Sentencia SL12718-2016/47829 de septiembre 7 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.:47829

Acta 33

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., siete de septiembre de dos mil dieciséis.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado judicial de Horizonte Pensiones y Cesantías S. A., hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A., contra la sentencia de 31 de mayo de 2010, proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por Katya Milena de la Rosa Villalobos quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos Karen Loraine, Edilberto Samuel y Fabián Andrés Retamozo de la Rosa contra la recurrente y la sociedad Ingeniería Eléctrica S. A. Ingelel S. A.

Se acepta el impedimento manifestado por el doctor Fernando Castillo Cadena.

I. Antecedentes

Los citados demandantes convocaron a proceso a Horizonte Pensiones y Cesantías S. A. y a Ingelel S. A., con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su condición de cónyuge e hijos respectivamente, del afiliado fallecido Edilberto Retamozo Barros, a partir del 30 de enero de 2004 fecha del deceso de este último, más la indexación de la deuda.

En apoyo de sus pretensiones señalaron que el causante murió el 30 de enero de 2004 por causas de origen común. Al momento del deceso era afiliado a la administradora de pensiones demandada y cotizante activo, vinculado por cuenta de su empleadora Ingelel S. A. El señor Retamozo Barros y la demandante Katya Milena de la Rosa Villalobos contrajeron matrimonio civil el 15 de enero de 1998 y procrearon tres hijos. La familia dependía económicamente de los ingresos del difunto. Este ingresó a laborar con Ingelel desde el 17 de mayo de 2001; la empresa se encontraba en reestructuración económica de conformidad con acuerdo celebrado el 18 de noviembre de 2000, y los aportes correspondientes al causante por los meses de octubre a diciembre de 2001 fueron cancelados el 30 de diciembre de 2004, el del mes de enero de 2002 se saldó el 1º de marzo de 2005, es decir, después de ocurrido el fallecimiento.

Ante la solicitud de reconocimiento de la prestación, la administradora de pensiones demandada respondió negativamente, con el argumento de no cumplirse el requisito mínimo de las 50 semanas cotizadas en los tres años previos a la muerte, pues no incluyó las cotizaciones canceladas en forma extemporánea.

La administradora de pensiones demandada respondió el libelo; aceptó la data de la muerte del de cujus; la celebración del matrimonio y los hijos habidos en él, que el causante estaba afilado a esa entidad y que negó la prestación a los beneficiarios por mora del empleador. Rechazó las pretensiones y esgrimió para defenderse que en este caso no se cumplía el requisito de las 50 semanas de aportes en los tres años anteriores al fallecimiento previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por la situación de incumplimiento del empleador en el pago de cotizaciones. Invocó como medios exceptivos pago, compensación, ausencia de derecho sustantivo y prescripción.

La empresa Ingelel S. A. expuso a su turno, que en virtud del acuerdo de Reestructuración Económica suscrito el 18 de noviembre de 2002 en el marco de la Ley 550 de 1999, se pactó la forma de pago de las acreencias existentes respecto de Horizonte Pensiones y Cesantías S. A., la cual fue observada por la deudora que incluso acortó el plazo pactado para la satisfacción de los aportes debidos. La administradora de pensiones admitió de manera expresa que los pagos fueran diferidos, por las dificultades económicas que afectaban a la compañía.

Por último propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, prescripción, pago total y compensación.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín mediante sentencia de 18 de diciembre de 2008, condenó a Horizonte Pensiones y Cesantías S. A. a reconocer y pagar a los demandantes la pensión de sobrevivientes a partir del 1º de febrero de 2004, en un 50% para la cónyuge con derecho a acrecer, y el otro 50% en favor de los hijos menores mientras acrediten las exigencias de ley, y en un valor equivalente al salario mínimo legal mensual. El retroactivo pensional entre el 1º de febrero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008 se fijó en la suma de $ 28’239.800. Impuso los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Declaró prósperas las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir propuestas por Ingelel S. A.

