Sentencia SL1275 de febrero 9 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL1275-2016

Radicación 43846

Acta 04

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «X. Consideraciones

Los dos cargos se examinan de manera conjunta, por cuanto se encaminan por la misma vía, acusan la violación de un análogo conjunto de normas y se apoyan en idénticos argumentos.

Tal y como lo objeta la réplica, existe una incoherencia en el alcance de la impugnación, pues se le solicita a la Corte, al mismo tiempo, la casación y revocatoria de la decisión del Tribunal, lo que, como se ha dicho en repetidas oportunidades, no es posible lógicamente. No obstante, dicho yerro no impide el estudio de la acusación, puesto que es dable entender que el querer del censor está dado en lograr la casación de la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque la que fue emitida en la primera instancia y se le otorgue prosperidad a las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, en lo fundamental, el tribunal estimó que no era trascendente la presunta «…nulidad en el acogimiento al plan de retiro ofrecido por el empleador…», entre otras por la motivación que hubiera podido tener el empleador, pues, explicó, «…dicho acto negocial es autónomo a la conciliación, teniendo la calidad de preparatorio en la medida en que por si (sic) solo no tiene la connotación suficiente para dar por terminado el contrato, ni tampoco constituye un requisito inherente a la conciliación.» En ese mismo sentido, el Tribunal se concentró en verificar «…si el acuerdo suscrito entre los demandantes y la compañía Gillette de Colombia S.A. adolece de vicios generadores de nulidad…», para, con vista en ello, definir si podía generar los efectos de cosa juzgada, respecto de las pretensiones planteadas en la demanda. A su vez, en definitiva, encontró que las actas de conciliación no habían estado mediadas por presiones o «fuerza», de manera que resultaban plenamente válidas.

Los dos cargos, como lo resalta la réplica, no guardan concordancia con los argumentos del Tribunal, atrás reseñados, de manera que la sentencia gravada, en su esencia, no fue correcta y suficientemente atacada. En efecto, el censor se empeña en denunciar una inadecuada lectura de las normas que regulan la clausura total o parcial de labores de una empresa, a la vez que consagran limitaciones legales para ejecutar despidos colectivos, tales como la autorización ante el Ministerio de Trabajo, que no tuvieron eco dentro de la decisión atacada, pues, como ya se dijo, lo relevante para el Tribunal fue la validez de las actas de conciliación, por la inexistencia de vicios en el consentimiento de los trabajadores.

Por esa misma situación, a la Sala le resulta fácil concluir que no existió la interpretación errónea o la aplicación indebida de las normas incluidas dentro de la proposición jurídica, que se acusa en los cargos, puesto que el tribunal no se valió de ellas para fundamentar sus inferencias, que, se repite, estuvieron centradas en refrendar la validez de las actas de conciliación suscritas por los demandantes, por no estar viciado su consentimiento, ni haberse desconocido algún derecho cierto e indiscutible. En ese sentido, se repite, los reparos del censor no son consecuentes con las consideraciones del tribunal que, como consecuencia, deben permanecer incólumes.

Adicional a lo anterior, en los cargos se mezclan inadecuadamente asuntos de naturaleza fáctica y jurídica, que no se compadecen con la naturaleza del recurso extraordinario de casación. No obstante, en lo que se refiere al tema estrictamente jurídico, propio de la vía por la cual se encaminan las acusaciones, resulta prudente resaltar que el tribunal reconoció que las actas de conciliación no podían, por sí solas, consolidar una excepción de cosa juzgada, sino que era necesario que el consentimiento allí expresado no estuviera viciado por error, fuerza o dolo, solo que, agregó, esos reparos no podían surgir en abstracto o presumirse, ya que era necesario alegarlos y probarlos.

En ese sentido, como acertadamente lo apunta la réplica, el ejercicio del tribunal fue netamente fáctico y ajeno a la vía escogida por el censor, pues estuvo dado en determinar que no se habían demostrado las presiones o constreñimientos denunciados por los demandantes; que la terminación del vínculo laboral había sido espontáneamente y libremente acordada; y que los acuerdos conciliatorios no estaban viciados en el consentimiento, ni desconocían derechos ciertos e indiscutibles. Asertos estos que, dada la vía escogida para formular los cargos, permanecen inalterados.

Tampoco controvierte el censor la premisa con fundamento en la cual la validez de los planes de retiro, por haber sido impulsados por el empleador, resultaba intrascendente, de manera que, teniendo presente que los contratos terminaron por vía de conciliación, sin que los trabajadores hubieran sido sometidos a presión – premisas fácticas ajenas a la vía por la que se formula la acusación -, lo cierto es que el Tribunal no habría podido infringir las normas que regulan los despidos colectivos, puesto que, se subraya, los contratos de trabajo terminaron por mutuo acuerdo y no por un despido, que hubiera podido tener la connotación de colectivo y haber carecido del procedimiento que se consagra legalmente para tal efecto.

En los referidos términos, el Tribunal no incurrió en los errores jurídicos que le son imputados.

Los cargos son infundados.

