Sentencia SL12717-2017/50990 de agosto 16 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dra. Jimena Isabel Godoy Fajardo

Rad.: 50990

Acta 6

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Raquel Agudelo Padilla, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 24 de marzo de 2010, complementada el 28 de octubre de 2010, en el proceso que instauró contra Perles Colombiana E.U.

I. Antecedentes

Raquel Agudelo Pradilla llamó a juicio a Perles Colombiana E.U., con el fin de que fuera condenada al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa; al pago de los perjuicios morales causados; a la reliquidación de primas, cesantía, intereses a la cesantía vacaciones; que le sea tenido en cuenta como salario en especie y parte integrante del salario al momento de las liquidaciones la vivienda que le fue suministrada; a la indemnización moratoria; reintegro de dineros propios por gastos de la empresa; indexación; costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus peticiones, en los hechos que relata en el acápite correspondiente de la demanda y que se resumen así: que se vinculó a la demandada el día 8 de noviembre del 2002, hasta el 4 de abril del 2005, fecha ésta en la que fue despedida sin justa causa, cuando se desempeñaba como Gerente Administrativa, con una asignación salarial mensual de $1'700.000, que además de laborar en el establecimiento de la empresa, para el desempeño de su cargo le fue necesario trasladarse de Cali a Bogotá; que la demandada ofreció pagarle la suma de $250.000 pesos más de salario cuando buscara vivienda fuera de la empresa; situación que no ocurrió en tanto le fue asignada para su vivienda una de las piezas de la compañía, que durante la relación laboral se caracterizó por ser cordial y respetuosa como lo demuestra el hecho de que no existan llamados de atención; que como consecuencia del despido, se le produjo un daño a su buen nombre y recibió trato indigno, injusto y humillaciones por parte de la jefe administrativa de empresa, causándole grave malestar a su vida personal y espiritual; que la vivienda de habitación es salario en especie por lo cual se debió tenerla en cuenta como salario al momento de liquidarle sus salarios, prestaciones sociales y vacaciones; que de su propio dinero canceló gastos de la empresa que no se le han reembolsado y consta en el acta de entrega del 31 de marzo del 2005.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la existencia del contrato de trabajo y los extremos de la vinculación laboral, manifestando no constarle los demás.

En su defensa propuso como excepciones las que denominó: falta de causa, cobro de lo no debido y pago,

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, mediante fallo del 30 de abril de 2009 (fl. 209 -229 del cuaderno de primera instancia), declaró probadas las excepciones de falta de causa, cobro de lo no debido y pago; declaró que el contrato de trabajo de la demandante terminó por justa causa, absolvió a la accionada de las pretensiones e impuso condena en costas en contra de la demandante.

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 24 de marzo de 2010, fl. 14 - 24 del cuaderno de segunda instancia) modificó el numeral primero de la sentencia de apelada y en su lugar declaró no probadas las excepciones de falta de causa y pago y parcialmente probada la de cobro de lo no debido; revocó el numeral segundo y en su lugar declaró que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual fue terminado de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador y condenó a la demandada al pago de la indemnización por despido sin justa causa en la suma de $3’822.223 pesos; por concepto de diferencia de cesantía la suma de $278 pesos; por concepto de diferencia de prima de servicios la suma de $278 pesos; por concepto de diferencia de vacaciones la suma de $293.056 pesos y, a la indexación de dichas sumas al momento del pago.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal, luego de analizar la carta de despido, al igual que las testimoniales, consideró, que las faltas que se le endilgaron a la demandante como justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo no existieron y por ello revocó la decisión de primera instancia en cuanto absolvió a la demandada de la indemnización por despido injusto y en su lugar accedió a la misma en cuantía de $3’822.223 pesos.

Respecto a la indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por la demandante con ocasión de su despido, señaló que quien tenía la carga de probar ese supuesto daño moral no cumplió esa obligación procesal, ello como quiera que dentro de las pruebas allegadas al proceso no se encontró de forma fehaciente, que hubiere sufrido un perjuicio del tipo moral.

