio, según lo establece la convención colectiva de trabajo 1989-1990; los intereses moratorios; la indexación; la indemnización por despido injusto, y la indemnización moratoria del artículo 1º del Decreto 797 de 1949.

Fundamentó sus pretensiones en que mediante contrato de trabajo prestó sus servicios a favor de la Empresa Puertos de Colombia “TERMINAL MARÍTIMO Y FLUVIAL DE CARTAGENA”, por el período comprendido entre el 22 de marzo de 1974 y el 29 de noviembre de 1989 (15 años, 7 meses y 23 días); que el último cargo que desempeñó fue el de Operador de Equipos.

Narró que mediante oficio de gerencia 99197 del 29 de noviembre de 1989, fue despedido sin justa causa y sin previo aviso, cuando se encontraba enfermo; que nunca tuvo interrupciones laborales ni incapacidades; que el hecho que se le imputó no es cierto, y si así lo fuera no reviste la gravedad suficiente; que no se cumplió el procedimiento previo al despido (fls. 1-4).

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia del vínculo laboral y sus extremos temporales, y el cargo desempeñado.

En su defensa expuso que la terminación del contrato de trabajo fue con justa causa; que al señor Torreglosa Gaviria se le aplicaron sendas sanciones disciplinarias; que la parte accionante es quien tiene la carga de “controvertir los argumentos de hecho y de derecho ampliamente esbozados por la empresa Puertos de Colombia para haber dado por terminado el contrato de trabajo vigente por el motivo de justa causa”, y que la pensión con el factor 53 se encuentra prevista para aquellos servidores que a la fecha de reunir los requisitos, se encontraren vinculados con la empresa Puertos de Colombia. Formuló la excepción de mérito de prescripción (fls. 38-42).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Cartagena, mediante fallo del 23 de septiembre de 2005, absolvió a la entidad accionada de las pretensiones de la demanda (fls. 110-119).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación del demandante, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante sentencia del 26 de noviembre de 2008, confirmó la de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró el Tribunal:

Ahora con respecto a la pretensión de declarar que el demandante es beneficiario de la Convención Colectiva suscrita entre la Empresa Puertos de Colombia y su Sindicato, vigente para los años 1991-1993 y como consecuencia de ello le sea reconocida una pensión proporcional de jubilación, siendo que el actor fue despedido el 29 de noviembre del año 1989, no cabe más que advertir que el artículo 470 del Código Sustantivo del Trabajo dispone dos situaciones: la primera tiene que ver si la convención fue celebrada por un sindicato minoritario, en este caso, los beneficios de la convención solo se aplicarán a los trabajadores afiliados, a quienes ingresen posteriormente al sindicato y a quienes adhieran a la convención. La extensión de sus normas a los trabajadores no sindicalizados no ocurre de pleno derecho, sino que requiere adhesión expresa o tácita. La adhesión a la convención colectiva es un acto voluntario, individual, de efecto subjetivo, que además implica cotización del 100% de la cuota sindical, según lo ha expresado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, si por el contrario la convención ha sido suscrita por un sindicato mayoritario, sus beneficios se hacen extensivos a todos los trabajadores de la empresa, por mandato legal, excepto a los trabajadores no sindicalizados que expresamente manifiesten su deseo de no ser beneficiarios de la convención.

En el caso bajo examen, el demandante para la fecha de la suscripción de la pluricitada convención, no tenía la condición de trabajador del empleador, por tanto no puede ser extensiva a la convención a quien ya no pertenecía a la empresa y más bien tenía la condición de extrabajador.

Con relación a la prescripción declarada, la Sala comparte la decisión del fallador de primera instancia, habida cuenta que el demandante fue despedido el 29 de noviembre de 1989 y no es clara la fecha de la reclamación administrativa para efectos de contabilizar la interrupción de la prescripción y siendo que la demanda fue presentada el 17 de septiembre de 2002 y la notificación de la misma el 31 de octubre de la misma anualidad, transcurrieron más de 12 años desde la fecha del despido, sin que se hubiese interrumpido la extinción de la obligación por transcurso del tiempo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la parte accionada que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que no fueron replicados.