XI. Tercer cargo 

Acusa la sentencia del Tribunal de haber incurrido en una violación, por la vía indirecta, «(…) por aplicación indebida, error de hecho de los artículos 466 del C.S.T., subrogado por el art. 66 de la Ley 50 de 1990; Decreto Ley 2351 de 1965, artículo 9º y art. 40, este subrogado por el art. 67 de la Ley 50 de 1990; Decreto Reglamentario 1373 de 1966 en su art. 5º; Artículo 42 de la ley 794 de 2003, artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 y en relación con los artículos 1502 del C.C. 210 y 392 del C.P.C., artículo 47 literal d) del Decreto 2127 de 1945, Art. 29 y 53 de la Carta Política.»

Aduce que la infracción descrita se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1º Dar por demostrado sin estarlo, que las actas de conciliación hacen tránsito a cosa juzgada, no obstante que se demostró la violación al debido proceso.

2º No dar por establecido, estándolo que las conciliaciones fueron hechas irregularmente, por cuanto no había autorización del Ministerio de Protección Social, frente al cierre de la planta de producción de la empresa en la ciudad de Cali; y en segundo lugar hubo presión conllevando a que el acto conciliatorio es ilegal por vicios en el consentimiento.

3º No dar por demostrado, estándolo que las actas de conciliación al ser firmadas en forma irregular (presionados), se convierten en actos ilícitos e ilegales, y por consiguiente son nulas de pleno derecho las actuaciones que atentan contra la libertad en materia laboral.

Afirma también que dichos yerros fueron el producto de la valoración equivocada de los planes de retiro voluntario, en los que se dice que la empresa demandada quería dar por terminados los contratos de trabajo, con ocasión del cierre de sus áreas de producción; el boletín informativo de Gillette Company del 18 de diciembre de 2000, en el que anuncia el cierre de 8 fábricas y 13 centros de distribución; la edición del Diario el País del 20 de febrero de 2001, en la que se publicita el cierre de la planta que la demandada tenía en la ciudad de Cali; la contestación de la demanda, en donde se acepta esa clausura de la planta de producción; y las declaraciones de Víctor Hugo Echeverri Cabal y Hernando Ojeda Taborda.

En la fundamentación del cargo, el censor repite, nuevamente, las consideraciones expuestas en los dos primeros ataques y añade:

Dentro de las pruebas desconocidas, tenemos entre otras, las declaraciones de terceros, las manifestaciones de los demandantes cuando se les practicó diligencia de reconocimiento de los documentos aportados por Gillette, y documentos como los que a continuación relaciono, aportados con la demanda:

  1. Una carpeta contentiva del “plan de retiro voluntario” entregado por Gillette de Colombia S.A.”, el día 20 de Febrero de 2001, en cuya carta introductoria, la demandada manifestó: “Como consecuencia del cierre definitivo de las áreas de producción y de las actividades relacionadas, la compañía desea terminar los contratos de trabajo existentes por mutuo acuerdo.” (Negrillas fuera de la trascripción)”
  2. Fotocopia del Boletín informativo de fecha Diciembre 18 de 2000, emitido por la multinacional The Gillette Company, en el cual se anuncia el cierre de 8 plantas de producción a nivel mundial y una reducción de 2.700 empleados.
  3. Páginas A1 y B1 del Diario “EL PAÍS” de esta ciudad, en su edición del día 20 de Febrero de 2001, en la que aparece publicada la noticia del cierre de la Planta de Gillette en Cali.
 

De la simple revisión de estos documentos, se llega a la inequívoca conclusión de que la iniciativa de finiquitar los vínculos laborales partió de la demandada, todo ello, motivado en la decisión de cerrar su planta de producción; es decir, que la desvinculación de los actores se produjo como consecuencia del cierre de la planta de producción donde laboraban. Este hecho es corroborado por la señora GLADYS AMPARO APONTE MUÑOZ, quien rindió declaración amplia, clara y precisa sobre la forma en que la empresa les dio a conocer su decisión de cerrar la planta de producción, y que bajo esta amenaza (la del cierre y la no posibilidad de reubicación), les obligó a acogerse al mal llamado “plan de retiro voluntario”, les exigió al (sic) presentación de las cartas de renuncia (en los términos y condiciones impartidos por la empresa), y como finalmente les obligó a firmar las actas demandadas, es una fecha que había sido previamente asignada a cada trabajador de acuerdo a la sección que pertenecía, para cumplir así metas de producción y entre tanto se producía el desmantelamiento de la planta. Entonces, resulta errada la apreciación del AD-QUO (sic), de que los contratos de trabajo celebrados entre los demandantes y GILLETTE DE COLOMBIA S.A., terminaron por mutuo acuerdo, por cuanto el tribunal desconoce dentro del análisis normativo las prohibiciones que la ley establece en torno al cierre de una empresa, es así como la norma que aplicó indebidamente (art. 466 C.S.T.), se la hubiese aplicado en legal forma había concluido que efectivamente se habían pretermitido los procedimientos legales y con ello no era viable la realización de actas de conciliación.