III. Sentencia del Tribunal

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que conoció en virtud de la apelación de la administradora de pensiones demandada, mediante fallo de 31 de mayo de 2010, confirmó el del Juzgado en su integridad.

En lo que interesa a los efectos de esta decisión, expuso el juzgador ad quem:

No se discute en esta instancia la vinculación laboral del señor Edilberto Retamozo Barros con Ingeniería Eléctrica y Electrónica S.A. entre el 17 de mayo de 2001 y el 30 de enero de 2004, fecha del fallecimiento (folio 8). Igualmente no hay discusión alguna sobre su afiliación a BBVA Horizontes Pensiones y Cesantías S.A.

Así mismo, está demostrado que las cotizaciones de octubre, noviembre y diciembre de 2001, enero de 2002 fueron canceladas el día 30 de diciembre del año 2004, fecha posterior a la muerte del asegurado (folio 26).

Sostiene el empleador que las cotizaciones fueron efectuadas en esa fecha en desarrollo del acuerdo de reestructuración donde participó BBVA Horizontes Pensiones y Cesantías; afirmación que es cierta pues a tal acuerdo se llegó con el voto positivo del representante del Fondo Horizonte y está respaldada con la prueba documental de folios 22, 101 y 189, donde se reconoció como crédito clase B del primer orden la deuda a favor del fondo de pensiones (folio 108 y 109).

Y de la cual puede inferirse que si bien el empleador no hizo el pago dentro de los plazos legales, concluye la Sala al igual que lo hizo el juez de primer grado, que en el presente caso la pensión de sobrevivientes debe ser reconocida a los demandantes porque la entidad aseguradora no sumó las semanas en mora del empleador, relacionadas en líneas anteriores, situación que como lo dice la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no tiene porque (sic) perjudicar a los afiliados y beneficiarios, porque la Administradora no demostró a lo largo del proceso los tramites (sic) de cobro pertinentes, aunado al hecho de que a la empleadora la Superintendencia de Sociedades le aceptó la promoción de un acuerdo de reestructuración en los términos de la Ley 550 de 1999.

Ahora bien, a partir del año 2008 la H. Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre los efectos de la mora patronal en el cumplimiento de su obligación de pago oportuno de cotizaciones, variando la posición que había sostenido en cuanto al traslado de la responsabilidad pensional al empleador moroso, jurisprudencia en que se apoyó el juez de primera instancia para proferir sentencia condenatoria, argumentación que comparte en un todo la Sala para a renglón seguido afirmar que resulta ser cierto que la mora no puede serle oponible a los beneficiarios, pues la situación respecto de las cotizaciones de octubre, noviembre y diciembre de 2001, fue superada por el empleador quien procedió a efectuar los pagos amparado en la ley de reestructuración empresarial con la aprobación de la Superintendencia de sociedades y el beneplácito de la administradora de pensiones, habiéndose surtido la subrogación plena de la pensión de sobrevivientes. Se confirmará, por tanto, la decisión impugnada.

IV. Recurso de Casación

Interpuesto por el apoderado de la administradora de pensiones demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario. No hubo réplica.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente la casación de la sentencia gravada, y que en sede de instancia la Corporación revoque el fallo del Juzgado, y en su lugar absuelva a la administradora de todas las pretensiones incoadas en su contra.

Con tal fin formula un único cargo, así:

VI. Cargo único

Acusa la sentencia por vía directa, en la modalidad de:

Interpretación errónea del artículo 22 de la Ley 100 de 1993, en relación con lo señalado en los artículos 39 del Decreto 1406 de 1999, así como el artículo 18 del Decreto 1818 de 1996, el artículo 8º del Decreto 1642 de 1995, los artículos 12 y 13 del Decreto 1161 de 1994, los artículos 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, en relación con el literal h) artículo 14 del Decreto Reglamentario 656 de 1994, el artículo 23 del Decreto Reglamentario 656 de 1994, el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, interpretación errónea que lo llevó a aplicar interpretar erróneamente el artículo 860 de 2003, que modificó por (sic) el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 100 de 1993.