Adicionalmente, formula una petición a esta Corporación en los siguientes términos:

PETICIÓN ESPECIAL A LA H. CORTE. Y por ultimo (sic) dado que el Actor laboró por más de quince años de servicios y ya cuenta con más de 55 años de edad, invocando los principios de celeridad, primacía de la realidad sobre la formalidad y eficacia de la administración de justicia, y en el evento de que no se acceda a lo antes pedido, pido comedidamente se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en el inciso segundo del parágrafo primero del artículo 113 de la convención colectiva de trabajo vigente 1989-1990. Esta pensión se debe a partir del 18 de octubre de 2003, con indexación o actualización de la primera mesada pensional. El pago de las mesadas atrasadas deberá darse en forma indexada.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia impugnada por la vía indirecta, en la modalidad de apreciación errónea del “artículo 113 Parágrafo quinto Num. (sic) 1º de la convención colectiva 1991-1993 de la Costa Atlántica, /.../ Se violaron además los arts. 1º, 9º, 2º, 13, 14, 16 numeral 2º, 21, 467, 468, 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; los arts. 2º, 3º, 4º, 8º, 11, 106 parágrafo primero, 107, 110, 119, 120, el art. 113 parágrafo 5º Num (sic) 1º de la convención colectiva de trabajo vigente 1991-1993 y numeral 10 del ACTA DE ACUERDO Y DE ACLARACION (sic) de fecha 20 de mayo de 1993 que ordena la aplicación del presente acuerdo a TODOS los trabajadores de puertos en virtud del principio de favorabilidad /.../ los arts. 2º, 4º, 9º, 10, 96, 97, 98 de la convención colectiva de trabajo 1989-1990; los convenios internacionales 87 de 1948 (L. 26/76), el convenio 98 de 1949 (L. 27/76), convenio 151/78 aprobado Ley 411 de 1997; los arts. 1º, 46, 49, el decreto 2127 de 1945 arts. 18, 34 el art. 49 de la ley (sic) 6º de 1945; los arts. 1º, 12, 11, 36, (sic) y el art. 141 de la ley (sic) 100 de 1993...” (fl. 9, cdno. Corte).

Aduce que el Tribunal se equivocó por no haber aplicado la convención colectiva de trabajo 1991-1993, y para el efecto le enrostra los siguientes errores de hecho:

(...) dar por demostrado sin estarlo, que el artículo 113 parágrafo quinto num. 1º de la convención colectiva 1991-1993 de la Costa Atlántica solo se puede aplicar a los trabajadores activos para la época de su vigencia.

No dar por demostrado, estándolo que el artículo 113 parágrafo quinto num. 1º de la convención colectiva 1991-1993, le era aplicable al actor, en razón a que los tiempos de servicios para efectos de la pensión en dicha empresa según la citada convención (arts. 107, 110, 111, el ACTA DE ACUERDO del 20 de mayo de 1993 entre otras) podían ser anteriores o posteriores a las firmas o vigencias de ella y porque la citada convención en materia pensional ordena la aplicación del principio de favorabilidad y el de la igualdad.

No dar por demostrado estándolo que para efectos de pensión en las normas convencionales de Puertos de Colombia no se requiere estar vinculado a la empresa, pues solo basta reunir los requisitos de edad y tiempo de servicios.

En sustento de su acusación refiere que en la ley y en las disposiciones convencionales de Puertos de Colombia no se requiere estar vinculado a la empresa para acceder a la pensión de jubilación; que en el numeral 10 del “Acta de Acuerdo y de Aclaración” de la convención colectiva 1991-1993 se dijo: “El presente acuerdo se aplicará a todos los trabajadores de Colpuertos en virtud del principio de la favorabilidad que rige las relaciones laborales”; que el artículo 11 de la CCT 1991-1993 dejó a salvo los normas contenidas en convenciones anteriores que no hayan sido expresamente modificadas o derogadas por ese instrumento.

