Sentencia SL1272-2016/46225 de febrero 9 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 46225

Acta 4

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, absuelva de todas las pretensiones elevadas en su contra. Subsidiariamente, solicita que la Corte case parcialmente el fallo recurrido y, en consecuencia, modifique el numeral segundo, literal h) de la sentencia de primer grado, en el sentido de declarar probada parcialmente la excepción de prescripción de los aportes a seguridad social causados con anterioridad al 31 de marzo de 2004 y disminuir el monto de la condena impuesta por este concepto.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y, enseguida, se estudian.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 22, 23, 24, 25, 54, 65, 127, 186, 249, 253, 303, 467, 469, 470 y 471 del C.S.T., 12 y 17 de la Ley 6ª de 1945, 6º del Decreto 1160 de 1947, 467 y 469 del C.S.T., 8º y 11 del Decreto 3135 de 1968 y 51 del Decreto 1848 de 1969.

Afirma que la anterior violación se dio como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

i) Dar por demostrado, sin estarlo, que entre las partes existió un contrato de trabajo.

ii) No dar por demostrado, estándolo, que entre las partes existieron 36 contratos de prestación de servicios.

iii) Haber dado por demostrado, no estándolo, que la demandante era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo.

iv) Haber dado por probado, sin estarlo, que la convención colectiva de trabajo beneficia igualmente a quienes, sin ser de la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales, le prestaran servicios vinculados mediante lo que se denominó “contratación civil o por “contratos administrativos”.

v) No haber dado por probado, estándolo, que en la convención colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, de manera expresa, se acordó que solo serían beneficiarios los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del instituto.

vi) No haber dado por probado, estándolo, que en la convención colectiva de trabajo se reconoce expresamente la diferencia entre quienes se encontraban vinculados mediante “contratación civil” o por “contratos administrativos” que no hacían parte de personal del Instituto de Seguros Sociales y los trabajadores oficiales que si integran dicha planta y son beneficiarios de la convención.

vii) No dar por demostrado, estándolo, que durante el tiempo en que la demandante prestó sus servicios al Instituto de Seguros Sociales, jamás reclamó el pago de salarios o prestaciones sociales, legales y extralegales, omisión que generó en el ISS la creencia legítima de buena fe, de que no tenía con ella ninguna obligación de índole laboral, por lo que entonces la entidad debe ser absuelta de la indexación y el pago de intereses moratorios.

Señala que estos errores de hecho se cometieron por la errada apreciación de los contratos de prestación de servicios, obrantes a folios 18 a 108, la confesión de la demandante de folio 241 y la Convención Colectiva de Trabajo de 2001- 2004.

En la sustentación del cargo, la censura asevera que el fallador de primera instancia mencionó las pruebas documentales y testimoniales que se habían practicado en el proceso y, posteriormente, se refirió a las declaraciones que fueron recepcionadas, para concluir que entre las partes se había desarrollado un vínculo laboral, análisis probatorio frente al cual el sentenciador de segundo grado no hizo reserva alguna, por lo que con ello avaló los razonamientos expuestos en la sentencia apelada.

Alega que a folios 18 a 108 del expediente, se encuentran 36 contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, a partir del 3 de noviembre de 1993 y el 1 de diciembre de 2006, los que demuestran que la relación no estuvo regida por el derecho del trabajo, sino por las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, toda vez que en ellos se consagró una cláusula expresa que niega el carácter laboral del vínculo y que, en consecuencia, la contratista no tenía derecho al pago de acreencias laborales, además de que se había dispuesto que la ejecución de la labor se hacía con plena autonomía técnica y financiera, sin dependencia o subordinación.

Resalta que los contratos de prestación de servicios prueban que el consentimiento de las partes estuvo encaminado a enmarcar el objeto de aquéllos dentro de la Ley 80 de 1993, es decir, las normas propias de la contratación estatal, motivo por el cual el Tribunal no podía desconocer el contenido de dichos documentos y afirmar que las partes estuvieron vinculadas, a través de un contrato de trabajo, máxime que la demandante admitió que la celebración de los citados contratos siempre estuvo precedida de la presentación de una oferta por parte suya, tal como consta a folios 241.