En el desarrollo sostuvo el censor después de citar apartes de la sentencia de esta Sala CSJ SL, 30 ene 2007, rad, 27911, lo siguiente:

El Tribunal desconoce la interpretación que por vía de jurisprudencia ha dado la Corte Suprema de Justicia a las normas que integran la proposición jurídica en que he fundamentado el cargo por interpretación errónea. Si hubiera adoptado el criterio central de la sentencia transcrita, habría concluido que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 1406 de 1999, así como en el artículo 18 de Decreto 1818 de 1996, el artículo 8º del Decreto 1642 de 1995, los artículos 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, hubiera concluido que el pago de cuotas para los riesgos de IVM, por parte de las empleadoras debe operar con antelación al hecho causante de la prestación y que no es posible admitir la probabilidad de que con el pago de cotizaciones realizado después de haberse presentado el riesgo o la contingencia respectiva, el sistema de seguridad social en pensiones debe otorgar las prestaciones señaladas en la Ley, iría en contra de uno de los principios de la seguridad social, como es el de la solidaridad y afectaría gravemente su estabilidad financiera además de significar el absurdo de amparar riesgos ya presentados. Esta es la interpretación contenida en la sentencia que nos hemos permitido trascribir y que no cabe duda es el verdadero sentido que debe darse a las normas que regulan los efectos del pago de las cotizaciones, para los riesgos de IVM por parte de los empleadores.

Más adelante agrega:

Se equivoca el Tribunal al aceptar la sentencia de la Corte que ha sido controvertida por la misma corporación y que incluye como requisito para que el empleador que asuma la pensión de invalidez por incumplimiento en el pago de sus aportes, un requisito que no se encuentra señalado en la ley como es el de realizar todas las gestiones necesarias para el cobro de las cuotas en que se haya (sic) en mora el empleador, al adicionar este requisito, está interpretando erróneamente lo señalando en el artículo 39 del Decreto 1409 de 1999, y aplicó indebidamente lo señalado en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, no es necesario para que la obligación por mora en los riesgos de IVM se traslade al mismo la realización de gestiones de cobro por parte de los fondos de pensiones, este no es un requisito que se encuentre consagrado en la ley, y si bien es cierto los fondos pueden realizar esas gestiones al estructurar en ese caso la invalidez y encontrarse en mora el empleador, corresponde a este y no al empleador (sic) el pago de la pensión de invalidez, cualquier otra interpretación es errónea porque como ya lo hemos señalado le da un sentido diferente al que la Ley tiene, y por ello inaplica el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.

VII. Consideraciones de la Sala

No obstante que hace alusión el cargo a normas relacionadas con la pensión de invalidez, esto no impide estudiar la acusación, por lo que ya no se exige en el recurso extraordinario la integración de una proposición jurídica completa, y en atención a que se cita el artículo 73 de la Ley 100 de 1993 que se refiere a la pensión de sobrevivientes en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

1. Respecto de las alegaciones del censor, se ha de precisar que tiene establecido la jurisprudencia de la Sala que «en el caso del trabajador dependiente afiliado al sistema, en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral, y por virtud de la prestación efectiva del servicio y por el tiempo en que esto ocurra, se causan cotizaciones, y se adquiere la categoría de cotizante, independientemente de que se presente mora patronal en el pago de las mismas». (CSJ SL, 10 feb. 2009, rad. 34256).

Esto significa que no se equivocó el Tribunal cuando incluyó en la sumatoria de cotizaciones del de cujus las correspondientes a los tiempos que prestó servicios al empleador Ingelel S. A. por los meses de octubre de 2001 a enero de 2002, así su pago haya sido extemporáneo, porque en realidad fueron causadas por él al prestar servicios subordinados y estar vigente su afiliación a la administradora de pensiones demandada.