Afirma que existen antecedentes según los cuales la pensión aplica a todos los extrabajadores que hayan prestado sus servicios a Puertos de Colombia; que la decisión del Tribunal viola el derecho a la igualdad, ya que a la fecha de vigencia de la convención 1991-1993, acreditaba todos los requisitos, y agrega:

Se recuerda a la H. Sala que la pensión proporcional de jubilación, ya sea legal o convencional goza de los mismos privilegios y beneficios de la pensión de jubilación, y por tanto también puede afirmarse que si para tener derecho a la pensión de jubilación no se requiere estar vinculado al ente, también puede afirmarse lo mismo cuando de la pensión proporcional de jubilación se trate.

No otra cosa se infiere cuando por ejemplo el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 dice llanamente: “... En todos los demás aspectos la pensión aquí prevista se regirá por las normas legales de la pensión vitalicia de jubilación”.

Desde ese punto de vista, señala que no se entiende como el Tribunal le exigió estar vinculado a la empresa, cuando conforme a la convención colectiva los tiempos de servicio pueden ser anteriores o posteriores a su firma.

VII. CONSIDERACIONES

1) Se rechaza la petición especial formulada por el recurrente en casación, en tanto que lo allí solicitado no fue debatido en las instancias, de manera que, mal haría esta corporación en estudiar una pretensión sobre la cual la entidad accionada no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y contradicción.

2) Superado lo anterior, debe esta Sala recordar, como lo ha hecho en muchísimas oportunidades, que no es función suya en el recurso extraordinario de casación laboral, interpretar y darle alcance a normas convencionales.

En primer lugar, porque la finalidad de dicho recurso, entre otras (num. 2º art. 16, L. 270/96), es el de unificar la jurisprudencia en torno a los preceptos jurídicos de orden nacional que se estimen violados, y las convenciones colectivas de trabajo, si bien tienen naturaleza sustancial, no son normas de orden nacional, puesto que su ámbito de aplicación es restringido.

En segundo lugar, porque de acuerdo con lo expuesto, la convención colectiva de trabajo es, para los efectos del recurso de casación, una prueba en tanto los derechos que emanan de ella deben ser probados y acreditados en el proceso.

Y en tercer lugar, porque como prueba que es, al igual que los demás medios probatorios, puede ser apreciada por los jueces en el marco del principio de la libre formación del convencimiento que inspira las decisiones laborales (art. 61, CPT y SS), de ahí que la conclusión del juzgador al interpretarla, siempre y cuando se muestre razonable y formalmente válida, debe ser respetada en el recurso extraordinario, pues de conformidad con las reglas que gobiernan dicho medio de impugnación, solo el error de hecho evidente, ostensible o manifiesto (num. 1º art. 87 ib.), es el que puede dar lugar al quebrantamiento de una sentencia cuando se controvierte a través de la violación indirecta de la ley, de manera que, en ese orden, cuando la apreciación del sentenciador de una norma convencional sea manifiestamente equivocada, es cuando podría la Corte entrar a remediar el desacierto del juzgador de la alzada.

3) Así las cosas, en el presente asunto la acusación del recurrente es infundada, comoquiera que de la lectura del numeral 1º, parágrafo 5º del artículo 113 de la convención colectiva de trabajo 1991-1993, no se desprende que la intención de las partes haya sido la de darle efectos retroactivos a la pensión proporcional de jubilación allí prevista, haciéndola extensiva a aquellos trabajadores retirados.

En efecto, en lo pertinente la disposición convencional dice:

PARÁGRAFO QUINTO. PENSIONES PROPORCIONALES ESPECIALES COMO CONSECUENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA.

1. Los trabajadores sindicalizados de los terminales marítimos de Cartagena, Barranquilla y Obras de Conservación de Bocas de Ceniza que cuenten con cuarenta (40) o más años de edad y menos de cincuenta (50) años de edad y un tiempo de quince (15) o más años de servicios al Estado y un mínimo de tres (3) años exclusivos con la Empresa Puertos de Colombia, tendrán derecho a una pensión proporcional de jubilación, así...