Con relación a la pretensión de la demandante referente a que la suma de $250.000, sea considerada como salario en especie, concluyó que dicho monto sí debió haberse tenido como tal, de conformidad con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, y el numeral 1º del artículo 129 del mismo código, ello como quiera que del estudio de tales disposiciones, al igual de las pruebas allegadas al proceso, encontró que se daban todas las circunstancias para que esa suma se considerara como salario en especie, ya que la misma se tenía como ordinaria y permanente, y era una contraprestación directa del servicio, sin que se hubiere demostrado por parte de la accionada acuerdo entre las partes que dispusiera que este monto no hacía parte del salario y señala:

Debe acotarse que, se acepta que el monto del salario en especie equivalente a $250.000 por concepto de habitación suministrada a la demandante, en razón a que ese es el monto mensual al que se comprometió pagar la demandada cuando la actora buscara otra vivienda fuera de la empresa, lo que equivale a decir que la empresa atribuía en ese monto al alojamiento, por ende es aplicable tanto al que buscara la trabajadora como al que le suministraba por ocupar una habitación.

Lo anterior resulta así en la medida en que si desde el primer día la demandante hubiere conseguido vivienda, el valor a reconocerle por la demandada era $250.000, por ende ese valor es atribuible al alojamiento suministrado.

De acuerdo con lo anterior, ordena y reliquida las cesantías, las primas de servicios; en cuanto a las vacaciones si bien la liquidación arroja una suma superior a la condena que impuso, limitó su valor a lo pedido por la demandante en su recurso de apelación.

Finalmente en lo atinente a la pretensión de que le sean reintegrados los dineros que la demandante manifestó haber pagado de su pecunio, por gastos de la empresa, los cuales ascendieron a la suma de $1'525.148, señaló que las liquidaciones allegadas por la demandante, no se encuentra que hayan sido aceptadas por parte de la empresa y además, de los recibos aportados, solo se puede afirmar la existencia de unos pagos, pero sin que se pueda inferir, que la demandante los hubiere efectuado.

En sentencia complementaria del 28 de octubre de 2010, absolvió a la demandada de la indemnización moratoria al no encontrar en ella actuación de mala fe y corrigió el numeral cuarto de la sentencia inicial imponiendo condena en costas de la segunda instancia a cargo de la demandada.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, al igual que la sentencia complementaria,

(…) en cuanto confirmó el numeral primero del fallo proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali de Descongestión y el resuelve quinto de la sentencia complementaria 350 en el que absuelve a la sociedad demandada de la indemnización moratoria por falta de pago de prestaciones sociales y del daño moral, y parcialmente el numeral tercero que condena en reliquidación de salarios, a pagar por concepto de diferencia de Cesantía la suma de $278 pesos; por concepto de diferencia de prima de servicio la suma de $278 pesos y por concepto de diferencia de prima de servicio la suma $278 pesos y en sede de instancia, revoque la absolución de la indemnización moratoria y del daño moral, y ajuste como diferencia de Cesantía, Interés a la Cesantías y de primas, para en su lugar, condenar a la sociedad enjuiciada a reliquidar y pagar la diferencia de cesantía, en la suma de $65.278, Interés a la Cesantías $2.045 y diferencia de primas $65.278; así como la indemnización moratoria desde el 4 de abril del 2005 hasta el día en que se efectúe el pago de las prestaciones sociales reliquidadas, con sus intereses moratorios, a que se condene la demandada, y al pago del daño moral, declarando no probada las excepciones de falta de causa, cobro de lo no debido y pago, propuesta por la demandada.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, dos por la vía indirecta y el otro por la vía directa, los cuales no fueron replicados.

VI. Cargo primero

Formula el recurrente el cargo en los siguientes términos:

Violación indirecta de la ley, indebida apreciación de los artículos 249, 253 modificado por el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965, articulo 306 y 127Código Sustantivo del Trabajo, el numeral 2 artículo 1º de la ley 52 de 1975, el artículo 99 de la ley 50 de 1990, como consecuencia de los errores de hecho evidentes y notorios en que incurrió el Tribunal —ad quem— por apreciación errónea de unas pruebas que más adelante se individualizan. (negrillas en el texto original)

Para su (sic) prosperidad de los cargos, (sic) Acepto que el error del juzgador ocurrió de manera mediata, es decir, en la elaboración del juicio de hecho derivado de errores en la apreciación de la prueba, falencia que incidió en la aplicación del derecho en la medida en que se excluyó los artículo acusados como indebidamente apreciados, que si resolvía todos los extremos de la relación jurídico procesal.

