Sentencia SL12871-2017/47107 de agosto 9 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL12871-2017

Rad. 47107

Acta 28

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá D.C., nueve de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante y las codemandadas Helicol S.A. y Avianca S.A., concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver. Por razones metodológicas, la Sala estudiará en primer lugar la impugnación de la parte enjuiciada y, luego, el recurso de la actora.

Recurso de casación parte demandada (Helicol S.A.)

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque en su integridad el fallo del a quo, y se absuelva de las pretensiones del demandante.

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación laboral, los cuales si bien están orientados por distinta vía de violación, se estudiarán conjuntamente por denunciar iguales disposiciones legales y perseguir idéntico cometido.

VI. Cargo primero

Ataca la sentencia recurrida, por la vía directa, en la modalidad de falta de aplicación del “artículo 29 de la carta fundamental que lleva a una falta de aplicación de las normas establecidas en la convención 2001-2003 en su artículo 81 respecto a la no aplicación de las normas allí establecidas de prescripción del derecho a la solicitud de pasajes para el demandante y sus familiares, que lleva a aplicar indebidamente los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo”.

En desarrollo de su acusación, la censura aduce que la transgresión del debido proceso se configura porque el tribunal no declaró prescrito el derecho a los tiquetes, pues el artículo 81 de la convención colectiva señala que los pasajes de vacaciones pendientes a la terminación del contrato de trabajo para tripulantes y familiares, deben ser utilizados dentro de los 365 días siguientes a la fecha en que se adquiere el derecho, por tal motivo, al haber terminado el contrato de trabajo el 18 de abril de 2002, ese beneficio debió solicitarse a más tardar el mismo día y mes de 2003.

VII. Cargo segundo

Por la vía indirecta atribuye a la sentencia la “inaplicación del artículo 29 de la Carta Fundamental, en relación que lleva a inaplicación del artículo 81 de la convención colectiva 2001-2003”.

Sostiene que la violación de las disposiciones legales citadas fue consecuencia de los siguientes errores manifiestos de hecho:

1) Dar pleno valor a la convención colectiva que beneficiaba al demandante con vigencia 2001-2003 en unos aspectos y no dársela en otros.

2) No haber contemplado la relación de tiquetes que efectivamente le fueron entregados al demandante, después de su retiro del servicio, de acuerdo a la constancia presentada por la demandada Avianca a folios 361 a 366 del cuaderno principal.

Asegura que los defectos fácticos enunciados fueron producto de la errada valoración de la demanda y sus contestaciones. En la sustentación del cargo, el recurrente expuso que el tribunal no hizo una debida apreciación de la contestación de la demanda, en especial de la excepción de prescripción del derecho reclamado, “pues el reclamo provenía de una situación reglada por la convención tanto en lo referente a la forma en que se entregaban los tiquetes, por parte de que (sic) entidad se hacia esta entrega y la oportunidad para su solicitud que correspondía hacerlo dentro los 365 días siguientes al periodo de vacaciones o de la terminación del contrato de trabajo”.

VIII. La réplica

El demandante fue el único que se opuso a la prosperidad de los cargos, al argumentar falta de técnica en la demanda, como quiera que el artículo 29 de la Constitución Política no es un precepto sustantivo de alcance nacional susceptible de casación, por no contener un derecho subjetivo laboral concreto.

De igual forma, aduce que la denuncia de las normas convencionales solo es procedente por la vía indirecta y la proposición jurídica necesariamente debe invocar, por lo menos, la violación del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Indica que el escrito presentado constituye un simple alegato de conclusión y que el hecho de no haber prosperado la excepción de prescripción no significa la afectación del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política.

IX. Consideraciones

Tal y como lo esgrime la oposición, la demanda de casación no cumple con los requisitos formales mínimos que permita su estudio de fondo.

En el primer cargo, el recurrente acude indebidamente a la vía directa o de puro derecho para cuestionar la falta de aplicación de normas convencionales. Al respecto, esta Sala insistentemente ha sostenido que las convenciones colectivas de trabajo, si bien son fuente formal de derecho de las que fluyen verdaderas normas jurídicas materiales, no tienen alcance nacional, dado que su ámbito de aplicación se contrae a los sujetos de la relación de trabajo. Por ello, deben ser exhibidas ante la Corte como una prueba, por la vía indirecta, a fin de que esta corporación pueda adentrarse en el análisis e interpretación de su texto y fijarle un sentido.