Nótese que dicho precepto se refiere a “los trabajadores”, lo cual significa que el beneficio cobija a aquellas personas que tengan vínculo laboral vigente con la empresa.

De igual manera, del texto del numeral 10 del “Acta de Acuerdo y de Aclaración” de fecha 20 de mayo de 1993, conforme al cual el “acuerdo se aplicará a todos los trabajadores de Colpuertos en virtud del principio de la favorabilidad que rige las relaciones laborales”, tampoco se infiere que los beneficios convencionales previstos en la convención colectiva de trabajo 1991-1993, en especial, el de la pensión proporcional de jubilación, se extiendan a los servidores retirados con antelación a su fecha de entrada en vigencia, en la medida que, la norma nuevamente se refiere a los “trabajadores”.

Esta corporación al estudiar la posibilidad de que los beneficios consagrados en convenciones colectivas se apliquen a trabajadores retirados, ha considerado que al tenor de lo dispuesto en el artículo 467 CST, en armonía con lo consagrado en los cánones 468, 470 y 471 del mismo estatuto, por regla general, ello no es posible, a menos que las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad acuerden lo contrario. Por ejemplo, en sentencia CSJ SL, 20 abr. 2010, rad. 35338, expresó:

Debe advertir la Sala, como lo ha establecido en otras oportunidades, si bien la convención colectiva de trabajo contiene rasgos propios de las leyes, su ámbito de aplicación se reduce únicamente a la comunidad laboral que de acuerdo con las reglas de los artículos 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo, se beneficia de ella, esto es, a los trabajadores activos, sin que esa regla sea absoluta, porque las partes pueden pactar la aplicación del instrumento de negociación a quienes no sean trabajadores; así, en sentencias de 22 de abril de 2008 y 2 de junio de 2009, radicados 32604 y 34314, respectivamente, se recordó que “el acto convencional fija las condiciones que rigen los contratos de trabajo, de donde es dable entender que, salvo estipulación en contrario, no aplica a situaciones que no constituyen ya esa clase de relación laboral”.

Así las cosas, si las partes no pactaron expresamente en la convención colectiva de trabajo 1991-1993 que a la pensión proporcional de jubilación allí prevista podían acceder los extrabajadores, no puede ahora el demandante pretender beneficiarse de esa prestación, dado que, para la fecha en que cobró vigencia ese instrumento se encontraba desvinculado de la entidad.

La conclusión anterior cobra mayor vigor en atención a lo estipulado en el parágrafo primero y segundo del artículo 2º del citado cuerpo convencional, ya que en esas disposiciones se dejó en claro que la convención colectiva únicamente aplicaba a los trabajadores sindicalizados y a los no afiliados al sindicato, siempre que estos últimos se adhirieran a la convención.

En consecuencia, el cargo no prospera.

VIII. CARGO SEGUNDO

En punto a la pretensión subsidiaria de la demanda, atribuye a la sentencia recurrida, por la vía directa, la aplicación indebida de los artículos 488 del CST y 151 del CPT y SS, “situación que lo hizo o lo indujo a declarar probada la excepción de prescripción de la pensión solicitada”.

En el mismo acápite señala que el Tribunal desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y de esta Sala de Casación Laboral sobre la imprescriptibilidad de la pensión, y agrega que:

Se violaron además los artículos 1º, 9, 10, 12, 13, 14, 16 numeral 2º, 21 467, 468, 469, 470 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; los arts (sic) 10, 19, 21, 96, 98, 107, 113, de la convención colectiva de trabajo de la costa Atlántica, vigente 1989-1990 que milita como anexo; los arts. (sic) 1º, 4º, 13, 25, 29, 48, 53, 55, 58, 83, 90, 228, 229, 230 de la Constitución política de Colombia; los arts (sic) 1º, 4º, (sic) y 9º de la ley (sic) Estatutaria 270/96; los convenios internacionales 87 de 1948 (L. 26/76), el convenio 98 de 1949 (ley (sic) 27 de 1976), convenio 151/78 aprobado ley (sic) 411 de 1997; los arts (sic) 1º, 46, 49, el Decreto 2127 de 1945 arts (sic) 18, 34 (sic) el artículo 49 de la ley (sic) 6º de 1945.

