Sentencia SL12856-2016 de julio 19 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL12856-2016

Radicación: 47099

Acta 26

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandado Instituto de Seguros Sociales, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el demandado recurrente que la Corte CASE parcialmente la sentencia recurrida, «en cuanto revocó la de primer grado que absolvió de todas las pretensiones», para que en sede de instancia, modifique el fallo de primer grado, «en el sentido de condenar a la pensión de invalidez, a partir del 31 de octubre de 2005 y declarar probada la excepción de prescripción, a partir del 31 de octubre de 2005, decidiendo sobre costas lo que corresponda en derecho».

Con tal propósito formuló un cargo que denominó «primer cargo», por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.

VI. Cargo único

Acusó la sentencia de violar por vía directa, en la modalidad de infracción directa los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que llevó a la aplicación indebida del artículo 36 de la Ley 90 de 1946.

Para la sustentación del cargo, el recurrente enunció que dada la vía escogida, no entraba a discutir los aspectos fácticos demostrados en el proceso, entre ellos la fecha en que se presentó la demanda inaugural, ya que el punto de discusión por la senda directa, tiene que ver con establecer cuál es la norma aplicable para concretar la prescripción de mesadas pensionales.

Señaló que el tribunal se apoyó en el artículo 36 de la Ley 90 de 1946 para determinar el tiempo de prescripción que se aplicaría a este proceso, pero no tuvo en cuenta que dicha norma fue derogada por el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (D. 2158/48). Que tal planteamiento lleva a concluir que el ad quem desconoció las normas que rigen la prescripción para las obligaciones laborales y que de manera indebida aplicó un precepto legal que no corresponde al caso, pues es sabido que frente a reclamaciones judiciales de origen laboral prima en relación con la prescripción extintiva de estas obligaciones, lo estatuido en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Que en la sentencia acusada, se cometió la equivocación de aplicar una prescripción de cuatro años, a la que hace referencia el citado artículo 36 de la Ley 90 de 1946, que lleva a la violación de las disposiciones denunciadas que no fueron tomadas en cuenta, ya sea por desconocimiento o rebeldía.

Después de transcribir los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, concluyó que es claro que la prescripción a aplicar en la presente contenida, corresponde a la de tres años, y por ende, como la reanudación del pago de la prestación por invalidez se reclamó el 31 de octubre de 2008, será a partir de esta fecha que se debe empezar a contar el plazo trienal, del tal suerte que sus efectos se dan a partir del 31 de octubre de 2005 y no del 31 de octubre de 2004.

VII. La réplica

Al confutar el cargo, el demandante opositor asevera, en suma, que la pensión de invalidez le fue reconocida al actor y confirmada mediante la resoluciones 7879 de 1981 y 3273 de 1983, lo que significa que el derecho se generó bajo el imperio de la legislación vigente al momento de ser otorgada la prestación por el ISS, esto es, el artículo 36 de la Ley 90 de 1946, y es por esto que al tener el afiliado un derecho adquirido se le debe reconocer el retroactivo bajo dicha legislación que lo cobija, es decir tomando el término de prescripción de los cuatro años contenido en la citada norma.

Agregó, que el recurso extraordinario de casación resulta improcedente por el factor de la cuantía, pues cuando se hizo el cálculo para concederlo no se tuvieron en cuenta los folios 5 y 6 del expediente, en los que se encuentra consignada la Resolución 7870 de 1981, en la cual se observa que la fecha de nacimiento del afiliado fue el 13 de octubre de 1937. En consecuencia, cuenta con 72 años y 7 meses de edad al momento en que se dictó el fallo de segunda instancia y, de conformidad con los datos suministrados por el DANE, la media de vida probable de los colombianos es de 74 años para el periodo comprendido entre el 2005 y 2010; por tanto se evidencia que hubo un error en la posible expectativa de vida calculada, que no es de 11.58 años como lo considero el tribunal, sino de 1.3 años «lo que equivale en mesadas pensionales al tenor de lo cuantificado actual es $ 515.000 quinientos quince mil pesos para el salario mínimo a $ 8.755.000 ocho millones setecientos cincuenta y cinco mil pesos», cuantía que no supera el tope legal para que el proceso sea revisado en casación.