Sobre el particular, esta Corte en Sentencia SL 176422015, reiterada en la SL 4332-2016 y SL4934-2017, indicó:

Para empezar, cabe recordar que en criterio de la Sala, las convenciones colectivas no son normas de alcance nacional, toda vez que no son una manifestación de la potestad normativa del Estado, con su correlativo carácter heterónomo, general y abstracto. Al ser producto de la autonomía de la voluntad de empleadores-trabajadores y explicarse desde una filosofía contractualista, su campo de aplicación es más estrecho, pues se reduce a determinar las condiciones de empleo de sus suscriptores o de quienes por extensión les sea aplicable.

Por ello y sin que haya sido desprovista de su carácter de acto regla, creador de derecho objetivo, ha sido considerada por la jurisprudencia como una prueba, acusable en casación por la vía indirecta, pues, adicionalmente, las partes deben acreditar su existencia y aportarla al proceso con el cumplimiento de ciertas formalidades.

A partir de tal entendimiento, la jurisprudencia ha abordado el estudio de las convenciones colectiva de trabajo en el recurso de casación y ha conseguido armonizar los requisitos de orden público de la ley procesal laboral en cuanto hace a la técnica de este mecanismo extraordinario, con la naturaleza de la convención colectiva como verdadera fuente formal del derecho. En esta línea, la convención adquiere una doble dimensión en casación: es una prueba y es fuente de derecho objetivo. Es una prueba, en la medida que su existencia debe ser acreditada por las partes, y es una fuente de derechos, en tanto que de ella se desprenden facultades, deberes, obligaciones y derechos de las partes.

En el cargo segundo, aunque la censura atinadamente acude a la vía indirecta, incurre en la falencia inexcusable de no relacionar las normas sustanciales de alcance nacional que le otorgan poder normativo a las convenciones colectivas de trabajo, a saber, los artículos 467 o 471 del Código Sustantivo del Trabajo. Deber que resulta lógico en función a los fines del recurso extraordinario, pues quien acude a la causal primera de casación laboral, independientemente de la vía seleccionada, tiene la obligación de invocar el precepto o las disposiciones materiales de cobertura nacional que fueron transgredidos con la decisión del tribunal.

Por otra parte en el sub judice, no puede suplirse esta deficiencia con la mención del artículo 29 de la Constitución Política, pues, recuérdese, la norma involucrada en casación debe ser relevante o guardar relación con los derechos debatidos; sin embargo, en este caso, el meollo tiene que ver más con la inaplicación de normas convencionales que con una presunta violación al debido proceso que no se esbozó de manera nítida, suficiente y certera en el recurso.

Se rechazan los cargos formulados.

Las costas de este recurso extraordinario estarán a cargo de Helicol S.A. y en favor de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de siete millones de pesos ($7´000.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

Recurso de casación parte demandada (Avianca S.A.)

X. Alcance de la impugnación

Pretende la sociedad recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada “en cuanto a la decisión condenatoria adicional impuesta en el numeral primero de la parte resolutiva y en cuanto confirmó la decisión condenatoria del inferior”, para que, en sede de instancia, revoque en su integridad el fallo del a quo y, en su lugar, se absuelva de las pretensiones del demandante.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.

XI. Cargo único

Por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, le atribuye a la sentencia recurrida la transgresión de los artículos 194, 467, 468, 469 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 66 y 66 A del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social y artículo 201 del Código de Procedimiento Civil, como violación medio que lo condujo a la aplicación indebida de la ley sustancial.

Sustenta que la violación de las disposiciones legales citadas fue consecuencia de los siguientes errores graves y evidentes:

1) Dar por demostrado, sin estarlo, que Avianca S.A. decidió extender voluntariamente a los trabajadores de Helicol S.A. los beneficios de la convención colectiva de trabajo suscrita entre ella y la Acdac con vigencia 2001-2003.

2) Dar por demostrado sin estarlo, que Avianca S.A. debe responder por las obligaciones adquiridas por Helicol S.A. con el trabajador demandante.

3) No dar por demostrado cundo así aparece evidenciado, que las compañías respecto de las cuales operó la declaración administrativa temporal de unidad de empresa, no pierden su existencia individual y por ello son llamadas a atender directa e individualmente las obligaciones causadas a favor de cada uno de sus respectivos trabajadores.

4) Dar por demostrado sin estarlo, que las cláusulas 116 y 117 de la convención colectiva de trabajo que obra en el expediente, consagran derecho a pasajes para el demandante como jubilado de Helicol, entre el período comprendido entre el 18 de abril de 2002 y el 15 de diciember (sic) de 2003 y que los debe entregar mi representada.