En desarrollo del cargo, expone, básicamente, que la pensión convencional proporcional por despido injusto es imprescriptible. Para el efecto, acoge los argumentos vertidos en las sentencias CSJ SL, 5 jul. 1996, rad. 8397 y C-230 de 1998 de la Corte Constitucional.

IX. CONSIDERACIONES

Aunque la demanda de casación no es un modelo a seguir, de su sustento se extrae que la inconformidad del recurrente estriba en que la pensión proporcional por despido injusto consagrada en la convención colectiva de trabajo (1989-1990) vigente para la fecha de su desvinculación, es imprescriptible.

Siendo ello así, la Sala encuentra que la razón está de su lado, toda vez que, según reiterada jurisprudencia de esta corporación, no prescriben ni (i) el derecho a la pensión o el status jurídico de pensionado, como tampoco (ii) la acción tendiente a que mediante una decisión judicial se declare que un hecho ocurrió de determinada manera.

De ahí que, en cualquier tiempo se pueda promover un proceso para que con efectos de cosa juzgada se determine el modo o la causa en que terminó un contrato de trabajo.

Al respecto, esta Sala en sentencia CSJ SL, 5 jul. 1996, rad. 8397, reiterada en CSJ SL, 4 jun. 2008, rad. 28479 y recientemente en CSJ SL, 6 sept. 2012 rad. 39347, dijo:

“De los “hechos” que fundamentan la pretensión que se hace valer en juicio solo cabe predicar su existencia o inexistencia, lo cual sucede también con los “estados jurídicos” cuya declaratoria judicial se demande -como los que emanan del estado civil de las personas-, respecto de los cuales adicionalmente se puede afirmar que se han extinguido. La jurisprudencia ha dicho que la pensión de jubilación genera un verdadero estado jurídico, el de jubilado, que le da a la persona el derecho a disfrutar de por vida de una determinada suma mensual de dinero. Por eso ha declarado la imprescriptibilidad del derecho a la pensión de jubilación y por ello la acción que se dirija a reclamar esa prestación puede intentarse en cualquier tiempo, mientras no se extinga la condición de pensionado, que puede suceder por causa de la muerte de su beneficiario. “Del estado de jubilado se puede predicar su extinción, mas no su prescripción”, dijo la Corte (cas., dic. 18/54). También la ley tiene establecido que la prescripción es un medio de extinguir los derechos, con lo cual los efectos de ese medio extintivo de las obligaciones no comprende los estados jurídicos, como el de pensionado.

“La recurrente no cuestiona esos postulados, pero dice que no existe la “posibilidad perpetua de que judicialmente se reconozca la existencia de un hecho y de que puedan deducirse las consecuencias legales de ese hecho mediante la imposición de las condenas consiguientes a quien se pruebe que fue el autor del hecho que haya perjudicado a otro” y que por ello la ley ha señalado plazos concretos para el ejercicio eficaz de las acciones judiciales.

“La posibilidad de demandar en cualquier tiempo está jurídicamente permitida por ser consustancial al derecho subjetivo público de acción. La prescripción extintiva por tanto, no excluye tal derecho porque dentro de ella, dentro del proceso y presuponiendo su existencia, le permite al juez declarar el derecho y adicionalmente declarar que se ha extinguido -como obligación civil, mas no natural- por no haberse ejercido durante cierto tiempo.

“Es claro, en consecuencia, que cualquier persona en ejercicio de la acción -entendida como derecho subjetivo público- puede demandar en cualquier tiempo que se declare judicialmente la existencia de un derecho que crea tener en su favor. El derecho público también se manifiesta en el ejercicio del derecho de excepcionar.

