Sentencia SL12728-2017 /51848 de agosto 23 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN CUATRO

Rad.: 51848

Magistrado Ponente

Dr. Omar de Jesús Restrepo Ochoa

Acta 007

Bogotá, D.C., veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

En primer lugar, la Corte debe hacer dos anotaciones en torno a la demanda con la que se formuló el recurso extraordinario de casación: (i) aunque se citan normas del Código Sustantivo del Trabajo como violadas por el Tribunal, eso es inadmisible pues, no solo, no se incluyeron en la sentencia atacada, sino que, por tratarse de un trabajador de una entidad estatal, se le aplican normas diferentes. Este defecto en nada compromete el recurso pues también se incluyeron en la proposición jurídica otro tipo de normas, esas sí, utilizadas por el ad quem y aplicables para este tipo de servidores y normas de carácter constitucional que contienen principios generales; (ii) En razón a que el único cargo propuesto se dirigió por la vía directa, quedan por fuera de la discusión los aspectos fácticos traídos por el juzgador colegiado que no son discutidos:

— José Otoniel Giraldo Arias laboró para el departamento de Antioquia, como trabajador oficial, desde el 18 de enero de 1988.

— El 2 de noviembre de 2004, el Sindicato de Trabajadores y Empleados del departamento de Antioquia presentó a su empleador un pliego de peticiones, dando inicio a la negociación colectiva que genera la protección denominada fuero circunstancial.

— El Decreto Ordenanzal 2105 de octubre 28 de 2004, ordenó la supresión de los cargos de la planta de la Secretaría de Infraestructura física del departamento de Antioquia.

— La relación laboral entre las partes, regida por un contrato de plazo presunto, fue terminada injustamente por el empleador, con base en la supresión del cargo, con el pago de la indemnización correspondiente, en el momento en que estaba vigente el conflicto colectivo.

El fundamento que tuvo el tribunal para revocar la sentencia inicial, está resumido en que:

“De conformidad con lo anteriormente expresado, encontramos que aceptando que efectivamente al momento de la terminación del contrato de trabajo del demandante existía un conflicto colectivo de trabajo en el departamento, la protección del fuero circunstancial, no sería aplicable a su caso, puesto que la administración departamental demostró que su desvinculación obedeció a una causa legal como es la restructuración administrativa, con el lleno de requisitos de ley”.

La discusión se centra en la aplicación del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 que protege a los trabajadores del despido sin justa causa cuando se encuentran en el desarrollo de un conflicto colectivo, dice la norma: “Los trabajadores que hubieren presentado al patrón un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto”.

En primer lugar, no es cierto que el tribunal no hubiera aplicado esta norma, pues en la decisión atacada, el ad quem aceptó su existencia y que, en principio, protegía a Giraldo Arias, pero aclaró que para el momento de su expedición, en 1965, no se tuvo en cuenta la facultad del Estado para efectuar reestructuraciones que pretendían su eficacia.

Sobre el tema la Sala ha tenido oportunidad de referirse en varias ocasiones, en forma pacífica, precisamente, tratándose de la Secretaría de Infraestructura Física del mismo ente territorial demandado, tal como lo hizo en la Sentencia CSJ SL14019-2016, en la que mencionó algunas decisiones anteriores:

“Esta sala ya tuvo oportunidad de elucidar los planteamientos expuestos por el recurrente, mediante Sentencia CSJ SL8939-2015, del 8 de jul. 2015, rad.46616, al estudiar un fallo dictado por el mismo Tribunal de Medellín, en un proceso precisamente seguido en contra del departamento de Antioquia, así:

‘En torno a dicha temática, contrario a lo que arguye la censura, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que las cláusulas que disponen el reintegro de trabajadores, bien que provengan de disposiciones legales, acuerdos convencionales o garantías como el fuero circunstancial, en tanto intereses particulares, deben ceder ante intereses generales como los que se traducen en las facultades del Estado de reorganizar, suprimir y liquidar sus entidades administrativas, y, como consecuencia, eliminar cargos. Ante dicho panorama, se ha precisado, las medidas de reintegro se tornan de imposible cumplimiento’ (Ver CSJ SL, 13 abr. 2010, rad. 33888, CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 39325, entre muchas otras).

Esa misma doctrina ha sido morigerada para los casos en los que las reestructuraciones administrativas provienen de las mismas entidades, se limitan a la supresión de cargos y no encuentran respaldo en el resguardo de bienes de interés superior. En tal caso, ha dicho la Corte, no puede concluirse automáticamente que el reintegro es de imposible acatamiento, sino que es necesario verificar que la reorganización y supresión de cargos estuvo precedida de estudios especializados que aconsejen el reordenamiento administrativo, de manera que se acredite el cumplimiento y realización de intereses superiores, que prevalezcan sobre los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. En la Sentencia CSJ SL, 16 sep. 2008, rad. 33004, reiterada, entre otras, en la CSJ SL576-2013 y CSJ SL16218-2014

(…)

Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente jurídico, que corresponde a la orientación del cargo, el tribunal no desconoció la referida doctrina, pues advirtió que en casos como en el presente surgía una “(…) tensión entre el derecho al reintegro del servidor público con resguardo foral cuando es despedido por supresión del cargo en una entidad oficial, y la autonomía administrativa para proveerse su propia organización que la Constitución confiere a este tipo de entidades”,

Y tampoco puede decirse que el tribunal hubiera concluido automáticamente la imposibilidad del reintegro, para acusarlo de un error hermenéutico, pues, en primer lugar, tuvo en cuenta que no solo se había suprimido el empleo que tenía el actor sino toda la dependencia en la que laboraba, además de que citó varios documentos como la Ordenanza 15 del 27 de octubre de 2004, a través de la cual se facultó al gobernador de Antioquia para modificar la estructura de la administración departamental “(…) única y exclusivamente referida a la Secretaría de Infraestructura (…)”; el Decreto 2104 del 28 de octubre de 2004, que dispuso la supresión de, entre otras, la Dirección de Conservación de Vías de la Dirección Técnica, a la cual estaba adscrito el demandante; el Decreto 2105 del 28 de octubre de 2004, por medio del cual se suprimieron, entre otros, los cargos de Almacenista; el Decreto 2109 del 28 de octubre de 2004, que estableció la no prórroga de los contratos de trabajo de los trabajadores de esa dependencia, dentro de los que se encontraba el actor; el Decreto 1891 de la misma fecha, que definió la suspensión de las actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas de la Secretaría de Infraestructura Física, a partir de un estudio técnico en el que se destacaban las dificultades y costos del ejercicio de dicha labor, directamente por el departamento.

(…)

A partir de lo anterior, como conclusión, expuso que “(…) existe en la actualidad una imposibilidad jurídica y material para ordenar el reintegro del demandante al cargo que venía ocupando en la secretaría en cuestión, o incluso a otro cargo equivalente, por la supresión de que fueron objeto tanto el empleo mismo como la dependencia a la cual pertenecía. En su lugar procedía, como en efecto lo reconoció el departamento, la indemnización sustitutiva del reintegro que fue efectivamente cancelada en cuantía de $ 35.532.033., según se infiere de las liquidaciones de folios 173/174”.

El asunto que se examina es de similares características fácticas y jurídicas, por ello, para la Sala la conclusión ha de ser la misma, es decir, que el cargo no prospera porque el tribunal no incurrió en los errores enrostrados por el censor.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de enero de 2011, en el proceso promovido por José Otoniel Giraldo Arias contra el departamento de Antioquia.

Costas, como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».