VIII. Consideraciones

Primeramente debe advertirse, que no es de recibo lo expresado por la réplica en relación con la improcedencia del recurso extraordinario interpuesto por el demandado ISS, por cuanto los proveídos tanto del tribunal como de la Corte admitiendo tal impugnación se encuentran en firme y ejecutoriados. Sin embargo, si la Corte revisara las operaciones aritméticas, encontraría que la sola incidencia futura de la pensión de invalidez reconocida, sin sumarle las mesadas causadas, teniendo en cuenta la vida probable del actor de conformidad con lo establecido en la Resolución 585 de 1994, modificada por la 497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria, supera ampliamente el tope legal exigido de los 120 veces el salario mínimo legal vigente para el 26 de marzo de 2010, fecha en que se profirió la decisión de segunda instancia, esto es la suma de $ 61.800.000, según lo dispuesto en la Ley 712 de 2001 artículo 43, que regía para la época, lo cual permite darle curso al recurso de casación, tal como se ilustra en el siguiente cuadro:

Fecha nacimientoHastaX = Edad actuarial al fallo de 2ª instancia 26/03/2010eº (x) = Expectativa de vida según Resolución 497 de 1997Nº de mesadasMesada pensionalValor incidencia futura
13/10/193726/03/201072,4511,58162,12$ 515.000,00$ 83.491.800,00

Pues bien, sobre el fondo del asunto, se tiene que dada la vía directa escogida para encauzar el cargo, son hechos indiscutidos los siguientes: (i) que el Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución 7370 del 24 de julio de 1981, le reconoció al actor pensión de invalidez de origen profesional; (ii) que la anterior decisión fue confirmada mediante Resolución 3273 del 5 de mayo de 1983; (iii) que el demandante cotizó al ISS un total de 1.361 semanas, entre el 1º de abril de 1971 y el 7 de julio de 1997; (iv) que el 27 de junio de 1997 solicitó al instituto demandado el reconocimiento de la pensión de vejez; (v) que por medio de la Resolución 3412 del 20 de marzo de 1998, se le negó la prestación solicitada; (vi) que el 1º de julio de 1998 recurrió la anterior decisión y manifestó que si su petición era infructuosa optaba por la pensión de vejez por considerarla mejor; (vii) que el ISS —Seccional Antioquia— optó por otorgarle la pensión de vejez retirándole la de invalidez, a partir del 1º de diciembre de 1999; y (viii) que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Igualmente, no es materia de cuestionamiento en la esfera casacional, la fecha en que se presentó la demanda inaugural que lo fue el 31 de octubre de 2008 (fl. 3, cdno. del juzgado), como tampoco el derecho que tiene el demandante a percibir la pensión de invalidez de origen profesional, en los términos en que lo determinó el Juez de apelaciones.

En el sub lite la acusación cuestiona exclusivamente el punto de la prescripción de las mesadas causadas, y está orientada a que se determine jurídicamente que el tribunal se equivocó al aplicar para este efecto el artículo 36 de la Ley 90 de 1946, y tomar un término de prescripción de cuatro (4) años, y no el término trienal previsto en los códigos Sustantivo del Trabajo y Procedimiento Laboral.

Planteadas así las cosas, debe decirse que tal como lo ha sostenido esta corporación de tiempo atrás, el derecho a la pensión en sí mismo no es prescriptible, pero sí lo son las distintas mesadas pensionales.