La infracción medio que condujo a la violación de las normas sustanciales se produjo, al haber violado el Tribunal las disposiciones de los artículos 61 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el 187 y 305 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, el 29 de nuestra constitución política.

Señala como errores de hecho cometidos por el Tribunal los siguientes:

— Dar por demostrado, sin estarlo, que la diferencia en la reliquidación de prestaciones sociales, asciende a $555.

— No dar por demostrado, estándolo, que la reliquidación de prestaciones sociales asciende a $132.600

— Dar por demostrado, sin estarlo, que los días base de reliquidar las prestaciones sociales equivalen a 82 días, sin ser objeto de apelación los 94 días.

Aduce que los errores en que se incurrió en la sentencia atacada se originaron en el equivocado análisis de la demanda, habiéndose analizado equivocadamente la documental referida a la liquidación de prestaciones sociales y de la comunicación de terminación del contrato de trabajo.

Al desarrollar el cargo se remite a las consideraciones de la decisión impugnada relativa a la reliquidación de las prestaciones sociales, en las que el Tribunal concluyó que el salario de la demandante, era la suma de $1.950.000 y la fecha de terminación de la relación laboral el 4 de abril de 2005, determinando 82 días del 1º de enero al 4 de abril de 2005, cuando en la liquidación de contrato del trabajo al igual que en la carta de despido de fecha 4 de abril de 2005, se indican 94 días para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, con lo cual incurre en falsa inferencia lógica, pues del 01 de enero al 4 de abril de 2005, hay 94 días, los cuales fueron liquidados por la demandada sin que ello hubiera sido objeto de debate ni de la apelación, con lo cual se genera una vulneración al artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social , modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 pues, la sentencia de segunda instancia, no está en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación, al igual que el artículo 61 del CPTSS y con ello el artículo 29 de nuestra Constitución Política, referido al derecho fundamental del debido proceso, llegando a liquidar en menor valor las prestaciones sociales, aplicando indebidamente los artículos 249, 253 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, al igual que el numeral 2 artículo 1º de la Ley 52 de 1975 y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Señala que la trascendencia de los errores de hecho que se evidencian en la sentencia impugnada, se reflejan en que de haber sido liquidado correctamente, habría establecido una diferencia de $132.600 más y no de $556, como equivocadamente concluyó.

V. Consideraciones

Respecto al cargo, la Sala encuentra que al recurrente le asiste razón en su inconformidad respecto de que el ad quem al efectuar la reliquidación de prestaciones sociales de la demandante, tomó como salario para tales efectos la suma de $1’950.000 pesos y como días a liquidar un total de 82 días, cuando la realidad corresponde a 94 días, pues el tiempo a tener en cuenta es del 1º de enero al 4 de abril de 2004.

Es evidente que en este caso el juzgador de segundo grado incurrió en los errores que se le endilgan en el cargo, pues apreció de manera incorrecta la carta de terminación del contrato de trabajo y la liquidación final de prestaciones sociales, de las cuales concluyó que el tiempo a considerar para la reliquidación de derechos era de 82 días.

Al revisar la Sala la documental de folio 17, esto es la liquidación de prestaciones sociales, se observa que la demandada liquidó la cesantía, los intereses a la cesantía y la prima de servicios correspondientes al período del 1º de enero al 4 de abril de 2005, por un total de 94 días y el Tribunal al momento de reliquidar tales conceptos, lo hizo sólo por 82 días.

Así las cosas, el cargo prospera y en consecuencia se casará la sentencia impugnada en este aspecto y, en sede de instancia se revocará parcialmente el numeral segundo de la sentencia de primer grado para en su lugar, condenar a la demandada al pago de las siguientes sumas por concepto de mayor valor producto de la reliquidación de los derechos solicitados, así:

Por auxilio de cesantía: $65.278, por intereses a la cesantía $2.045 y por prima de servicios $65.278.

VI. Segundo cargo

Acusa la sentencia complementaria por la vía indirecta, en los siguientes términos:

Acuso la sentencia en su Resuelve quinto de la sentencia complementaria 350, de la Sentencia 100, por violar indirectamente en concepto de aplicación indebida de las siguientes disposiciones de carácter sustancial contenidas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 27 y 57 numeral 4 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 53 y 89 de la Constitución Nacional, y el artículo 769 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho evidentes y notorios en que incurrió el Tribunal —ad quem— por haber dejado de apreciar unas pruebas y por apreciación errónea de unas pruebas que más adelante se individualizan.