“Los hechos que le dan fundamento a una pretensión, por ser imprescriptibles, deben ser admitidos o rechazados por el juez antes de pronunciarse sobre la excepción correspondiente por lo cual, tratándose de la acción que se promueva para que se declare que el despido se ha producido con o sin justa causa, de manera legal o ilegal, no puede concluir con una decisión inhibitoria. El derecho que la ley le atribuya al hecho, debe ser declarado por el juez antes de pronunciarse sobre su extinción, pues ese derecho corresponde al ámbito de las obligaciones civiles y aun cuando, como tal, se haya producido su extinción por cualquiera de los medios ordinarios que la ley establece (pago, transacción, confusión, compensación, prescripción etc.), subsistirá la obligación del deudor como obligación puramente natural.

“Los razonamientos anteriores muestran que siempre existe la posibilidad jurídica de demandar, en cualquier tiempo, que se declare la manera de ser o de haberse producido el despido de un trabajador, como que se trata de un hecho al cual la ley le señala determinadas consecuencias jurídicas, las que, en nuestro sistema se han concretado en la indemnización económica, el reintegro, el pago de salarios dejados de percibir y la pensión proporcional de jubilación. No es por ello aceptable sostener que el sistema legal cierre la posibilidad jurídica de que judicialmente se reconozca después de cierto tiempo la existencia de un hecho del cual dependan consecuencias legales.

“El ejercicio del derecho subjetivo público de acción que se haga valer en un caso concreto para obtener que el juez declare que el despido se ha producido de manera ilegal o sin justa causa solo se agota cuando el juez declara si tal despido realmente ha ocurrido o no. La connotación que tenga el despido es una calificación jurídica, pero ni siquiera sobre ella cabe predicar la prescripción, pues esta solo es predicable de las obligaciones -civiles-, que son las que se extinguen cuando el derecho no se ha ejercido dentro de cierto tiempo. Como adicionalmente el hecho del despido, el tiempo de servicios durante el término legal y el capital de la empresa, generan en el caso de las pensiones de jubilación un estado jurídico imprescriptible, el juez no encontrará fundamento legal alguno en las normas sobre prescripción para sostener que la calificación del despido ha debido intentarse dentro del mismo término trienal que establece la ley para reclamar la indemnización por despido injusto y sobre esa base declarar la extinción del derecho a la jubilación”.

Desde este punto de vista, el Tribunal erró al confirmar la decisión del juez de primer grado que denegó la pensión proporcional por despido injusto bajo el argumento de que la acción laboral tendiente a que se calificara la justeza de la causa de terminación del contrato de trabajo, se encontraba prescrita, toda vez que, itérese, la pensión, que por demás es un derecho irrenunciable (art. 53 C.N.), no está sujeta a tal fenómeno extintivo, con independencia de que uno de sus supuestos fácticos de causación como lo es en este caso el despido injusto, no haya sido verificado por el juez del trabajo dentro de los tres años siguientes a la terminación del vínculo laboral.

Por lo anterior, el cargo es fundado y se casará la sentencia.

No se impondrán costas en el recurso extraordinario dado que la acusación tuvo éxito.

X. SENTENCIA DE INSTANCIA

Establecido que el derecho pensional reclamado en el presente juicio laboral es imprescriptible, corresponde en esta sede determinar si el actor es beneficiario o no de la convención colectiva de trabajo (1989-1990) suscrita entre la Empresa Puertos de Colombia y el Sindicato de Trabajadores del terminal marítimo de Cartagena, “SINDICATERMA”, el Sindicato de Empleados y Obreros del terminal marítimo y fluvial de Barranquilla, “SINDEOTERMA”, el Sindicato de Braceros Fluviales Marítimos y Navegantes del Atlántico, “SINBRANAVE”, el Sindicato de Trabajadores de los terminales marítimos del Atlántico, “SINTRAMAR”, y el Sindicato de Trabajadores del terminal marítimo de Santa Marta, “SINTRATERMAR”. En caso afirmativo, se verificará si cumple con los requisitos previstos en el artículo 113 para hacerse merecedor de la pensión proporcional por despido injusto.

