Sentencia SL12869-2017/47911 de agosto 9 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 47911

Acta 28

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., nueve de agosto de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: VII. Consideraciones

La Sala debe recordar que la causal segunda de casación se encuentra contemplada para eventos en los cuales el fallador de segunda instancia reforma la sentencia de primer grado contra el único apelante, generándole mayores cargas o provocándole una situación más gravosa respecto de las determinaciones adoptadas por dicha decisión, en desconocimiento del principio constitucional de la no reformatio in pejus que gobierna las actuaciones que debe surtir el fallador de segundo grado.

Así mismo, la Sala ha advertido que para examinar una posible vulneración al principio de la no reformatio in pejus es necesario determinar quién presentó la apelación, cuál fue la inconformidad expuesta frente a la decisión impugnada y comparar los términos de las resoluciones adoptadas tanto en la sentencia de primer grado como en la de segunda instancia, a fin de definir si esta comporta una situación más gravosa para la parte que presentó el recurso de apelación.

En efecto, en la sentencia SL3629-2015, que reiteró la providencia CSJ SL, feb. 20/2007, rad. 28000, esta Sala advirtió:

Esta Sala de la Corte en relación al principio procesal de la no reformatio in pejus se ha pronunciado en varias oportunidades de la manera como lo señalara en Sentencia SL578-2014 que a su vez reitera CSJ SL, feb. 20/2007, rad. 28000; fragmento de la cual se expone a continuación:

(…)

Tiene dicho esta Corporación que la causal segunda de casación en materia laboral se tipifica cuando la sentencia del juez de segundo grado contiene decisiones que imponga mayores cargas a la parte que apeló o de aquella a favor de quien se surtió el grado jurisdiccional de consulta y, por consiguiente, le hace más gravosa su situación respecto de las resoluciones que fueron adoptadas por el juez a quo. Por lo tanto, para determinar si en efecto se da aquella es necesario precisar quién apeló, cuál fue la inconformidad que expuso, y comparar los términos de las resoluciones contenidas en los fallos.

(…)

Como lo expresara la Sala en sentencia CSJ SL de 5 de febrero de 1990, radicación 2522:

La regla procesal de reformación en perjuicio no es sin embargo absoluta; excepcionalmente puede el superior modificar la parte no apelada de una decisión jurisdiccional, cuando para la conexidad íntima de esa parte de la apelada se hace necesario introducir modificaciones íntimamente relacionadas con la que resulta reformada, o cuando ocurre el sistema de la apelación adhesiva o, cuando por tratarse de una materia sometida al grado de jurisdicción de la consulta que es una especie de apelación automática en beneficio de determinadas entidades o personas.

Pues bien, en este asunto, la recurrente sostiene que el fallo del Tribunal hizo más gravosa su situación frente a dos puntuales aspectos: (i) en tanto el Tribunal impuso el pago de la indemnización por despido sin justa causa cuando el a quo ordenó el pago de la indemnización por perjuicios, y (ii) toda vez que el juez de apelaciones remplazó la decisión del juez a través de la cual recomendó el pago de los aportes al sistema de seguridad social, por una condena efectiva al pago de ellos, pese a que tal punto no fue objeto de apelación por el demandante.

En ese orden, la Sala se ocupara de cada uno de los anteriores diferendos:

(i) Pago de la indemnización de perjuicios vs. la indemnización por despido.

Aun cuando no puede perderse de vista que, en principio, para efectos de establecer la reformatio in pejus del apelante único, debe auscultarse la parte resolutiva de la sentencias de primer y segundo grado, a fin de determinar si objetivamente la última contiene decisiones que hacen más gravosa la situación del impugnante, lo cierto es que para efectos de establecer el perjuicio que pretende demostrar el recurrente, no basta llevar a cabo un ejercicio comparativo o de confrontación entre tales apartes de ambas decisiones, pues como quedó visto en el devenir procesal, el juez de primer grado condenó a una única cifra ($ 107.738.824,73), pero para la especificación acerca de los rubros que la componen, se remitió a lo considerado en la parte motiva, por lo que le corresponde a la Sala proceder a verificar el parte pertinente.

Así las cosas, se tiene que con independencia de la denominación del rubro que afirme la impugnante, le hayan dado los jueces de las instancias —indemnización por despido sin justa causa o indemnización de perjuicios—, lo cierto es que para declarar la procedencia de tal condena, ambos se fundamentaron en la terminación del vínculo laboral sin justa causa y, en tal virtud, su liquidación la realizaron conforme el artículo 45 de la Convención Colectiva, lo prevé para tal circunstancia.

En efecto, el juez de primer grado, expuso sobre el particular:

Conforme al artículo 45 de la convención colectiva de trabajo aportada la indemnización por despido injusto es equivalente a 133 días de salario por el primer año y 33 más por año subsiguiente al primero y proporcionalmente por fracción, por 5 años y menos de 10 una indemnización de 216 días y 45 más por año subsiguiente al primero y proporcionalmente por fracción, para trabajadores con más de 10 años de servicio 167 días y 48 más por año subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.