Para su prosperidad de los cargos, Acepto que el error del juzgador ocurrió de manera mediata, es decir, en la elaboración del juicio de hecho derivado de errores en la apreciación de la prueba, falencia que incidió en la aplicación del derecho en la medida en que se excluyó el articulo(sic) 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que si resolvía todos los extremos de la relación jurídico procesal.

La infracción medio que condujo a la violación de las normas sustanciales se produjo, al haber violado el Tribunal las disposiciones de los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el 187 y 305 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia el derecho fundamental del articulo (sic) 29 de nuestra Constitución Política.

Señala como errores de hecho los siguientes:

Dar por demostrado, sin estarlo que la demandada actuó de buena fe, cuando no le pagó las prestaciones sociales incluyendo la suma de $250.000 pesos como salario en especie.

No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada actuó de mala fe cuando no le pago las prestaciones sociales incluyendo el salario en especie.

Indica como pruebas erróneamente apreciadas la liquidación de prestaciones sociales, de la cual dedujo el pago correcto de las mismas.

Y como pruebas no apreciadas la contestación de la demanda en la cual el demandado no propuso la excepción de buena fe.

En la demostración del cargo, luego de transcribir apartes de la decisión impugnada, indica que el Tribunal incurrió en los yerros manifiestos que denuncia, al concluir que el hecho pagar las prestaciones sociales, a la terminación del contrato demuestra la buena fe del empleador y que lo ordenado en el fallo resulta ser una suma mínima correspondiente a la diferencia entre lo pagado y el verdadero valor a pagar.

Arguye que el hecho del pago a la terminación del contrato de trabajo no demuestra que la demandada actuara de buena fe, cuando «la mala fe se supone” según las reiteradas jurisprudencias de la Corte; y que el Tribunal debió integrar en toda su extensión el análisis de la mala fe, como quiera que la demandante al recibir el pago de las prestaciones sociales, se reservó el derecho a revisión, “señal que no era ejecutoria y liberatoria su liquidación y pago de prestaciones sociales,” a lo cual agregó que la demandada al momento de dar respuesta a la demanda, no propuso la excepción de buena fe, ni presentó pruebas al respecto y que por ello el ad quem no podía pronunciarse sobre este aspecto.

Concluye que la indemnización moratoria, no está supeditada a la proporción que exista entre la cuantía de lo adeudado y lo cancelado por el empleador, dado el carácter punitivo y no resarcitorio que tiene la misma.

VII. Consideraciones

El fallador de segunda instancia al proferir la sentencia complementaria y resolver lo referente a la indemnización moratoria señaló:

Sobre la buena fe se ha establecido: La buena fe-creencia es la posición de quien ignora determinados hechos y piensa, por lo tanto, que su conducta es perfectamente legítima y no provoca perjuicios a nadie. La buena fe-lealtad se refiere a la conducta de la persona que considera cumplir realmente con su deber. Supone una posición de honestidad y honradez en el comercio jurídico en cuanto lleva implícita la plena conciencia de no engañar ni dañar. Más aún, implica la convicción de que las transacciones se cumplen normalmente, sin trampas, abusos o desvirtuaciones.

Ahora bien, la indemnización moratoria no es una sanción automática que tenga su sustento en el simple incumplimiento o retardo en el pago de salarios y prestaciones debidos, ya que en todo caso debe el juzgador analizar si existen razones atendibles que condujeron al empleador a demorar o a incumplir el pago de tales acreencias.

En torno a la forma como los juzgadores deben apreciar la conducta del empleador de cara a la imposición de la sanción moratoria y a la inexistencia de parámetros o reglas absolutas, la Corte Suprema de justicia Sala de Casación Laboral ha explicado:

“...deben los jueces valorar ante todo la conducta asumida por el empleador que no satisface a la extinción del vínculo laboral las obligaciones a su cargo, valoración que debe hacerse desde luego con los medios probatorios específicos del proceso que examina”.

“...así pues, en materia de la indemnización moratoria no hay reglas absolutas que fatal u objetivamente determinen cuándo un empleador es de buena o mala fe. Solo el análisis particular de cada caso en concreto y sobre las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, podrá esclarecer lo uno o lo otro”. (sent. de jul. 15/94, rad. 6658).