De otra parte, aduce que el ad quem valoró equivocadamente la Convención Colectiva de Trabajo, por cuanto lo que se infiere de allí es que se aplica a los trabajadores oficiales de planta afiliados al sindicato que la suscribió y a los demás a quienes se hace extensiva, de conformidad con los artículos 3º y 37 del mismo acuerdo convencional, de lo cual se deduce que no era aplicable a las personas que estaban vinculadas mediante contratos de prestación de servicios, tal como equivocadamente lo entendió el Tribunal.

Manifiesta que se dedujo de los testigos Inés Lea de Suárez y Mariano Sebastián Ojeda Martínez la subordinación de la demandante hacia la entidad, siendo que ninguno de ellos acredita la continuada dependencia o subordinación exigida por el literal b) del ordinal 1º del artículo 23 del C.S.T., toda vez que los citados simplemente refieren el horario de la prestación de servicios de la actora, pero ninguno relaciona cómo adquirieron el conocimiento de los hechos y por cuánto tiempo, lo que claramente resta credibilidad a sus dichos y contraviene los requisitos de forma y de fondo dispuestos en el artículo 288 del C.P.C., aplicable a los juicios del trabajo y de la seguridad social en virtud de la remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S.

VII. Réplica

Afirma que las normas que sirvieron de base para la decisión impugnada no fueron denunciadas; que el recurrente no atacó todos los argumentos que tuvo el ad quem; y, que, en cuanto al fondo del ataque, en el plenario se encontraba acreditada la existencia de una relación laboral, máxime que sobre estos casos se ha pronunciado constantemente esta Corporación.

VIII. Consideraciones

El Tribunal no desconoció en ningún momento que los contratos de prestación de servicios, obrantes a folios 33 a 111, contemplaban cláusulas referidas a que la labor de la demandante se prestaba con autonomía e independencia técnica y financiera y que el vínculo de las partes no constituía una relación laboral, sino que estaba regida por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, solo que, partiendo de este presupuesto fáctico el fallador consideró que tales estipulaciones quedaban desvirtuadas a la luz del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas las partes, pues las demás pruebas del juicio demostraban que la demandante había estado subordinada a la entidad, por cuanto se hallaba obligada a cumplir un horario, tenía jefe inmediato, se le asignaban tareas y se le controlaba el tiempo, el modo, la cantidad y la calidad del trabajo, de tal suerte que en ningún yerro fáctico incurrió el ad quem, pues la circunstancia echada de menos por la censura respecto de los contratos de prestación de servicios justamente constituye base de la sentencia impugnada.

Y es que para la Sala, además de que la censura en ningún momento cuestiona, ni desvirtúa la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, lo cual basta para mantener en firme la decisión recurrida cobijada bajo las presunciones de acierto y legalidad, no existe ningún error en esta consideración, pues así las partes hayan querido enmarcar la relación fuera de los campos del derecho del trabajo, lo cierto es que esta manifestación de voluntad no se encuentra por encima de la realidad o de la materialidad, según lo sostenido de vieja data por esta Corporación, toda vez que la legislación laboral debe imponerse cuando la prestación personal de los servicios se ejecuta de manera subordinada, tal como sucede en el presente caso, sin que afecte dicha realidad las manifestaciones de los contratantes, ni, menos lo sostenido por la trabajadora en las ofertas de servicios como requisitos previos a la suscripción de los contratos.