Afirma que los defectos fácticos expresados fueron resultado de la errónea apreciación de la convención colectiva de trabajo en las cláusulas 1, 47, 116, 117, 75 A, 76, 78, 80, 83, 84 y 85.

En sustento de su acusación refiere que el tribunal se equivocó al colegir que la causa de su responsabilidad, es la decisión unilateral de extender los beneficios de la convención colectiva suscrita con Acdac a los trabajadores de Helicol S.A., ya que de la lectura de la cláusula primera del acuerdo extralegal, es posible confirmar que cada una de las empresas que lo suscribió, “quedó obligada de manera directa con sus trabajadores y por ello la responsabilidad es directa y exclusiva de cada una de ellas respecto de cada uno de sus trabajadores individualmente considerados”.

Señala que no está llamada a cubrir obligaciones de terceros, como quiera que para la data del 22 de julio de 2004 —día en que el demandante reclamó los beneficios convencionales—, la referida unidad empresa, ya se había extinguido por disposición de autoridad competente. En consecuencia, es la sociedad Helicol S.A. Quien incumplió sus obligaciones contractuales, por ser la persona jurídica que fungió como empleadora del accionante.

XII. Réplica

El demandante y la codemandada Helicol S.A., presentaron oposición, y solicitaron rechazar el cargo formulado, bajo las siguientes consideraciones:

La parte activa exhibe varios errores de técnica de la demanda al señalar que Avianca S.A. sustenta la inexistencia de la unidad de empresa mediante un alegato de instancia, al reproducir lo expuesto en la contestación de la demanda y en los escritos presentados ante el tribunal.

De otro lado, explica una inexactitud en los supuestos errores de hecho enrostrados a la sentencia atacada, toda vez que no es cierto que Avianca S.A. haya decidido extender voluntariamente los beneficios convencionales a los trabajadores de Helicol S.A., porque tales derechos se aplicaron en virtud a lo normado en el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por su parte, Helicol S.A. enfatiza que el recurrente en el cargo “menciona varias normas y en la lectura de la demostración del cargo no hay ninguna demostración como (sic) las mismas fueron objeto de infracción directa por aplicación indebida”.

XIII. Consideraciones

El tribunal no pudo incurrir en los errores que se le atribuyen puesto que en el texto de la convención colectiva de trabajo se registra que Avianca S.A. sí se obligó a responder por los beneficios convencionales previstos para los trabajadores de Helicol S.A.

En efecto, en la cláusula segunda de ese estatuto colectivo se lee textualmente lo siguiente:

Avianca está obligada a cumplir estrictamente las disposiciones de esta convención, a no hacer nada violatorio de sus cláusulas y a cumplirlas fielmente.

Las disposiciones en ella contenidas quedarán incorporadas a los contratos individuales de trabajo vigentes hoy con los pilotos, primeros oficiales, y copilotos socios de Acdac al servicio de la empresa y a los que se celebren durante su vigencia. En consecuencia será nulo todo acuerdo entre la empresa y los pilotos, primeros oficiales y copilotos que siendo contradictorio con esta convención lesione los derechos estipulados en ella. (Negrillas propias de la Corte).

Ahora bien, el argumento esbozado por la recurrente referente a que cada persona jurídica es individualmente responsable por cada uno de sus trabajadores, no tiene firmeza en este caso, por cuanto el alcance del concepto de “empresa” dado por los suscriptores del acuerdo convencional comprendía a las tres personas jurídicas firmantes, como una sola.

Ello, se verifica en las cláusulas primera y segunda, que establecen que las sociedades Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca”, la Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada S.A. “SAM” y Helicópteros Nacionales de Colombia S.A. “Helicol” sobre las cuales operaba “legalmente el concepto de unidad de empresa”, en adelante se llamaría “en razón de la brevedad la empresa”.

Pero además, no es cierto que el suministro de tiquetes a los tripulantes jubilados conforme a las cláusulas 116 y 117 del estatuto colectivo sea del resorte exclusivo Helicol S.A. por expresa disposición en ese sentido. Antes bien, esas cláusulas simple y lisamente se refieren a la “empresa”, concepto que, como quedó visto, englobaba a las sociedades SAM, Avianca y Helicol.