Frente a lo primero, cabe señalar que le es aplicable la convención colectiva de trabajo (1989-1990). Primero, porque en el propio instrumento convencional (art. 9º) se previó un período de vigencia que iba desde su firma -jul. 28/89- y hasta el 31 de diciembre de 1990, lo que significa para la fecha de terminación del vínculo laboral -nov. 29/89- que la convención se encontraba en vigor; segundo, porque la entidad accionada no alegó que el demandante no fuera beneficiario de la multicitada convención; y tercero, porque según se lee en la liquidación de prestaciones sociales de folio 73, al promotor del proceso le liquidaron las prestaciones de la convención colectiva.

Aclarado lo anterior, cumple anotar que a la luz del parágrafo primero del artículo 113 de la CCT, los requisitos para acceder a la pensión proporcional por despido injusto, son los siguientes:

(i) Tener más de 15 años de servicios prestados

(ii) Ser despedido sin justa causa

(iii) 50 años de edad. Si tiene tal edad para la fecha del despido, la pensión iniciará a pagarse a partir de esa calenda, en caso contrario, cuando arribe a tal edad.

El cumplimiento de los requisitos (i) y (iii) puede verificarse con la documental visible a folios 76 y 73. En efecto, el primero de esos documentos que corresponde al certificado de bautismo, da cuenta que el actor nació el 18 de octubre de 1948, lo que significa que alcanzó la edad de cincuenta (50) años, el 18 de octubre de 1998; y el segundo (liquidación de cesantía definitiva) da cuenta que el tiempo total de servicio fue de “QUINCE (15) AÑOS, SIETE (7) MESES. VEINTITRÉS (23) DÍAS”.

En torno al requisito (ii) consistente en haber sido despedido sin justa causa, debe la Sala anticipar que también se encuentra satisfecho, por las siguientes razones:

En tratándose de la prueba del despido injusto, ha sido criterio inveterado de esta corporación que al demandante le concierne acreditar el hecho del despido, y una vez esto, a la parte accionada le corresponde demostrar la ocurrencia de los motivos argüidos como justa causa para la terminación del vínculo laboral.

En el sub examine la parte actora cumplió con su deber de acreditar el hecho del despido, toda vez que en el expediente reposa el oficio 099197 del 29 de noviembre de 1989 (fl. 68) en el cual la empresa adoptó la determinación de finalizar su contrato de trabajo por las siguientes razones:

Está demostrado plenamente dentro de la correspondiente investigación Administrativa Laboral realizada por la Empresa, que usted incurrió en hechos que constituyen violación de los Servicios Médicos Asistenciales para los empleados, Pensionados y familiares, en la Empresa Puertos de Colombia (Resolución de Gerencia General 36 de marzo 3 de 1983), y del Reglamento Interno de Trabajo, cuando fue (sic) sorprendido consumiendo basuco (sic) dentro de su habitación en la Fundación Para (sic) la Rehabilitación (sic) de Alcoholicos (sic) en Colombia - FUNDAR, lugar donde estaba siendo tratado de su problema de narcomanía.

Su conducta es violatoria de los artículos 5º y 6º del Reglamento de los Servicios Médicos-Asistenciales para los empleados, pensionados y familiares, en la Empresa Puertos de Colombia, y numeral 13 del artículo 97 del Reglamento Interno de Trabajo; del numeral 2º del artículo 99 de la misma obra, concordantes con el literal i) del artículo 100 del mismo Estatuto (...).

Sin embargo, la parte accionada no honró su carga de probar esos hechos que le endilgó al trabajador en la carta de despido, puesto que no allegó al proceso la investigación administrativa laboral mencionada en la misiva como tampoco los reglamentos que supuestamente violó el demandante. Es más, no existe constancia de que se haya surtido el procedimiento previsto en el artículo 19 de la convención colectiva de trabajo (1989-1990). Todo ello agravado por la circunstancia de que la terminación del vínculo no se efectuó en el lugar de trabajo sino en un centro de rehabilitación.