Ahora bien, tampoco encuentra la Corte que el Tribunal haya cometido un yerro fáctico en la apreciación de la Convención Colectiva de Trabajo de 2001- 2004 (folios 112-181 del cuaderno principal), pues lo cierto es que, una vez declarada la existencia de la relación laboral y, en consecuencia, la calidad de trabajadora oficial de la demandante, resultaba viable que el Tribunal sostuviera que dicho acuerdo convencional se le extendía, pues había sido suscrito por Sintraseguridadsocial, que era la organización sindical mayoritaria, de modo tal que no le asiste fundamento alguno a la censura en el reproche relativo a que la convención no aplicaba en virtud de la vinculación de prestación de servicios entre las partes.

Vistas así las cosas, como quiera que no prospera ningún yerro sobre los medios calificados denunciados, no puede la Corte entrar a examinar la prueba testimonial, tal como lo pretende la censura, pues solo en los eventos en que prospere un error sobre las pruebas calificadas en la casación del trabajo, a saber, el documento auténtico, la inspección ocular y la confesión judicial es que puede analizarse la valoración realizada sobre las que no gozan de dicho carácter, tal como de vieja data lo ha sostenido esta Sala.

En consecuencia, el cargo no prospera.

IX. Cargo segundo

Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 22 y 23 de la Ley 100 de 1993 y, en la de infracción directa, el artículo 151 del C.P.T. y de la S.S.

En la fundamentación del cargo, sostiene que, a pesar de que la demandada propuso la excepción de prescripción, “Si se lee el fallo de primer grado que fue confirmado por el Tribunal, podrá advertirse que no obstante haberse declarado probada la excepción de prescripción, el juez a quo inexplicablemente condenó al pago de aportes a la seguridad social desde los años 1993 hasta febrero de 2007, aspecto este que no fue tenido en cuenta por el Tribunal al confirmar la sentencia apelada. Con otras palabras, si la excepción de prescripción prospera con anterioridad al 31 de marzo de 2004, no hay manera de condenar a mi mandante a pagar aportes a la seguridad social desde los años 1993 hasta febrero de 2007, pues tales aportes se encuentran, de igual modo, cobijados por la prescripción y al no disponerlo así el Tribunal infringió las normas enunciadas en el encabezamiento del cargo”.

X. Réplica

Anota que la recurrente no expresa las razones por las cuales el ad quem violó la ley de carácter nacional y que, de todas formas, sobre la prescripción de las cotizaciones a seguridad social, esta Corporación se pronunció en la sentencia CSJ SL, 7 oct. 2008, rad. 33380.

XI. Consideraciones

En cuanto a la prescripción de las cotizaciones para el Sistema General de Seguridad Social, encuentra la Sala que el Tribunal no se pronunció en ningún momento, dado que esta temática no fue objeto del recurso de apelación propuesto por la entidad demandada, de modo tal que no puede la Sala entrar a examinar el punto, pues ello desconocería el principio de consonancia establecido en el artículo 66 A del C.P.T. y de la S.S., de conformidad con el cual la competencia funcional del fallador de segundo grado se encuentra limitada a los puntos expresamente manifestados en el escrito de alzada.

De todas formas, aun si se entendiera que el Tribunal avaló las consideraciones del a quo, en cuanto a que los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones procedían desde el 3 de noviembre de 1993, momento en que inició la relación laboral entre las partes hasta su finalización, no se encontraría ningún yerro desde el punto de vista jurídico, pues esta Sala de la Corte ha venido sosteniendo que mientras el derecho pensional se halle en formación no es exigible y, en consecuencia, los aportes o cotizaciones que contribuyen a su consolidación son imprescriptibles, tal como se plasmó en la sentencia CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 35554, en la que se dijo:

(…) en este punto, no operó la prescripción alegada en la contestación a la demanda, pues, como bien lo tiene indicado la jurisprudencia de esta Sala, los aportes a la seguridad social en pensión, cuando no se ha causado el derecho, son imprescriptibles. En efecto, en la sentencia de 6 de mayo de 2010 (Rad. 35083), se dijo:

“Según ese criterio, mientras no se cumplan los requisitos para configurar el derecho pensional obviamente no es exigible y, por lo tanto, no puede comenzar a correr el término prescriptivo; y las cotizaciones son un elemento constitutivo del derecho a la pensión, que mientras no se paguen en la densidad exigida en la ley, impiden la causación del derecho, de tal suerte que, en materia de prescripción, le deben ser aplicadas las mismas reglas, pues carece de todo sentido que el derecho en sí mismo considerado no se vea afectado por el fenómeno de la prescripción, pero que ello no ocurra respecto de los elementos que lo conforman, que, en verdad, le son inherentes.