Con todo, si en gracia de discusión se configurara algún error en este sentido, seguiría subsistiendo el argumento del tribunal conforme al cual la declaración de unidad de empresa “hizo extensivos a los trabajadores de Helicol los beneficios convencionales acordados con Avianca”, reflexión eminentemente jurídica y que de merecer algún ataque en casación, debió formularse, dese luego, por la vía adecuada.

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

Las costas de esta impugnación estarán a cargo de Avianca S.A. y en favor del demandante y Helicol S.A. Se fijan como agencias en derecho la suma de siete millones de pesos ($ 7.000.000) m/cte., valor que se distribuirá entre los dos opositores señalados.

Recurso de casación parte demandante

XIV. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada, por medio de la cual “revocó parcialmente el ordinal cuarto (en cuanto limitó en el tiempo —15 diciembre de 2003—, los beneficios convencionales a tiquetes como piloto jubilado) y modificó los literales a) y b) del numeral primero de la sentencia de primer instancia”, para que, en sede de instancia, revoque totalmente los numerales segundo y cuarto y decida conforme a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.

XV. Cargo único

Por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, acusa la sentencia de violar el “artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo que condujo a la falta de aplicación de los artículos 467, 469 y 57-4 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 3º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 36, 37, 47, 55, 56, 59, 340, 353 y 354 del Código Sustantivo del Trabajo; 36 de la Ley 100 de 1993; 2º, 3º, y 4º del Decreto 1282 de 1994; 11 del Decreto 60 de 1973 dentro de los parámetros establecidos en los artículos 58 (especialmente) de la Constitución Política del país, en armonía con los artículos 1º, 13, 25, 53 y 55”.

Le atribuye al tribunal la comisión de los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo, que con la terminación de la unidad de empresa frente a Helicol S.A. terminaron los derechos convencionales que nacieron para el Capitán Germán Salgado Vergara en virtud de la vigencia de la convención colectiva de trabajo suscrita para el período comprendido entre el 1º de abril de 2001 y el 31 de marzo de 2003.

2. No dar por demostrado estándolo que los tiquetes de que trata la cláusula 116 de la convención colectiva de trabajo nacieron a la vida jurídica y a favor del demandante, al haberse jubilado con el tiempo total de servicio prestado a la empresa Helicol S.A., con lo cual consolidó dicho derecho, sin que éste se afecte en el futuro por la declaratoria de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos que terminaron con la unidad de empresa en relación con esta empresa, por cambio, modificación o eventual terminación de la convención colectiva de trabajo.

3. Dar por demostrado sin estarlo, que los derechos de los pilotos jubilados por servicios prestados totalmente a la empresa, dependen de la declaratoria de la unidad de empresa.

4. No dar por demostrado estándolo, que los derechos de los pilotos jubilados por servicios prestados totalmente a la empresa se originan en una convención colectiva de trabajo que incorporó estos derechos con efectos futuros, al contrato de trabajo y por lo tanto, tienen el carácter de irrenunciables.

Argumenta en la demostración del cargo, que el tribunal incurrió en error de apreciación por cuanto “bastaba valorar en su integridad la convención colectiva de trabajo, que obra a folios 27 a 113 y vuelto del expediente y especialmente, el contenido de la cláusula 116”, para reconocer que el accionante en su condición de jubilado, tenía un derecho adquirido.

En apoyo de su discurso, la censura refiere que el tribunal se equivocó al limitar el goce de las prestaciones consagradas en el estatuto convencional, hasta el día en que perdieron ejecutoria los actos administrativos que declararon la unidad de empresa con respecto a Helicol S.A., porque antes de ese acontecimiento ya había cumplido todos los requisitos para acceder a los beneficios convencionales en condición de jubilado y, de esa forma, se consolidó su derecho a percibirlos a futuro.

Señala que esa valoración errada de la prueba conllevó la aplicación indebida del artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo que contempla la figura de la unidad de empresa; lo que a su vez provocó la inaplicación del artículo 467 de la misma codificación porque “el contrato de trabajo que subsistió entre las partes, estuvo regulado no solo por la ley colombiana, sino por las disposiciones contenidas en las convenciones colectivas de trabajo que suscribían entre Acdac y las empresas Avianca, SAM y Helicol”.

Finalmente, expone que el beneficio a los tiquetes que reclama surgió de la “de negociación colectiva”, de modo que tiene el carácter de derechos adquiridos y, por tanto, son irrenunciables.

XVI. Réplica

Helicol S.A. manifiesta en términos generales, que el recurrente fundamenta su escrito en meras apreciaciones personales que no tienen sustento en hechos ni situaciones del proceso; que la formulación del cargo no es clara y omite indicar cuáles son las pruebas erróneamente apreciadas y las normas “procedimentales” vulneradas.