En tal sentido, se revocará la sentencia de primer grado, y en su lugar, se reconocerá la pensión proporcional por despido injusto, a partir del 18 de octubre de 1998 y en cuantía de $ 951.440,96 -liquidada al tenor de lo dispuesto en el artículo 113 de la CCT 1989-1990 (fl. 147, C-CCT), en armonía con lo previsto en el 107 ibídem (fl. 137, C-CCT)-, junto con los reajustes correspondientes y las mesadas adicionales.

Comoquiera que la demanda se presentó el 21 de enero de 2003 y no existe constancia de que se hubiese surtido la reclamación administrativa, las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 21 de enero de 2000, se encuentran prescritas, y por ende, el valor del retroactivo pensional causado entre esta última fecha y el 30 de abril de 2014, asciende a $ 367.168.870,72, tal y como se muestra a continuación:

Último salario = $ 222.394,24

Fecha de retiro = 29-sep-89

Fecha de pensión = 18-oct-98

Fórmula

SL12175FOR
 

Último salario actualizado = $ 1.515.938,80

Porcentaje de pensión = 62.58%

Valor de la pensión = $ 948.674,50

FechasValor pensiónNº de mesadasTotal mesadas
DesdeHasta
18-oct-9831-dic-98$ 948.674,500$ -
1-ene-9931-dic-99$ 1.107.103,150$ -
1-ene-0020-ene-00$ 1.209.288,770$ -
21-ene-0031-dic-00$ 1.209.288,7713,3$ 16.123.850,22
1-ene-0131-dic-01$ 1.315.101,5314$ 18.411.421,47
1-ene-0231-dic-02$ 1.415.706,8014$ 19.819.895,21
1-ene-0331-dic-03$ 1.514.664,7114$ 21.205.305,89
1-ene-0431-dic-04$ 1.612.966,4514$ 22.581.530,24
1-ene-0531-dic-05$ 1.701.679,6014$ 23.823.514,40
1-ene-0631-dic-06$ 1.784.211,0614$ 24.978.954,85
1-ene-0731-dic-07$ 1.864.143,7214$ 26.098.012,03
1-ene-0831-dic-08$ 1.970.213,4914$ 27.582.988,92
1-ene-0931-dic-09$ 2.121.328,8714$ 29.698.604,16
1-ene-1031-dic-10$ 2.163.755,4514$ 30.292.576,25
1-ene-1131-dic-11$ 2.232.346,4914$ 31.252.850,92
1-ene-1231-dic-12$ 2.315.613,0214$ 32.418.582,25
1-ene-1331-dic-13$ 2.372.039,6514$ 33.208.555,04
1-ene-1430-abr-14$ 2.418.057,214$ 9.672.228,86
Total$ 367.168.870,72

De igual manera, debe precisarse que la pensión es compartible con la vejez a cargo de la entidad de seguridad social a la que se hubieren efectuado los aportes pensionales. De ahí que, la entidad accionada pueda descontar del valor total reconocido por concepto de retroactivo pensional, las sumas pagadas por la entidad de seguridad social por pensión de vejez.

Las costas de las instancias estarán a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2008, por la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del juicio ordinario laboral adelantado por ALBERTO TORREGLOSA GAVIRIA contra la NACIÓN-MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2005, por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Cartagena, y en su lugar, reconocer la pensión proporcional por despido injusto de carácter convencional, a partir del 18 de octubre de 1998 y en cuantía de $ 951.440,96, junto con los reajustes correspondientes y las mesadas adicionales

2. CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, a pagar a favor del demandante ALBERTO TORREGLOSA GAVIRIA, la suma de 367.168.870,72, correspondiente al retroactivo pensional causado entre el 21 de enero de 2000 y el 30 de abril de 2014.

En el evento que la entidad de seguridad social le hubiere reconocido la pensión de vejez al demandante, queda facultada la entidad demandada para descontar el valor pagado por dicho concepto.

3. DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 21 de enero de 2000.

4. Costas conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.