“... los jueces laborales deben entonces valorar en cada caso, sin esquemas preestablecidos, la conducta del empleador renuente al pago de los salarios y prestaciones debidos a la terminación del vínculo laboral, para deducir si existen motivos serios y atendibles que lo exoneren de la sanción moratoria”. (sent. abr. 13 de 2005, rad. 24397).

En el caso concreto, tenemos que la demandada acreditó la buena fe como extintora de la indemnización moratoria, toda vez que la misma había realizado los pagos correspondientes a prestaciones sociales y vacaciones, y lo ordenado en el fallo es una suma mínima correspondiente a la diferencia entre lo pagado y el verdadero valor a pagar.

No le asiste razón al recurrente al señalar que el ad quem incurrió en los errores que le enrostra al no haber apreciado correctamente la liquidación de prestaciones que lo llevó a deducir, que la demandada había realizado correctamente el pago de las prestaciones sociales, toda vez que, la valoración que dio el ad quem a dicha documental resulta acertada, en tanto de ella concluyó que la demandada al momento de la terminación de la relación laboral, canceló a la demandante lo que consideró deber en ese momento.

De otra parte, el censor se duele que el Tribunal para exonerar a la demandada de la sanción moratoria no haya apreciado la contestación de la demanda pues, pues de haberlo hecho, tendría claro que aquella no propuso la excepción de buena fe.

La Sala revisa el texto de la contestación de la demanda que obra a folios 32 al 36 y en efecto observa que no se propuso por parte de la accionada la excepción de buena fe, pero ello no significa que el Juez estuviera inhabilitado para abordar su análisis de oficio pues la ley no se lo prohibía.

Al respecto téngase en cuenta que la referida excepción no se encontraba enlistada en el artículo 306 del CPC vigente al momento de la presentación de la contestación a la demanda y durante el trámite de las instancias, el cual es aplicable a los trámites de la jurisdicción ordinaria del trabajo y de la seguridad social por remisión analógica expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De otra parte y respecto a la declaratoria oficiosa de la excepción de buena fe, la Sala de Casación Laboral en sentencia SL2863-2017 dijo:

Para desatender el argumento de la censura, según el cual, el juez plural no podía oficiosamente declarar probada la excepción de buena fe, basta recordar que el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la fecha en que se emitió la providencia, y al que se acudía por expresa remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social ante la ausencia de norma que regulara el asunto en el estatuto procedimental del trabajo, disposiciones que como bien lo resalta el recurrente, son de orden público, consagraba que las únicas excepciones que el demandado está obligado a proponer expresamente, son las de prescripción, nulidad relativa y compensación, frente a las cuales el operador jurídico en consecuencia, no podía pronunciarse autónomamente; pero a renglón seguido la norma estatuía literalmente “Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia”, postulado que la censura soslaya por completo.

Es que el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil imponía a los funcionarios judiciales el deber de utilizar todos los poderes legales para “verificar los hechos alegados por las partes”, es decir, dejaba en cabeza de los jueces, el deber de buscar la verdad real y declararla con base en las pruebas recaudadas en el trámite procesal; de tal suerte que, el sentenciador estaba en la obligación imperiosa de referirse no solo a los fundamentos fácticos de la demanda, sino también a todas las circunstancias que podían excusar el incumplimiento de las obligaciones reclamadas.

Ahora, aunque en la contestación al libelo el pensionado no formuló de manera expresa la excepción de buena fe, de la argumentación que exhibió para construir su defensa se establece sin dubitación, que la misma se orientó a demostrar que López Moreno actuó bajo la convicción íntima de tener derecho a las dos pensiones; por lo que el colegiado perfectamente podía entender, como lo hizo, que el accionado se fundaba en la presunción constitucional de buena fe consagrada en el artículo 83 Superior, y decidir al respecto.

No sobra advertir que el recurrente al ocuparse del tema exhibe una protuberante contradicción, pues al desarrollar el segundo y tercero de los cargos, admite que el comportamiento del pensionado estuvo rodeado de buena fe, cuando literalmente así lo dijo, aunque de forma inmediata haya asegurado que “no es válido el argumento de la buena fe exenta de culpa para que el señor Galvis Guerrero (sic) pueda quedarse con la suma pagada de más”, el simple cotejo anterior, y las motivaciones atrás esgrimidas evidencian el fracaso de los cargos.