Efectuada la aclaración anterior, se tiene que le asiste entera razón a la entidad recurrente, pues, en efecto, el artículo 36 de la Ley 90 de 1946 que reza: «La acción para el reconocimiento de una pensión prescribe en cuatro (4) años; la acción para el reconocimiento de las demás prestaciones y el derecho a cobrar cualquier subsidio o pensión ya reconocidos prescribe en un (1) año», no es la norma que gobierna el tema que se debate, ya que tal regulación imperó pero frente a las reclamaciones surtidas directamente ante el Instituto de Seguros Sociales, pues en lo que atañe a las reclamaciones judiciales fue derogado por el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En efecto, el precepto legal aplicable corresponde al citado artículo 151, que regula expresamente la prescripción para las acciones judiciales, en cuanto establece que las mismas prescribirán en tres (3) años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

De suerte que, el término de prescripción consagrado en la Ley 90 de 1946, artículo 36, debe entenderse derogado para las acciones de índole judicial por el mencionado artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (D. 2158/48), tal como lo dejó sentado la Sala en sentencia de la CSJ SL, 3 de agosto de 2010, radicación 36131, que puntualizó:

Acusa la censura al tribunal por haber infringido directamente el artículo 36 de la Ley 90 de 1946. Olvida que el término de prescripción ahí consagrado fue derogado por el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de manera que el ad quem no pudo quebrantar esa disposición legal. Al punto esta Sala de la Corte, en sentencia del 22 de julio de 2003, radicación 19.796, adoctrinó:

“Así mismo, tampoco es acertada la inferencia del tribunal en el sentido de que el término de prescripción aplicable al caso es el artículo 36 de la Ley 90 de 1946, pues para la corporación dicho precepto quedó derogado por el artículo 151 del que ahora se denomina código de procedimiento laboral y de la seguridad social, ya que no puede perderse de vista que esta norma estipula que ‘las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años’, y entre tal tipo de leyes indiscutiblemente están las que contienen el derecho pensional de la demandante génesis del litigio. Y por ello es equivocado el razonamiento de la mayoría del tribunal cuando sostiene que prevalece la primera norma legal antes citada”.

En consecuencia, el término de prescripción aplicable es de tres (3) años con arreglo en la norma procedimental en comento, y no de cuatro (4) años como lo infirmó equivocadamente el fallador de alzada.

En este orden de ideas, el ad quem incurrió en el yerro jurídico endilgado, por tanto el cargo resulta fundado y la sentencia impugnada habrá de casarse, solo en el aspecto relativo a la prescripción.

IX. Sentencia de instancia

En sede de instancia se ha de precisar que no se discute la fecha en que se presentó la demanda inicial, 31 de octubre de 2008, la cual se tuvo en cuenta para contabilizar el término de prescripción.

Como ya se mencionó al resolver el cargo, la prescripción en este caso se rige por lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que contempla que en asuntos judiciales de carácter social, el término de prescripción es de tres (3) años, por ende teniendo en cuenta la fecha de presentación de la demanda inaugural, se tiene que las mesadas pensionales exigibles con anterioridad al 31 de octubre de 2005 se encuentran prescritas.

Así las cosas, la condena al pago de la pensión de invalidez de origen profesional a favor del demandante, será partir del 31 de octubre de 2005, en este sentido se revocará el fallo de primer grado y se declarará parcialmente probada la excepción de prescripción.

Sin costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad del cargo. No se causan en la alzada, y las de primera instancia serán a cargo de la parte vencida el ISS.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 26 de marzo de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso seguido por JESÚS MARÍA QUINTERO ZULUAGA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sustituido procesalmente por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES «COLPENSIONES», solo en cuanto dispuso que la condena al pago de las mesadas correspondientes a la pensión de invalidez de origen profesional, a favor del demandante, era a partir del 31 de octubre de 2004. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, se REVOCA la decisión de primer grado, para condenar a la entidad demandada al pago de la pensión de invalidez desde el 31 de octubre de 2005, por estar prescritas las mesadas causadas con anterioridad a esta fecha, y se DECLARA parcialmente probada la excepción de prescripción.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.»