Sentencia SL13006-2017 de agosto 23 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 1

Magistrado Ponente:

Ernesto Forero Vargas

SL13006-2017

Rad.: 54459

Acta Nº 07

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

VIII. CONSIDERACIONES

El tribunal fundamentó su decisión en el respaldo a la sentencia del juez de primera instancia al apoyarse en el cambio jurisprudencial en la postura de la Corte frente al ISS, por considerar que la sentencia referida reseña un caso de similar naturaleza a la que estudia, concluyendo que no se puede alegar la buena fe, cuando se vuelve un obrar intencionado y recurrente el uso de contratación de la Ley 80 de 1993.

La censura critica la deficiencia argumentativa de la colegiatura para proferir la condena de la indemnización moratoria, considerando por ello que: i) no le dio el alcance correspondiente al artículo 1º del Decreto 797 de 1949, ii) por no adentrarse al análisis de los supuestos de derecho y de la buena fe que planteó la entidad en la contestación de demanda y el recurso de apelación, iii) destacando que no es jurídico dar una aplicación automática a la norma que acusa de haber sido interpretada erróneamente y iv) que no se atendió al caso individual para la imposición de la condena.

La Sala considera necesario referir que el Tribunal, adicional a sus propios argumentos expuestos en la sentencia, avaló las consideraciones de los de la primera instancia, las que acogió en su integridad como suyas, al confirmar la decisión y referir en forma expresa su respaldo al análisis y definición del conflicto.

Ahora bien, entra esta colegiatura a revisar si las consideraciones de las instancias atienden la normativa señalada, en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, precisando tanto el ad-quem como el a-quo para analizar esta pretensión que la ordenanza indicada, establece un plazo de 90 días a partir de la fecha efectiva del retiro del trabajador, para que proceda la entidad al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones que se le adeuden; plazo de gracia que si no se atiende, surge a cargo del acreedor la indemnización moratoria.

El juez del conocimiento, cuyos argumentos como se dijo hizo suyos el tribunal analizó la buena o mala fe, en atención a la prohibición de imponer en forma automática la condena, y se ocupa de los postulados de la Ley 80 de 1993.

Refiere entonces el juzgado de primer grado que el argumento que adujo la entidad demandada con relación a que su actuar estuvo revestido de buena fe, es que las celebraciones de los referidos contratos se rigieron bajo la figura contractual del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de carácter civil, y con la total convicción de no estar presididos de la normativa laboral.

Dijo el a quo que este argumento del ISS, fue atendido en el pasado jurisprudencialmente para eximirlo de la responsabilidad de la petición incoada, pero que ha sido recogido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo uno de sus principios fundamentales como lo es unificar la jurisprudencia nacional, a través de la Sentencia CSJ SL 23 feb. 2010, rad. 36506, pronunciamiento en el que se dice que ya no es de recibo este razonamiento, por cuanto es el mismo que esgrime con reiteración al insistir en un actuar con la convicción de estar en presencia de un contrato de prestación de servicios para exonerarse de la indemnización moratoria, y que analizó el Alto Tribunal que son innumerables las sentencias que han determinado que el vínculo existente entre los trabajadores vinculados a través de estos contratos, se han perpetuado en el tiempo, pese a estar sometidos a la subordinación jurídica de la ley laboral, siendo verdaderos contratos de trabajo y que por ello el ISS no podía seguir utilizando esa forma de vinculación que va en desmedro de los derechos del trabajador, razón por la cual la conducta de la accionada no está enmarcada dentro del principio de la buena fe.

Los anteriores razonamientos están acordes con las directrices y actual criterio de la Sala, en relación con el tema, en donde se ha encontrado que el demandado ISS no actuó de buena fe.

La sentencia referida por las instancias, CSJ SL 23 feb. 2010, rad. 36506 dice en lo pertinente:

Y en lo que tiene que ver con los varios pronunciamientos por parte de esta corporación en otros asuntos análogos, donde se consideró en más de un centenar de ocasiones, que los contratos de prestación de servicios celebrados por el Instituto de Seguros Sociales bajo el amparo de la Ley 80 de 1993 eran en realidad laborales y a los que alude la censura en el ataque, la verdad es que, el ISS ha hecho caso omiso a ellos y persiste en continuar utilizando esta forma de contratación para situaciones como la que ocupa la atención a la Sala, en la cual como atrás se explicó, conforme al acopio probatorio examinado, está plenamente acreditado que el vínculo del demandante de la manera como se desarrolló, en definitiva no encaja dentro de los presupuestos de la citada preceptiva, lo que sumado al conocimiento que tenía la demandada sobre lo que aflora de la realidad en el manejo de esas relaciones, conlleva a considerar bajo estas directrices, que el actuar sistemático del Instituto demandado se constituye en burla de derechos fundamentales del operario. 

En el sub lite, en efecto se colige una actitud obstinada del Instituto de Seguros Sociales de contratar de manera continuada al demandante bajo el ropaje de varios contratos de prestación de servicios, hasta el punto de realizarle sin justificación como se dijo veintidós (22) contratos administrativos para desempeñar por espacio de 7 años, 11 meses y 23 días una actividad habitual y permanente, a sabiendas de que se está en presencia de una relación de carácter laboral, donde el operario no reclama sus derechos sino hasta después de terminado definitivamente el contrato de trabajo. 

Tal como lo pone de presente el juzgado y lo avala el tribunal, en el caso de estudio fueron 38 los contratos de prestación de servicios que vinculó a la accionante con la demandada, conforme a las certificaciones de folios 17 y 18 expedida por el ISS, análisis que puntualiza la individualidad del caso que reclama la censura, desdibujándose este argumento de acusación, así como el que la condena impuesta fue de forma automática, sin el análisis del precepto normativo ni el estudio de las razones expuestas por la demandada en la pieza procesal genitora, pues por el contrario se observa que si se analizó el material probatorio de cara a definir si el demandado actuó o no de buena fe.

Bajo los anteriores planteamientos, queda claro que la sentencia acusada no infringió la norma sustantiva al interpretar erróneamente el precepto acusado, desvaneciéndose el cargo propuesto por la vía jurídica, pues si lo que pretende el recurrente es derruir las conclusiones fácticas del tribunal en el punto de la indemnización moratoria, debió orientar el ataque por la vía indirecta o de los hechos, en consecuencia se mantiene incólume la sentencia atacada.

Por lo dicho, el tribunal no pudo incurrir en los yerros jurídicos endilgados.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandada y como hubo réplica, se señala como agencias en derecho la suma de $ 7.000.000,00, que deben ser liquidadas conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011) por el la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ROSALINO EVAR ROJAS BOTINA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS.

Costas a cargo de la parte demandada.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán Quintero—Dolly Amparo Caguasango Villota—Ernesto Forero Vargas».