A lo anterior, debe sumarse el hecho que la demandada siempre señaló a los actores, la fecha hasta la cual irían sus contratos de trabajo, obsérvese detenidamente la carpeta contentiva del “plan de retiro”: “3. Bono de productividad…a aquellas personas que permanezcan hasta la fecha de terminación del contrato de trabajo...” (Negrillas mías). “En la liquidación estimada de prestaciones del trabajador, contenida la carpeta del “plan de retiro”, y contigua a la carta introductoria del mismo, aparece igualmente la fecha de salida de cada trabajador.”

XII. Réplica

Insiste en que las normas que se consideran violadas en el cargo no fueron utilizadas por el tribunal y afirma que los desatinos fácticos que se denuncian en realidad son jurídicos. Agrega que la valoración de las actas de conciliación no fue controvertida y soporta plenamente la legalidad de la decisión atacada, además de que, en términos generales, no se controvierte la consideración del Tribunal referida a la inexistencia de vicios en el consentimiento de los demandantes.

XIII. Consideraciones 

El cargo contiene referencias jurídicas relacionadas con los defectos que pueden perjudicar la validez de un acta de conciliación, generar su anulación e impedir que alcance los efectos de cosa juzgada, que no son de recibo por la vía indirecta escogida por el censor, y que, de cualquier manera, como se dijo, al resolver los dos primeros cargos, nunca fueron desconocidos por el tribunal.

Con todo, en el cargo es dable rescatar una acusación fáctica en contra del tribunal, por no haber dado por demostrado que el motivo real de la terminación de los contratos de trabajo fue el cierre de la planta de producción de la ciudad de Cali y que los trabajadores fueron presionados para suscribir las actas de conciliación.

En torno a tales tópicos, los documentos que menciona la censura como indebidamente valorados, como el plan de retiro voluntario (fol. 16 y 17), el boletín informativo (fol. 129) y las notas contenidas en una edición del Diario el País (fol. 523 y 524) tan solo demuestran que la sociedad demandada promovió planes de retiro dentro de sus trabajadores, pero no desdibujan las consideraciones del Tribunal en torno a que, de cualquier manera, la renuncia de los trabajadores y la celebración de las conciliaciones no estuvieron rodeadas de vicios en el consentimiento. Tampoco desvirtúan la premisa contenida en la sentencia gravada de que la validez del plan de retiro no resultaba trascendental, ya que «…dicho acto negocial es autónomo a la conciliación, teniendo la calidad de preparatorio en la medida en que por si (sic) solo no tiene la connotación suficiente para dar por terminado el contrato, ni tampoco constituye un requisito inherente a la conciliación.»

En igual dirección, la contestación de la demanda tan sólo se admite la promoción de los planes de retiro, pero nunca que los trabajadores hubieran sido presionados para conciliar su retiro, y las pruebas testimoniales no son calificadas en la casación del trabajo.

De otro lado, como bien lo resalta la réplica, el censor no reprocha la valoración que realizó el Tribunal de las actas de conciliación, en las que los demandantes dejaron consignada su renuncia voluntaria y aceptaron que sus contratos de trabajo terminaban por el mutuo consentimiento alcanzado entre las partes. Tampoco se refiere a los oficios en los que los actores renunciaron a sus cargos, aceptaron el plan de retiro voluntario y admitieron la terminación de sus contratos de trabajo, por mutuo acuerdo.

Por último, siendo claro que el consentimiento de los demandantes no estuvo afectado por algún vicio, todo el esfuerzo del censor encaminado a demostrar que la demandada cerró parte de sus operaciones y no solicitó la autorización legal para ello, ante el Ministerio de Trabajo, no tiene alguna relevancia en este caso, pues con todo y que dichos asertos fueran ciertos, no deja de ser un hecho consolidado que los trabajadores no fueron despedidos, sino que renunciaron libremente a sus cargos y, a la postre, dieron por terminados sus contratos de trabajo de mutuo acuerdo con el empleador, por lo que no era dable predicar, frente a ellos, la existencia de un ilegal despido colectivo.

Tampoco tiene relevancia el hecho de que el empleador hubiera sido el que impulsó la terminación de los contratos por mutuo acuerdo, a través del ofrecimiento de un Plan de Retiro Voluntario, puesto que esta Sala de la Corte ha reiterado que los planes de retiro pueden ser válidamente impulsados por el empleador y, por sí solos, no pueden viciar el consentimiento del trabajador que los acepta libre y espontáneamente (Ver, entre otras, la sentencia CSJ SL, 5 abr. 2011, rad. 37752).

Como consecuencia, el cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos M/CTE. ($3.250.000.oo).

XIV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2009 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Bertulfo Ortiz Cardona, Hernán Marino Riascos Muñoz, María Patricia Arciniegas Álvarez, Carlos Arturo Aza Urbano, María Stella Moya Contreras, Víctor Manuel Blanco Zuluaga, Carlos Humberto Quiñones Micolta, Leyda Pérez Romero, Elcy Cuadros Vergara, Ludivia Sánchez Marquez, Luz Dary Acevedo Y María Magnolia Burgos Morales contra Gillette de Colombia S.A.

Costas a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte. ($3.250.000.oo).

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».