2. Por lo demás, no podía la entidad de pensiones demandada negarle validez a los pagos extemporáneos efectuados por el empleador y esgrimir que la prestación no estaba a su cargo, pues no se discute en el proceso que la empresa Ingelel S. A., estaba en un proceso de reestructuración económica en el marco de la Ley 550 de 1999, hecho que aquella no solamente conocía a cabalidad, sino que incluso había participado en los acuerdos dando su aval como lo dejó establecido el tribunal al consignar en el cuerpo de la providencia impugnada que:

Sostiene el empleador que las cotizaciones fueron efectuadas en esa fecha en desarrollo del acuerdo de reestructuración donde participó BBVA Horizontes Pensiones y Cesantías; afirmación que es cierta pues a tal acuerdo se llegó con el voto positivo del representante del Fondo Horizonte y está respaldada con la prueba documental de folios 22, 101 y 189, donde se reconoció como crédito clase B del primer orden la deuda a favor del fondo de pensiones (folio 108 y 109).

Adicionalmente, no probó la administradora de pensiones demandada que hubiese incumplimiento por parte de la empleadora de las convenciones pactadas; por el contrario, la Corte en instancia hallaría que honró sus compromisos con los acreedores entre ellos Horizonte Pensiones y Cesantías S. A., como lo certificó ante el requerimiento del Juzgado, la Coordinadora Grupo de Sociedades en trámite Concursal de la Superintendencia de Sociedades en escrito recibido en ese despacho el 22 de enero de 2009 (fl. 182) donde leería esta corporación:

La firma del acuerdo de reestructuración se realizó 18 de noviembre de 2002, anotando que dicho acuerdo se encuentra actualmente en ejecución.

Igualmente, es de señalar que mediante certificación suscrita el 16 de octubre de 2008, el representante legal, el promotor, y el revisor fiscal de la sociedad, hacen constar que la empresa está cumpliendo con el pago de las obligaciones causadas con posterioridad al inicio de la negociación, anotando que en relación con los pagos del acuerdo, estos se postergaron en aplicación de la cláusula de salvaguarda.

De otra parte, me permito manifestar que el Dr. Freddy Alonso Mogollón, por parte del fondo Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., suscribió el acuerdo de reestructuración (acreedor laboral); se anexan (3) fotocopias de la aceptación.

La obligación relacionada con el pago de las cotizaciones en mora del causante quedó dentro del contexto del acuerdo y fue satisfecha por el deudor en los términos acordados según lo estableció el tribunal, por lo que no existía razón atendible para que la administradora de pensiones aquí demandada se negara al reconocimiento pensional.

3. Y es que para la Corte, la responsabilidad de la administradora de pensiones en este caso, no estaría cimentada en el incumplimiento del deber de cobro, pues el hecho mismo de hacerse presente en un proceso de reestructuración desvanece esa hipótesis. Lo que sucede es que al haber avalado los acuerdos de restructuración económica y haber concurrido como acreedora y aceptado las condiciones del mismo, en los términos de la Ley 550 de 1999 artículo 29, que así lo permite, hizo desaparecer los efectos de la mora y admitió los nuevos términos de pago del deudor, que al haber sido observados por este, hacían que tuviera que asumir el reconocimiento de la prestación. No tendría razón de ser, que dichos acuerdos solo irradiaran a aquellos trabajadores frente a los cuales no se les estructurara el riesgo, los cuales seguirían con cobertura, pero frente a quienes sucediera la muerte o invalidez en vigencia de los mismos quedaran desprotegidos, pues un tal entendimiento atentaría contra elementales criterios de justicia y equidad, máxime que se encuentran en juego derechos fundamentales irrenunciables como el de la seguridad social.

Por las razones anteriores, no incurrió el Tribunal en los yerros jurídicos que se le endilgan, y en consecuencia, no prospera la acusación

Sin costas en el recurso extraordinario por no haber sido causadas.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Katya Milena de la Rosa Villalobos quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos Karen Loraine, Edilberto Samuel Y Fabián Andrés Retamozo de la Rosa contra Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A. y la sociedad Ingeniería Eléctrica S. A. Ingelel S. A.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrado: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala—Gerardo Botero ZuluagaJorge Mauricio Burgos RuizFernando Castillo Cadena, (impedido)—Clara Cecilia Dueñas QuevedoRigoberto Echeverri BuenoLuis Gabriel Miranda Buelvas.