Así las cosas, estima la Sala que el juez de segundo grado acertó al concluir que no se evidenció una actuación de mala fe por parte del empleador y que por el contrario, al cancelarle a la demandante el valor de lo que consideraba adeudar al término de la relación laboral, era pertinente exornarlo del pago de la sanción moratoria.

Lo expuesto, lleva a concluir que el cargo no está llamado a prosperar.

VIII. Tercer cargo

Formula el recurrente un tercer cargo por la vía directa en concepto de interpretación errónea del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por los artículos 8 del Decreto 2351 de 1965 y 6 de la Ley 50 de 1990, equivocada inteligencia que condujo a la violación de medio (sic) de los artículos 1º, 19 y 21 del mismo código; 1494, 1604, 2341, 2342, 2347 y 2356 del C.C., el 313 del Código Penal, y el artículo 51 del CPLSS., 53, y 59 del Código Sustantivo del Trabajo.

Expresamente indicó el recurrente que aceptaba los hechos y las pruebas tal como fueron declaradas en la sentencia impugnada; aduce que el “vicio se encuentra en la falta de aplicación del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, al otorgarle a los hechos que determinan el daño moral, una calificación jurídica distinta”. (resaltado fuera del original)

Al desarrollar el cargo, indica que el Tribunal incurrió en los yerros manifiestos que denuncia, al negar el daño moral, cuando dijo en la sentencia impugnada:

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que les corresponde a las partes demostrar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persigue, por tanto, debe la demandante probar que ha sufrido los mencionados perjuicios, y dado que dentro de las pruebas alegadas no se encontró en forma fehaciente, que la señora hubiere sufrido un perjuicio del tipo moral, queda por descartar el mismo, por lo cual se ha de absolver de dicha pretensión a la parte demandada.

En efecto, el daño moral es una especie de daño no patrimonial consistente en el quebrantamiento de los sentimientos y afectos de su esfera íntima. Tal como se señaló, no existe prueba en el expediente acerca de que con el despido se haya afectado esa esfera interna de la demandante. (Resalto fuera del original)

Aduce que el defecto sustantivo en la sentencia, surge, cuando, habiendo llegado a la conclusión, que el daño moral es una especie de daño no patrimonial, y que si bien el despido de la demandante fue injusto, al final, «lo somete al naufragio”, por considerar que, no existe prueba en el expediente acerca de que con el despido se haya afectado esa esfera interna de la demandante, y en consecuencia, absuelve de dicha pretensión a la parte demandada, hecho que constituye una interpretación errónea, del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con el artículo 313 del C.P. y 1494, 1604, 2341, 2342, 2347 y 2356 del CC.

Señala que el empleador al disponer el despido, efectuó graves imputaciones injuriosas a sabiendas de que eran falsas e infundadas, de lo que cabe concluir que actuó con la intención de agraviar a la demandante configurándose una conducta dolosa, por lo tanto, al resultar el despido ilícito, abusó de su derecho a justificar el despido y además la obligación legal de actuar con buena fe, e incumplió también el deber contractual de preservar la dignidad del trabajador.

X. Consideraciones

Inicia la Sala por indicar que el cargo adolece de vicios de técnica al atacar la sentencia de segunda instancia por la vía directa por interpretación errónea del artículo 64 y señalar que «el vicio se centra en la aplicación del derecho por falta de aplicación del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo”, conceptos de violación totalmente opuestos pues, mientras la interpretación errónea de una disposición supone su aplicación y la intelección equivocada que el fallador hace de la misma, por su parte la falta de aplicación se produce cuando el juez ignora una norma o entra en rebeldía contra la mismas al dejarla de aplicar.

Con relación a la indemnización del daño moral o perjuicios morales que puede sufrir un trabajador cuando el empleador rescinde el contrato de trabajo de manera injusta y la necesidad de la prueba por parte del aquél respecto de tales daños o perjuicios ocasionados, la Corte en sentencia CSJ SL, 22 oct. 2014, rad. 14618 precisó:

Aun cuando el Código Sustantivo del Trabajo prevé una indemnización ante la terminación unilateral del contrato sin justa causa, la misma únicamente comprende, en los términos de su artículo 64, el lucro cesante y el daño emergente. Esto significa que es posible que se resarza el daño moral cuando quiera que se pruebe que este se configuró ante una actuación reprochable del empleador, que tenía por objeto lesionarlo, o que le originó un grave detrimento no patrimonial.