Respecto al fondo del asunto, refiere que la convención colectiva de trabajo cuya violación alega el recurrente es clara en determinar que tiene origen en las resoluciones del Ministerio del Trabajo a través de las cuales se declaró la unidad de empresa, de manera que cuando dichos actos administrativos perdieron su fuerza ejecutoria mediante la Resolución 4045 de 2003, idéntica suerte deben correr las normas convencionales, tal como lo concluyó el tribunal.

Avianca S.A. al oponerse al cargo, aduce que adolece de graves errores que conducen a su rechazo, porque en la vía indirecta escogida por el recurrente no puede alegarse la falta de aplicación o infracción directa de la ley, de manera que mal puede acusarse al tribunal “de la aplicación indebida del artículo 194” que a su vez “impidió la aplicación en este caso, de los establecido en el artículo 467 de la misma obra”.

Asevera que esa equivocación técnica, implicó omitir la consideración respecto de la actividad valorativa del tribunal y a no citar de manera adecuada y completa las pruebas analizadas por la sentencia acusada.

Agrega que la limitación en el tiempo de la condena impuesta a las demandadas hasta el 15 de diciembre de 2003, es el resultado de la valoración de las resoluciones emitidas por el Ministerio del Trabajo a partir de lo cual se demostró que desaparecieron los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a la declaratoria de unidad de empresa; afirma que por tal razón, el censor “debió atacar adecuadamente dicha conclusión y demostrar la forma en que debió ser apreciada”.

Por último, refiere que el alcance de la impugnación no satisface los requisitos legales, al no indicar de manera clara y concreta lo que debe hacer esta Corte en caso de prosperar el recurso extraordinario.

XVII. Consideraciones

Las observaciones críticas elevadas por los opositores no tienen asidero. En primer término, no es desacertado sostener que la indebida aplicación de un precepto conduce a la inaplicación de otro, dado que lo usual es que la utilización inadecuada de una norma conduzca a obviar otra que sí es aplicable.

En segundo lugar, y en cuanto a la objeción de que no se enuncian con claridad y precisión las pruebas que condujeron a los errores de hecho, es palmario que la demanda de casación satisface esta exigencia, pues esta se estructura sobre la base de una interpretación desacertada de la convención colectiva de trabajo.

Claro lo anterior, debe decirse que no son objeto de cuestionamiento en sede de casación, los siguientes supuestos fácticos:

1. Que el actor laboró para la sociedad Helicol S.A., desde el 1º de enero de 1982 hasta el 15 de abril de 2002;

2. Que desempeñó funciones como piloto y jefe de pilotos de aviones;

3. Que la Caja de Auxilios y Prestaciones Caxdac le reconoció pensión a partir del 18 de abril de 2002;

4. Que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo celebrada entre la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles “Acdac” y las empresas Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca S.A.”, la Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada S.A. “SAM” y Helicópteros Nacionales de Colombia S.A. “Helicol S.A.”, con vigencia entre el 1º de abril de 2001 y el 31 de marzo de 2003;

5. Que mediante resoluciones 0006 y 01017 de 1976 emanadas del Ministerio del Trabajo, se declaró la unidad de empresa entre las compañías Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca S.A.”, la Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada S.A. “SAM” y Helicópteros Nacionales de Colombia S.A. “Helicol S.A.”, y

6. Que mediante Resolución 0004050 de 15 de diciembre de 2003, proferida por el Ministerio del Trabajo, se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria parcial de los actos administrativos que declararon la unidad de empresa con respecto a Helicol S.A.

En ese contexto, le corresponde a la Sala dilucidar, si la perdida de ejecutoria de los actos administrativos que declararon la unidad de empresa de Avianca, Sam y Helicol conforme a lo dispuesto por el ministerio de ramo mediante decisión administrativa de 15 diciembre de 2003, fenecieron los derechos convencionales que nacieron en favor del actor en vigencia de la convención colectiva.

Pues bien, en criterio de la Corte, sí erró el colegiado de instancia al limitar los efectos de la convención colectiva de trabajo hasta el 15 de diciembre de 2003, dado que su reflexión según la cual la unidad de empresa que hasta esa fecha existió, “fue la razón que llevó a Avianca a extender los beneficios convencionales a los trabajadores de aquella”, no tiene fundamento.