“Así lo explicó esta Sala de la Corte en la sentencia del 18 de febrero de 2004, radicación 21378, en los siguientes términos:

Desde la existencia del extinto Tribunal Supremo del Trabajo, ha venido sosteniendo invariablemente la jurisprudencia, que el derecho a la jubilación en sí mismo, por su carácter vitalicio, es imprescriptible. Ya en fallo del 18 de diciembre de 1954, se dijo lo siguiente

“(…)”

“No debe desconocerse que para su formación, el derecho de pensión requiere de la confluencia de dos circunstancias que necesariamente implica el transcurso de un lapso de tiempo bastante prolongado, que supera ampliamente los términos de prescripción de las acciones que emanan de las leyes sociales, en la medida que desde su iniciación hasta su culminación, deben transcurrir, por lo menos, 20 años de servicios o haberse cotizado al Seguro durante mínimo 1.000 semanas.

“Mientras el derecho está en formación, se ha dicho igualmente por la jurisprudencia, la prestación está sometida “...a condición suspensiva, que solamente se perfecciona como derecho cuando concurren los requisitos que la ley exige...” (Cas. 31 de oct. de 1957 G. J., LXXXVI, núms. 2188 a 2190, 2ª parte, p. 747), lo que implica necesariamente que durante ese lapso no es exigible y, por lo mismo, que no opere en su contra plazo extintivo alguno, pues es solo a partir de que adquiere este atributo, que comienza a contarse el término de prescripción de las acciones tendientes a su protección, como lo tiene dicho esta Sala de tiempo atrás.

“A pesar de ser complejo en su formación el derecho de pensión, no pueden mirarse aisladamente sus elementos constitutivos, en lo que respecta especialmente al tiempo de servicio o semanas de cotización que se requieren como condición para su exigibilidad, de modo que no puede predicarse, en este caso específico, que aunque el derecho en sí no prescribe, si prescriben los elementos que lo conforman, porque en la práctica sería imposible su gestación, dado lo prolongado de los términos. Así no cabría entender que un empleador quedaría liberado de su obligación pensional con respecto a un trabajador, que no reclamare por el tiempo laborado, dentro de los tres años siguientes a la terminación de la relación de trabajo, cuando apenas su derecho a reclamar la pensión se perfeccionó en un tiempo posterior muy superior.

“Ahora bien, si el derecho a la pensión es imprescriptible y durante su formación está sometido a la condición suspensiva de que confluyan los requisitos mínimos exigidos en la ley, no puede afirmarse contrariamente, que las acciones encaminadas a obtener su conformación, mediante el pago de las semanas dejadas de cotizar, estén sometidas al término trienal ordinario de prescripción, pues ello haría nugatorio su reconocimiento, toda vez que solo serían exigibles, tanto frente al empleador, como frente a la entidad de seguridad social, sino aquellas causadas durante este último lapso”.

Partiendo de este criterio jurisprudencial, debe reconocerse el déficit en los aportes a pensión con destino al Instituto de Seguros Sociales, junto con la respectiva actualización monetaria, desde el 2 de febrero de 1998, fecha de causación de la bonificación reconocida a la actora, hasta el 6 de abril de 1999, momento de la terminación del contrato.

En consecuencia, el cargo resulta infundado.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de seis millones quinientos mil pesos ($6.500.000).

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 17 de febrero de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ILSI MARÍA BOLAÑO DE LA CRUZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de seis millones quinientos mil pesos ($6.500.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».