Según el parágrafo anterior lo anterior es que la demandada debió liquidar la indemnización en el momento de la desvinculación y obviamente que sufrirá modificación la liquidación hecha por la demandante reconvenida si tenemos en cuenta que hay que incluirse ahora el tiempo de servicio que ha transcurrido desde que fue despedido el trabajador hasta la fecha de la presente y teniendo en cuenta también los salarios que debieron ser actualizados año por año para ajustarlo con las variaciones del IPC (fl. 375).

(…)

En cuanto al valor de la indemnización o bonificación por más de diez años de servicios del 19 de octubre de 1989 a la fecha de la presente sentencia que da por finiquitado el vínculo laboral a razón de 167 días y 48 más por año subsiguiente al primero y proporcionalmente por fracción, hay lugar a un total de 961 de salario por medio a razón de $ 35.309.82, arroja un total de $ 33.932.745,98 (fl. 378).

Por su parte, el juez de apelaciones, dispuso:

El actor como consecuencia de dicho despido, tiene derecho a la indemnización correspondiente a todo el tiempo laborado, es decir, por el término de 15 años y 235 días, obligación con la cual no ha cumplió la exempleadora, por lo cual hay lugar a proferir condena en dicho aspecto, la cual se tasará de acuerdo a lo estipulado en la convención colectiva de trabajo.

La indemnización y/o bonificación, reconocida al actor se liquidó por un periodo de (9) años y (249) días, teniendo en cuenta un salario promedio de $ 1.173,026, y con fundamento en el literal c) del artículo 45 de la C.C.T., que estipulaba, 216 días por el primer año y 45 días adicionales por años subsiguientes y proporcionalmente por fracción. Es decir, que la indemnización equivale a 7 días a razón de $ 39.100.899, lo que arrojó la suma de $ 23.734.245.

Toda vez que el vínculo laboral se extendió hasta el 13 de junio de 2005, se liquidará la indemnización teniendo como tiempo de duración de la relación laboral 15 años y 235 días, y conforme al literal d) del artículo 45 de la C.C.T. que estipula 167 días por el primer año y 48 días adicionales por años subsiguiente y proporcionalmente por fracción. Es decir, que la indemnización equivale a 870.33 días a razón de $ 39.100.899, lo que arroja la suma de $ 33.030.815,76 (fl. 385).

En esa medida, la Corte debe señalar que sobre este aspecto, carece de toda prosperidad la acusación dirigida por la segunda causal de casación laboral establecida en el artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, por la circunstancia que, en realidad, la indemnización que impusieron los jueces, obedece a la establecida convencionalmente para los casos en que se verifique la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuya procedencia no se discute en sede de casación.

(ii) Pago de los aportes al sistema de seguridad social.

De la lectura de la parte resolutiva de las sentencias de instancias, advierte la Sala que el Tribunal modificó la decisión del juez quien recomendó a la demandada proceder al pago de los aportes al sistema de seguridad social, para, en su lugar, imponer el pago efectivo del cálculo actuarial y de las cotizaciones a salud, por el periodo comprendido entre el 28 de junio de 1999 y el 13 de junio de 2005, con destino a la administradora de pensiones y a la EPS, a las cuales se encontrara afiliado Anaya Amarís.

Lo anterior, pese a que tal aspecto no fue materia de apelación por la parte actora, quien en dicho acto procesal únicamente se ocupó de controvertir lo relativo al valor de “los perjuicios compensatorios”, los cuales, en su sentir, debían ser en la cuantía que fueron “estimados pericialmente”.

Para arribar a aquella determinación, el Tribunal expuso que cuando opera un reintegro, los efectos de la relación laboral se deben mantener sin solución de continuidad, por lo que le corresponde al empleador cubrir todas las obligaciones emanadas de aquella, incluido el pago de los aportes al sistema de seguridad social, lo que en este caso, “es una consecuencia directa de haberse declarado que el contrato de trabajo entre las partes culminó el 13 de junio de 2005”.

Estas simples premisas bastarían para otorgarle razón a la censura, toda vez que frente al puntual aspecto referido, la demandada fue la única apelante y, en tal virtud, la sentencia de segunda instancia hizo más gravosa su situación.

En efecto, sin perjuicio de que ambas partes acudan al recurso de alzada, lo cierto es que el principio de la no reformatio in pejus no solo se da en los casos en que una sola parte apela sino también cuando pese a que recurran las dos, estas no coinciden en la materia de disenso; es decir, solo una de ellas manifiesta inconformidad sobre uno de los puntos objetos de la decisión, caso en el cual, este último será apelante único en lo material, tal como tuvo oportunidad de adoctrinar esta Sala, en Sentencia CSJ SL35581, jul. 22/2009.

No obstante lo anterior, en el presente asunto estamos frente a una verdad incontrastable: los derechos que fueron objeto de declaratoria por parte del ad quem, hacen parte de aquellos denominados “mínimos e irrenunciables” conforme lo establece el artículo 48 Superior. Luego, el juez de apelaciones estaba en el deber de pronunciarse frente a los mismos, sin que ello signifique la vulneración del principio de consonancia y, de contera, de la no reforma en peor.