Así es, porque no existe cláusula dentro del texto convencional de la cual se infiera, que los actores sociales en el marco de la negociación colectiva establecieron como condición para el goce de los beneficios extralegales para los jubilados, la permanencia en el tiempo de la unidad de empresa.

De hecho, la cláusula primera, lo único que destaca, es que entre las demandadas operaba “legalmente el concepto de unidad de empresa”; circunstancia que por demás, en el recurso extraordinario no es objeto de debate.

Aunado a lo anterior, el artículo 116 del precepto convencional, fuente normativa del derecho a los “tiquetes a tripulantes jubilados” y “familiares de los jubilados”, en ningún momento dispuso para su disfrute un límite temporal, como lo entendió el tribunal; todo lo contrario, mientras subsista el carácter de pensionado “por servicios prestados totalmente a la empresa”, así como las condiciones a las que alude dicha norma convencional.

En ese mismo sentido, al haber laborado el actor al servicio de Helicol S.A. hasta el 15 de abril de 2002, por más de 20 años y adquirir el estatus pensional el 18 de abril de 2002, época para la cual se encontraba vigente la convención colectiva, en nada incidía la desintegración posterior de la unidad de empresa, toda vez que el acuerdo colectivo al fijar las condiciones rectoras de “los contratos de trabajo durante su vigencia” (art. 467 CST), creó en favor del actor un derecho individual que no puede ser desconocido de manera unilateral por parte de Avianca S.A. y Helicol S.A.

En consecuencia, la desaparición de las causas que dieron lugar a la declaratoria de unidad de empresa por parte de la autoridad administrativa, no podía conducir en forma unilateral e inexorable a la cesación de las obligaciones adquiridas con los pensionados de las referidas empresas, dado que se trata de derechos consolidados que ingresaron al patrimonio de su titular y que, con apego al artículo 58 de la Constitución Nacional, no pueden ser desconocidos.

Por tanto, las sociedades Avianca S.A. y Helicol S.A. son responsables de los “tiquetes a tripulantes jubilados” y “familiares de los jubilados”, consagrados en las cláusulas 116 y 117 del contrato colectivo de trabajo, incluso con posteridad al momento en que se expidió el acto administrativo que dispuso la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución que declaró la unidad empresa con respecto a Helicol S.A.

En consecuencia, el cargo es fundado y, por tal motivo, se casará en lo pertinente la sentencia recurrida.

Sin costas ante la prosperidad del cargo.

XVIII. Sentencia de instancia

En sede de instancia, se reitera que el beneficio de los tiquetes hacen parte de los haberes del pensionado y, en tal medida constituyen un derecho definido supeditado al cumplimiento de las condiciones previstas en la norma convencional y el carácter de pensionado, por lo tanto, no pueden desconocerse.

Tampoco es atendible el argumento según el cual, con la decisión administrativa de 15 de diciembre de 2003 emanada del Ministerio del Trabajo, cesaron todas las obligaciones consagradas en el acuerdo convencional, entre otras las previstas en sus artículos 116 y 117, puesto que las causas que dieron origen a la unidad de empresa se encontraban vigentes al 18 de abril de 2002 cuando al actor se le reconoció su estatus de jubilado con las consecuencias que de ello derivan, de suerte que las demandadas no podían desconocer ni obstaculizar el goce del derecho extralegal que reclama.

En tales circunstancias, se revocará parcialmente el numeral cuarto de la sentencia proferida en primer grado, y, en su lugar, se ordenará la entrega de los tiquetes conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la convención colectiva que lo ampara.

Las costas de primera instancia estarán a cargo de las sociedades demandadas. Sin costas en la alzada.

XIX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2009 por la Sala laboral de descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del proceso ordinario laboral que Germán Salgado Vergara adelanta contra Helicópteros Nacionales de Colombia “Helicol S.A.” y Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca”, en cuanto limitó hasta el 15 de diciembre de 2003 el goce de los tiquetes dispuesto en las cláusulas 116 y 117 de la convención colectiva. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. REVOCAR parcialmente el numeral cuarto de la sentencia proferida por el juzgado tercero laboral del circuito de Bogotá, D.C., el 28 de marzo de 2008, para en su lugar condenar a las demandadas Helicópteros Nacionales de Colombia “Helicol S.A.” y Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca S.A.” a reconocer a favor del señor Germán Salgado Vergara, los tiquetes previstos en las cláusulas 116 y 117 de la convención colectiva de trabajo, sin límite temporal, por ser un derecho adquirido.

2. Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».