Ello ha sido aceptado por esta Sala, inclusive en reciente sentencia CSJ SL1715/2014, en la que se consideró:

En el plano jurídico, esta Sala es del criterio de que el daño moral siempre debe ser resarcido; por ejemplo, en la sentencia CSJ SL, 12 de Mar 2010, Rad. 35795 se discurrió:

Pese a que encontró que la jurisprudencia civil ha reconocido la posibilidad de que se causen perjuicios morales por el incumplimiento de un contrato, seguidamente el Tribunal aseveró que en materia laboral la única indemnización reconocida es la que surge de la terminación del contrato de trabajo y que la acción pertinente, en este caso, no pertenecía al derecho laboral, dado que los perjuicios invocados no provienen directa ni indirectamente de un contrato de trabajo.

Para la Sala, al discurrir de esa manera, incurrió el Tribunal en los quebrantos normativos que se le imputan porque, en primer lugar, es claro que la obligación de indemnizar perjuicios morales en materia laboral no se contrae exclusivamente a la terminación del contrato de trabajo, ya que, como lo ha reconocido de tiempo atrás la jurisprudencia, acudiendo a principios generales del derecho, el daño moral siempre debe ser resarcido, independientemente de la fuente de su origen. Aparte de ello, en el Código Sustantivo del Trabajo hay normas de las que se desprende que, al lado de la extinción del vínculo jurídico, existen otros hechos que pueden dar origen a un daño moral que debe ser indemnizado. Tal el caso del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Es que la indemnización tarifada ante la terminación del contrato, como se dijo, solo cubre el daño patrimonial y deja por fuera que en excepcionales eventos, el trabajador puede demostrar que el despido realizado de manera injusta y arbitraria trajo consigo el menoscabo de aspectos emocionales de su vida tanto en lo íntimo, como en lo familiar o social.

Aunque es obvio que toda pérdida del empleo produce en el individuo frustración, tristeza o sentimientos negativos, tal situación no es la única que debe mirarse para imponer una condena por daño moral, dado que es necesario ponderar la manera como el trabajador se vio afectado en su fuero interno, y cómo la actividad de la empresa lo lesionó injustificadamente.

Lo anterior está estrechamente ligado con el concepto de la actividad como tal, pues el individuo en sus espacios laborales no solo cumple una función determinada por la que percibe un salario, sino que en ellos desarrolla toda una serie de relaciones sociales a través de las cuales deriva una imagen propia que es la que proyecta tanto a su familia como a sus amigos. Además de ello, la actividad productiva remunerada le permite plantearse una vida a corto, mediano o largo plazo y eso, sin duda le da cierta estabilidad emocional.

Como quiera que la tasación del daño moral en esta jurisdicción está sujeta al arbitrio judicial y para tal efecto es necesario que se acredite por parte de quien alega haber sufrido tal daño, de manera inequívoca la causación del perjuicio sufrido de manera que proceda su resarcimiento, en tanto no puede presumirse por parte del Juez, como quiera que para el efecto debe hacer una ponderación de la manera como fue afectado el trabajador en su fuero interno con la decisión ilegal del empleador.

Al no haberse demostrado en este caso por la demandante, el alegado daño moral que afirmó le ocasionó el empleador con el despido injusto, no hay lugar a estimar valor alguno por perjuicios.

El cargo no prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario, como quiera que no hubo réplica.

XI Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia dictada el veinticuatro (24) de marzo de dos mil diez (2010), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Raquel Agudelo Pradilla contra Perles Colombiana E.U., solo en cuanto en su numeral “3. condenó a la demandada al pago por concepto de diferencia de cesantía por doscientos setenta y ocho pesos ($278); por concepto de diferencia de prima de servicios por doscientos setenta y ocho pesos ($278); en sede de instancia revoca parcialmente el numeral segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Cali y en su lugar, se condena a la demandada a pagar a la demandante las siguientes sumas por concepto de mayor valor producto de la reliquidación de los derechos solicitados, así: Por auxilio de cesantía: $65.278, por intereses a la cesantía $2.045 y por prima de servicios $65.278.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Donald José Dix Ponnefz—Jimena Isabel Godoy Fajardo—Jorge Prada Sánchez.