Lo dicho, en tanto la Corte Constitucional mediante Sentencia C-968 de 2003, condicionó la aplicación de la figura de la consonancia en materia laboral, contenida en el artículo 35 de la Ley 712 de 2002, bajo el entendido de que “las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador”. Además, sostuvo que tal entendimiento de la norma:

(…) no desarticula el diseño legal de la apelación y la consulta, y tampoco desconoce los derechos fundamentales de defensa y contradicción de quienes intervienen en el proceso, ya que en dicha hipótesis el juez de grado superior que resuelve la apelación al quedar habilitado para pronunciarse sobre derechos mínimos irrenunciables que no fueron concedidos en primera instancia, debe hacerlo bajo el supuesto que los hechos que le sirven de soporte hayan sido debatidos y probados en el proceso de acuerdo con los preceptos legales respectivos. Y si bien el grado jurisdiccional de consulta fue instituido a favor del trabajador cuyas pretensiones fueren totalmente adversas al trabajador, si no fuere apelada, en materia laboral debe entenderse que el recurso de apelación incluye siempre para el trabajador sus derechos mínimos irrenunciables. Sería contrario a la Constitución, entender que la utilización de un mecanismo legítimo de defensa tuviera un efecto perverso respecto del trabajador que por cualquier circunstancia no incluyó en su recurso de apelación o no lo sustentó debidamente, el reconocimiento de sus derechos mínimos irrenunciables, y que la vía del recurso de apelación sirviera como un mecanismo para desconocer la protección especial respecto de aquellos derechos. No puede entenderse bajo ninguna circunstancia que el trabajador, por el hecho de apelar la sentencia, renuncia de aquellos beneficios mínimos no aducidos en tal recurso, pues se insiste, ella delimita todos los demás derechos reclamados pero no puede excluir los irrenunciables.

En virtud de lo anterior, se tiene que la Constitución le impone al juez de segundo grado la obligación de pronunciarse sobre las materias relacionadas con los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales, al punto que, esos aspectos que de forma implícita se encuentran cobijados en la impugnación, hacen parte de su competencia funcional, siempre y cuando: (i) hayan sido discutidos en el juicio y (ii) estén debidamente probados, tal como acontece en el sub lite, donde, el actor solicitó el reconocimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social y su procedencia está debidamente demostrada, dada la orden de reintegro, que fue impartida en las instancias.

Así pues, en este juicio, no puede la actuación del ad quem equipararse a la vulneración del principio de no reformatio in pejus que redunda en la modificación de la decisión de segunda instancia para desmejorar la situación de quien fungió como único apelante, por cuanto se reitera, los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador se debían tener como parte integrante del recurso vertical y, en esa medida, ser resueltos de fondo.

Lo dicho hasta aquí, se acompasa con lo decidido en Sentencia CSJ SL5863-2014, en la que además, esta Sala expuso frente a la obligación del juez de la alzada de estudiar los derechos mínimos e irrenunciables:

Y es que, sería contrario a la norma superior que la protección de los derechos mínimos irrenunciables establecidos en las normas laborales y de la seguridad social (art. 53) quedaran a la discreción del juez, aún a pesar de haber sido discutidos en el proceso y encontrarse debidamente probados. Sencillamente ello comportaría —en el evento de que el operador judicial en el ejercicio de su facultad decidiera no amparar esos derechos— una renuncia impuesta por los jueces a los beneficios mínimos de los trabajadores y un desconocimiento de la protección que deben brindar las autoridades públicas a aquellos derechos de índole social.

Por tales razones, ha de concluirse que con la sentencia de constitucionalidad C-968 de 2003 la competencia funcional del Tribunal es más amplia, comoquiera que no solo comprende los temas objeto de discordia en el recurso de apelación, sino también las materias relacionadas con derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores, de modo que el juez de segundo grado está en el deber de proveer una decisión sobre ellos, siempre que hayan sido objeto de debate fáctico y probatorio conforme lo ordena el debido proceso.

Dicha postura ha sido reiterada por esta Sala, entre otras, en las sentencias SL11042-2014, SL4397-2015, SL4981-2017 y SL1705-2017.

Bajo tales premisas, incluso si la Sala actuara conforme lo propuesto por el recurrente, esto es, examinar el recurso de apelación de la parte inicialmente accionada, a fin de establecer que su impugnación estuvo limitada a un tema específico, y de esa manera arribar a la conclusión que el Tribunal extralimitó su competencia funcional —cuestión que por demás debió formularse por la causal primera de casación—, lo cierto es que ello tampoco llevaría a la prosperidad del recurso, pues se reitera, en tratándose de los aludidos derechos mínimos e irrenunciables —que fueron materia del proceso y debidamente probados—, le correspondía al ad quem, entrar a decidirlos.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Sin costas en casación por cuanto la demanda de casación no fue objeto de réplica.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 15 de diciembre de 2009, en el proceso ordinario que la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero - en liquidación adelanta contra Víctor Eduardo Anaya Amaris.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».